Habiendo sido intentada, sin que se pudiera practicar, la notificación de la Resolución recaída en el expediente sancionador S-20/94, mediante cartas certificadas con acuse de recibo a los domicilios consignados, y siendo necesario notificarles dicho trámite al ser partes interesadas en dicho procedimiento y conforme a lo previsto en el artº. 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. nº 285, de 27.11.92, R. 1992, 2.512), R E S U E L V O:
Notificar a las entidades Residencial La Vereda, S.L. y Vecaitana, S.L. la Resolución de 10 de diciembre de 1997, obrante en el expediente sancionador de referencia, cuya parte dispositiva dice textualmente:
Requerir a la entidad mercantil La Vereda, S.L., para que en el plazo de diez días a contar desde la notificación de la presente Resolución, reintegren a todos y cada uno de los propietarios, en la suma de 25.000 pesetas, que en su día entregaron a la citada sociedad para la ejecución de los tejadillos de entrada a sus viviendas.
- Requerir a Residencia La Vereda, S.L. a fin de que en el plazo de treinta días efectúen las obras de reparación necesarias, para subsanar con arreglo al buen hacer de la construcción las deficiencias objeto de este expediente y que se concretan en la reparación de las jardineras exteriores, a fin de eliminar las filtraciones hacia el exterior, con la debida impermeabilización y la reparación o sustitución de las puertas de entrada a las viviendas de la calle Grama, 7, vivienda 28, propiedad del Sr. Arbelo Ramos y de la calle Norsa, 13, propiedad del Sr. González Medina.
- Sancionar a la entidad mercantil Vecaitana, S.L. (Constructora) con multa de 250.000 pesetas como autora de una infracción muy grave al régimen legal de viviendas de protección oficial, tipificada en el artº. 153.C).6 del Reglamento aprobado por Decreto 2.114/1968, de 24 de julio, por los defectos de edificación detectados en las viviendas y zonas comunes del edificio.
Contra este acto que no agota la vía administrativa, cabe recurso ordinario ante el Ilmo. Sr. Viceconsejero de Infraestructuras del Gobierno de Canarias, en el plazo de un mes desde la notificación/publicación de la presente Resolución, según establece el artº. 114 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y sin perjuicio de cualquier otro que pudiera interponerse.
Las Palmas de Gran Canaria, a 23 de febrero de 1998.- El Director General de Vivienda, Miguel Ángel Pulido Rodríguez.
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