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BOC Nº 058. Miércoles 13 de Mayo de 1998 - 1259

IV. ANUNCIOS - Otros anuncios - Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Aguas

1259 - RESOLUCIÓN de 23 de febrero de 1998, de la Dirección General de Vivienda, sobre notificación de expedición de certificación de descubierto recaída en el expediente sancionador S-5/94, dirigida a la entidad Maresgon, S.A., en ignorado domicilio.

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Habiendo sido intentada, sin que se pudiera practicar, la notificación de expedición de certificación de descubierto recaída en el expediente sancionador S-5/94, mediante carta certificada con acuse de recibo al domicilio consignado, y siendo necesario notificarle dicho trámite al ser parte interesada, y conforme a lo previsto en el artº. 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. nº 285, de 27.11.92, R. 1992, 2.512),

R E S U E L V O:

Notificar a Maresgon, S.A. la expedición de certificación descubierto de 5 de noviembre de 1997, obrante en el expediente sancionador de referencia, cuya parte dispositiva dice textualmente:

“Para su conocimiento y efectos oportunos, le comunico que, con esta misma fecha, se procedió por esta Dirección General, a la expedición de certificación de descubierto para su exacción por la vía de apremio por importe de ciento cincuenta mil (150.000) pesetas, correspondiente a la multa impuesta por Resolución firme de esta Dirección General de 5 de mayo de 1997.

Asimismo, se le apercibe de la obligación de proceder a la ejecución de lo ordenado por la referida Resolución, a cuyos efectos se le concede un plazo de diez días, transcurrido el cual y desatendiendo que fuere el presente requerimiento, se reiterará la imposición de nuevas multas coercitivas hasta el total cumplimiento de lo ordenado, de conformidad con lo prevenido en el artº. 96.c) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.”

Las Palmas de Gran Canaria, a 23 de febrero de 1998.- El Director General de Vivienda, Miguel Ángel Pulido Rodríguez.

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