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Habiendo sido intentada en repetidas ocasiones la notificación de la citada Resolución en el domicilio que figura en el expediente incoado por el correspondiente Centro Directivo de la mencionada Consejería, sin que haya sido recibida por el recurrente-interesado, es por lo que, de conformidad con lo establecido en el artº. 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
R E S U E L V O:
Primero.- Notificar a De León y Sosa, S.L. la Resolución de 18 de septiembre de 1997, que figura como anexo de esta Resolución, por la que se resolvió el recurso de revisión expediente nº GC-1020/I/95, interpuesto contra la Resolución de la Dirección General de Transportes Terrestres de 22 de junio de 1995.
Segundo.- Remitir al Ayuntamiento de Puerto del Rosario (Fuerteventura) la presente Resolución para su anuncio en el tablón de edictos correspondiente.
Las Palmas de Gran Canaria, a 29 de enero de 1998.- El Director General de Transportes, Miguel Dalmacio Benítez Cruz.
A N E X O
Resolución por la que se resuelve el recurso de revisión interpuesto por De León y Sosa, S.L. Visto el recurso de revisión formulado por De León y Sosa, S.L., contra la Resolución de la Dirección General de Transportes Terrestres de 22 de junio de 1995, recaída en el expediente sancionador nº GC-1020/I/95, y teniendo a la vista de lo siguiente:
Resultando que, como consecuencia de denuncia de la Guardia Civil, se incoó expediente sancionador por incumplimiento de las condiciones esenciales de la autorización al no ser conducido el vehículo por personal de la empresa.
Resultando que contra De León y Sosa, S.L., titular del vehículo denunciado, se dictó Resolución sancionadora el 22 de junio de 1995 (nº de registro de salida 4147, de 30 de junio de 1995), imponiéndose sanción por una cuantía de 230.000 pesetas en virtud del artículo 141.c) de la Ley 16/1987, de 30 de julio.
Resultando que, tras haber transcurrido el plazo para la interposición de recurso administrativo ordinario, sin que por parte del denunciado se hiciera uso de este derecho, devino la Resolución sancionadora en firme y definitiva, dándose traslado a la Consejería de Economía y Hacienda para que efectuara el cobro de la sanción.
Resultando que por De León y Sosa, S.L., se ha interpuesto recurso extraordinario de revisión en súplica de que se deje sin efecto la Resolución y sanción impuesta alegando, en síntesis, que el conductor era empleado de la empresa.
Considerando que el Director General de Transportes es competente para conocer y resolver el presente recurso, según lo establecido en el artº. 118 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y de acuerdo con lo previsto en la Ley Orgánica 10/1982, de 10 de agosto, y Decreto 187/1995, de 20 de julio, de reestructuración de la Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias.
Considerando que se ha podido comprobar que en la fecha de la denuncia el conductor era empleado de la empresa titular del vehículo denunciado, por lo cual no incumplía ese requisito.
Vistos los preceptos legales citados, concordantes y demás de general y pertinente aplicación,
D I S P O N G O:
Estimar el presente recurso y revocar la Resolución de la Dirección General de Transportes de 22 de junio de 1995 (nº de registro de salida 4147, de 30 de junio de 1995). Contra la presente Resolución cabe recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, a interponer en el plazo de dos meses desde su notificación previa la comunicación al órgano que dictó la presente Resolución, exigida en el artº. 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, y sin perjuicio de cualquier otro que pudiera interponerse.
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