Se hace saber a la empresa Comercial Juafa, S.L., que se halla en paradero desconocido, que por Resolución de la Viceconsejería de Administración Pública de 11 de diciembre de 1997, se resuelve el recurso ordinario interpuesto por la representación de dicha empresa contra la Resolución de esta Dirección General de 24 de marzo de 1997, recaída en el expediente administrativo de cancelación de la inscripción de la misma en el Registro de Empresas Operadoras de Canarias.
Habiéndose intentado la notificación de la mencionada Resolución por la vía ordinaria, ésta ha sido devuelta por el Servicio de Correos.
Por lo que, de conformidad con lo previsto en el artº. 59.4 de la vigente Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se procede a su publicación.
Examinado el expediente tramitado por la Viceconsejería de Administración Pública, para la resolución del recurso ordinario interpuesto por D. Cristóbal Rafael Díaz Rodríguez, en representación de la entidad mercantil Comercial Juafa, S.L., contra la Resolución de la Dirección General de Administración Territorial y Gobernación, de 24 de marzo de 1997, recaída en el expediente administrativo de cancelación de la inscripción en el Registro de Empresas Operadoras de la Comunidad Autónoma de Canarias, de la empresa operadora denominada Comercial Juafa, S.L., inscrita con el nº 103 regional.
Vista la propuesta formulada por el Director General de Administración Territorial y Gobernación.
Teniendo en cuenta los siguientes
I. ANTECEDENTES
1º) Por Resolución del Director General de Administración Territorial y Gobernación, de 24 de marzo de 1997, publicada en el Boletín Oficial de Canarias nº 95, de 25 de julio de 1997, se resolvió:
1º) Cancelar la inscripción en el Registro de Empresas Operadoras de la Comunidad Autónoma de Canarias, a la empresa operadora denominada Comercial Juafa, S.L., inscrita con el nº 103 regional, por incumplimiento de las obligaciones sobre constitución y mantenimiento del importe de las fianzas, debiendo cesar inmediatamente en el ejercicio de su actividad como empresa operadora de máquinas recreativas y de azar de los tipos A y B. 2º) En su consecuencia, la empresa operadora de referencia hará entrega a la Consejería de Presidencia y Relaciones Institucionales de los dos ejemplares de la Guía de Circulación, del correspondiente Boletín de Instalación y la Placa de Identidad de todas y cada una de las máquinas de su titularidad, en el plazo de diez días, a partir de la notificación de la presente.
2º) Contra dicha Resolución fue presentado por el interesado recurso ordinario alegando, en síntesis:
a) Que para evitar repeticiones innecesarias, se reafirman en las argumentaciones vertidas en sus escritos de 26 de julio y 27 de noviembre de 1996, así como en los documentos adjuntados a los mismos.
b) Por otra parte, manifiesta el recurrente, que el presente expediente administrativo, así como la Resolución que ahora se recurre, ha de ser notificada a todos y cada uno de los titulares de los establecimientos de restauración donde se encuentran instaladas las máquinas propiedad de la empresa operadora recurrente, a fin de evitarles indefensión, ya que los mismos son parte interesada en el presente expediente; y sobre todo en el supuesto de que, como consecuencia de la Resolución recurrida, pueda producirse un acto administrativo de ejecución subsidiaria del contenido de la misma.
En definitiva, se interesa el sobreseimiento del expediente y, que al mismo tiempo, se notifique la Resolución y todas las actuaciones del presente expediente administrativo a los titulares de los establecimientos de restauración donde se encuentran instaladas las máquinas recreativas propiedad de la empresa operadora recurrente.
II. CONSIDERACIONES JURÍDICAS
Primera.- Que las competencias funcionales en esta materia se regulan por la Ley 6/1985, de 30 de diciembre, reguladora de los Juegos y Apuestas en Canarias y por el Decreto 93/1988, de 31 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de Máquinas Recreativas y de Azar de esta Comunidad Autónoma, modificado parcialmente por los Decretos 132/1989, de 1 de junio, 89/1990, de 23 de mayo y 235/1997, de 30 de septiembre.
Segunda.- De conformidad con lo establecido en el artº. 20.1 del Decreto 212/1991, de 11 de septiembre, de organización de los Departamentos de la Administración Autonómica de Canarias, esta Viceconsejería es competente para resolver el recurso deducido.
Tercera.- En la tramitación de este expediente se ha observado el procedimiento previsto en los artículos 107 y concordantes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Cuarta.- En el recurso interpuesto se observan todos los requisitos de índole adjetiva y formal que hacen procedente su admisión a trámite, tales como la legitimación del recurrente y la interposición en el plazo legalmente establecido, de conformidad con los artículos 114 y siguientes de la citada Ley 30/1992, de 26 de noviembre.
Quinta.- Los hechos y fundamentos jurídicos alegados por la entidad recurrente y, consecuentemente, las pretensiones deducidas por la misma, han de ser desestimadas, al no desvirtuar, en modo alguno, la conformidad a Derecho del acto recurrido y del expediente tramitado, tal como se pasa a fundamentar a continuación.
Sexta.- En efecto, procede confirmar la Resolución recurrida en todos sus extremos, al no haberse completado, por parte de la empresa operadora ahora recurrente, la cuantía obligatoria de la fianzas constituidas, disminuida por las detracciones efectuadas por la Consejería de Economía y Hacienda, por deudas contraídas en el ejercicio de su actividad como empresa operadora; concurriendo además la circunstancia de que para el número de máquinas de tipo B que actualmente tiene en explotación dicha empresa, es insuficiente la cuantía actual de dichas fianzas, por cuanto esta cuantía asciende a la cantidad de 5.870.530 pesetas, mientras que el número de máquinas de tipo B que tiene actualmente en explotación la empresa operadora recurrente, como titular de aquéllas, es de 165 máquinas, siendo la cuantía de la fianza obligatoria para tal número de máquinas de 35.000.000 de pesetas, de conformidad con lo previsto en el artículo 9, apartados 3 y 5, del Decreto 132/1989, de 1 de junio, por el que se modifica parcialmente el Decreto 93/1988, de 31 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de Máquinas Recreativas y de Azar de esta Comunidad Autónoma.
Por todo ello, y en virtud de lo previsto en el artº. 35.2 del citado Decreto 93/1988, de 31 de mayo, procede la cancelación de la inscripción o revocación de la autorización que la motivó.
Séptima.- Asimismo, la pretensión deducida por la parte recurrente, relativa a que se notifique la Resolución y todas las actuaciones administrativas recaídas en el presente expediente, a los titulares de los establecimientos de restauración donde se encuentran instaladas las máquinas recreativas propiedad de la empresa operadora recurrente, ha de ser desestimada toda vez que según lo dispuesto en el artº. 31, apartados b) y c) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en relación con la pretensión de la parte recurrente, los titulares de los establecimientos en que se encuentran instaladas las máquinas recreativas afectas por el expediente administrativo de cancelación de la inscripción de la empresa operadora recurrente en el Registro correspondiente, no pueden considerarse titulares de derechos o intereses legítimos que pudieran resultar afectados por la Resolución que en el citado expediente se adopte, por cuanto éste se inicia a la entidad mercantil Comercial Juafa, S.L., como titular de la empresa operadora inscrita, con el nº 103 regional, en el Registro de Empresas Operadoras de la Comunidad Autónoma de Canarias, por incumplimiento, por parte de dicho titular, de lo previsto en el artº. 9, apartados 3 y 5, en relación con el artº. 35, apartados 1 y 2 del Reglamento de Máquinas Recreativas y de Azar de la Comunidad Autónoma de Canarias, y la Resolución que se adopte sólo afecta a aquél, en cuanto titular de la empresa operadora que se cancela, pero, en ningún caso, resultan afectados por el citado procedimiento, los derechos que, en su caso, tienen los titulares de los establecimientos de restauración en su calidad de tales, de que se instalen en los mismos máquinas recreativas de conformidad con lo dispuesto en los artículos 12, 19 y demás concordantes del citado Reglamento, si bien de otra empresa operadora diferente de la que se cancela.
En el ejercicio de la competencia que tengo atribuida,
R E S U E L V O:
Desestimar el recurso ordinario interpuesto por D. Cristóbal Rafael Díaz Rodríguez, en representación de la entidad mercantil Comercial Juafa, S.L., contra la Resolución de la Dirección General de Administración Territorial y Gobernación, de 24 de marzo de 1997, publicada en Boletín Oficial de Canarias nº 95, de 25 de julio de 1997, confirmando dicho acto en todos sus extremos, debiéndose notificar la presente al recurrente, como interesado en el procedimiento, y con domicilio a tales efectos en la Avenida Benito Pérez Armas, Edificio Andrea, 3, 5 I, 3, Santa Cruz de Tenerife.
Contra esta Resolución, que agota la vía administrativa, cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, en el plazo de dos meses desde su notificación, previa la comunicación a esta Viceconsejería, exigida en el artº. 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, y sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse.
Santa Cruz de Tenerife, a 23 de febrero de 1998.- El Director General de Administración Territorial y Gobernación, Juan José Rodríguez y Rodríguez.
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