Se hace saber a la empresa Francisco Llanos Domínguez, que se halla en paradero desconocido, que por Resolución de la Vicececonsejería de Administración Pública de 26 de noviembre de 1997, se acordó la suspensión de oficio de la ejecución de la Resolución de la Dirección General de Administración Territorial y Gobernación de 9 de abril de 1997, sobre cancelación de dicha empresa en el Registro de Empresas Operadoras de Canarias.
Habiéndose intentado la notificación de la mencionada Resolución por la vía ordinaria, ésta ha sido devuelta por el Servicio de Correos.
Por lo que, de conformidad con lo previsto en el artº. 59.4 de la vigente Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se procede a su publicación.
Examinado el expediente tramitado por la Viceconsejería de Administración Pública, para la resolución del recurso ordinario interpuesto por D. Francisco Llanos Domínguez, contra la Resolución de la Dirección General de Administración Territorial y Gobernación de 9 de abril de 1997, recaída en el expediente administrativo de cancelación de inscripción de la empresa operadora denominada Francisco Llanos Domínguez en el Registro de Empresas Operadoras de Canarias.
Vista la propuesta formulada por la Dirección General de Administración Territorial y Gobernación.
Teniendo en cuenta los siguientes
I. ANTECEDENTES
1º) Con fecha 9 de abril de 1997 fue dictada Resolución por la Dirección General de Administración Territorial y Gobernación, por la que se cancela la inscripción en el Registro de Empresas Operadoras de Canarias de la denominada Francisco Llanos Domínguez, inscrita en dicho Registro bajo el nº 80 regional, debiendo cesar inmediatamente en su actividad, toda vez que por parte de la empresa operadora, ahora recurrente, no se ha dado cumplimiento al régimen de constitución y mantenimiento de las fianzas a que se refieren los artículos 9, apartados 3 y 5; 35 y concordantes del Reglamento de Máquinas Recreativas y de Azar de esta Comunidad Autónoma, por cuanto con fecha 21 de mayo de 1993, la Compañía Española de Seguros y Reaseguros de Crédito y Caución, S.A. comunicó a esta Administración su decisión de no prorrogar a su vencimiento las pólizas números 1.972.356 y 1.972.365, suscritas por D. Francisco Llanos Domínguez con la citada Compañía.
2º) Contra dicha Resolución fue presentado por el interesado recurso ordinario alegando, en síntesis, que con fecha 29 de abril de 1997, el compareciente presentó un escrito adjuntando el Testimonio Judicial del Procedimiento de Menor Cuantía que actualmente se tramita en el Juzgado de 1ª Instancia nº 4 de Santa Cruz de Tenerife, seguido a instancia de D. Francisco Llanos Domínguez contra la Compañía de Seguros y Reaseguros de Crédito y Caución, S.A., Autos nº 181/97, que se siguen como consecuencia de las pólizas números 1.972.356 y 1.972.365, por importe de 8.000.000 y 3.000.000 de pesetas, respectivamente; pólizas estas a las que se hace referencia en el Antecedente 3º de la Resolución recurrida.
Por consiguiente, entiende el recurrente que la Administración no puede pronunciarse sobre la validez o vigencia de dichas pólizas, hasta que no recaiga la sentencia correspondiente en la jurisdicción ordinaria, tal como ha ocurrido en otras causas seguidas por los mismos hechos.
Por todo ello, se interesa el sobreseimiento del presente expediente administrativo. II .CONSIDERACIONES JURÍDICAS
Primera.- Que las competencias funcionales en esta materia se regulan por la Ley 6/1985, de 30 de diciembre, y por el Decreto 93/1988, de 31 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de Máquinas Recreativas y de Azar de esta Comunidad Autónoma, modificado por los Decretos 132/1989, de 1 junio, 89/1990, de 23 de mayo, y 235/1997, de 30 de septiembre.
Segunda.- De conformidad con lo establecido en el artº. 20.1 del Decreto 212/1991, de 11 de septiembre, de organización de los Departamentos de la Administración Autonómica de Canarias, esta Viceconsejería es competente para intervenir en la resolución de este expediente.
Tercera.- Cuando con fecha 21 de mayo de 1993, la Compañía Española de Seguros y Reaseguros de Crédito y Caución, S.A. comunicó a esta Consejería la decisión de esa Compañía de no prorrogar al vencimiento de la anualidad (7 y 8 de febrero de 1994) las pólizas números 1.972.365 y 1.972.356, respectivamente, esta Administración consideró que dichas pólizas dejaron de surtir efecto a la fecha de su vencimiento (7 y 8 de febrero de 1994), al no obrar en el expediente documento alguno que acreditara que las referidas pólizas estuvieran siendo objeto de impugnación ante la jurisdicción ordinaria. Extremo este que lo acreditó la parte interesada, D. Francisco Llanos Domínguez, mediante escrito de 29 de abril de 1997, aportando el Testimonio Judicial de la demanda interpuesta respecto a las pólizas de referencia, cuando ya con anterioridad se había dictado la Resolución que ahora se impugna, de 9 de abril de 1997.
Cuarta.- Examinados las alegaciones del recurrente, así como los documentos obrantes en el mismo, se constata que, en efecto, las pólizas números 1.972.356 y 1.972.365, constituidas por el ahora recurrente con la Compañía de referencia, están siendo objeto del Procedimiento de Menor Cuantía nº 181/97, que se tramita en el Juzgado de Primera Instancia nº 4 de Santa Cruz de Tenerife, a instancia del recurrente contra la citada Compañía, a los efectos de determinar la validez y vigencia de las mismas, y en el que aún no ha recaído sentencia.
En su virtud, esta Viceconsejería estima que no procede entrar a resolver el fondo del asunto, en lo que al recurso ordinario interpuesto se refiere, sino por el contrario acordar de oficio la suspensión del acto recurrido, por cuanto las pólizas números 1.972.356 y 1.972.365, de las que trae causa la Resolución impugnada, son a su vez objeto de demanda ante la jurisdicción ordinaria.
Quinta.- Por todo ello, y de conformidad con lo dispuesto en el artº. 111.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, procede acordar la suspensión de oficio de la ejecución del acto recurrido, en base al perjuicio que se causa al recurrente como consecuencia de la eficacia inmediata del mismo, en tanto en cuanto se pronuncie la jurisdicción ordinaria sobre la validez y vigencia de dichas pólizas; pues de lo contrario tendría que constituir nuevas fianzas en cuantía suficiente para responder del ejercicio de su actividad como empresa operadora de máquinas recreativas.
En el ejercicio de la competencia que tengo atribuida,
R E S U E L V O:
Suspender de oficio la ejecución de la Resolución de la Dirección General de Administración Territorial y Gobernación de 9 de abril de 1997, por la que se resolvió cancelar la inscripción, en el Registro de Empresas Operadoras de Canarias, de la denominada Francisco Llanos Domínguez, inscrita en dicho Registro bajo el nº 80 regional, debiendo cesar inmediatamente en su actividad, con entrega en estas dependencias de las Guías de Circulación, Placas de Identidad y Boletines de Instalación de todas las máquinas recreativas cuya titularidad ostentara, quedando demorada su eficacia hasta que recaiga sentencia en el Procedimiento de Menor Cuantía número 181/97, que se tramita en el Juzgado de Primera Instancia nº 4 de Santa Cruz de Tenerife, a instancia de D. Francisco Llanos Domínguez, contra la Compañía Española de Seguros y Reaseguros de Crédito y Caución, S.A., respecto de la validez y vigencia de las pólizas números 1.972.356 y 1.972.365, de las que trae causa la Resolución impugnada; con la observancia de obligado cumplimiento, por parte del recurrente, de comunicar a esta Viceconsejería la sentencia que recaiga en la demanda civil interpuesta, apercibiéndole que, en caso contrario, se le podrán deparar los perjuicios a que en Derecho hubiere lugar.
Contra esta orden, que agota la vía administrativa, cabe interponer recurso contencioso-administrativo, ante la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, en el plazo de dos meses, desde su notificación, previa la comunicación a esta Viceconsejería, exigida en el artº. 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, y sin perjuicio de cualquier otro que pudiera interponerse; debiéndose notificar la presente al recurrente, D. Francisco Llanos Domínguez, con domicilio a tal efecto en calle Amadis, 8, Ofra, Santa Cruz de Tenerife.
Santa Cruz de Tenerife, a 23 de febrero de 1998.- El Director General de Administración Territorial y Gobernación, Juan José Rodríguez y Rodríguez.
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