Resultando que el Pleno del Ayuntamiento de Puerto del Rosario, en sesión ordinaria celebrada el día 27 de noviembre de 1995, adoptó el acuerdo de aprobar inicialmente la Modificación Puntual del Plan General de Ordenación Urbana, en la zona de La Cornisa (Fuerteventura).
Resultando que el Pleno de la citada Corporación, en sesión ordinaria celebrada el 25 de marzo de 1996, aprobó provisionalmente la referida modificación puntual.
Resultando que la citada modificación consiste básicamente en establecer unas nuevas determinaciones del Plan General de Ordenación Urbana para el Plan Especial de Reforma Interior Unidad de Actuación nº 1 (Paseo Cornisa) en el sentido de suprimir la referencia a la calle Fernando Castañeyra-García Escámez en el apartado correspondiente a la definición del objeto del Plan Especial de Reforma Interior propuesto; extender la zona delimitada para efectuar la compensación (8.880 m2 en el vigente Plan General de Ordenación Urbana) a la totalidad del ámbito del Plan Especial de Reforma Interior (23.200 m2); establecer un mínimo de 17.777 m2 para zonas libres peatonales y viales interiores de la zona reordenada, frente a los 3.457 m2 previstos actualmente para estos mismos usos dentro del área delimitada para efectuar la compensación; y suprimir la condición de concentrar la edificación alineada a la calle Fernando Castañeyra, sustituyéndola por la condición de alinearla, simplemente.
Considerando que se han seguido los trámites establecidos en la legislación vigente. Considerando que la pretendida modificación tiene el carácter de cualificada y que se requieren, con anterioridad a su aprobación definitiva, los informes favorables de la Comisión de Urbanismo y Medio Ambiente de Canarias, en virtud del artículo 15.6 del Real Decreto 107/1995, de 26 de abril, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de esta Consejería, y del Consejo Consultivo de Canarias, de acuerdo con el artículo 50 del Real Decreto 1.346/1976, sobre Texto Refundido de la Ley del Suelo y Ordenación Urbana, y los artículos 10.6 y 10.7 de la Ley 4/1984, de 6 de junio, del Consejo Consultivo de Canarias, y que dichos informes fueron emitidos, respectivamente, con carácter favorable, los días 30 de julio de 1996 y 2 de julio de 1997.
Considerando que este Órgano es el competente para ordenar la aprobación definitiva de dicha modificación, según lo establecido en el citado artículo 15.6 del Decreto 107/1995, en relación al artículo 50 del Real Decreto 1.346/1976.
Considerando que, de conformidad con lo preceptuado en el artículo 49.1 del Real Decreto 1.346/1976, ya mencionado, la modificación de cualquiera de los elementos de los Planes, Proyectos, Programas, Normas y Ordenanzas se sujetarán en las mismas disposiciones enunciadas para su tramitación y aprobación.
Vistos el expediente instruido, los informes favorables contenidos en el mismo, preceptos citados, concordantes y demás normas de general aplicación,
D I S P O N G O:
Primero.- Aprobar definitivamente, al amparo de lo preceptuado en el artículo 132.3ª del Reglamento de Planeamiento, la Modificación Puntual del Plan General de Ordenación Urbana de Puerto del Rosario (Fuerteventura) en La Cornisa, en los términos en que fue informada favorablemente por la Comisión de Urbanismo y Medio Ambiente de Canarias, en sesión celebrada el día 30 de julio de 1996, supeditando su publicación y efectiva entrada en vigor a la adecuación de la normativa a la que rige tras la sentencia del Tribunal Constitucional nº 61/1997.
Segundo.- El presente acuerdo será debidamente notificado al Ayuntamiento de Puerto del Rosario, al objeto de que aporte el documento adaptado a la normativa vigente, y al Cabildo Insular de Gran Canaria.
Tercero.- Una vez aportado el documento adaptado, procédase a la publicación del presente acuerdo en el Boletín Oficial de Canarias.
Contra este acto, que agota la vía administrativa, cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, en el plazo de dos meses a partir de la notificación, según lo dispuesto en el artículo 58 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. La interposición del referido recurso requerirá comunicación previa al órgano que dictó el acto impugnado, tal y como establece el artículo 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Las Palmas de Gran Canaria, a 18 de agosto de 1997.
LA CONSEJERA DE POLÍTICA TERRITORIAL Y MEDIO AMBIENTE, María Eugenia Márquez Rodríguez.
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