BOC - 1998/051. Lunes 27 de Abril de 1998 - 1037

IV. ANUNCIOS - Otros anuncios - Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Aguas

1037 - RESOLUCIÓN de 21 de enero de 1998, de la Dirección General de Vivienda, sobre notificación de imposición de multa coercitiva recaída en el expediente sancionador VP-67/89, dirigida a Henríquez y Domínguez, S.A., en ignorado domicilio.

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Habiendo sido intentada sin que se pudiera practicar la notificación de imposición de multa coercitiva recaída en el expediente sancionador VP-67/89, mediante carta certificada con acuse de recibo al domicilio consignado, y siendo necesario notificarle dicho trámite al ser parte interesada, en dicho procedimiento y conforme a lo previsto en el artº. 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre (B.O.E. nº 285, de 27.11.92, R. 1992, 2.512), de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,

R E S U E L V O:

Notificar a Henríquez y Domínguez, S.A., la notificación de imposición de multa coercitiva de 11 de agosto de 1997, obrante en el expediente sancionador de referencia, cuya parte dispositiva dice textualmente:

“Habiendo sido desatendida por Vd., la ejecución de las obras correctoras impuestas por Resolución firme de esta Dirección General de 7 de marzo de 1991, recaída en el expediente de referencia, y de conformidad con lo dispuesto en la Ley 32/1976, de 2 de agosto, en relación con el artº. 58, del Real Decreto 3.148/1978, de 10 de noviembre y artº. 99, de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, vengo en imponerle multa coercitiva por importe de ciento veinticinco mil (125.000) pesetas, cuyo pago deberá hacer efectivo en el plazo de ocho días, ante la Sección de Régimen Económico, Habilitación y Pagaduría de la Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Aguas, o en su caso en cualesquiera de las entidades bancarias que tengan suscrito Convenio de Colaboración con el Gobierno de Canarias, manifestándosele que, de no hacerlo así en el plazo señalado, se procederá a la expedición de certificación de descubierto para exacción por la vía de apremio.

Igualmente se le significa que, de persistir en el incumplimiento de lo ordenado en la citada Resolución, se le podrá imponer sucesivas multas coercitivas hasta su total ejecución, pudiendo dar lugar asimismo, a la incoación de nuevo expediente sancionador con carácter de urgencia, como medio de ejecución forzosa, de conformidad con lo previsto en el artº. 56 y siguientes del Real Decreto 3.148/1978, de 10 de noviembre.

Estas multas coercitivas, como actos de impulsión de procedimiento, no tienen carácter resolutorio, y por tanto, no son recurribles en ulterior instancia.”

Las Palmas de Gran Canaria, a 21 de enero de 1998.- El Director General de Vivienda, Miguel Ángel Pulido Rodríguez.



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