No teniendo constancia esta Dirección General del domicilio de las personas físicas y jurídicas que se relacionan, y siendo preciso notificarles la Resolución recaída en los expedientes incoados contra las mismas por infracción a la normativa en materia de consumo, y conforme al artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
R E S U E L V O:
1.- Notificar a las personas físicas y jurídicas que se citan, la Resolución recaída en los expedientes que les han sido instruidos por infracción a la legislación en materia de consumo.
Los interesados podrán interponer recurso ordinario contra la Resolución del expediente, que no agota la vía administrativa, en el plazo de un mes, contado a partir de la fecha de la publicación de la presente Resolución, ante el Excmo. Sr. Consejero de Sanidad y Consumo del Gobierno de Canarias, y sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse.
2.- Remitir a los Ayuntamientos de las poblaciones que se citan, las correspondientes Resoluciones para su publicación en el tablón de edictos.
1) RESOLUCIÓN.
Visto el expediente nº 35/83/96, instruido por esta Dirección General, contra Cárnicas Periquín, S.L., con domicilio en la Avenida de Gáldar, 52, San Fernando, y estando de acuerdo con la propuesta formulada por el Instructor.
Vistos los preceptos legales de general aplicación, en especial el Real Decreto 1.398/1993, de 4 de agosto (B.O.E. nº 189).
Resultando: que el día 15 de noviembre de 1995, Inspectores de esta Dirección General de Consumo realizaron visita de inspección en Cárnicas Periquín, propiedad de Cárnicas Periquín, S.L., sito en la Avenida de Gáldar, 52 P.B. del término municipal de San Bartolomé de Tirajana; y mediante acta levantada al efecto nº 44409 comprobaron que tenía para su venta al público 12 bandejas de chorizos, según la compareciente chorizo parrillero, de unos 400 gramos de peso aproximadamente cada uno, careciendo de todo tipo de etiquetado.
Así mismo, comprobaron que carecía de las Hojas de Reclamaciones y del cartel anunciador de su existencia.
Resultando: que como consecuencia de ello se formuló Acuerdo de iniciación el día 20 de marzo de 1996, indicando que infringía lo dispuesto en el artº. 34.6 de la Ley 26/1984, de 19 de julio (B.O.E. nº 176), General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, y el artículo 3º, apartados 3.3.4 y 3.3.6, del Real Decreto 1.945/1983, de 22 de junio (B.O.E. nº 168), que regula las infracciones y sanciones en materia de defensa del consumidor y de la producción agroalimentaria, en concordancia con el artº. 32 del Real Decreto 379/1984, de 25 de enero (B.O.E. nº 49), por el que se aprueba la R.T.S. de industrias cárnicas, almacenes al por mayor y envasadoras de productos cárnicos y derivados elaborados y de establecimientos de comercio al por menor de carne, en concordancia con el artº. 10 de la Ley 4/1994, de 25 de abril, de ordenación de la actividad comercial de Canarias (B.O.C. nº 53), en concordancia con los artículos 2 y 3 del Decreto 225/1994, de 11 de noviembre, por el que se regulan las Hojas de Reclamaciones de los consumidores y usuarios de la Comunidad Autónoma de Canarias (B.O.C. nº 148).
Resultando: que la infracción fue calificada como leve.
Resultando: que se comunicó el Acuerdo de iniciación al Instructor y se ordenó que simultáneamente se notificase al interesado.
Resultando: que no pudo practicarse la notificación personal del mismo por el Servicio de Correos, puesto que el certificado fue devuelto.
Resultando: que cuando se tuvo constancia de su publicación, el día 31 de mayo de 1996, el expediente ya estaba caducado.
Considerando: que de conformidad con el artº. 24 del Real Decreto 1.398/1983, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento para el ejercicio de la potestad sancionadora, y el artº. 43 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, el expediente debe entenderse caducado.
Conforme a las competencias asignadas a la Dirección General de Consumo, en el artículo 9 del Decreto 322/1995, de 10 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Sanidad y Consumo,
ACUERDO:
El sobreseimiento de las diligencias contra Cárnicas Periquín, S.L. y el archivo del expediente nº 35/83/96 sin más trámite.
Contra la presente Resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso ordinario ante el Excmo. Sr. Consejero de Sanidad y Consumo, en el plazo de un mes desde su notificación, conforme a lo previsto en el artº. 114 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse.
Las Palmas de Gran Canaria, a 5 de diciembre de 1997.- El Director General de Consumo.
2) RESOLUCIÓN.
Visto el expediente nº 35/272/96, instruido por esta Dirección General, contra Manoj Kumar Gurnani, con domicilio en el Centro Comercial Shopping Center, local 169-170, Jandía, y estando de acuerdo con la propuesta formulada por el Instructor.
Vistos los preceptos legales de general aplicación, en especial el Real Decreto 1.398/1993, de 4 de agosto (B.O.E. nº 189).
Resultando: que el día 8 de febrero de 1996, Inspectores de esta Dirección General de Consumo realizaron visita de inspección en el Bazar Foto Hari, propiedad de D. Manoj Kumar Gurnani, sito en Centro Comercial Shopping Center, local 169-170, del término municipal de Pájara; y mediante acta levantada al efecto nº 44900 comprobaron que dentro de los escaparates y vitrinas, diversos artículos tales como radios, relojes, cámaras de vídeo, teléfonos inalámbricos, ..., carecían de sus preceptivos marcados de los precios de venta al público de manera visible desde el exterior.
Así mismo, carecían de las Hojas de Reclamaciones, del cartel anunciador de su existencia y del cartel informativo del horario de apertura y cierre del establecimiento.
Resultando: que, como consecuencia de ello, se formuló Acuerdo de iniciación el día 20 de junio de 1997, indicando que infringía lo dispuesto en el artº. 34 de la Ley 26/1984, de 19 de julio (B.O.E. nº 176), General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, y el artículo 3º, apartados 3.3.4 y 3.3.6, del Real Decreto 1.945/1983, de 22 de junio (B.O.E. nº 168), que regula las infracciones y sanciones en materia de defensa del consumidor y de la producción agroalimentaria, en concordancia con los artículos 2 y 8 del Real Decreto 2.160/1993, de 10 de diciembre, por el que se regula la indicación de precios de los productos ofrecidos a los consumidores y usuarios (B.O.E. nº 29, de 3 de febrero), en concordancia con los artículos 10 y 11 de la Ley 4/1994, de 25 de abril, de ordenación de la actividad comercial de Canarias (B.O.C. nº 53), en concordancia con los artículos 2 y 3 del Decreto 225/1994, de 11 de noviembre, por el que se regulan las Hojas de Reclamaciones de los consumidores y usuarios de la Comunidad Autónoma de Canarias (B.O.C. nº 148).
Resultando: que la infracción fue calificada como leve.
Resultando: que se comunicó el Acuerdo de iniciación al Instructor y se ordenó que simultáneamente se notificase al interesado. Resultando: que no pudo practicarse la notificación personal del mismo por el Servicio de Correos, puesto que el certificado fue devuelto.
Resultando: que cuando se tuvo constancia de su publicación, el día 9 de septiembre de 1996, el expediente ya estaba caducado.
Considerando: que de conformidad con el artº. 24 del Real Decreto 1.398/1983, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento para el ejercicio de la potestad sancionadora, y el artº. 43 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, el expediente debe entenderse caducado.
Conforme a las competencias asignadas a la Dirección General de Consumo, en el artículo 9 del Decreto 322/1995, de 10 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Sanidad y Consumo,
ACUERDO:
El sobreseimiento de las diligencias contra Manoj Kumar Gurnani y el archivo del expediente nº 35/272/96 sin más trámite.
Contra la presente Resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso ordinario ante el Excmo. Sr. Consejero de Sanidad y Consumo, en el plazo de un mes desde su notificación, conforme a lo previsto en el artº. 114 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse.
Las Palmas de Gran Canaria, a 5 de diciembre de 1997.- El Director General de Consumo.
3) RESOLUCIÓN.
Visto el expediente nº 35/435/96, instruido por esta Dirección General, contra Mohammed Zamani, con domicilio en el Centro Comercial Puerto Rico, 3ª fase, local 11, y estando de acuerdo con la propuesta formulada por el Instructor.
Vistos los preceptos legales de general aplicación, en especial el Real Decreto 1.398/1993, de 4 de agosto (B.O.E. nº 189).
Resultando: que el día 15 de marzo de 1996, Inspectores de esta Dirección General de Consumo realizaron visita de inspección en el Bazar Sting Boutique, propiedad de D. Mohammed Zamani, sito en el Centro Comercial Puerto Rico, 3ª fase, local 11, del término municipal de Mogán; y mediante acta levantada al efecto nº 359 comprobaron que tenía expuesto para su venta al público diversos artículos, tales como cinturones, monederos, blusas, bañadores, bolsas de señora, trajes, ..., careciendo de sus preceptivos marcados de los precios de venta al público.
Resultando: que, como consecuencia de ello, se formuló Acuerdo de iniciación el día 19 de agosto de 1996, indicando que infringía lo dispuesto en el artº. 34 de la Ley 26/1984, de 19 de julio (B.O.E. nº 176), General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, y el artículo 3º, apartado 3.3.4, del Real Decreto 1.945/1983, de 22 de junio (B.O.E. nº 168), que regula las infracciones y sanciones en materia de defensa del consumidor y de la producción agroalimentaria, en concordancia con los artículos 2 y 8 del Real Decreto 2.160/1993, de 10 de diciembre, por el que se regula la indicación de precios de los productos ofrecidos a los consumidores y usuarios (B.O.E. nº 29, de 3 de febrero).
Resultando: que la infracción fue calificada como leve.
Resultando: que se comunicó el Acuerdo de iniciación al Instructor y se ordenó que simultáneamente se notificase al interesado.
Resultando: que no pudo practicarse la notificación personal del mismo por el Servicio de Correos, puesto que el certificado fue devuelto.
Resultando: que cuando se tuvo constancia de su publicación, el día 23 de octubre de 1996, el expediente ya estaba caducado.
Considerando: que de conformidad con el artº. 24 del Real Decreto 1.398/1983, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento para el ejercicio de la potestad sancionadora, y el artº. 43 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, el expediente debe entenderse caducado.
Conforme a las competencias asignadas a la Dirección General de Consumo, en el artículo 9 del Decreto 322/1995, de 10 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Sanidad y Consumo,
ACUERDO:
El sobreseimiento de las diligencias contra Mohammed Zamani y el archivo del expediente nº 35/435/96 sin más trámite.
Contra la presente Resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso ordinario ante el Excmo. Sr. Consejero de Sanidad y Consumo, en el plazo de un mes desde su notificación, conforme a lo previsto en el artº. 114 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse.
Las Palmas de Gran Canaria, a 5 de diciembre de 1997.- El Director General de Consumo.
4) RESOLUCIÓN.
Visto el expediente nº 35/461/96.
RESPONSABLE: José Luis Rodríguez Rodríguez. D.N.I. o N.I.F.: 42573219N.
MOTIVACIÓN
REFERENCIA DE HECHOS: el día 27 de marzo de 1996, Inspectores de esta Dirección General de Consumo realizaron visita de inspección en la ferretería propiedad de D. José Luis Rodríguez Rodríguez, sita en la Circunvalación, 16, del término municipal de Santa Brígida; y mediante acta levantada al efecto nº 311 comprobaron que no tenía a disposición del público las Hojas de Reclamaciones y no estaba expuesto el cartel anunciador de su existencia. FUNDAMENTOS DE DERECHO: artº. 34.9 de la Ley 26/1984, de 19 de julio (B.O.E. nº 176), General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, y en relación con el artº. 3.3.6 del Real Decreto 1.945/1983, de 22 de junio, que regula las infracciones y sanciones en materia de defensa del consumidor y de la producción agroalimentaria (B.O.E. nº 168), en concordancia con el artº. 10 de la Ley 4/1994, de 25 de abril, de ordenación de la actividad comercial de Canarias (B.O.C. nº 53), en concordancia con los artículos 2 y 3 del Decreto 225/1994, de 11 de noviembre, por el que se regulan las Hojas de Reclamaciones de los consumidores y usuarios de la Comunidad Autónoma de Canarias (B.O.C. nº 148).
Conforme a las competencias asignadas a la Dirección General de Consumo, en el artículo 9, apartados k) y m), del Reglamento Orgánico de la Consejería de Sanidad y Consumo, aprobado por Decreto Territorial 322/1995, de 10 de noviembre (B.O.E. nº 154),
ACUERDO:
Imponer a José Luis Rodríguez Rodríguez la sanción de multa de 40.000 pesetas.
Contra la presente Resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso ordinario ante el Excmo. Sr. Consejero de Sanidad y Consumo, en el plazo de un mes desde su notificación, conforme a lo previsto en el artº. 114 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse.
Las Palmas de Gran Canaria, a 19 de septiembre de 1996.- El Director General de Consumo.
NOTA: el pago de la sanción se hará efectivo a partir de la notificación de la liquidación que oportunamente se girará por la Consejería de Economía y Hacienda.
5) RESOLUCIÓN.
Visto el expediente nº 35/472/96, instruido por esta Dirección General, contra Dña. Ana Cristina Díez Orellana, con domicilio en el Centro Comercial Cita, local 180, planta 2ª, y estando de acuerdo con la propuesta formulada por el Instructor.
Vistos los preceptos legales de general aplicación, en especial el Real Decreto 1.398/1993, de 4 de agosto (B.O.E. nº 189).
Resultando: que el día 29 de marzo de 1996, Inspectores de esta Dirección General de Consumo realizaron visita de inspección en la Boutique Retail, propiedad de Dña. Ana Cristina Díez Orellana, sita en el Centro Comercial Cita, local 180, planta 2ª, del término municipal de San Bartolomé de Tirajana; y mediante acta levantada al efecto nº 243 comprobaron que tenía expuestos para su venta al público en el escaparate camisas, chalecos, sudaderas y collares que exhibían unos cartelitos de color amarillo fósforo que anunciaban unos guarismos de color negro como 5000, alegando la compareciente que dichos guarismos representaban el precio de venta al público, carecían por tanto de la expresión P.V.P. y la de pesetas. En el interior de los precios estaban anunciados del mismo modo.
Resultando: que, como consecuencia de ello, se formuló Acuerdo de iniciación el día 19 de agosto de 1996, indicando que infringía lo dispuesto en el artº. 34, apartados 5 y 9, de la Ley 26/1984, de 19 de julio (B.O.E. nº 176), General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, y el artículo 3º, apartado 3.3.4, del Real Decreto 1.945/1983, de 22 de junio (B.O.E. nº 168), que regula las infracciones y sanciones en materia de defensa del consumidor y de la producción agroalimentaria, en concordancia con el artº. 2 del Real Decreto 2.160/1993, de 10 de diciembre, por el que se regula la indicación de precios de los productos ofrecidos a los consumidores y usuarios (B.O.E. nº 29, de 3 de febrero), en concordancia con el artículo 1, apartado 3, del Decreto 2.807/1972, de 15 de septiembre (B.O.E. nº 247), por el que se regula la publicidad y marcado de precios en la venta al público de artículos al por menor.
Resultando: que la infracción fue calificada como leve. Resultando: que se comunicó el Acuerdo de iniciación al Instructor y se ordenó que simultáneamente se notificase al interesado.
Resultando: que no pudo practicarse la notificación personal del mismo por el Servicio de Correos, puesto que el certificado fue devuelto.
Resultando: que cuando se tuvo constancia de su publicación, el día 23 de octubre de 1996, el expediente ya estaba caducado.
Considerando: que, de conformidad con el artº. 24 del Real Decreto 1.398/1983, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento para el ejercicio de la potestad sancionadora, y el artº. 43 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, el expediente debe entenderse caducado.
Conforme a las competencias asignadas a la Dirección General de Consumo, en el artículo 9 del Decreto 322/1995, de 10 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Sanidad y Consumo,
ACUERDO:
El sobreseimiento de las diligencias contra Ana Cristina Díez Orellana y el archivo del expediente nº 35/472/96 sin más trámite.
Contra la presente Resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso ordinario ante el Excmo. Sr. Consejero de Sanidad y Consumo, en el plazo de un mes desde su notificación, conforme a lo previsto en el artº. 114 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse.
Las Palmas de Gran Canaria, a 5 de diciembre de 1997.- El Director General de Consumo.
6) RESOLUCIÓN.
Visto el expediente nº 35/514/96.
RESPONSABLE: Manuel Cabrera Martel. D.N.I. o N.I.F.: 43266627Q.
MOTIVACIÓN
REFERENCIA DE HECHOS: el día 12 de abril de 1996, Inspectores de esta Dirección General de Consumo realizaron visita de inspección en la Panificadora Las Delicias, propiedad de D. Manuel Cabrera Martel, sita en la calle Amapola, 65, del término municipal de Agüimes; y mediante acta levantada al efecto nº 389 comprobaron que tenía para su venta pan común de 60 y 110 gr, careciendo de la preceptiva balanza para la comprobación del peso del pan, del Libro de Reclamaciones y del marcado de los precios del pan. FUNDAMENTOS DE DERECHO: artº. 34, apartados 5 y 9, de la Ley 26/1984, de 19 de julio (B.O.E. nº 176), General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, y en relación con el artículo 3º, apartados 3.3.1, 3.3.4 y 3.3.6, del Real Decreto 1.945/1983, de 22 de junio (B.O.E. nº 168), que regula las infracciones y sanciones en materia de defensa del consumidor y de la producción agroalimentaria, en concordancia con el artículo 1º de la Orden Ministerial de 26 de junio de 1976 (Ministerio de Comercio) (B.O.E. nº 157), sobre normas de disciplina en la venta de pan, en relación con los artículos 2 y 8 del Real Decreto 2.160/1993, de 10 de diciembre, por el que se regula la indicación de precios de los productos ofrecidos a los consumidores y usuarios (B.O.E. nº 29, de 3 de febrero).
Conforme a las competencias asignadas a la Dirección General de Consumo, en el artículo 9, apartados k) y m), del Reglamento Orgánico de la Consejería de Sanidad y Consumo, aprobado por Decreto Territorial 322/1995, de 10 de noviembre (B.O.E. nº 154), esta Dirección General es competente para la incoación y tramitación del presente expediente, así como para su resolución, al ser la infracción calificada inicialmente como leve, sin perjuicio de lo que pueda resultar de la instrucción.
ACUERDO:
Imponer a Manuel Cabrera Martel la sanción de multa de 75.000 pesetas.
Contra la presente Resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso ordinario ante el Excmo. Sr. Consejero de Sanidad y Consumo, en el plazo de un mes desde su notificación, conforme a lo previsto en el artº. 114 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse.
Las Palmas de Gran Canaria, a 17 de octubre de 1996.- El Director General de Consumo.
NOTA: el pago de la sanción se hará efectivo a partir de la notificación de la liquidación que oportunamente se girará por la Consejería de Economía y Hacienda. 7) RESOLUCIÓN.
Visto el expediente nº 35/526/96, instruido por esta Dirección General, contra Jesús Hernández López, con domicilio en la Avenida de Canarias, 304, Vecindario, y estando de acuerdo con la propuesta formulada por el Instructor.
Vistos los preceptos legales de general aplicación, en especial el Real Decreto 1.398/1993, de 4 de agosto (B.O.E. nº 189).
Resultando: que el día 17 de abril de 1996, Inspectores de esta Dirección General de Consumo realizaron visita de inspección en la tienda de deportes Coliseum, propiedad de D. Jesús Hernández López, sita en la Avenida de Canarias, 304, del término municipal de Santa Lucía de Tirajana; y mediante acta levantada al efecto nº 295 comprobaron que tenía expuesto para su venta al público en el escaparate exterior 2 bañadores de señora, 2 pantalones deportivos, 3 camisetas y 1 patín, no teniendo visibles ninguno de estos artículos los marcados de sus precios de venta al público en relación al campo visual donde estaban expuestos.
Así mismo, a la solicitud del Inspector de las Hojas de Reclamaciones no fueron presentadas alegando el compareciente no saber donde estaban, comprobándose por tanto que en el momento de la inspección no tenían éstas a disposición del público.
Resultando: que, como consecuencia de ello, se formuló Acuerdo de iniciación el día 20 de septiembre de 1996, indicando que infringía lo dispuesto en el artº. 34, apartados 5 y 9, de la Ley 26/1984, de 19 de julio (B.O.E. nº 176), General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, y el artículo 3º, apartados 3.3.4 y 3.3.6, del Real Decreto 1.945/1983, de 22 de junio (B.O.E. nº 168), que regula las infracciones y sanciones en materia de defensa del consumidor y de la producción agroalimentaria, en concordancia con el artº. 2 del Real Decreto 2.160/1993, de 10 de diciembre, por el que se regula la indicación de precios de los productos ofrecidos a los consumidores y usuarios (B.O.E. nº 29, de 3 de febrero), en concordancia con los artículos 1 y 3 del Decreto 2.807/1972, de 15 de septiembre (B.O.E. nº 247), por el que se regula la publicidad y marcado de precios en la venta al público de artículos al por menor, en concordancia con el artº. 10 de la Ley 4/1994, de 25 de abril, de ordenación de la actividad comercial de Canarias (B.O.C. nº 53), en concordancia con los artículos 1 y 2 del Decreto 225/1994, de 11 de noviembre, por el que se regulan las Hojas de Reclamaciones de los consumidores y usuarios de la Comunidad Autónoma de Canarias (B.O.C. nº 148).
Resultando: que la infracción fue calificada como leve.
Resultando: que se comunicó el Acuerdo de iniciación al Instructor y se ordenó que simultáneamente se notificase al interesado. Resultando: que no pudo practicarse la notificación personal del mismo por el Servicio de Correos, puesto que el certificado fue devuelto.
Considerando: que de conformidad con el artº. 24 del Real Decreto 1.398/1983, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento para el ejercicio de la potestad sancionadora, y el artº. 43 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, el expediente debe entenderse caducado.
Conforme a las competencias asignadas a la Dirección General de Consumo, en el artículo 9 del Decreto 322/1995, de 10 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Sanidad y Consumo,
ACUERDO:
El sobreseimiento de las diligencias contra Jesús Hernández López y el archivo del expediente nº 35/526/96 sin más trámite.
Contra la presente Resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso ordinario ante el Excmo. Sr. Consejero de Sanidad y Consumo, en el plazo de un mes desde su notificación, conforme a lo previsto en el artº. 114 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse.
Las Palmas de Gran Canaria, a 27 de junio de 1997.- El Director General de Consumo.
8) RESOLUCIÓN.
Visto el expediente nº 35/530/96.
RESPONSABLE: José Ramón Cea Espinosa. D.N.I. o N.I.F.: 45533542M.
MOTIVACIÓN
REFERENCIA DE HECHOS: el día 17 de abril de 1996, Inspectores de esta Dirección General de Consumo realizaron visita de inspección en CEAS Boutique propiedad de D. José Ramón Cea Espinosa, sita en la Avenida de Canarias, 176, del término municipal de Santa Lucía de Tirajana; y mediante acta levantada al efecto nº 803 comprobaron que los productos expuestos en el escaparate carecían de los preceptivos marcados de los precios de venta al público de forma visible desde el exterior. Así mismo no tenían a disposición del público las Hojas de Reclamaciones ni estaba expuesto el cartel anunciador de su existencia. FUNDAMENTOS DE DERECHO: artº. 34, apartados 5 y 9, de la Ley 26/1984, de 19 de julio (B.O.E. nº 176), General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, en relación con el artículo 3º, apartados 3.3.4 y 3.3.6, del Real Decreto 1.945/1983, de 22 de junio (B.O.E. nº 168), que regula las infracciones y sanciones en materia de defensa del consumidor y de la producción agroalimentaria, en concordancia con el artº. 2 de Real Decreto 2.160/1993, de 10 de diciembre, por el que se regula la indicación de precios de los productos ofrecidos a los consumidores y usuarios (B.O.E. nº 29, de 3 de febrero), en concordancia con los artículos 1 y 3 del Decreto 2.807/1972, de 15 de septiembre (B.O.E. nº 247), por el que se regula la publicidad y marcado de precios en la venta al público de artículos al por menor, en concordancia con el artº. 10 de la Ley 4/1994, de 25 de abril, de ordenación de la actividad comercial de Canarias (B.O.C. nº 53), en concordancia con los artículos 2 y 3 del Decreto 225/1994, de 11 de noviembre, por el que se regulan las Hojas de Reclamaciones de los consumidores y usuarios de la Comunidad Autónoma de Canarias (B.O.C. nº 148). CUESTIONES PLANTEADAS EN EL EXPEDIENTE: presentó escrito de alegaciones, el día 7 de octubre de 1996, manifestando en síntesis: Que hasta el 30 de junio de 1996 era el propietario de un establecimiento dedicado a la venta de ropa. Que el día 17 de abril de 1996 se procedió a una inspección por parte de los Inspectores de esa Dirección General, y el establecimiento carecía de las Hojas de Reclamaciones, preceptivos p.v.p. en los artículos expuestos en el escaparate y el horario de apertura. Que este hecho no fue debido a la intención de hacer caso omiso de la normativa establecida, sino por desconocimiento legal, ya que no se me ha notificado la obligación de tal precepto. Que desde el mismo momento de la inspección se procedió a solicitar las Hojas de Reclamaciones y el cartel anunciador en la OMIC del Ayuntamiento de Santa Lucía. A los referenciados hechos esta parte alega el principio de presunción de inocencia recogido en nuestra Constitución, artº. 24.2. Por todo ello lo anteriormente expuesto y atendiendo al hecho de que el establecimiento de mi propiedad está cerrado al público, solicito a esa Dirección General de Consumo que tenga por presentado este escrito de alegaciones, se dicte propuesta de resolución en la que se acuerde el sobreseimiento del expediente sancionador. CONTESTACIÓN A LAS CUESTIONES Y VALORACIÓN DE LAS PRUEBAS PRACTICADAS: las alegaciones del interesado no modifican la calificación jurídica de los hechos vertida en el Acuerdo de iniciación y en la Propuesta de Resolución, por cuanto que el desconocimiento alegado no exime del cumplimiento de la obligación de por un lado marcar de forma visible los precios de venta al público de los artículos expuestos en el escaparate y por otro de tener Hojas de Reclamaciones y cartel anunciador de su existencia. Del acta de Inspección se desprenden los hechos imputados teniendo esta presunción de certeza.
Conforme a las competencias asignadas a la Dirección General de Consumo, en el artº. 9, apartados k) y m) del Reglamento Orgánico de la Consejería de Sanidad y Consumo, aprobado por Decreto Territorial 322/1995, de 10 de noviembre (B.O.E. nº 154), esta Dirección General es competente para la incoación y tramitación del presente expediente, así como para su resolución, al ser la infracción calificada inicialmente como leve, sin perjuicio de lo que pueda resultar de la instrucción.
ACUERDO:
Imponer a José Ramón Cea Espinosa la sanción de multa de 75.000 pesetas.
Contra la presente Resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso ordinario ante el Excmo. Sr. Consejero de Sanidad y Consumo, en el plazo de un mes desde su notificación, conforme a lo previsto en el artº. 114 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse.
Las Palmas de Gran Canaria, a 17 de octubre de 1996.- El Director General de Consumo.
NOTA: el pago de la sanción se hará efectivo a partir de la notificación de la liquidación que oportunamente se girará por la Consejería de Economía y Hacienda.
9) RESOLUCIÓN.
Visto el expediente nº 35/1409/96.
RESPONSABLE: Catalina M. Socas González. D.N.I. o N.I.F.: 41959759.
MOTIVACIÓN
REFERENCIA DE HECHOS: el día 29 de julio de 1996, Inspectores de esta Dirección General de Consumo realizaron visita de inspección en el Minimercado Águila 2000 propiedad de Dña. Catalina M. Socas González, sito en el Apartamento-Hotel Águila 2000, del término municipal de Antigua; y mediante acta levantada al efecto nº 1565 comprobaron que tenía expuestos para su venta al público flotadores cuyos etiquetados adolecían de las preceptivas leyendas. FUNDAMENTOS DE DERECHO: artº. 34.6 de la Ley 26/1984, de 19 de julio (B.O.E. nº 176), General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, en relación con el artículo 3º, apartado 3.3.4, del Real Decreto 1.945/1983, de 22 de junio (B.O.E. nº 168), que regula las infracciones y sanciones en materia de defensa del consumidor y de la producción agroalimentaria, en relación con el artículo 7º del Real Decreto 1.468/1988, de 2 de diciembre (B.O.E. nº 294), por el que se aprueba el Reglamento de etiquetado, presentación y publicidad de los productos industriales destinados a su venta directa a los consumidores y usuarios. CUESTIONES PLANTEADAS EN EL EXPEDIENTE: presentó escrito de alegaciones, el día 14 de enero de 1997, manifestando en síntesis: Que esos flotadores eran un artículo que acababa de llegar y no había podido comprobar si estaban en perfectas condiciones para su venta y que por lo tanto todavía no estaban a la venta, no como él dice que estaban a la venta. CONTESTACIÓN A LAS CUESTIONES Y VALORACIÓN DE LAS PRUEBAS PRACTICADAS: las alegaciones del interesado no modifican la calificación jurídica de los hechos vertida en el Acuerdo de iniciación y en la Propuesta de Resolución, por cuanto que del acta de inspección se desprende que los flotadores los tenían para su venta al público, acta que fue firmada por la compareciente sin manifestar nada sobre el particular.
Conforme a las competencias asignadas a la Dirección General de Consumo, en el artº. 9, apartados k) y m), del Reglamento Orgánico de la Consejería de Sanidad y Consumo, aprobado por Decreto Territorial 322/1995, de 10 de noviembre (B.O.E. nº 154), esta Dirección General es competente para la incoación y tramitación del presente expediente, así como para su resolución, al ser la infracción calificada inicialmente como leve, sin perjuicio de lo que pueda resultar de la instrucción.
ACUERDO:
Imponer a Dña. Catalina M. Socas González la sanción de multa de 60.000 pesetas.
Contra la presente Resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso ordinario ante el Excmo. Sr. Consejero de Sanidad y Consumo, en el plazo de un mes desde su notificación, conforme a lo previsto en el artº. 114 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse.
Las Palmas de Gran Canaria, a 24 de enero de 1997.- El Director General de Consumo.
NOTA: el pago de la sanción se hará efectivo a partir de la notificación de la liquidación que oportunamente se girará por la Consejería de Economía y Hacienda.
10) RESOLUCIÓN.
Visto el expediente nº 35/1768/96, instruido por esta Dirección General, contra Dña. Josefa Perdomo Ramírez, con domicilio en la Corredera, 3, Cruce de Sardina, y estando de acuerdo con la propuesta formulada por el Instructor.
Vistos los preceptos legales de general aplicación, en especial el Real Decreto 1.398/1993, de 4 de agosto (B.O.E. nº 189).
Resultando: que el día 20 de septiembre de 1996, Inspectores de esta Dirección General de Consumo realizaron visita de inspección en la Dulcería Melani, propiedad de Dña. Josefa Perdomo Ramírez, sita en Corredera, 3, del término municipal de Santa Lucía de Tirajana; y mediante acta levantada al efecto nº 1728 comprobaron que no tenía a disposición del público las Hojas de Reclamaciones y no estaba expuesto el cartel anunciador de su existencia.
Resultando: que, como consecuencia de ello, se formuló Acuerdo de iniciación con fecha 24 de febrero de 1997, indicando que infringía lo dispuesto en el artº. 34.9 de la Ley 26/1984, de 19 de julio (B.O.E. nº 176), General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, y el artículo 3.3.6 del Real Decreto 1.945/1983, de 22 de junio, que regula las infracciones y sanciones en materia de defensa del consumidor y de la producción agroalimentaria (B.O.E. nº 168), en concordancia con el artº. 10 de la Ley 4/1994, de 25 de abril, de ordenación de la actividad comercial de Canarias (B.O.C. nº 53), en concordancia con los artículos 1, 2 y 3 del Decreto 225/1994, de 11 de noviembre, por el que se regulan las Hojas de Reclamaciones de los consumidores y usuarios de la Comunidad Autónoma de Canarias (B.O.C. nº 148).
Resultando: que la infracción fue calificada como leve.
Resultando: que se comunicó el Acuerdo de iniciación al Instructor y se ordenó que simultáneamente se notificase al interesado.
Resultando: que no pudo practicarse la notificación personal del mismo por el Servicio de Correos, puesto que el certificado fue devuelto. Considerando: que de conformidad con el artº. 24 del Real Decreto 1.398/1983, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento para el ejercicio de la potestad sancionadora, y el artº. 43 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, el expediente debe entenderse caducado.
Conforme a las competencias asignadas a la Dirección General de Consumo, en el artículo 9 del Decreto 322/1995, de 10 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Sanidad y Consumo,
ACUERDO:
El sobreseimiento de las diligencias contra Dña. Josefa Perdomo Ramírez y el archivo del expediente nº 35/1768/96 sin más trámite.
Contra la presente Resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso ordinario ante el Excmo. Sr. Consejero de Sanidad y Consumo, en el plazo de un mes desde su notificación, conforme a lo previsto en el artº. 114 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse.
Las Palmas de Gran Canaria, a 23 de junio de 1997.- El Director General de Consumo.
11) RESOLUCIÓN.
Visto el expediente nº 35/1774/96, instruido por esta Dirección General, contra Alicia Santamaría Puig, con domicilio en Poeta Pablo Neruda, s/n, puesto 27, y estando de acuerdo con la propuesta formulada por el Instructor.
Vistos los preceptos legales de general aplicación, en especial el Real Decreto 1.398/1993, de 4 de agosto (B.O.E. nº 189).
Resultando: que el día 20 de septiembre de 1996, Inspectores de esta Dirección General de Consumo realizaron visita de inspección en el puesto del Mercado Municipal de Telde nº 27, propiedad de Dña. Alicia Santamaría Puig, sito en Poeta Pablo Neruda, s/n, del término municipal de Telde; y mediante acta levantada al efecto nº 2124 comprobaron que tenía expuesto para su venta al público manzanas, habichuelas, tomates, zanahorias y peras que carecían tanto de sus preceptivos etiquetados de normalización como de sus marcados de los precios de venta al público.
Resultando: que, como consecuencia de ello, se formuló Acuerdo de iniciación indicando que infringía lo dispuesto en el artº. 34, apartados 5 y 6, de la Ley 26/1984, de 19 de julio (B.O.E. nº 176), General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, y el artículo 3º, apartados 3.3.1 y 3.3.4, del Real Decreto 1.945/1983, de 22 de junio (B.O.E. nº 168), que regula las infracciones y sanciones en materia de defensa del consumidor y de la producción agroalimentaria, en concordancia con el Reglamento (CEE) nº 920/89 de la Comisión, de 10 de abril de 1989, por el que se establecen normas de calidad para las zanahorias, los cítricos y las manzanas y peras de mesa (D.O.C.E. nº L 97, de 11.4.89), modificado parcialmente por el Reglamento (CEE) nº 293/992 de 6 de febrero de 1992, y modificado por el Reglamento (CEE) nº 421/90 de la Comisión (D.O.C.E. nº L 44, de 20.2.90), Reglamento (CEE) nº 487/90 de la Comisión (D.O.C.E. nº L 52, de 28.2.90), y el Reglamento (CEE) nº 292/92 de la Comisión (D.O.C.E. nº L 31, de 7.2.92), en concordancia con el Reglamento (CEE) nº 58 de la Comisión, de 15 de junio de 1962, relativo al establecimiento de normas comunes de calidad para determinados productos del anexo IB del Reglamento nº 23 por el que se establece de forma gradual una organización común de mercado en el sector de las frutas y hortalizas (B.O.E. nº 56, de 7.7.62), en concordancia con el Reglamento CEE nº 778/83, de 30 de marzo de 1983 (NºL 86/14, de 31.3.83), por el que se establecen normas de calidad para los tomates, y con el artº. 7 del Real Decreto 2.192/1984, de 28 de noviembre (B.O.E. nº 300), que aprueba el Reglamento de aplicación de las normas de calidad para las frutas y hortalizas frescas destinadas al mercado interior, y Orden de 10 de diciembre de 1985 (B.O.E. de 17), corrección de errores (B.O.E. de 18.1.86), que aprueba la norma de calidad para tomates frescos destinados al mercado interior, y la Orden de 2 de julio de 1985 (B.O.E. de 8), por el que se aprueba la Norma de Calidad para zanahorias destinadas al mercado interior, en concordancia con los artículos 2 y 8 del Real Decreto 2.160/1993, de 10 de diciembre, por el que se regula la indicación de precios de los productos ofrecidos a los consumidores y usuarios (B.O.E. nº 29, de 3 de febrero).
Resultando: que la infracción fue calificada como leve.
Resultando: que se comunicó el Acuerdo de iniciación al Instructor y se ordenó que simultáneamente se notificase al interesado.
Resultando: que no pudo practicarse la notificación personal del mismo por el Servicio de Correos, puesto que el certificado fue devuelto.
Considerando: que de conformidad con el artº. 24 del Real Decreto 1.398/1983, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento para el ejercicio de la potestad sancionadora, y el artº. 43 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, el expediente debe entenderse caducado. Conforme a las competencias asignadas a la Dirección General de Consumo, en el artículo 9 del Decreto 322/1995, de 10 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Sanidad y Consumo,
ACUERDO:
El sobreseimiento de las diligencias contra Alicia Santamaría Puig y el archivo del expediente nº 35/1774/96 sin más trámite.
Contra la presente Resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso ordinario ante el Excmo. Sr. Consejero de Sanidad y Consumo, en el plazo de un mes desde su notificación, conforme a lo previsto en el artº. 114 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse.
Las Palmas de Gran Canaria, a 23 de junio de 1997.- El Director General de Consumo.
12) RESOLUCIÓN.
Visto el expediente nº 35/1793/96, instruido por esta Dirección General, contra Supermercado Valido, S.L., con domicilio en Tinamar, 38, y estando de acuerdo con la propuesta formulada por el Instructor.
Vistos los preceptos legales de general aplicación, en especial el Real Decreto 1.398/1993, de 4 de agosto (B.O.E. nº 189).
Resultando: que el día 25 de septiembre de 1996, Inspectores de esta Dirección General de Consumo realizaron visita de inspección en el Supermercado Maxcoop, propiedad de Supermercado Valido, S.L., sito en la Avenida de Tinamar, 38, del término municipal de San Mateo; y mediante acta levantada al efecto nº 1740 comprobaron que no tenían a disposición del público las Hojas de Reclamaciones y no estaba expuesto el cartel anunciador de la existencia de las mismas.
Resultando: que, como consecuencia de ello, se formuló Acuerdo de iniciación indicando que infringía lo dispuesto en el artº. 34.9 de la Ley 26/1984, de 19 de julio (B.O.E. nº 176), General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, y el artº. 3.3.6 del Real Decreto 1.945/1983, de 22 de junio, que regula las infracciones y sanciones en materia de defensa del consumidor y de la producción agroalimentaria (B.O.E. nº 168), en concordancia con el artº. 10 de la Ley 4/1994, de 25 de abril, de ordenación de la actividad comercial de Canarias (B.O.C. nº 53), en concordancia con los artículos 1, 2 y 3 del Decreto 225/1994, de 11 de noviembre, por el que se regulan las Hojas de Reclamaciones de los consumidores y usuarios de la Comunidad Autónoma de Canarias (B.O.C. nº 148).
Resultando: que la infracción fue calificada como leve.
Resultando: que se comunicó el Acuerdo de iniciación al Instructor y se ordenó que simultáneamente se notificase al interesado.
Resultando: que no pudo practicarse la notificación personal del mismo por el Servicio de Correos, puesto que el certificado fue devuelto.
Considerando: que de conformidad con el artº. 24 del Real Decreto 1.398/1983, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento para el ejercicio de la potestad sancionadora, y el artº. 43 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, el expediente debe entenderse caducado.
Conforme a las competencias asignadas a la Dirección General de Consumo, en el artículo 9 del Decreto 322/1995, de 10 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Sanidad y Consumo,
ACUERDO:
El sobreseimiento de las diligencias contra Supermercado Valido, S.L. y el archivo del expediente nº 35/1793/96 sin más trámite.
Contra la presente Resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso ordinario ante el Excmo. Sr. Consejero de Sanidad y Consumo, en el plazo de un mes desde su notificación, conforme a lo previsto en el artº. 114 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse.
Las Palmas de Gran Canaria, a 23 de junio de 1997.- El Director General de Consumo.
Las Palmas de Gran Canaria, a 27 de enero de 1998.- El Director General de Consumo, Gonzalo Olarte Cullen.
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