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BOC Nº 043. Miércoles 8 de Abril de 1998 - 866

IV. ANUNCIOS - Otros anuncios - Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Aguas

866 - RESOLUCIÓN de 30 de enero de 1998, de la Dirección General de Vivienda, sobre notificación de la orden de obras recaída en el expediente P-155/97, dirigida a D. Inocencio González García (Presidente de Comunidad de Propietarios).

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Habiendo sido intentada, mediante carta certificada con acuse de recibo, la notificación a D. Inocencio González García de la orden de obras dictada en el expediente de diligencias previas P-155/97, como consecuencia de la denuncia formulada con el mismo por infracción de la reglamentación vigente en materia de viviendas de protección oficial, no teniendo constancia de su recepción, y a los efectos de que se formulen las alegaciones pertinentes y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. nº 285, de 27.11.92),

R E S U E L V O:

Notificar a D. Inocencio González García (Presidente de Comunidad de Propietarios) orden de obras de 16 de enero de 1998, obrante en el expediente de diligencias previas de referencia, cuya parte dispositiva dice textualmente:

Con ocasión de la información reservada que se está tramitando en esta Dirección General por denuncia de Dña. Cristo M. Medina Morales por obras sin autorización en la Urbanización La Florita, en el término municipal de esta capital, y que es previa a la incoación de expediente sancionador, a tenor de lo establecido en el artículo 158 del Reglamento de Viviendas de Protección Oficial de 24 de julio de 1968, y tras informe negativo acerca de la posibilidad de conceder la preceptiva autorización de esta Dirección General de Vivienda por el cierre de los accesos rodados a dicha urbanización, solicitado al amparo de la doctrina del Tribunal Supremo en cuanto a la necesaria ponderación de posibles soluciones a adoptar, debiendo considerar previamente a dictar la demolición, la posibilidad de legalización, le comunico que una vez efectuada visita de inspección por nuestros Servicios Técnicos se ha realizado el informe que a continuación se transcribe:

“El conjunto está compuesto por seis bloques de ocho plantas y tres de cuatro plantas, con uso de viviendas y diversos locales comerciales.

Las construcciones están acogidas a la protección oficial, Grupo Primero, expedientes TF-I-5001/75 y TF-I-5010/75.

Según escritura de división horizontal, las fincas que integran el Conjunto Residencial tienen zonas peatonales. Originalmente, el Conjunto Residencial tenía cuatro accesos rodados a los viales interiores, dos a la calle de Los Sauces y uno a las calles de Tío Pino y Aridane, respectivamente.

Con posterioridad a la entrega de las viviendas, se desconoce la fecha real, la Comunidad de Propietarios ejecuta el cerramiento perimetral de la finca mediante murete de hormigón y valla de barrotes metálicos; se clausura totalmente el acceso desde la calle Tío Pino; se reduce y colocan puerta metálica de dos hojas en el acceso desde la calle Aridane; se reduce uno de los dos accesos desde la calle de Los Sauces y se colocan dos puertas motorizadas, con mando a distancia; se mantienen los accesos peatonales con sus respectivas puertas metálicas de dos hojas.

No consta en nuestros archivos solicitud o licencia para ejecutar el referido cerramiento.

En este expediente constan informes sobre las normativas a cumplir por la Comunidad de Propietarios expedidos por la Consejería de Industria y del Área de Seguridad Ciudadana del Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife.

Según informe emitido por la Sección I de esta Dirección General, competente en autorizaciones y que se adjunta al expediente, no es autorizable el cierre de los accesos rodados, por lo que la Comunidad de Propietarios, en el plazo máximo de 15 días, deberá dejar los referidos accesos en su estado primitivo.”

Si voluntariamente se procede a ejecutarlas, se deberá comunicar posteriormente a esta Dirección General para su comprobación técnica. En el caso de no realizarse las obras por quien corresponda, se acordará la incoación de expediente sancionador de acuerdo con los preceptos citados.

Santa Cruz de Tenerife, a 30 de enero de 1998.- El Director General de Vivienda, Miguel Ángel Pulido Rodríguez.

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