No teniendo constancia esta Dirección General del domicilio de las personas físicas y jurídicas que se relacionan, y siendo preciso notificarles las Resoluciones recaídas en los expedientes incoados contra las mismas por infracción a la normativa en materia de consumo, y conforme al artículo 59, apartado 4, de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
R E S U E L V O:
1.- Notificar a las personas físicas y jurídicas que se citan, las Resoluciones recaídas en los expedientes que les han sido instruidos por infracción a la legislación en materia de consumo.
Los interesados podrán interponer recurso ordinario contra la Resolución del expediente, que no agota la vía administrativa, en el plazo de un mes, contado a partir de la fecha de la publicación de la presente Resolución, ante el Excmo. Sr. Consejero de Sanidad y Consumo del Gobierno de Canarias, y sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse.
El pago de la sanción se hará efectivo a partir de la notificación de la liquidación que oportunamente se girará por la Consejería de Economía y Hacienda.
2.- Remitir al Ayuntamiento de las poblaciones que se citan, las correspondientes Resoluciones para su publicación en el tablón de edictos. 1) Visto el expediente nº 38-410/97.
INSTRUIDO A: San Valdano, S.L. D.N.I. o N.I.F.: B-38294237.
MOTIVACIÓN
Artº. 54 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
REFERENCIA DE HECHOS: el día 1 de abril de 1997, un Inspector de esta Dirección General practicó visita de inspección en el establecimiento gasolinera, de rótulo Repsol, del que es titular San Valdano, S.L., sito en Las Chumberas, del término municipal de La Laguna, y mediante acta nº 8026 instruida al efecto, comprobó, junto al protocolo de campaña de inspección en estaciones de servicio de venta de carburantes y combustibles, las siguientes irregularidades: - No existen a disposición del público las Hojas de Reclamaciones y cartel informativo de la existencia de dichas Hojas. Constituyendo tal hecho infracción en materia de consumo. FUNDAMENTOS DE DERECHO: es de aplicación el artículo 3 del Decreto 173/1994, de 29 de julio, sobre protección de los derechos del consumidor en el servicio de suministro de gasolinas y gasóleos de automoción de instalaciones de venta al público, B.O.C. nº 114, en concordancia con el artículo 3.3.4 del Real Decreto 1.945/1983, que regula las infracciones y sanciones en materia de defensa del consumidor y de la producción agroalimentaria, B.O.E. nº 168, y con el artículo 34.6 de la Ley 26/1984, General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, B.O.E. nº 176. CUESTIONES PLANTEADAS EN EL EXPEDIENTE: el interesado, en escrito presentado en el Registro de Entrada de la Dirección General de Consumo, provisto de nº 2358 de 3 de octubre de 1997, sucintamente, manifiesta: La causa alegada no es totalmente cierta, por los siguientes motivos: El recinto donde se ejerce la actividad empresarial está constituido por gasolinera, bar, tienda minorista y servicio de lavado de vehículos. Para todas estas actividades fue concedida por la Administración correspondiente una única licencia de apertura. No obstante lo anterior, la empresa procede a colocar en el exterior de la parte central de la tienda y en uno de los puntos de mayor visibilidad de todo el recinto empresarial cartel informativo de esta cuestión, y con su leyenda en cuatro idiomas. Adjuntamos fotografía del mismo. En cada uno de los surtidores de combustible que existen en esta empresa hay un cartel que informa al público de la existencia de las Hojas de Reclamaciones. De igual manera, cuando fue concedida la licencia de apertura nos fueron remitidas las oportunas Hojas de Reclamaciones en el modelo oficial. Como prueba de ello les aportamos fotocopia de la reclamación efectuada el 21 de enero de 1997 (nº 0111024), anterior a la visita del Inspector actuante en el presente expediente (nº 0111025) -fecha posterior a la visita efectuada por el Inspector actuante- y la nº 0111026. Solicita, proceda al archivo del expediente nº 38-410/97. CONTESTACIÓN A LAS CUESTIONES Y VALORACIÓN DE LAS PRUEBAS PRACTICADAS: no se desvirtúan en modo alguno los hechos imputados en el acuerdo de inicio, por lo que no procede eximir de responsabilidad al interesado. Dado que, en el momento de llevarse a cabo la visita de inspección, las Hojas de Reclamaciones no estaban a disposición del público, hecho reconocido por el Sr. compareciente en el acta de inspección, D. Benjamín Cruz Cabrera, en su calidad de encargado, sin hacer alegación en contrario.
Conforme a las competencias asignadas a la Dirección General de Consumo por el artículo 8 de la Orden de 18 de agosto de 1995, de desarrollo de las competencias de los órganos creados por Decreto 187/1995, de 20 de julio, de reestructuración de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias (B.O.C. nº 109), en conexión con el artículo 11, apartado f), y artículo 18, apartado 2.B), letras k) y m), del Decreto Territorial 228/1993, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Industria y Comercio (B.O.C. nº 116, de 10 de septiembre),
ACUERDO:
Imponer a San Valdano, S.L. la sanción de multa de sesenta mil (60.000) pesetas.
Contra la presente Resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso ordinario, en el plazo de un mes, a partir de su notificación, ante el Excmo. Sr. Consejero de Sanidad y Consumo, conforme a lo previsto en el artículo 114 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse. Se podrá presentar por medio de representante, para lo cual deberá acreditarse la representación por cualquier medio válido en derecho que deje constancia fidedigna, o mediante declaración en comparecencia personal del interesado.- Santa Cruz de Tenerife, a 13 de octubre de 1997.- El Director General de Consumo, Gonzalo Olarte Cullen.
NOTA: el pago de la sanción se hará efectivo a partir de la notificación de la liquidación que oportunamente se girará por la Consejería de Economía y Hacienda.
2) Visto el expediente nº 38-460/97.
INSTRUIDO A: Cadena de Ahorros Canarios, S.L. D.N.I. o N.I.F.: B-383831877.
MOTIVACIÓN
Artº. 54 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. REFERENCIA DE HECHOS: el día 8 de mayo de 1997, un Inspector de esta Dirección General realizó una visita de inspección en el supermercado del que es titular Cadena de Ahorros Canarios, S.L., sito en la calle Cirilo Rolo de Armas, 2, del término municipal de Garachico, y mediante acta nº 8199 instruida al efecto, comprobó que carece de Hojas de Reclamaciones y no se expone de forma visible al público el cartel anunciador de su disponibilidad, constituyendo tales hechos infracción en materia de consumo. FUNDAMENTOS DE DERECHO: es de aplicación lo establecido en los artículos 1 y 3 del Decreto 225/1994, de 11 de noviembre, por el que se regulan las Hojas de Reclamaciones de los consumidores y usuarios de la Comunidad Autónoma de Canarias, B.O.C. nº 148, artículo 10 de la Ley 4/1994, de 25 de abril, de Ordenación de la Actividad Comercial de Canarias, B.O.C. nº 53, en relación con el artículo 3, apartado 3.3.6, del Real Decreto 1.945/1983, de 22 de junio, que regula las infracciones y sanciones en materia de defensa del consumidor y de la producción agroalimentaria, B.O.E. nº 168, y artículo 34, apartado 9, de la Ley 26/1984, de 19 de julio, General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, B.O.E. nº 176. CUESTIONES PLANTEADAS EN EL EXPEDIENTE: conforme a las competencias asignadas a la Dirección General de Consumo por el artículo 8 de la Orden de 18 de agosto de 1995, de desarrollo de las competencias de los órganos creados por Decreto 187/1995, de 20 de julio, de reestructuración de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias (B.O.C. nº 109), en conexión con el artículo 11, apartado f), y artículo 18, apartado 2.B), letras k) y m), del Decreto Territorial 228/1993, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Industria y Comercio (B.O.C. nº 116, de 10 de septiembre),
ACUERDO:
Imponer a Cadena de Ahorros Canarios, S.L. la sanción de multa de cuarenta mil (40.000) pesetas.
Contra la presente Resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso ordinario, en el plazo de un mes, a partir de su notificación, ante el Excmo. Sr. Consejero de Sanidad y Consumo, conforme a lo previsto en el artículo 114 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse. Se podrá presentar por medio de representante, para lo cual deberá acreditarse la representación por cualquier medio válido en derecho que deje constancia fidedigna, o mediante declaración en comparecencia personal del interesado.- Santa Cruz de Tenerife, a 25 de noviembre de 1997.- El Director General de Consumo, Gonzalo Olarte Cullen.
NOTA: el pago de la sanción se hará efectivo a partir de la notificación de la liquidación que oportunamente se girará por la Consejería de Economía y Hacienda. 3) Visto el expediente nº 38-341/97.
INSTRUIDO A: Pedro Alipio Rodríguez Ponce. D.N.I. o N.I.F.: 42.700.481.
MOTIVACIÓN
Artº. 54 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
REFERENCIA DE HECHOS: el día 4 de marzo de 1997, un Inspector de esta Dirección General practicó visita de inspección en el establecimiento de venta menor de calzados de rótulo Nenúfar, del que es titular Pedro Alipio Rodríguez Ponce, sito en la calle Heraclio Sánchez, esquina Barcelona, del término municipal de La Laguna, y mediante acta nº 8029 instruida al efecto, comprobó reclamación nº 1221/96, presentada por D. José Luis Escobar Núñez, provisto de D.N.I. nº 42.923.479, siendo motivo de la misma la adquisición de unos zapatos que, según su opinión, presentaban defectos de origen, y negativa a facilitarle una Hoja de Reclamación, constatando el Inspector actuante que el calzado objeto de la reclamación se comercializa careciendo de la información sobre la composición del mismo, figurando como únicos datos los siguientes; Original, Shoes. Poliuretano, 28 made in Spain, Nenúfar, talla 28 P.V.P. 2.143 pesetas. Constituye el hecho descrito infracción en materia de consumo. FUNDAMENTOS DE DERECHO: son de aplicación los artículos 4 y 8 del Real Decreto 1.718/1995, por el que se regula el etiquetado de los materiales utilizados en los componentes principales del calzado, B.O.E. nº 36, en concordancia con el artº. 3.3.4 del Real Decreto 1.945/1983, que regula las infracciones y sanciones en materia de defensa del consumidor y de la producción agroalimentaria, B.O.E. nº 168. CUESTIONES PLANTEADAS EN EL EXPEDIENTE: conforme a las competencias asignadas a la Dirección General de Consumo por el artículo 8 de la Orden de 18 de agosto de 1995, de desarrollo de las competencias de los órganos creados por Decreto 187/1995, de 20 de julio, de reestructuración de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias (B.O.C. nº 109), en conexión con el artículo 11, apartado f), y artículo 18, apartado 2.B), letras k) y m), del Decreto Territorial 228/1993, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Industria y Comercio (B.O.C. nº 116, de 10 de septiembre),
ACUERDO:
Imponer a Pedro Alipio Rodríguez Ponce la sanción de multa de cincuenta mil (50.000) pesetas.
Contra la presente Resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso ordinario, en el plazo de un mes, a partir de su notificación, ante el Excmo. Sr. Consejero de Sanidad y Consumo, conforme a lo previsto en el artículo 114 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse. Se podrá presentar por medio de representante, para lo cual deberá acreditarse la representación por cualquier medio válido en derecho que deje constancia fidedigna, o mediante declaración en comparecencia personal del interesado.- Santa Cruz de Tenerife, a 6 de noviembre de 1997.- El Director General de Consumo, Gonzalo Olarte Cullen.
NOTA: el pago de la sanción se hará efectivo a partir de la notificación de la liquidación que oportunamente se girará por la Consejería de Economía y Hacienda.
Santa Cruz de Tenerife, a 14 de enero de 1998.- El Director General de Consumo, Gonzalo Olarte Cullen.
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