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BOC Nº 031. Miércoles 11 de Marzo de 1998 - 647

IV. ANUNCIOS - Otros anuncios - Consejería de Turismo y Transportes

647 - RESOLUCIÓN de 2 de diciembre de 1997, de la Dirección General de Ordenación e Infraestructura Turística, sobre notificación de Resoluciones a titulares de empresas y actividades turísticas de ignorado domicilio.

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Habiéndose intentado por esta Dirección General sin haberse podido practicar la notificación de la Resolución recaída en el expediente incoado con motivo de denuncias o Actas de Inspección formuladas contra los titulares de empresas y actividades turísticas que se relacionan, conforme al artº. 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y siendo preciso su notificación a los efectos de que aleguen lo que a su derecho convenga,

R E S U E L V O:

1.- Notificar a los titulares de los establecimientos y actividades turísticas que se citan, la Resolución recaída en el expediente que les ha sido instruido por infracción a la legislación en materia turística.

Las Resoluciones que se notifican no ponen fin a la vía administrativa y contra las mismas cabe interponer, de acuerdo con lo prevenido en los artículos 114 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, recurso ordinario en el plazo de un mes, contado a partir de la recepción de la presente Resolución, ante el Ilmo. Sr. Viceconsejero de Turismo, de la Consejería de Turismo y Transportes del Gobierno de Canarias, y sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse.

En el caso de que el recurrente sea un representante, deberá acreditar esta representación, aportando Escritura de Poder para dejar constancia fidedigna, bien con copia simple notarial o previo cotejo o compulsa de la fotocopia con su original, a tenor de lo dispuesto en el artículo 32 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

El ingreso de las sanciones recaídas en los expedientes que se relacionan deberá hacerse efectivo en la forma y plazos indicados en la notificación que la Consejería de Economía y Hacienda le remitirá a su propio domicilio. 2.- Remitir al Ayuntamiento de las poblaciones que se citan, la presente Resolución para su publicación en el tablón de edictos correspondiente.

Las Palmas de Gran Canaria, a 2 de diciembre de 1997.- El Director General de Ordenación e Infraestructura Turística, Francisco Montesdeoca Santana.

RESOLUCIONES QUE SE CITAN:

1º) Libro nº 2 de Resoluciones de la Dirección General de Ordenación e Infraestructura Turística, folio 96, número 1221.

Resolución de 1 de octubre de 1997, de la Dirección General de Ordenación e Infraestructura Turística, recaída en el expediente sancionador nº 96/155, instruido a D. Antonio Pendón González, titular de la explotación turística del establecimiento denominado Mesón Los Toneles.

Examinado el expediente sancionador tramitado por el Servicio de Inspección y Sanciones, instruido a D. Antonio Pendón González, por Resolución de iniciación del Director General de Ordenación e Infraestructura Turística, de 19 de diciembre de 1996, como consecuencia de la denuncia formulada por D. José Espino Fernández y D. Domingo Sánchez Rodríguez, de la Policía Local del Iltre. Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana, de 9 de marzo de 1996.

Vista la propuesta formulada por el Instructor del expediente sancionador consignado.

Teniendo en cuenta los siguientes

I. ANTECEDENTES

1º) Que con fecha 18 de marzo de 1996, se recibió en esta Consejería, Registro de Entrada nº 1619, denuncia formulada por D. José Espino Fernández y D. Domingo Sánchez Rodríguez, en la que manifiestan ciertas irregularidades en los precios y que consta en el presente expediente, habiendo solicitado las Hojas de Reclamaciones, las cuales no fueron facilitadas.

2º) Con fecha 2 de abril de 1996, Registro de Entrada nº 1997, se presentó en esta Consejería, denuncia de la Policía Local del Iltre. Ayuntamiento de la Villa de San Bartolomé de Tirajana, en la que se hace constar que el 9 de marzo de 1996, fueron requeridos por los denunciantes con el objeto de acompañarlos al Bar denominado Mesón Los Toneles, de D. Antonio Pendón González, con domicilio en la calle Argentina, 31, 2º, puerta 7, en Telde, bar ubicado en los apartamentos, sito en el Centro Comercial Yumbo, por la Avenida de España, en Playa del Inglés, donde se comprobó que los precios no estaban sellados por ningún organismo, dándose la circunstancia que les cobraron precios superiores. 3º) Que se ordenó la iniciación de expediente sancionador, que lleva el número 96/155, nombrándose Instructor y Secretario.

4º) Que por el Instructor del expediente se formularon los cargos, con fecha 19 de diciembre de 1996, por:

HECHOS: 1. Percibir precio superior al notificado a la Administración turística competente, en la cerveza servida a sus clientes Sres. Sánchez Rodríguez y Espino Fernández, el 9 de marzo de 1996. 2. Carecer en el establecimiento de las Hojas de Reclamaciones que debe tener con carácter obligatorio. 3. No anunciar en el establecimiento la relación de servicios con los precios que rigen en la prestación de los mismos.

5º) Que con fecha 17 de marzo de 1997, el Instructor acuerda retrotraer el expediente a formular nuevamente los cargos imputados, toda vez que en el escrito de la Policía Local del Iltre. Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana, figura un domicilio a efectos de notificaciones, por error de transcripción se remitió al domicilio que se hizo constar en la denuncia de la Oficina de Información al Consumidor del mismo.

6º) Que con fecha 23 de septiembre de 1997, y habida cuenta que el expedientado no efectuó alegación alguna a la Resolución de iniciación del procedimiento y a los cargos imputados, fue ratificada como Propuesta de Resolución, con una multa en cuantía de 31.250 pesetas por el 1er hecho infractor, 125.000 pesetas por el 2º hecho infractor y 22.500 pesetas por el 3er hecho infractor.

II. CONSIDERACIONES JURÍDICAS

Primera: que las actuaciones practicadas en el presente expediente sancionador han sido de conformidad con la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. nº 285, de 26.11.92), la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias (B.O.C. nº 48, de 19.4.95), así como con el Decreto 190/1996, de 1 de agosto, regulador del Procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora en materia turística y de la Inspección de Turismo (B.O.C. nº 103, de 21.8.96).

Segunda: que en la tramitación del expediente se han observado las formalidades de rigor.

Tercera: que las pruebas que obran en el expediente son tenidas en cuenta a la hora de emitir la presente Resolución.

Cuarta: que debe estimarse la responsabilidad administrativa del expedientado, en base a la denuncia formulada por D. José Espino Fernández y D. Domingo Sánchez Rodríguez, y de la Policía Local del Iltre. Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana, de fecha 9 de marzo de 1996, sin que el expedientado haya formulado alegaciones ni aportado prueba alguna que desvirtúe los hechos imputados.

Quinta: que los hechos recogidos en el expediente son constitutivos de infracción a: - artículo 2º de la Orden Ministerial de 19 de junio de 1970 (B.O.E. de 23 de junio), en relación con el artº. 30.1 de la Orden Ministerial de 17 de marzo de 1965, por la que se aprueba la Ordenación Turística de Restaurantes (B.O.E. de 29 de marzo), modificado por la Orden Ministerial de 29 de junio de 1978, en su artículo 2º (B.O.E. de 19 de julio). - Artículo 1º de la Orden de 13 de noviembre de 1986, por la que se regulan las Hojas de Reclamaciones de los clientes en establecimientos turísticos (B.O.C. nº 139, de 19.11.86). - Artº. 10.3 de la Orden Ministerial de 17 de marzo de 1965, por la que se aprueba la Ordenación Turística de Restaurantes (B.O.E. de 29 de marzo), modificado por la Orden Ministerial de 29 de junio de 1978, en su artículo 1º (B.O.E. de 19 de julio), y en aplicación del artículo 4º de la Orden Ministerial de 19 de junio de 1970 (B.O.E. de 23 de junio).

Con calificación de leve, en base a los artículos 76.5 y 76.6, en relación con el artº. 77.7 y 77.1, de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias (B.O.C. nº 48, de 19.4.95).

En el ejercicio de la competencia que tengo atribuida para resolver el presente expediente sancionador, de acuerdo con la Ley Orgánica 10/1982, de 10 de agosto, por la que se aprueba el Estatuto de Autonomía de Canarias (B.O.J.C. nº 17, 28.9.82), y el artículo 11.p) del Decreto 281/1995, de 11 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Turismo y Transportes (B.O.C. nº 128, de 4.10.95),

R E S U E L V O:

Imponer la sanción de multa en cuantía de 31.250 pesetas por el 1er hecho infractor, 125.000 pesetas por el 2º hecho infractor y 22.500 pesetas por el 3er hecho infractor a D. Antonio Pendón González, con D.N.I. nº 45031187, titular de la explotación turística del establecimiento denominado Mesón Los Toneles.- Las Palmas de Gran Canaria, a 1 de octubre de 1997.- El Director General de Ordenación e Infraestructura Turística, Francisco Montesdeoca Santana.

2º) Libro nº 2 de Resoluciones de la Dirección General de Ordenación e Infraestructura Turística, folio 96, número 1226.

Resolución de 1 de octubre de 1997, de la Dirección General de Ordenación e Infraestructura Turística, recaída en el expediente sancionador nº 97/087, instruido a Ghassan Essa, titular de la explotación turística del establecimiento denominado Restaurante Pizzería Vegueta. Examinado el expediente sancionador tramitado por el Servicio de Inspección y Sanciones, instruido a Ghassan Essa, por Resolución de iniciación del Director General de Ordenación e Infraestructura Turística, de 25 de abril de 1997, como consecuencia del acta de inspección nº 7.398, de 15 de julio de 1996.

Vista la propuesta formulada por el Instructor del expediente sancionador consignado.

Teniendo en cuenta los siguientes

I. ANTECEDENTES

1º) Que con fecha 15 de julio de 1996, se personó en el establecimiento de referencia, sito en la calle Reyes Católicos, 6, término municipal de Las Palmas de Gran Canaria, el Servicio de Inspección de esta Dirección General, levantando al efecto el acta nº 7398, en la que esencialmente se hacen constar las siguientes deficiencias: pintura desgastada de la pared del comedor; humedad en el almacén; lavamanos con roturas y espejo deteriorado de los servicios higiénicos de caballeros.

2º) Que se ordenó la iniciación de expediente sancionador, que lleva el número 97/087, nombrándose Instructor y Secretario.

3º) Que por el Instructor del expediente se formularon los cargos, con fecha 25 de abril de 1997, por el siguiente

HECHO: deficiencias consistentes en pintura desgastada de la pared del comedor; humedad en el almacén; lavamanos con roturas; espejo deteriorado de los servicios higiénicos de caballeros.

4º) Que con fecha 23 de septiembre de 1997, y habida cuenta que el expedientado no efectuó alegación alguna a la Resolución de iniciación del procedimiento y a los cargos imputados, fue ratificada como Propuesta de Resolución, con una multa en cuantía de 65.000 pesetas.

II. CONSIDERACIONES JURÍDICAS

Primera: que las actuaciones practicadas en el presente expediente sancionador han sido de conformidad con la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. nº 285, de 26.11.92), la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias (B.O.C. nº 48, de 19.4.95), así como con el Decreto 190/1996, de 1 de agosto, regulador del Procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora en materia turística y de la Inspección de Turismo (B.O.C. nº 103, de 21.8.96).

Segunda: que en la tramitación del expediente se han observado las formalidades de rigor. Tercera: que las pruebas que obran en el expediente son tenidas en cuenta a la hora de emitir la presente Resolución.

Cuarta: que debe estimarse la responsabilidad administrativa del expedientado, en base al contenido del acta de inspección nº 7398, de 15 de julio de 1996, sin que haya formulado alegación ni aportado prueba alguna que desvirtúe el hecho imputado, por lo que debe prevalecer su constatación por el Inspector actuante en la citada acta de inspección, de lo que se desprende que el Restaurante Pizzería Vegueta presenta una serie de deficiencias que han de ser subsanadas, al objeto de procurar a la clientela un servicio en condiciones adecuadas.

Quinta: que el hecho recogido en el expediente es constitutivo de infracción a:

NORMAS SUSTANTIVAS INFRINGIDAS: - artículo 9º de la Orden de 17 de marzo de 1965, por la que se aprueba la Ordenación Turística de Restaurantes (B.O.E. de 29 de marzo).

Con calificación de leve, en base al artº. 77.4 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias (B.O.C. nº 48, de 19.4.95).

En el ejercicio de la competencia que tengo atribuida para resolver el presente expediente sancionador, de acuerdo con la Ley Orgánica 10/1982, de 10 de agosto, por la que se aprueba el Estatuto de Autonomía de Canarias (B.O.J.C. nº 17, de 28.9.82), y el artículo 11.p) del Decreto 281/1995, de 11 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Turismo y Transportes (B.O.C. nº 128, de 4.10.95),

R E S U E L V O:

Imponer la sanción de multa en cuantía de 65.000 pesetas a Ghassan Essa, con N.I.F. X-814025-D, titular de la explotación turística del establecimiento denominado Restaurante Pizzería Vegueta.- Las Palmas de Gran Canaria, a 1 de octubre de 1997.- El Director General de Ordenación e Infraestructura Turística, Francisco Montesdeoca Santana.

3º) Libro nº 2 de Resoluciones de la Dirección General de Ordenación e Infraestructura Turística, folio 96, número 1227.

Resolución de 1 de octubre de 1997, de la Dirección General de Ordenación e Infraestructura Turística, recaída en el expediente sancionador nº 97/099, instruido a D. Bartolomé Artiles Bolaños, titular de la explotación turística del establecimiento denominado Restaurante La Roca.

Examinado el expediente sancionador tramitado por el Servicio de Inspección y Sanciones, instruido a D. Bartolomé Artiles Bolaños por Resolución de iniciación del Director General de Ordenación e Infraestructura Turística, de 5 de mayo de 1997, como consecuencia de la denuncia formulada por Dña. Cristina Niz Suárez y del acta de inspección nº 07415, de 31 de julio de 1996.

Vista la propuesta formulada por el Instructor del expediente sancionador consignado.

Teniendo en cuenta los siguientes

I. ANTECEDENTES

1º) Que con fecha 5 de julio de 1996, se recibió en esta Consejería, Registro de Entrada nº 3815, denuncia formulada por Dña. Cristina Niz Suárez, contra el establecimiento consignado, en la que manifiesta que el mencionado establecimiento servía comidas propias de un restaurante, así como otras deficiencias que constan en el presente expediente.

2º) Que para comprobar los hechos denunciados, el 31 de julio de 1996, se personó en el establecimiento de referencia, sito en el Edificio Don Paco, local 118, en Patalavaca, término municipal de Mogán, el Servicio de Inspección de esta Dirección General, levantando al efecto el acta nº 7415, en la que esencialmente se hace constar que dicho establecimiento ofrecía platos, entre otros: pizza margarita, 600 pesetas; pizza caprichosa, 800 pesetas; entrecot con patatas fritas y ensalada, 975 pesetas, etc.

Asimismo, manifestó el titular consignado, que tenía solicitada ante el Patronato de Turismo del Excmo. Cabildo Insular de Gran Canaria, la autorización para desarrollar la actividad turística de Restaurante.

3º) Que se ordenó la iniciación de expediente sancionador, que lleva el número 97/099, nombrándose Instructor y Secretario.

4º) Que por el Instructor del expediente se formularon los cargos, con fecha 5 de mayo de 1997, por el siguiente

HECHO: la alteración de la actividad de Bar a Restaurante, sin haber obtenido la pertinente autorización de la Administración turística competente, según se constata en el acta de inspección nº 07415, de fecha 31 de julio de 1996.

5º) Que con fecha 23 de septiembre de 1997, y habida cuenta que el expedientado no efectuó alegación alguna a la Resolución de iniciación del procedimiento y a los cargos imputados, fue ratificada como Propuesta de Resolución, con una multa en cuantía de 175.000 pesetas.

II. CONSIDERACIONES JURÍDICAS

Primera: que las actuaciones practicadas en el presente expediente sancionador han sido de conformidad con la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. nº 285, de 26.11.92), la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias (B.O.C. nº 48, de 19.4.95), así como con el Decreto 190/1996, de 1 de agosto, regulador del Procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora en materia turística y de la Inspección de Turismo (B.O.C. nº 103, de 21.8.96).

Segunda: que en la tramitación del expediente se han observado las formalidades de rigor.

Tercera: que las pruebas que obran en el expediente son tenidas en cuenta a la hora de emitir la presente Resolución.

Cuarta: que debe estimarse la responsabilidad administrativa del expedientado, en base a la denuncia formulada por Dña. Cristina Niz Suárez y al contenido del acta de inspección nº 7415, de 31 de julio de 1996, sin que haya formulado alegación ni aportado prueba alguna que desvirtúe el hecho imputado, de lo que se desprende que dicho establecimiento realiza la actividad de Restaurante, actividad turística para la que no tiene la preceptiva documentación de la Administración turística competente, que le habilitaría para prestar los servicios que venía realizando, con los productos que constan en la citada acta de inspección.

Quinta: que el hecho recogido en el expediente es constitutivo de infracción a:

NORMAS SUSTANTIVAS INFRINGIDAS: artículos 6.1 y 2, en relación con el artículo 4º.a) de la Orden de 17 de marzo de 1965, por la que se aprueba la Ordenación Turística de Restaurantes (B.O.E. de 29 de marzo).

Con calificación de leve, en base al artº. 76.1, en relación con el artº. 77.7, de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias (B.O.C. nº 48, de 19.4.95).

En el ejercicio de la competencia que tengo atribuida para resolver el presente expediente sancionador, de acuerdo con la Ley Orgánica 10/1982, de 10 de agosto, por la que se aprueba el Estatuto de Autonomía de Canarias (B.O.J.C. nº 17, de 28.9.82), y el artículo 11.p) del Decreto 281/1995, de 11 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Turismo y Transportes (B.O.C. nº 128, de 4.10.95),

R E S U E L V O:

Imponer la sanción de multa en cuantía de 175.000 pesetas a D. Bartolomé Artiles Bolaños, con N.I.F. 42763381-X, titular de la explotación turística del establecimiento denominado Restaurante La Roca.- Las Palmas de Gran Canaria, a 1 de octubre de 1997.- El Director General de Ordenación e Infraestructura Turística, Francisco Montesdeoca Santana. 4º) Libro nº 2 de Resoluciones de la Dirección General de Ordenación e Infraestructura Turística, folio 96, número 1228.

Resolución de 1 de octubre de 1997, de la Dirección General de Ordenación e Infraestructura Turística, recaída en el expediente sancionador nº 97/101, instruido a Turavia Club, S.A., titular de la explotación turística del establecimiento denominado Agencia de Viajes Turavia.

Examinado el expediente sancionador tramitado por el Servicio de Inspección y Sanciones, instruido a Turavia Club, S.A., por Resolución de iniciación del Director General de Ordenación e Infraestructura Turística, de 5 de mayo de 1997, como consecuencia de la Hoja de Reclamación nº 28726, formulada por Dña. María José Macías Bernal y otros, y del acta de inspección nº 7538, de 24 de septiembre de 1996.

Vista la propuesta formulada por el Instructor del expediente sancionador consignado.

Teniendo en cuenta los siguientes

I. ANTECEDENTES

1º) Que con fecha 31 de julio de 1996, se recibió en esta Consejería, Registro de Entrada nº 4634, Hoja de Reclamación nº 28726, contra el establecimiento Agencia de Viajes Oriente, sito en la calle Ruiz de Alda, 10 bis, Las Palmas de Gran Canaria, cumplimentada por Dña. María José Bernal y otros, en la que manifiesta una serie de deficiencias que constan en el expediente, sobre la realización de un viaje a Grecia, del 20 al 28 de julio de 1996.

2º) Que para comprobar los hechos denunciados, el 26 de agosto de 1996, se personó en la Agencia de Viajes Oriente, sita en la calle Ruiz de Alda, 10 bis, Las Palmas de Gran Canaria, el Servicio de Inspección de esta Dirección General, levantando al efecto el acta nº 7490, en la que esencialmente se hace constar que, según manifestación de D. Elías Mansur Nauffal, Director de dicho establecimiento, éste se limitó única y exclusivamente a la venta del paquete turístico organizado por Turavia, y que, por tanto, no tuvieron participación en la proyección, elaboración y organización del mismo.

3º) Que con fecha 24 de septiembre de 1996, se personó en el establecimiento Agencia de Viajes Turavia, sito en la calle Nicolás Estévanez, 78, Las Palmas de Gran Canaria, el Servicio de Inspección de esta Dirección General, levantando al efecto el acta nº 7538, en la que esencialmente se hace constar que, según manifestación de Dña. Zoila Pérez Falcón, delegada, los reclamantes eligieron para su estancia el Hotel Economy, cuya categoría es de una estrella, sin embargo dicho hotel tenía ocupada la totalidad de sus plazas alojativas, por lo que fueron desviados al Hotel Solomon, de igual categoría, el cual no consta en el folleto propagandístico. Manifiesta, además, que dicha agencia ignora las condiciones deficitarias en las que se encontraba el complejo hotelero, manifestando asimismo que desconocía lo referente a la falta de profesionalidad del Guía.

4º) Que se ordenó la iniciación de expediente sancionador, que lleva el número 97/101, nombrándose Instructor y Secretario.

5º) Que por el Instructor del expediente se formularon los cargos, con fecha 5 de mayo de 1997, por el siguiente

HECHO: deficiencia en la prestación del servicio contratado por sus clientas Dña. María José Macías Bernal y otras, según consta en la Hoja de Reclamaciones nº 28726 y en el acta de inspección nº 07538.

6º) Que con fecha 23 de septiembre de 1997, y habida cuenta que la expedientada no efectuó alegación alguna a la Resolución de iniciación del procedimiento y a los cargos imputados, fue ratificada como Propuesta de Resolución, con una multa en cuantía de 72.500 pesetas.

II. CONSIDERACIONES JURÍDICAS

Primera: que las actuaciones practicadas en el presente expediente sancionador han sido de conformidad con la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. nº 285, de 26.11.92), la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias (B.O.C. nº 48, de 19.4.95), así como con el Decreto 190/1996, de 1 de agosto, regulador del Procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora en materia turística y de la Inspección de Turismo (B.O.C. nº 103, de 21.8.96).

Segunda: que en la tramitación del expediente se han observado las formalidades de rigor.

Tercera: que las pruebas que obran en el expediente son tenidas en cuenta a la hora de emitir la presente Resolución.

Cuarta: que debe estimarse la responsabilidad administrativa de la expedientada, en base a la Hoja de Reclamación nº 28726, formulada por Dña. María José Macías Bernal y otros, y al contenido del acta de inspección nº 7538, de 24 de septiembre de 1996, sin que la entidad mercantil consignada haya formulado alegaciones ni aportado prueba alguna que desvirtúe el hecho imputado.

Quinta: que el hecho recogido en el expediente es constitutivo de infracción a:

NORMA SUSTANTIVA INFRINGIDA: artº. 31 del Decreto 231/1987, de 18 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de las Agencias de Viajes de la Comunidad Autónoma de Canarias (B.O.C. nº 166, de 31.12.87) y nº 27, de 29.2.88). Con calificación de leve, en base al artº. 77.4 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias (B.O.C. nº 48, de 19.4.95).

En el ejercicio de la competencia que tengo atribuida para resolver el presente expediente sancionador, de acuerdo con la Ley Orgánica 10/1982, de 10 de agosto, por la que se aprueba el Estatuto de Autonomía de Canarias (B.O.J.C. nº 17, de 28.9.82), y el artículo 11.p) del Decreto 281/1995, de 11 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Turismo y Transportes (B.O.C. nº 128, de 4.10.95),

R E S U E L V O:

Imponer la sanción de multa en cuantía de 72.500 pesetas, a Turavia Club, S.A., con C.I.F. nº A-28259455, titular de la explotación turística del establecimiento denominado Agencia de Viajes Turavia.- Las Palmas de Gran Canaria, a 1 de octubre de 1997.- El Director General de Ordenación e Infraestructura Turística, Francisco Montesdeoca Santana.

5º) Libro nº 2 de Resoluciones de la Dirección General de Ordenación e Infraestructura Turística, folio 103, número 1379.

Resolución de 7 de noviembre de 1997, de la Dirección General de Ordenación e Infraestructura Turística, recaída en el expediente sancionador nº 97/130, instruido a Dña. Ida Marchesi, titular de la explotación turística del establecimiento denominado Restaurante Trastévere.

Examinado el expediente sancionador tramitado por el Servicio de Inspección y Sanciones, instruido a Dña. Ida Marchesi, por Resolución de iniciación del Director General de Ordenación e Infraestructura Turística, de 18 de junio de 1997, como consecuencia del acta de inspección nº 7495, de 28 de agosto de 1996.

Vista la propuesta formulada por el Instructor del expediente sancionador consignado.

Teniendo en cuenta los siguientes

I. ANTECEDENTES

1º) Que con fecha 7 de junio de 1996, se recibió en esta Consejería reclamación de D. José Calero Pérez contra el Restaurante Trastévere, por cobro indebido de 200 pesetas, como suplemento.

2º) Que para comprobar los hechos denunciados, el 28 de agosto de 1996, se personó en el establecimiento de referencia, sito en la calle Francisco Gourié, 4, Las Palmas de Gran Canaria, el Servicio de Inspección de esta Dirección General, levantando al efecto el acta nº 7495, en la que esencialmente se hace constar que el concepto de servicio facturado al reclamante por importe de 200 pesetas, no ha sido comunicado a la Administración turística canaria y por tanto no figura en la lista de precios sellada el 23 de agosto de 1994, a nombre de D. Leandro Castro Pérez.

Se ha producido un cambio de titularidad a nombre de Dña. Ida Marchesi, que explota turísticamente el establecimiento desde febrero de 1996, sin comunicarlo como es preceptivo a la Administración turística canaria. El anterior propietario era D. Leandro Castro Pérez.

3º) Que se ordenó la iniciación de expediente sancionador, que lleva el número 97/130, nombrándose Instructor y Secretario.

4º) Que por el Instructor del expediente se formularon los cargos, con fecha 18 de junio de 1997, por el siguiente

HECHO: alterar las condiciones esenciales de la autorización de la que está provista la actividad, toda vez que se ha producido un cambio de titularidad a favor de Dña. Ida Marchesi, que explota el establecimiento consignado desde febrero de 1996, sin comunicarlo como es preceptivo a la Administración turística competente.

5º) Que con fecha 29 de octubre y habida cuenta que la expedientada no efectuó alegación alguna a la Resolución de iniciación del procedimiento y a los cargos imputados, fue ratificada como Propuesta de Resolución, con una multa en cuantía de 175.000 pesetas, por el hecho infractor.

II. CONSIDERACIONES JURÍDICAS

Primera: que las actuaciones practicadas en el presente expediente sancionador han sido de conformidad con la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. nº 285, de 26.11.92), la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias (B.O.C. nº 48, de 19.4.95), así como con el Decreto 190/1996, de 1 de agosto, regulador del Procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora en materia turística y de la Inspección de Turismo (B.O.C. nº 103, de 21.8.96).

Segunda: que en la tramitación del expediente se han observado las formalidades de rigor.

Tercera: que las pruebas que obran en el expediente son tenidas en cuenta a la hora de emitir la presente Resolución.

Cuarta: que debe estimarse la responsabilidad administrativa de la expedientada, en base al acta de inspección nº 7495, sin que el titular haya formulado alegaciones a la Propuesta de Resolución, ni aportado prueba alguna que desvirtúe el hecho imputado, por lo que nos ratificamos en dicha Propuesta de Resolución por entenderla ajustada a Derecho. Quinta: que el hecho recogido en el expediente es constitutivo de infracción a los artículos 2º y 5º de la Orden de 23 de septiembre de 1988, por la que se regula el procedimiento para los cambios de titularidad de los establecimientos turísticos (B.O.C. nº 127, de 7.10.98).

Con calificación de leve, en base al artº. 76.1, en relación con el artº. 77.7, de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias (B.O.C. nº 48, de 19.4.95).

En el ejercicio de la competencia que tengo atribuida para resolver el presente expediente sancionador, de acuerdo con la Ley Orgánica 10/1982, de 10 de agosto, por la que se aprueba el Estatuto de Autonomía de Canarias (B.O.J.C. nº 17, de 28.9.82), y el artículo 11.p) del Decreto 281/1995, de 11 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Turismo y Transportes (B.O.C. nº 128, de 4.10.95),

R E S U E L V O:

Imponer la sanción de multa en cuantía de 175.000 pesetas, por el hecho infractor a Dña. Ida Marchesi, con C.I.F nº X-1690982-E, titular de la explotación turística del establecimiento denominado Restaurante Trastévere.- Las Palmas de Gran Canaria, a 7 de noviembre de 1997.- El Director General de Ordenación e Infraestructura Turística, Francisco Montesdeoca Santana.

6º) Libro nº 2 de Resoluciones de la Dirección General de Ordenación e Infraestructura Turística, folio 104, número 1406.

Resolución de 18 de noviembre de 1997, de la Dirección General de Ordenación e Infraestructura Turística, recaída en el expediente sancionador nº 97/131, instruido a Arco y Fuente, S.L., titular de la explotación turística del establecimiento denominado Restaurante Fuente Luminosa.

Examinado el expediente sancionador tramitado por el Servicio de Inspección y Sanciones, instruido a Arco y Fuente, S.L., por Resolución de iniciación del Director General de Ordenación e Infraestructura Turística, de 18 de junio de 1997, como consecuencia de la denuncia formulada por D. Ángel Ageno Hernández, y del acta de inspección nº 7420, de 6 de agosto de 1996.

Vista la propuesta formulada por el Instructor del expediente sancionador consignado.

Teniendo en cuenta los siguientes

I. ANTECEDENTES

1º) Que con fecha 17 de mayo de 1996, se recibió en esta Consejería reclamación de D. Ángel Ageno Hernández, contra el Bar Restaurante La Fuente Luminosa, sobre desatención al cliente y negativa a entregar la Hoja de Reclamaciones.

2º) Que para comprobar los hechos denunciados, el 6 de agosto de 1996, se personó en el establecimiento de referencia, sito en la calle Francisco Pérez y Pérez, 9, término municipal de Las Palmas de Gran Canaria, el Servicio de Inspección de esta Dirección General, levantando al efecto el acta nº 7420, en la que esencialmente se hace constar que el interviniente manifiesta desconocer los hechos de la denuncia.

Se ha producido un cambio de titularidad a favor de Arco y Fuente, S.L. que lo explota turísticamente desde hace aproximadamente un mes, añade que la documentación está en trámite ante el Cabildo de Gran Canaria, sin justificar tal extremo. No tiene expuesto en el exterior del establecimiento los precios de los productos. Carece del obligatorio cartel de existencia de Hojas de Reclamaciones.

3º) Que se ordenó la iniciación de expediente sancionador, que lleva el número 97/131, nombrándose Instructor y Secretario.

4º) Que por el Instructor del expediente se formularon los cargos, con fecha 18 de junio de 1997, por el siguiente

HECHO: alterar las condiciones esenciales de la autorización de la que está provista la actividad, toda vez que se ha producido un cambio de titularidad a favor de Arco y Fuente, S.L., que explota el establecimiento consignado, sin comunicarlo como es preceptivo a la Administración turística competente.

5º) Que la expedientada no ha realizado contestación a los cargos que se le imputan.

6º) Que con fecha 7 de noviembre de 1997, y habida cuenta que la expedientada no efectuó alegación alguna a la Resolución de iniciación del procedimiento y a los cargos imputados, fue ratificada como Propuesta de Resolución, con una multa en cuantía de 175.000 pesetas.

II. CONSIDERACIONES JURÍDICAS

Primera: que las actuaciones practicadas en el presente expediente sancionador han sido de conformidad con la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. nº 285, de 26.11.92), la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias (B.O.C. nº 48, de 19.4.95), así como con el Decreto 190/1996, de 1 de agosto, regulador del Procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora en materia turística y de la Inspección de Turismo (B.O.C. nº 103, de 21.8.96).

Segunda: que en la tramitación del expediente se han observado las formalidades de rigor. Tercera: que las pruebas que obran en el expediente son tenidas en cuenta a la hora de emitir la presente Resolución.

Cuarta: que debe estimarse la responsabilidad administrativa de la expedientada, en base al acta de inspección nº 7420, sin que la titular haya formulado alegaciones a la Propuesta de Resolución ni aportado prueba alguna que desvirtúe el hecho imputado, por lo que nos ratificamos en dicha Propuesta por entenderla ajustada a Derecho.

Quinta: que el hecho recogido en el expediente es constitutivo de infracción a:

NORMAS SUSTANTIVAS INFRINGIDAS: artículos 2º y 5º de la Orden de 23 de septiembre de 1988, por la que se regula el procedimiento para los cambios de titularidad de los establecimientos turísticos (B.O.C. nº 127, de 7.10.88).

Con calificación de leve, en base al artº. 76.1, en relación con el artº. 77.7, de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias (B.O.C. nº 48, de 19.4.95).

En el ejercicio de la competencia que tengo atribuida para resolver el presente expediente sancionador, de acuerdo con la Ley Orgánica 10/1982, de 10 de agosto, por la que se aprueba el Estatuto de Autonomía de Canarias (B.O.J.C. nº 17, de 28.9.82), y el artículo 11.p) del Decreto 281/1995, de 11 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Turismo y Transportes (B.O.C. nº 128, de 4.10.95),

R E S U E L V O:

Imponer la sanción de multa en cuantía de 175.000 pesetas por el hecho infractor a Arco y Fuente, S.L., con C.I.F nº B-35431956, titular de la explotación turística del establecimiento denominado Restaurante Fuente Luminosa.- Las Palmas de Gran Canaria, a 18 de noviembre de 1997.- El Director General de Ordenación e Infraestructura Turística. Por Orden de 7 de noviembre de 1997, Jaime Celso Rodríguez Cíe, Viceconsejero de Turismo.

7º) Libro nº 2 de Resoluciones de la Dirección General de Ordenación e Infraestructura Turística, folio 101, número 1340.

Resolución de 28 de octubre de 1997, de la Dirección General de Ordenación e Infraestructura Turística, recaída en el expediente sancionador nº 97/158, instruido a Pizbur Gáldar, S.L., titular de la explotación turística del establecimiento denominado Piscolabis Pizbur Playa.

Examinado el expediente sancionador tramitado por el Servicio de Inspección y Sanciones, instruido a Pizbur Gáldar, S.L., por Resolución de iniciación del Director General de Ordenación e Infraestructura Turística, de 14 de julio de 1997, como consecuencia del acta de inspección nº 7649, de 22 de octubre de 1996.

Vista la propuesta formulada por el Instructor del expediente sancionador consignado.

Teniendo en cuenta los siguientes

I. ANTECEDENTES

1º) Que con fecha 2 de octubre de 1996, se recibió en esta Consejería reclamación nº 35001, a instancia de Dña. María Luisa Rosario García, al Bar Piscolabis Pizbur Playa, sobre exceso de lejía en mesas y sillas estropeándose la ropa a la clienta.

2º) Que para comprobar los hechos denunciados, el 22 de octubre de 1996, se personó en el establecimiento de referencia, sito en la Avenida Nuestra Señora de las Nieves, término municipal de Agaete, el Servicio de Inspección de esta Dirección General, levantando al efecto el acta nº 7649, en la que esencialmente se hace constar que visitado el establecimiento por la denuncia efectuada por Dña. María Luisa Rosario García, no fue posible esclarecer los hechos. Manifiesta la interviniente desconocer lo ocurrido, ya que la persona que atendió a la clienta no se encontraba en ese momento por tener turno de tarde. Se comprueba que la empresa no ha entregado el ejemplar de la Hoja de Reclamación nº 35001 a la Administración turística en el plazo establecido. La reclamación fue con fecha 3 de septiembre de 1996.

3º) Que se ordenó la iniciación de expediente sancionador, que lleva el número 97/158, nombrándose Instructor y Secretario.

4º) Que por el Instructor del expediente se formularon los cargos, con fecha 14 de julio de 1997, por el siguiente

HECHO: no tramitar la Hoja de Reclamación nº 35001 en tiempo y forma, formulada por su clienta Dña. María Luisa Rosario García el 3 de septiembre de 1996.

5º) Que con fecha 1 de agosto de 1997 y habida cuenta que la expedientada no efectuó alegación alguna a la Resolución de iniciación del procedimiento y a los cargos imputados, fue ratificada como Propuesta de Resolución, con una multa en cuantía de 50.000 pesetas por el hecho infractor.

II. CONSIDERACIONES JURÍDICAS

Primera: que las actuaciones practicadas en el presente expediente sancionador han sido de conformidad con la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. nº 285, de 26.11.92), la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias (B.O.C. nº 48, de 19.4.95), así como con el Decreto 190/1996, de 1 de agosto, regulador del Procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora en materia turística y de la Inspección de Turismo (B.O.C. nº 103, de 21.8.96).

Segunda: que en la tramitación del expediente se han observado las formalidades de rigor.

Tercera: que las pruebas que obran en el expediente son tenidas en cuenta a la hora de emitir la presente Resolución.

Cuarta: que debe estimarse la responsabilidad administrativa de la expedientada, en base al contenido del acta de inspección nº 7649, sin que la titular haya formulado alegaciones a la Resolución de inicio del expediente sancionador, ni aportado prueba alguna que desvirtúe el hecho imputado, por lo que nos ratificamos en dicha Propuesta de Resolución, por entenderla ajustada a Derecho.

Quinta: que el hecho recogido en el expediente es constitutivo de infracción al artículo 7º de la Orden de 13 de noviembre de 1986, por la que se regulan las Hojas de Reclamaciones de los clientes en establecimientos turísticos (B.O.C. nº 139, de 19.11.86).

Con calificación de leve, en base al artº. 76.6, en relación con el artº. 77.7, de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias (B.O.C. nº 48, de 19.4.95).

En el ejercicio de la competencia que tengo atribuida para resolver el presente expediente sancionador, de acuerdo con la Ley Orgánica 10/1982, de 10 de agosto, por la que se aprueba el Estatuto de Autonomía de Canarias (B.O.J.C. nº 17, 28.9.82), y el artículo 11.p) del Decreto 281/1995, de 11 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Turismo y Transportes (B.O.C. nº 128, de 4.10.95),

R E S U E L V O:

Imponer la sanción de multa en cuantía de 50.000 pesetas, por el hecho infractor, a Pizbur Gáldar, S.L., con C.I.F nº B-35348895, titular de la explotación turística del establecimiento denominado Piscolabis Pizbur Playa.- Las Palmas de Gran Canaria, a 28 de octubre de 1997.- El Director General de Ordenación e Infraestructura Turística, Francisco Montesdeoca Santana.

8º) Libro nº 2 de Resoluciones de la Dirección General de Ordenación e Infraestructura Turística, folio 102, número 1350.

Resolución de 29 de octubre de 1997, de la Dirección General de Ordenación e Infraestructura Turística, recaída en el expediente sancionador nº 97/159, instruido a Ángel Camarasa Explotaciones Canarias, S.A., titular de la explotación turística del establecimiento denominado Bar Beach.

Examinado el expediente sancionador tramitado por el Servicio de Inspección y Sanciones, instruido a Ángel Camarasa Explotaciones Canarias, S.A., por Resolución de iniciación del Director General de Ordenación e Infraestructura Turística, de 14 de julio de 1997, como consecuencia del acta de inspección nº 7723, de 24 de octubre de 1996.

Vista la propuesta formulada por el Instructor del expediente sancionador consignado.

Teniendo en cuenta los siguientes

I. ANTECEDENTES

1º) Que con fecha 6 de agosto de 1996, se recibió en esta Consejería reclamación formulada por D. Francisco Jerónimo Medina contra el Bar Beach, por cobro excesivo en consumición y carencia de lista de precios.

2º) Que para comprobar los hechos denunciados, el 24 de octubre de 1996, se personó en el establecimiento de referencia, sito en el Paseo de Las Canteras, 11, Las Palmas de Gran Canaria, el Servicio de Inspección de esta Dirección General, levantando al efecto el acta nº 7723, en la que esencialmente se comprueba lo siguiente: el compareciente efectivamente cobró 900 pesetas, por 3 cervezas Heineken, a 300 pesetas unidad. Afirma que no pudo facilitar la Hoja de Reclamaciones al denunciante ya que no se encontraba presente y la empleada ignoraba donde estaban. Carece de listas de precios selladas por la Administración turística. Presenta Libro de Inspección y Hojas de Reclamaciones números 75202 a la 75210.

3º) Que se ordenó la iniciación de expediente sancionador, que lleva el número 97/159, nombrándose Instructor y Secretario.

4º) Que por el Instructor del expediente se formularon los cargos, con fecha 14 de julio de 1997, por los siguientes

HECHOS: 1. No haber notificado a la Administración turística competente los precios que rigen en la prestación de los servicios. 2. No facilitar a su cliente D. Jerónimo Medina la Hoja de Reclamaciones, a solicitud de éste, según consta en el acta nº 7723, de 24 de octubre de 1996.

5º) Que con fecha 29 de agosto de 1997, y habida cuenta que el expedientado no efectuó alegación alguna a la Resolución de iniciación del procedimiento y a los cargos imputados, fue ratificada como Propuesta de Resolución, con una multa en cuantía de 100.000 pesetas, por el 1er hecho infractor y 100.000 pesetas, por el 2º hecho infractor. II. CONSIDERACIONES JURÍDICAS

Primera: que las actuaciones practicadas en el presente expediente sancionador han sido de conformidad con la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. nº 285, de 26.11.92), la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias (B.O.C. nº 48, de 19.4.95), así como con el Decreto 190/1996, de 1 de agosto, regulador del Procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora en materia turística y de la Inspección de Turismo (B.O.C. nº 103, de 21.8.96).

Segunda: que en la tramitación del expediente se han observado las formalidades de rigor.

Tercera: que las pruebas que obran en el expediente son tenidas en cuenta a la hora de emitir la presente Resolución.

Cuarta: que debe estimarse la responsabilidad administrativa del expedientado, en base al acta de inspección nº 7723, sin que el titular haya formulado alegaciones a la Resolución de inicio del expediente sancionador, que se considera Propuesta de Resolución, ni aportado prueba alguna que desvirtúe los hechos imputados, por lo que nos ratificamos en dicha Propuesta de Resolución, por entenderla ajustada a Derecho.

Quinta: que los hechos recogidos en el expediente son constitutivos de infracción al artº. 30.1 de la Orden Ministerial de 17 de marzo de 1965, por la que se aprueba la Ordenación Turística de Restaurantes (B.O.E. de 29 de marzo), modificado por la Orden Ministerial de 29 de junio de 1978, en su artículo 2º (B.O.E. de 19 de julio), y en aplicación del artículo 4º de la Orden Ministerial de 19 de junio de 1970 (B.O.E. de 23 de junio). - Artº. 2.0.1 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias (B.O.C. nº 48, de 19.4.95).

Con calificación de leve, en base a los artículos 76.5 y 76.6, en relación con el artº. 77.7, de la Ley 7/1995, de 6 de abril (B.O.C. nº 48, de 19.4.95).

En el ejercicio de la competencia que tengo atribuida para resolver el presente expediente sancionador, de acuerdo con la Ley Orgánica 10/1982, de 10 de agosto, por la que se aprueba el Estatuto de Autonomía de Canarias (B.O.J.C. nº 17, 28.9.82), y el artículo 11.p) del Decreto 281/1995, de 11 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Turismo y Transportes (B.O.C. nº 128, de 4.10.95),

R E S U E L V O:

Imponer la sanción de multa en cuantía de 100.000 pesetas, por el 1er hecho infractor y 100.000 pesetas, por el 2º hecho infractor, a Ángel Camarasa Explotaciones Canarias, S.A., con C.I.F nº A-35058866, titular de la explotación turística del establecimiento denominado Bar Beach.- Las Palmas de Gran Canaria, a 29 de octubre de 1997.- El Director General de Ordenación e Infraestructura Turística, Francisco Montesdeoca Santana.

9º) Libro nº 2 de Resoluciones de la Dirección General de Ordenación e Infraestructura Turística, folio 100, número 1305.

Resolución de 16 de octubre de 1997, de la Dirección General de Ordenación e Infraestructura Turística, recaída en el expediente sancionador nº 97/160, instruido a Mariola Rosima, S.L., titular de la explotación turística del establecimiento denominado Discoteca El Convento.

Examinado el expediente sancionador tramitado por el Servicio de Inspección y Sanciones, instruido a Mariola Rosima, S.L., por Resolución de iniciación del Director General de Ordenación e Infraestructura Turística, de 14 de julio de 1997, como consecuencia del acta de inspección nº 7762, de 24 de octubre de 1996.

Vista la propuesta formulada por el Instructor del expediente sancionador consignado.

Teniendo en cuenta los siguientes

I. ANTECEDENTES

1º) Que con fecha 28 de agosto de 1996, se recibió en esta Consejería denuncia de D. Marcos Vega Cárdenes y otros, contra el local Discoteca El Convento, sobre deficiencias y posibles infracciones contra la normativa turística vigente.

2º) Que para comprobar los hechos denunciados, el 27 de octubre de 1996, se personó en el establecimiento de referencia, sito en la calle Teniente Durán, 16, Puerto del Rosario, el Servicio de Inspección de esta Dirección General, levantando al efecto el acta nº 7762, en la que esencialmente se hace constar que no dispone del Libro de Inspección del departamento. Carece de Hojas de Reclamaciones que obligatoriamente debe tener. No anuncia con cartel la existencia de Hojas de Reclamaciones. No presenta carta de los servicios que ofrece a sus clientes, con los precios acordados con la Administración y comunicados. La industria lleva abierta al público unos tres meses.

3º) Que se ordenó la iniciación de expediente sancionador, que lleva el número 97/160, nombrándose Instructor y Secretario.

4º) Que por el Instructor del expediente se formularon los cargos, con fecha 14 de julio de 1997, por los siguientes

HECHOS: 1. No haber notificado a la Administración turística competente los precios que rigen en la prestación de los servicios. 2. Carecer en el establecimiento de las Hojas de Reclamaciones. 3. Carecer del Libro de Inspección.

5º) Que la expedientada en escrito de 7 de agosto de 1997, registro de entrada nº 5313, en síntesis, ha alegado lo siguiente: que el día que se levanta el acta nº 7762, el 24 de octubre de 1996, fue cuando se abrió al público el establecimiento Discoteca El Convento. Que antes de esa fecha se presentó en la Consejería de Turismo, a través del Cabildo de Fuerteventura, la documentación necesaria para su legalización pero al adolecer de algunos defectos, fue devuelta para subsanarla. El 6 de noviembre de 1996, recibimos la documentación en regla. Que consideramos las sanciones altas para el corto espacio de tiempo de la solicitud y legalización. Que con dificultades económicas y préstamo fue abierto el local y causaría graves perjuicios el pago de las sanciones propuestas.

6º) Que examinadas las razones esgrimidas por la expedientada y los documentos aportados, no desvirtúa totalmente, pero teniendo en cuenta lo alegado y careciendo de antecedentes el mismo titular y establecimiento, procede y solicito sean reducidas las sanciones propuestas y quedando en 50.000 pesetas, para cada uno de los 3 hechos infractores.

Como consecuencia de todo lo anterior, el Instructor del procedimiento con fecha 28 de agosto de 1997, formuló propuesta de sanción de multa en cuantía de 50.000 pesetas, por el 1er hecho infractor, 50.000 pesetas, por el 2º hecho infractor y 50.000 pesetas, por el 3er hecho infractor.

II. CONSIDERACIONES JURÍDICAS

Primera: que las actuaciones practicadas en el presente expediente sancionador han sido de conformidad con la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. nº 285, de 26.11.92), la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias (B.O.C. nº 48, de 19.4.95), así como con el Decreto 190/1996, de 1 de agosto, regulador del Procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora en materia turística y de la Inspección de Turismo (B.O.C. nº 103, de 21.8.96).

Segunda: que en la tramitación del expediente se han observado las formalidades de rigor.

Tercera: que las pruebas que obran en el expediente son tenidas en cuenta a la hora de emitir la presente Resolución.

Cuarta: que debe estimarse la responsabilidad administrativa de la expedientada, en base al acta nº 7762 y la Propuesta de Resolución de 28 de agosto de 1997, sin que el titular haya formulado alegaciones a la Propuesta, ni aportado prueba alguna que desvirtúe el hecho imputado, por lo que nos ratificamos en dicha Propuesta de Resolución por entenderla ajustada a Derecho.

Quinta: que los hechos recogidos en el expediente son constitutivos de infracción al artº. 30.1 de la Orden Ministerial de 17 de marzo de 1965, por la que se aprueba la Ordenación Turística de Restaurantes (B.O.E. de 29 de marzo), modificado por la Orden Ministerial de 29 de junio de 1978, en su artículo 2º (B.O.E. de 19 de julio), y en aplicación del artículo 4º de la Orden Ministerial de 19 de junio de 1970 (B.O.E. de 23 de junio).

- Artº. 20.1 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias (B.O.C. nº 48, de 19.4.95).

- Artº. 41 del Decreto 190/1996, de 1 de agosto, regulador del Procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora en materia turística y de la Inspección de Turismo (B.O.C. nº 103, de 21.8.96).

Con calificación de leve, en base a los artículos 76.5, 76.6, 76.9, en relación con el artº. 77.7, de la Ley 7/1995, de 6 de abril (B.O.C. nº 48, de 19.4.95).

En el ejercicio de la competencia que tengo atribuida para resolver el presente expediente sancionador, de acuerdo con la Ley Orgánica 10/1982, de 10 de agosto, por la que se aprueba el Estatuto de Autonomía de Canarias (B.O.J.C. nº 17, de 28.9.82), y el artículo 11.p) del Decreto 281/1995, de 11 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Turismo y Transportes (B.O.C. nº 128, de 4.10.95),

R E S U E L V O:

Imponer la sanción de multa en cuantía de 50.000 pesetas, por el 1er hecho infractor, 50.000 pesetas, por el 2º hecho infractor y 50.000 pesetas, por el 3er hecho infractor a Mariola Rosima, S.L., con C.I.F nº 35431675, titular de la explotación turística del establecimiento denominado Discoteca El Convento.- Las Palmas de Gran Canaria, a 16 de octubre de 1997.- El Director General de Ordenación e Infraestructura Turística, Francisco Montesdeoca Santana.

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