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No teniendo constancia esta Dirección General del domicilio de las personas físicas y jurídicas que se relacionan, y siendo preciso notificarles las Resoluciones recaídas en los expedientes incoados contra las mismas por infracción a la normativa en materia de consumo, y conforme al artículo 59, apartado 4, de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
R E S U E L V O:
1.- Notificar a las personas físicas y jurídicas que se citan, la Resoluciones recaídas en los expedientes que les han sido instruidos por infracción a la legislación en materia de consumo.
Los interesados podrán interponer recurso ordinario contra la Resolución del expediente, que no agota la vía administrativa, en el plazo de un mes, contado a partir de la fecha de la publicación de la presente Resolución, ante el Excmo. Sr. Consejero de Sanidad y Consumo del Gobierno de Canarias, y sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse.
El pago de la sanción se hará efectiva a partir de la notificación de la liquidación que oportunamente se girará por la Consejería de Economía y Hacienda.
2.- Remitir al Ayuntamiento de las poblaciones que se citan, las correspondientes Resoluciones para su publicación en el tablón de edictos.
1) Visto el expediente nº: 38-121/97.
INSTRUIDO A: Panadería el Puente de Güímar, S.L. D.N.I. o N.I.F.: B-38342499.
MOTIVACIÓN
Artº. 54 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. REFERENCIA DE HECHOS: el día 18 de octubre de 1996, un Inspector de esta Dirección General realizó una visita de inspección en una boutique del pan, de rótulo Boutique del Pan El Valle, del que es titular Panadería el Puente de Güímar, S.L., sita en la Avenida Dean Pérez Cáceres, 1, del término municipal de Güímar, levantando el acta número 2.616 instruida al efecto, comprobó que hay expuestos para su venta al público en expositor frigorífico, productos de charcutería -salchichón, chorizo, paleta cocida, queso fundido en barra y yogures de las marcas Kalise y Celgán-, careciendo en su totalidad del preceptivo marcado de precios de venta al público constituyendo tal hecho infracción en materia de consumo. FUNDAMENTOS DE DERECHO: es de aplicación lo establecido en los artículos 13 y 34, apartado 6, de la Ley 26/1984, de 19 de julio (B.O.E. nº 176), General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, y artículo 3º, apartado 3.3.4, del Real Decreto 1.945/1983, de 22 de junio (B.O.E. nº 168), por el que se regulan las infracciones y sanciones en materia de defensa del consumidor y de la producción agroalimentaria, en conexión con los artículos 2.1, 4.1 y 8.1 del Real Decreto 2.160/1993, de 10 de diciembre (B.O.E. nº 29, de 3 de febrero), por el que se regula la indicación de precios de los productos ofrecidos a los consumidores y usuarios. CUESTIONES PLANTEADAS EN EL EXPEDIENTE: existe constancia en actuaciones de que el Acuerdo de iniciación fue publicado en el Boletín Oficial de Canarias nº 81, de 23 de junio de 1997, y en el tablón de edictos del Ayuntamiento de Güímar, sin que en el plazo de diez días concedido al efecto formulara alegaciones. Conforme a las competencias asignadas a la Dirección General de Consumo por el artículo 9, apartados k) y m), del Reglamento Orgánico de la Consejería de Sanidad y Consumo, aprobado por Decreto Territorial 322/1995, de 10 de noviembre (B.O.C. nº 154),
ACUERDO:
Imponer a Panadería el Puente de Güímar, S.L. la sanción de multa de setenta y cinco mil (75.000) pesetas.
Contra la presente Resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso ordinario, en el plazo de un mes, a partir de su notificación, ante el Excmo. Sr. Consejero de Sanidad y Consumo, conforme a lo previsto en el artículo 114 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse. Se podrá presentar por medio de representante, para lo cual deberá acreditarse la representación por cualquier medio válido en derecho que deje constancia fidedigna, o mediante declaración en comparecencia personal del interesado.- Santa Cruz de Tenerife, a 11 de noviembre de 1997.- El Director General de Consumo, Gonzalo Olarte Cullen.
NOTA: el pago de la sanción se hará efectiva a partir de la notificación de la liquidación que oportunamente se girará por la Consejería de Economía y Hacienda.
2) Visto el expediente nº: 38-389/97.
INSTRUIDO A: Hermusa, S.L. D.N.I. o N.I.F.: B-38046819.
MOTIVACIÓN
Artº. 54 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. REFERENCIA DE HECHOS: el día 16 de abril de 1997, un Inspector de esta Dirección General practicó visita de inspección en la Avenida Tavío, s/n, en la Costa del Silencio, del término municipal de Arona, y mediante acta nº 8.181 instruida al efecto, se comprobó reclamación nº 246/97, formulada por D. Juan Pedro Martín, provisto de D.N.I. nº 43.789.392, siendo motivo de la misma la negativa a facilitar el pago de una compra mediante Tarjeta de crédito VISA - al no superar la compra las 2.000 pesetas- y negativa a facilitarle una Hoja de Reclamaciones, constatando el Inspector actuante la veracidad de las alegaciones vertidas por el reclamante; se comprueba que a la entrada del establecimiento se anuncia la posibilidad de utilizar, como medio de pago, las tarjetas de crédito VISA, 4B y Mastercard, pero no se indica limitación alguna por la cuantía de lo adquirido. Asimismo se comprueba que no disponen de Hojas de Reclamaciones y de cartel anunciador de su existencia, constituyendo tales hechos infracción en materia de consumo. FUNDAMENTOS DE DERECHO: es de aplicación lo establecido en los artículos 1 y 3 del Decreto 225/1994, de 11 de noviembre, por el que se regulan las Hojas de Reclamaciones de los consumidores y usuarios de la Comunidad Autónoma de Canarias, B.O.C. nº 148, artículo 10 de la Ley 4/1994, de 25 de abril, de Ordenación de la Actividad Comercial de Canarias, B.O.C. nº 53, en relación con el artículo 3, apartado 3.3.6, del Real Decreto 1.945/1983, de 22 de junio, que regula las infracciones y sanciones en materia de defensa del consumidor y de la producción agroalimentaria, B.O.E. nº 168 y artículo 34, apartado 9, de la Ley 26/1984, de 19 de julio, General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, B.O.E. nº 176, el artº. 3.2.8 del Real Decreto 1.945/1983, que regula las infracciones y sanciones en materia de defensa del consumidor y de la producción agroalimentaria, B.O.E. nº 168. CUESTIONES PLANTEADAS EN EL EXPEDIENTE: existe constancia en actuaciones de que el Acuerdo de iniciación fue notificado al interesado mediante carta certificada con aviso de recibo, contestando al mismo pero fuera del plazo legal concedido al efecto. Conforme a las competencias asignadas a la Dirección General de Consumo por el artículo 9, apartados k) y m), del Reglamento Orgánico de la Consejería de Sanidad y Consumo, aprobado por Decreto Territorial 322/1995, de 10 de noviembre (B.O.C. nº 154),
ACUERDO:
Imponer a Hermusa, S.L. la sanción de multa de setenta y cinco mil (75.000) pesetas.
Contra la presente Resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso ordinario, en el plazo de un mes, a partir de su notificación, ante el Excmo. Sr. Consejero de Sanidad y Consumo, conforme a lo previsto en el artículo 114 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse. Se podrá presentar por medio de representante, para lo cual deberá acreditarse la representación por cualquier medio válido en derecho que deje constancia fidedigna, o mediante declaración en comparecencia personal del interesado.- Santa Cruz de Tenerife, a 15 de octubre de 1997.- El Director General de Consumo, Gonzalo Olarte Cullen.
NOTA: el pago de la sanción se hará efectiva a partir de la notificación de la liquidación que oportunamente se girará por la Consejería de Economía y Hacienda. 3) Visto el expediente nº: 38-386/97.
INSTRUIDO A: Olope, S.L. D.N.I. o N.I.F.: B-38257861.
MOTIVACIÓN
Artº. 54 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. REFERENCIA DE HECHOS: el día 11 de abril de 1997, un Inspector de esta Dirección General realizó una visita de inspección en el establecimiento Supermercado de rótulo Supertrébol, del que es titular Olope, S.L., sito en la Avenida Penetración, 1, en Los Cristianos, del término municipal de Arona, y mediante acta nº 8.175 instruida al efecto, comprobó que hay expuesto para su venta al público un producto de bollería, en nevera plástica transparente, cuyos datos de etiquetado, mediante etiqueta adhesiva, son los siguientes: Hipertrébol, Rosquillas crujientes, harina de trigo, azúcar, margarina, canela, sal, levadura, limón, huevos, matalauva, vainilla, R.S.I. 20.11.906/TF, Fecha de envasado y fecha de caducidad: 3.4.97 y 3.5.97, respectivamente -estos datos de fechas aparecen en una etiqueta blanca adherida encima de la etiqueta originaria. El Inspector actuante procede a despegarla y debajo se leen las fechas siguientes: fecha de envasado 19.12.96 y Cons Pref. antes de 18.1.97. La presentación del etiquetado descrito -con duplicidad de fechas- puede inducir a error al comprador, en particular sobre la duración del producto, constituyendo tal hecho infracción en materia de consumo. FUNDAMENTOS DE DERECHO: son de aplicación los artículos 4.1 y 19 del Real Decreto 212/1992, de 6 de marzo, por el que se aprueba la Norma General de Etiquetado, Presentación y Publicidad de los Productos Alimenticios, B.O.E. 72, artículos 3.1.3 y 3.3.4 del Real Decreto 1.945/1983, que regula las infracciones y sanciones en materia de defensa del consumidor y de la producción agroalimentaria, B.O.E. nº 168, en concordancia con el artº. 34.6 de la Ley 26/1984, General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, B.O.E. nº 176. CUESTIONES PLANTEADAS EN EL EXPEDIENTE: existe constancia en actuaciones de que el Acuerdo de iniciación fue notificado al interesado el día 13 de octubre de 1997, mediante carta certificada con aviso de recibo, sin que en el plazo de diez días concedido al efecto formulara alegaciones. Conforme a las competencias asignadas a la Dirección General de Consumo por el artículo 9, apartados k) y m), del Reglamento Orgánico de la Consejería de Sanidad y Consumo, aprobado por Decreto Territorial 322/1995, de 10 de noviembre (B.O.C. nº 154),
ACUERDO:
Imponer a: Olope, S.L. la sanción de multa de ciento cincuenta mil (150.000) pesetas. Contra la presente Resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso ordinario, en el plazo de un mes, a partir de su notificación, ante el Excmo. Sr. Consejero de Sanidad y Consumo, conforme a lo previsto en el artículo 114 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse. Se podrá presentar por medio de representante, para lo cual deberá acreditarse la representación por cualquier medio válido en derecho que deje constancia fidedigna, o mediante declaración en comparecencia personal del interesado.- Santa Cruz de Tenerife, a 10 de noviembre de 1997.- El Director General de Consumo, Gonzalo Olarte Cullen.
NOTA: el pago de la sanción se hará efectiva a partir de la notificación de la liquidación que oportunamente se girará por la Consejería de Economía y Hacienda.
4) Visto el expediente nº: 38-195/97.
INSTRUIDO A: Carnicería Las Indias, Sociedad Civil. D.N.I. o N.I.F.: G-38311601.
MOTIVACIÓN
Artº. 54 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. REFERENCIA DE HECHOS: el día 3 de diciembre de 1996, un Inspector de esta Dirección General realizó una visita de inspección en el supermercado cuyo rótulo es Las Indias, del que es titular Carnicería Las Indias, Sociedad Civil, situado en la calle Adeje, 11, del Barrio de la Salud, en el término municipal de Santa Cruz de Tenerife, y mediante acta número 2.748 instruida al efecto, comprobó que tiene expuesto para su venta al público, productos hortofrutícolas como plátanos y tomates, careciendo de datos de normalización -variedad, origen del producto y categoría de calidad- según su correspondiente norma de calidad, y preceptivo cartel de precios de venta al público. Asimismo se comprueba que tiene expuesto para su venta carne del despiece de vacuno, porcino y aves, careciendo del rótulo sobre las distintas piezas con indicación de la clase de canal de que proceden, y precio de venta al público. Tales hechos constituyen infracción en materia de consumo. FUNDAMENTOS DE DERECHO: es de aplicación lo dispuesto en los artículos 13 y 34, apartado 6, de la Ley 26/1984, de 19 de julio (B.O.E. nº 176), General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, y artículo 3º, apartado 3.3.4, del Real Decreto 1.945/1983, de 22 de junio (B.O.E. nº 168), por el que se regulan las infracciones y sanciones en materia de defensa del consumidor y de la producción agroalimentaria, en conexión con los artículos 2.1, 4.1 y 8.1 del Real Decreto 2.160/1993, de 10 de diciembre (B.O.E. nº 29, de 3 de febrero), por el que se regula la indicación de precios de los productos ofrecidos a los consumidores y usuarios, artículo 3º, apartados 3.3.1 y 3.3.4 del Real Decreto 1.945/1983, de 22 de junio (B.O.E. nº 168), que regula las infracciones y sanciones en materia de defensa del consumidor y de la producción agroalimentaria, en concordancia con el Real Decreto 2.192/1984, de 28 de noviembre (B.O.E. nº 300), que aprueba el Reglamento de aplicación de las normas de calidad de las frutas frescas destinadas al mercado interior, y Orden de 23 de noviembre de 1987 (B.O.E. de 24), por el que se aprueba la norma de calidad para plátanos destinados al mercado interior, en concordancia con el artº. 7 del Real Decreto 2.192/1984, de 28 de noviembre (B.O.E. nº 300), que aprueba el Reglamento de aplicación de las normas de calidad para las frutas y hortalizas frescas destinadas al mercado interior, y Orden de 10 de diciembre de 1985 (B.O.E. de 17), corrección de errores (B.O.E. de 18.1.86), que aprueba la norma de calidad para tomates frescos destinados al mercado interior en relación con el Reglamento CEE nº 778/83, de 30.3.83, D.O.C.E. nº L 86/14, de 31.3.83, modificado por Reglamento CEE nº 408/90, de 16.2.90, D.O.C.E. nº L 43/20, de 17.2.90, y la Resolución de la Dirección General de Comercio Alimentario, de 7 de julio de 1975, B.O.E. nº 165. CUESTIONES PLANTEADAS EN EL EXPEDIENTE: existe constancia en actuaciones de que el Acuerdo de iniciación fue publicado en el Boletín Oficial de Canarias nº 123, de fecha 22 de septiembre de 1997, y el tablón de edictos del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, sin que en el plazo de diez días concedido al efecto formulara alegaciones. Conforme a las competencias asignadas a la Dirección General de Consumo por el artículo 9, apartados k) y m), del Reglamento Orgánico de la Consejería de Sanidad y Consumo, aprobado por Decreto Territorial 322/1995, de 10 de noviembre (B.O.C. nº 154),
ACUERDO:
Imponer a Carnicería Las Indias, Sociedad Civil la sanción de multa de setenta y cinco mil (75.000) pesetas.
Contra la presente Resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso ordinario, en el plazo de un mes, a partir de su notificación, ante el Excmo. Sr. Consejero de Sanidad y Consumo, conforme a lo previsto en el artículo 114 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse. Se podrá presentar por medio de representante, para lo cual deberá acreditarse la representación por cualquier medio válido en derecho que deje constancia fidedigna, o mediante declaración en comparecencia personal del interesado.- Santa Cruz de Tenerife, a 11 de noviembre de 1997.- El Director General de Consumo, Gonzalo Olarte Cullen. NOTA: el pago de la sanción se hará efectiva a partir de la notificación de la liquidación que oportunamente se girará por la Consejería de Economía y Hacienda.
5) Visto el expediente nº: 38-326/97.
INSTRUIDO A: Jesús Méndez Toledo. D.N.I. o N.I.F.: 78.382.161-R.
MOTIVACIÓN
Artº. 54 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. REFERENCIA DE HECHOS: el día 17 de febrero de 1997, un Inspector de esta Dirección General practicó visita de inspección en el establecimiento del que es titular Jesús Méndez Toledo, sito en los puestos 25 y 26 de Mercatenerife, del término municipal de Santa Cruz de Tenerife, y mediante acta nº 4.245 instruida al efecto, comprobó que tiene expuesto para su venta cuarenta cajas de plátanos que carecen de su preceptiva etiqueta, con datos de normalización -variedad, origen del producto y categoría de calidad-, según su correspondiente norma de calidad, constituyendo tal hecho infracción en materia de consumo. FUNDAMENTOS DE DERECHO: es de aplicación el artículo 3º, apartados 3.3.1 y 3.3.4, del Real Decreto 1.945/1983, de 22 de junio (B.O.E. nº 168), que regula las infracciones y sanciones en materia de defensa del consumidor y de la producción agroalimentaria, en concordancia con el Real Decreto 2.192/1984, de 28 de noviembre (B.O.E. nº 300), que aprueba el Reglamento de aplicación de las normas de calidad de las frutas frescas destinadas al mercado interior, y Orden de 23 de noviembre de 1987 (B.O.E. de 24), por el que se aprueba la norma de calidad para plátanos destinados al mercado interior. CUESTIONES PLANTEADAS EN EL EXPEDIENTE: existe constancia en actuaciones de que el Acuerdo de iniciación fue publicado en el Boletín Oficial de Canarias nº 130, de 8 de octubre de 1997, y en el tablón de edictos del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, sin que en el plazo de diez días concedido al efecto formulara alegaciones. Conforme a las competencias asignadas a la Dirección General de Consumo por el artículo 9, apartados k) y m), del Reglamento Orgánico de la Consejería de Sanidad y Consumo, aprobado por Decreto Territorial 322/1995, de 10 de noviembre (B.O.C. nº 154),
ACUERDO:
Imponer a Jesús Méndez Toledo la sanción de multa de setenta y cinco mil (75.000) pesetas.
Contra la presente Resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso ordinario, en el plazo de un mes, a partir de su notificación, ante el Excmo. Sr. Consejero de Sanidad y Consumo, conforme a lo previsto en el artículo 114 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse. Se podrá presentar por medio de representante, para lo cual deberá acreditarse la representación por cualquier medio válido en derecho que deje constancia fidedigna, o mediante declaración en comparecencia personal del interesado.- Santa Cruz de Tenerife, a 6 de noviembre de 1997.- El Director General de Consumo, Gonzalo Olarte Cullen.
NOTA: el pago de la sanción se hará efectiva a partir de la notificación de la liquidación que oportunamente se girará por la Consejería de Economía y Hacienda.
Santa Cruz de Tenerife, a 9 de diciembre de 1997.- El Director General de Consumo, Gonzalo Olarte Cullen.
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