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BOC Nº 019. Miércoles 11 de Febrero de 1998 - 342

IV. ANUNCIOS - Otros anuncios - Consejería de Presidencia y Relaciones Institucionales

342 - ANUNCIO de 30 de diciembre de 1997, de la Dirección General de Administración Territorial y Gobernación, relativo a notificación de Providencia y Pliego de Cargos en el expediente sancionador incoado por la Viceconsejería de Administración Pública a Comercial Axamo, S.L., titular de la empresa operadora nº 517, por infracción a la normativa sobre el juego.- Expte. nº 176/97.

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Habiendo sido intentada la notificación de la Providencia y Pliego de Cargos en el domicilio que figura en el expediente sancionador nº 176/97, incoado por la Viceconsejería de Administración Pública a Comercial Axamo, S.L., titular de la empresa operadora nº 517, por infracción a la normativa sobre el juego, sin que haya podido practicarse al interesado, de conformidad con lo establecido en el artº. 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se procede a su publicación.

PROVIDENCIA

“Vista el acta de los funcionarios de la Inspección del Juego, de fecha 24 de noviembre de 1997, levantada en el establecimiento Bar Antonio, sito en La Laguna, Carretera General Santa Cruz-La Laguna, nº 340, y deduciéndose de la misma posibles infracciones a la normativa sobre el juego, iníciese expediente sancionador al titular de la empresa operadora nº 517, Comercial Axamo, S.L., de conformidad con lo dispuesto en los artículos 43 y siguientes del Decreto 93/1988, de 31 de mayo, nombrando Instructora del expediente a Dña. Aurora La Serna Ramos, Técnico Instructor de la Dirección General de Administración Territorial y Gobernación, debiendo notificarse al interesado a los efectos de recusación previstos en el artº. 29 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 23 de la Ley 6/1985, de 30 de diciembre, reguladora de los Juegos y Apuestas en Canarias, y 43.3 del citado Decreto 93/1988, de 31 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de Máquinas Recreativas y de Azar de esta Comunidad Autónoma, se mantiene la medida cautelar adoptada por el Inspector del Juego actuante con ocasión de la citada acta, esto es, el precinto cautelar trabado en la máquina recreativa tipo “B”, modelo Cirsa Mini Cherry, instalada en el establecimiento Bar Antonio, sito en La Laguna, Carretera General Santa Cruz-La Laguna, nº 340, por carecer de la documentación exigida para su explotación legal, esto es, la Guía de Circulación, Boletín de Instalación y Tasa Fiscal sobre el Juego, por lo que ha de reputarse clandestina de conformidad con lo dispuesto en el artículo 13 del citado Decreto 93/1988, de 31 de mayo.”

PLIEGO DE CARGOS

1º) Con fecha 24 de noviembre de 1997, fue levantada acta de precinto por funcionarios adscritos al Servicio de Inspección del Juego de esta Consejería en el Bar Antonio, sito en La Laguna, Carretera General Santa Cruz-La Laguna, nº 340, por encontrarse instalada y en funcionamiento una máquina recreativa del tipo “B”, Modelo Cirsa Mini Cherry, fabricada por Unidesa, a la que se precinta cautelarmente por carecer de la documentación exigida para su explotación legal, esto es, la Guía de Circulación, el Boletín de Instalación y la Tasa Fiscal sobre el Juego.

2º) Consultados los archivos obrantes en el Negociado de Máquinas Recreativas y de Azar dependiente de este Centro Directivo, se comprueba que la empresa operadora nº 517, Comercial Axamo, S.L., presentó con fecha 25 de noviembre de 1997, la documentación necesaria a fin de dar de alta y matricular una máquina recreativa de tipo “B”, modelo Cirsa Mini Cherry, Serie 97-2876, Guía nº 1338038, para instalarla en el establecimiento Bar Antonio, sito en La Laguna, Carretera General Santa Cruz-La Laguna, nº 340.

3º) Los hechos descritos suponen infracción a los artículos 11, 12, 13 y 15 del Decreto 93/1988, de 31 de mayo (B.O.C. nº 83, de 1.7.88), en cuya virtud, desde el punto de vista de la documentación a incorporar a las máquinas de juego, se reputarán clandestinas las máquinas de juego que carezcan de la marca de fábrica correspondiente, placa de identidad, autorización de explotación obtenida mediante la diligenciación de la Guía de Circulación, así como el justificante de pago de la Tasa Fiscal sobre el Juego de la correspondiente anualidad.

4º) De conformidad con lo previsto en el artículo 39º.2 y 6 del citado Reglamento, la infracción debe calificarse de muy grave, la explotación en cualquier forma de máquinas de juego que carezcan de la autorización de explotación, así como la carencia de la autorización administrativa en que consiste el Boletín de Instalación, procediendo sancionar con multa de un millón y medio de pesetas por cada infracción muy grave cometida, según disponen los artículos 42 del citado Decreto 93/1988, de 31 de mayo y 22 de la Ley 6/1985, de 30 de diciembre, reguladora de los Juegos y Apuestas en Canarias (B.O.C. nº 158, de 31.12.85), sin perjuicio de lo que pueda resultar de la instrucción.

5º) De conformidad con lo dispuesto en los artículos 24.b) de la Ley 6/1985, de 30 de diciembre, reguladora de los Juegos y Apuestas en Canarias, y 7.5.b) del Decreto 321/1995, de 10 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Presidencia y Relaciones Institucionales, el Consejero de Presidencia y Relaciones Institucionales es competente para intervenir en la resolución del expediente.

De acuerdo con lo establecido en el artº. 43.1.2.b) del citado Decreto 93/1988, de 31 de mayo, se le concede un plazo de ocho días hábiles, a contar del siguiente a la publicación del presente anuncio, para que presente en su descargo las alegaciones que tuviera por conveniente a la defensa de su derecho, y en el que podrá solicitar el recibimiento a prueba del expediente, expresando los puntos de hecho sobre lo que ha de versar y articulando la prueba de que intenta valerse.

Santa Cruz de Tenerife, a 30 de diciembre de 1997.- El Director General de Administración Territorial y Gobernación, Juan José Rodríguez y Rodríguez.

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