Habiéndose intentado por esta Dirección General sin haberse podido practicar la notificación de la Resolución recaída en el expediente incoado con motivo de denuncias o Actas de Inspección formuladas contra los titulares de empresas y actividades turísticas que se relacionan, conforme al artº. 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y siendo preciso su notificación a los efectos de que aleguen lo que a su derecho convenga,
R E S U E L V O:
1.- Notificar a los titulares de los establecimientos y actividades turísticas que se citan, la Resolución recaída en el expediente que les ha sido instruido por infracción a la legislación en materia turística.
Las Resoluciones que se notifican no ponen fin a la vía administrativa y contra las mismas cabe interponer, de acuerdo con lo prevenido en los artículos 114 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, recurso ordinario en el plazo de un mes, contado a partir de la recepción de la presente Resolución, ante el Ilmo. Sr. Viceconsejero de Turismo, de la Consejería de Turismo y Transportes del Gobierno de Canarias, y sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse.
En el caso de que el recurrente sea un representante, deberá acreditar esta representación, aportando escritura de poder para dejar constancia fidedigna, bien con copia simple notarial o previo cotejo o compulsa de la fotocopia con su original, a tenor de lo dispuesto en el artículo 32 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
El ingreso de las sanciones recaídas en los expedientes que se relacionan deberá hacerse efectivo en la forma y plazos indicados en la notificación que la Consejería de Economía y Hacienda le remitirá a su propio domicilio.
2.- Remitir al Ayuntamiento de las poblaciones que se citan, la presente Resolución para su publicación en el tablón de edictos correspondiente.
Santa Cruz de Tenerife, a 27 de noviembre de 1997.- El Director General de Ordenación e Infraestructura Turística, Francisco Montesdeoca Santana.
RESOLUCIONES QUE SE CITAN:
1) Libro nº 2 de Resolución de la Dirección General de Ordenación e Infraestructura Turística, folio 91, nº 1114.
Resolución de 2 de septiembre de 1997, de la Dirección General de Ordenación e Infraestructura Turística, recaída en el expediente sancionador nº 96/116, instruido a D. Eusebio Cabrera Mesa, titular de la explotación turística del establecimiento denominado Restaurante Masía del Mar. Examinado el expediente sancionador tramitado por el Servicio de Inspección y Sanciones, instruido a D. Eusebio Cabrera Mesa, por Resolución de iniciación del Director General de Ordenación e Infraestructura Turística, de 11 de diciembre de 1996, como consecuencia de la reclamación formulada por D. Abel Valentín Morales Sanfiel, y del acta de inspección nº 16937, de 30 de octubre de 1996.
Vista la propuesta formulada por el Instructor del expediente sancionador consignado.
Teniendo en cuenta los siguientes
I. ANTECEDENTES
1º) Que con fecha 26 de agosto de 1996, se recibió en esta Consejería escrito de D. Abel Valentín Morales Sanfiel, en el que denuncia al Restaurante Masía del Mar, en primer lugar porque al pedir la cuenta observa que viene sin cumplir los requisitos de factura, sin nombre, sin N.I.F. y cobrando el 4% de I.G.I.C., sin que se especifique el precio del pescado. Se le solicita al titular del negocio para que confeccionara una factura legal a lo que accede, y que se adjunta, sin especificar el nombre del titular. Solicitan el libro de inspección y las Hojas de Reclamaciones para poder formular la denuncia. Les presentan dos libros, uno a nombre de La Masía del Mar, y otro a nombre de Piscis y en cuanto a las Hojas de Reclamaciones les dicen que no las tienen. En cuanto a las listas de precios, se observa que el vino Viña Sol blanco tiene un precio de 1.250 pesetas y les cobran 1.300. Por seis langostinos 1.800 pesetas, es decir, 300 pesetas por cada uno; el filete de pargo no existe en la lista de precios, tampoco figuran los helados. Por un trufito Kalisse les cobran 500 pesetas.
2º) Que para comprobar los hechos denunciados, el 30 de octubre de 1996 se personó en el establecimiento de referencia, sito en La Caleta, término municipal de Adeje, el Servicio de Inspección de esta Dirección General, levantando al efecto el acta nº 16937, en la que esencialmente se hace constar que: 1º) En las facturas que utilizan para el cobro a clientes no figura el nombre del titular, el N.I.F. y la categoría del establecimiento. 2º) En las listas de precios oficiales figura al pie de las mismas que el I.G.I.C. no está incluido en los precios. 3º) En dichas listas viene el precio del pescado en porciones de 100 gr el kilo. 4º) Tiene Hojas de Reclamaciones con los números 31/522 a 31/525. 5º) El precio de la botella de vino blanco Villa Sol aparece en la lista oficial a 1.250 pesetas. Los langostinos, al igual que el pescado, viene especificado su precio por peso de 100 gr. El precio del pargo sí está incluido en la lista de precios oficial a 300 pesetas los 100 gr. 8º) El trufito también está en la lista de precios a 500 pesetas unidad.
3º) Que se ordenó la iniciación de expediente sancionador, que lleva el número 96/116, nombrándose Instructor y Secretario.
4º) Que por el Instructor del expediente se formularon los cargos, con fecha 11 de diciembre de 1996, por No confeccionar la factura con arreglo a las prescripciones reglamentarias, al no especificar en la misma el peso del pescado y los langostinos, y percibir precios superiores a los notificados a la Administración turística. La botella del vino blanco Viña Sol aparece en la lista oficial a 1.250 pesetas. En factura al reclamante se le cobra 1.300 pesetas.
5º) Que el expedientado ha realizado contestación a los cargos que se le imputan, en la que, en síntesis, alega: que no tuvo mala intención en no especificar el peso del pescado y de los langostinos. En la lista de precios oficiales viene especificado el precio por unidad de langostinos, esto es, a 300 pesetas la unidad, habiendo consumido 6 langostinos, lo que hace un total de 1.800 pesetas, tal como figura en la factura. El importe de la botella de vino aparece en la lista de precios a 1.250 pesetas, habiendo cobrado 50 pesetas más debido a la subida de precios experimentada por la casa proveedora, cantidad insignificante si tenemos en cuenta además la fecha en que fue presentada y autorizada la lista de precios. Los clientes llegaron al establecimiento con síntomas evidentes de ingestión etílica y tal como se puede constatar por la factura se bebieron una botella de vino, dos cañas de cerveza y un whisky. El personal del establecimiento los atendió correctamente y con esmerado servicio, atendiendo amablemente a todos sus requerimientos. No ha existido voluntad de cometer dichas faltas, siendo la primera ocasión que se presenta una reclamación a este establecimiento.
6º) Que examinadas las razones esgrimidas por el expedientado y los documentos aportados, se considera que debe estimarse la responsabilidad administrativa del expedientado, en base a la reclamación formulada por D. Abel Valentín Morales Sanfiel y al acta de inspección nº 16937, de 30 de octubre de 1996, de lo que se desprende que en el Restaurante Masía del Mar no confeccionaron al reclamante la factura de la consumición con arreglo a las prescripciones reglamentarias, al no especificar en la misma el peso del pescado y los langostinos, y percibir precios superiores a los notificados a la Administración turística, así como la botella del vino blanco Viña Sol, aparece en la lista oficial a 1.250. En factura al reclamante se le cobra 1.300 pesetas.
Por otro lado las alegaciones vertidas no desvirtúan el hecho infractor, dado que la normativa vigente exige que se ha de poner en conocimiento de la Administración turística, cuando se produzca algún cambio en la lista de precios oficiales antes de su aplicación.
El Instructor, con fecha de 15 de abril de 1997, formuló propuesta de sanción de multa en cuantía de noventa y cinco mil (95.000) pesetas.
7º) Que el expedientado no ha formulado contestación a la Propuesta de Resolución.
II. CONSIDERACIONES JURÍDICAS
Primera: que las actuaciones practicadas en el presente expediente sancionador han sido de conformidad con la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. nº 285, de 26.11.92), y la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias (B.O.C. nº 48, de 19.4.95).
Segunda: que en la tramitación del expediente se han observado las formalidades de rigor.
Tercera: que las pruebas que obran en el expediente son tenidas en cuenta a la hora de emitir la presente Resolución.
Cuarta: que debe estimarse la responsabilidad administrativa del expedientado, en base a la reclamación formulada por D. Abel Valentín Morales Sanfiel y al acta de inspección nº 16937, de 30 de octubre de 1996, de lo que se desprende que en el Restaurante Masía del Mar no confeccionaron al cliente la factura de la consumición con arreglo a la normativa vigente, al no especificar el peso del pescado y los langostinos y percibir precios superiores a los notificados a la Administración turística, así como la botella del vino blanco Viña Sol, aparece en la lista oficial a 1.250 pesetas. En factura al reclamante se le cobra 1.300 pesetas.
Quinta: que el hecho recogido en el expediente es constitutivo de infracción a los artículos 11 y 15.2 de la Orden Ministerial de 17 de marzo de 1965, por la que se aprueba la Ordenación Turística de Restaurantes. Artº. 30, en relación con el artº. 32.2, de la Orden Ministerial de 17 de marzo de 1965 (B.O.E. de 29 de marzo), modificado por la Orden Ministerial de 29 de junio de 1978, en su artículo 2º (B.O.E. de 19 de julio), con calificación jurídica de leve, en base a los artículos 77.5 y 76.5, en relación con el 77.7, de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias (B.O.C. nº 48, de 19.4.95).
En el ejercicio de la competencia que tengo atribuida para resolver el presente expediente sancionador, de acuerdo con la Ley Orgánica 10/1982, de 10 de agosto, por la que se aprueba el Estatuto de Autonomía de Canarias (B.O.J.C. nº 17, de 28.9.82), y el artículo 11.p) del Decreto 281/1995, de 11 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Turismo y Transportes (B.O.C. nº 128, de 4.10.95), que viene a sustituir al Reglamento Orgánico de la Consejería de Presidencia y Turismo, como consecuencia de la reestructuración de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, según Decreto 187/1995, de 20 de julio (B.O.C. nº 93, de 21.7.95),
R E S U E L V O:
Imponer la sanción de multa de noventa y cinco mil (95.000) pesetas, a D. Eusebio Cabrera Mesa, con N.I.F. 37.589.234-N, titular de la explotación turística del establecimiento denominado Restaurante Masía del Mar.- Santa Cruz de Tenerife, a 2 de septiembre de 1997.- El Director General de Ordenación e Infraestructura Turística, Francisco Montesdeoca Santana.
2) Libro nº 2 de Resolución de la Dirección General de Ordenación e Infraestructura Turística, folio 94, nº 1173.
Resolución de 17 de septiembre de 1997, de la Dirección General de Ordenación e Infraestructura Turística, recaída en el expediente sancionador nº 97/046, instruido a Centros de Neorrestauración, S.A., titular de la explotación turística del establecimiento denominado Cafetería Food-Courty Gofy.
Examinado el expediente sancionador tramitado por el Servicio de Inspección y Sanciones, instruido a Centros de Neorrestauración, S.A., por Resolución de iniciación del Director General de Ordenación e Infraestructura Turística, de 30 de abril de 1997, como consecuencia de la Hoja de Reclamación nº 25760, formulada por D. Gonzalo Corona Bosch, y del acta de inspección nº 0083, de 31 de marzo de 1997.
Vista la propuesta formulada por el Instructor del expediente sancionador consignado.
Teniendo en cuenta los siguientes
I. ANTECEDENTES
1º) Que con fecha 13 de febrero de 1997, se recibió en esta Consejería la Hoja de Reclamación cumplimentada por D. Gonzalo Corona Bosch, en la que manifiesta su queja contra la Cafetería Food Courty Gofy, por encontrar en el interior de una porción de pizza una cucaracha muerta.
2º) Que para comprobar los hechos denunciados, el 31 de marzo de 1997, se personó en el establecimiento de referencia, sito en el Centro Comercial Santa Cruz, Autopista del Sur, km 5.9, Añaza, término municipal de Santa Cruz de Tenerife, el Servicio de Inspección de esta Dirección General, levantando al efecto el acta nº 0083 en la que esencialmente se hace constar que el jefe de departamento de dicho restaurante reconoce como cierto el hecho denunciado por el Sr. Corona Bosch, esto es, la presencia de una cucaracha en el producto pizza que le fue servido.
Asimismo, le indica al Inspector actuante que la referida industria tiene suscrito un contrato para el servicio de desinsectación y desratización del local, mostrándole diversos partes de mantenimiento.
3º) Que se ordenó la iniciación de expediente sancionador, que lleva el número 97/046, nombrándose Instructor y Secretario.
4º) Que por el Instructor del expediente se formularon los cargos, con fecha 30 de abril de 1997, por Las deficiencias en la preparación de la pizza servida al cliente D. Gonzalo Corona Bosch, habiéndose encontrado en su interior una cucaracha muerta.
5º) Que la expedientada no ha realizado contestación a los cargos que se le imputan.
6º) Que con fecha 15 de julio de 1997 y habida cuenta que la expedientada no efectuó alegación alguna a la Resolución de iniciación del procedimiento y a los cargos imputados, fue ratificada como Propuesta de Resolución, con una multa en cuantía de veintiocho mil setecientas cincuenta (28.750) pesetas. II. CONSIDERACIONES JURÍDICAS
Primera: que las actuaciones practicadas en el presente expediente sancionador han sido de conformidad con la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. nº 285, de 26.11.92), y la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias (B.O.C. nº 48, de 19.4.95).
Segunda: que en la tramitación del expediente se han observado las formalidades de rigor.
Tercera: que las pruebas que obran en el expediente son tenidas en cuenta a la hora de emitir la presente Resolución.
Cuarta: que debe estimarse la responsabilidad administrativa de la expedientada, en base a la reclamación formulada en la hoja número 25760 y al contenido del acta de inspección nº 0083 de 31 de marzo de 1997, que viene a confirmar la deficiencia denunciada sin que, por otra parte, dicha entidad haya formulado alegaciones ni aportado prueba alguna en el presente expediente que lo desacredite por lo que debe prevalecer su constatación por el Inspector actuante en la citada acta de inspección, debiendo ser subsanadas las deficiencias en la preparación de las comidas, al objeto de procurar a la clientela una adecuada prestación de los servicios.
Quinta: que el hecho recogido en el expediente es constitutivo de infracción al artículo 9º.b) de la Orden Ministerial de 18 de marzo de 1965, con calificación de leve, en base al artículo 77.4 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias (B.O.C. nº 48, de 19.4.95).
En el ejercicio de la competencia que tengo atribuida para resolver el presente expediente sancionador, de acuerdo con la Ley Orgánica 10/1982, de 10 de agosto, por la que se aprueba el Estatuto de Autonomía de Canarias (B.O.J.C. nº 17, de 28.9.82), y el artículo 11.p) del Decreto 281/1995, de 11 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Turismo y Transportes (B.O.C. nº 128, de 4.10.95), que viene a sustituir al Reglamento Orgánico de la Consejería de Presidencia y Turismo, como consecuencia de la reestructuración de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, según Decreto 187/1995, de 20 de julio (B.O.C. nº 93, de 21.7.95),
R E S U E L V O:
Imponer la sanción de multa de veintiocho mil setecientas cincuenta (28.750) pesetas, a Centros de Neorrestauración, S.A., con C.I.F. A-79.467.486, titular de la explotación turística del establecimiento denominado Cafetería Food-Courty Gofy.- Santa Cruz de Tenerife, a 17 de septiembre de 1997.- El Director General de Ordenación e Infraestructura Turística, Francisco Montesdeoca Santana.
3) Libro nº 2 de Resolución de la Dirección General de Ordenación e Infraestructura Turística, folio 98, nº 1265. Resolución de 8 de octubre de 1997, de la Dirección General de Ordenación e Infraestructura Turística, recaída en el expediente sancionador nº 97/076, instruido a D. Carlos Alberto Perduca, titular de la explotación turística del establecimiento denominado Restaurante Quebrancho.
Examinado el expediente sancionador tramitado por el Servicio de Inspección y Sanciones, instruido a D. Carlos Alberto Perduca, por Resolución de iniciación del Director General de Ordenación e Infraestructura Turística, de 25 de junio de 1997, como consecuencia de la reclamación formulada por D. Fernando Campos Sánchez, y del acta de inspección nº 0099, de 17 de abril de 1997.
Vista la propuesta formulada por el Instructor del expediente sancionador consignado.
Teniendo en cuenta los siguientes
I. ANTECEDENTES
1º) Que con fecha 27 de enero de 1997, se recibió en esta Consejería escrito de la OMIC, de Santa Cruz de Tenerife, al que acompaña reclamación formulada por D. Fernando Campos Sánchez, en el que denuncia al Restaurante Quebrancho, pues le han servido dos platos que no han pedido, que fueron retirados. Les trajeron la cuenta sin haberla pedido, alegando que el local cerraba a las 19 horas, cobrando un importe de 5.200 pesetas. Pidieron la lista de precios, que nunca les entregaron.
2º) Que para comprobar los hechos denunciados, el 17 de abril de 1997 se personó en el establecimiento de referencia, sito en Carretera General Las Cañadas, término municipal de El Rosario, el Servicio de Inspección de esta Dirección General, levantando al efecto el acta nº 0099, en la que esencialmente se hace constar que se comprueba que en el establecimiento reseñado se ha producido un cambio de titularidad, a favor de D. Carlos Alberto Perduca, el cual explota la industria desde el principio del mes de enero del año en curso, sin haberlo comunicado como es preceptivo a la Administración turística canaria. En el momento de levantarse el acta, el establecimiento se encuentra abierto al público, careciendo de la documentación exigida por la normativa vigente.
3º) Que se ordenó la iniciación de expediente sancionador, que lleva el número 97/076, nombrándose Instructor y Secretario.
4º) Que por el Instructor del expediente se formularon los cargos, con fecha 25 de junio de 1997, por No comunicar a la Administración turística competente el cambio de titularidad a favor de D. Carlos Alberto Perduca.
5º) Que con fecha 21 de julio de 1997 y habida cuenta que el expedientado no efectuó alegación alguna a la Resolución de iniciación del procedimiento y a los cargos imputados, fue ratificada como Propuesta de Resolución, con una multa en cuantía de ciento setenta y cinco mil (175.000) pesetas. II. CONSIDERACIONES JURÍDICAS Primera: que las actuaciones practicadas en el presente expediente sancionador han sido de conformidad con la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. nº 285, de 26.11.92), y la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias (B.O.C. nº 48, de 19.4.95).
Segunda: que en la tramitación del expediente se han observado las formalidades de rigor.
Tercera: que las pruebas que obran en el expediente son tenidas en cuenta a la hora de emitir la presente Resolución.
Cuarta: que debe estimarse la responsabilidad administrativa del expedientado, en base a la denuncia presentada ante la OMIC, de Santa Cruz de Tenerife, por D. Fernando Campos Sánchez y del acta de inspección nº 0099, de 17 de abril de 1997, de lo que se desprende que en el Restaurante Quebrancho, se ha producido un cambio de titularidad, a favor de D. Carlos Alberto Perduca, desde principios de enero de 1997, sin haberlo comunicado, como es preceptivo, a la Administración turística canaria.
Quinta: que el hecho recogido en el expediente es constitutivo de infracción a los artículos 2 y 5 de la Orden de 23 de septiembre de 1988, con calificación jurídica de leve, en base al artº. 76.1, en relación con el 77.7, de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias (B.O.C. nº 48, de 19.4.95).
En el ejercicio de la competencia que tengo atribuida para resolver el presente expediente sancionador, de acuerdo con la Ley Orgánica 10/1982, de 10 de agosto, por la que se aprueba el Estatuto de Autonomía de Canarias (B.O.J.C. nº 17, de 28.9.82), y el artículo 11.p) del Decreto 281/1995, de 11 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Turismo y Transportes (B.O.C. nº 128, de 4.10.95), que viene a sustituir al Reglamento Orgánico de la Consejería de Presidencia y Turismo, como consecuencia de la reestructuración de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, según Decreto 187/1995, de 20 de julio (B.O.C. nº 93, de 21.6.95), R E S U E L V O:
Imponer la sanción de multa de ciento setenta y cinco mil (175.000) pesetas, a D. Carlos Alberto Perduca, con C.I.F. X-2089602-Y, titular de la explotación turística del establecimiento denominado Restaurante Quebrancho.- Santa Cruz de Tenerife, a 8 de octubre de 1997.- El Director General de Ordenación e Infraestructura Turística, Francisco Montesdeoca Santana.
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