No teniendo constancia esta Dirección General del domicilio de las personas físicas y jurídicas que se relacionan, y siendo preciso notificarles la Resolución recaída en los expedientes incoados contra las mismas, por infracción a la normativa en materia de consumo, y conforme al artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
R E S U E L V O:
1.- Notificar a las personas físicas y jurídicas que se citan, la Resolución recaída en los expedientes que les han sido instruidos por infracción a la legislación en materia de consumo.
Los interesados podrán interponer recurso ordinario contra la Resolución del expediente, que no agota la vía administrativa, en el plazo de un mes, contado a partir de la fecha de la publicación de la presente Resolución, ante el Excmo. Sr. Consejero de Sanidad y Consumo del Gobierno de Canarias, y sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse. 2.- Remitir a los Ayuntamientos de las poblaciones que se citan, las correspondientes Resoluciones para su publicación en el tablón de edictos.
1) RESOLUCIÓN.
Visto el expediente número 35/501/96, instruido por esta Dirección General contra Miguel A. Cedres Nieves, con domicilio en Palmera, 12, Almatriche, y estando de acuerdo con la propuesta formulada por el Instructor.
Vistos los preceptos legales de general aplicación, en especial el Real Decreto 1.398/1993, de 4 de agosto (B.O.E. nº 189).
Resultando que el día 11 de abril de 1996, Inspectores de esta Dirección General de Consumo realizaron visita de inspección en el establecimiento de venta y exposición de persianas propiedad de D. Miguel A. Cedres Nieves, sito en la Palmera, 12, Almatriche, del término municipal de Las Palmas de Gran Canaria; y mediante acta levantada al efecto nº 387 comprobaron que carecían de las Hojas de Reclamaciones y del cartel anunciador de su existencia.
Resultando que como consecuencia de ello se formuló Acuerdo de iniciación indicando que infringía lo dispuesto en el artº. 34.9 de la ley 26/1984, de 19 de julio (B.O.E. nº 176), General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, y el artº. 3.3.6 del Real Decreto 1.945/1983, de 22 de junio, que regula las infracciones y sanciones en materia de defensa del consumidor y de la producción agroalimentaria (B.O.E. nº 168), en concordancia con el artº. 10 de la Ley 4/1994, de 25 de abril, de ordenación de la actividad comercial de Canarias (B.O.C. nº 53), en concordancia con los artículos 2 y 3 del Decreto 225/1994, de 11 de noviembre, por el que se regulan las Hojas de Reclamaciones de los consumidores y usuarios de la Comunidad Autónoma Canaria (B.O.C. nº 148).
Resultando que la infracción fue calificada como leve.
Resultando que se comunicó el Acuerdo de iniciación al Instructor y se ordenó que simultáneamente se notificase al interesado.
Resultando que no pudo practicarse la notificación personal del mismo por el Servicio de Correos, puesto que el certificado fue devuelto.
Considerando que de conformidad con los artículos 24 del Real Decreto 1.398/1983, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento para el ejercicio de la potestad sancionadora, y 43 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, el expediente debe entenderse caducado.
Conforme a las competencias asignadas a la Dirección General de Consumo, en el artículo 9 del Decreto 322/1995, de 10 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Sanidad y Consumo, ACUERDO:
El sobreseimiento de las diligencias contra Miguel A. Cedres Nieves y el archivo del expediente número 35/501/96 sin más trámite.
Contra la presente Resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso ordinario ante el Excmo. Sr. Consejero de Sanidad y Consumo, en el plazo de un mes desde su notificación, conforme a lo previsto en el artº. 114 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse.- Las Palmas de Gran Canaria, a 19 de marzo de 1997.- El Director General de Consumo.
2) RESOLUCIÓN.
Visto el expediente número 35/513/96, instruido por esta Dirección General contra Antonio Romero Soldaña, con domicilio en León Tolstoy, 15, y estando de acuerdo con la propuesta formulada por el Instructor.
Vistos los preceptos legales de general aplicación, en especial el Real Decreto 1.398/1993, de 4 de agosto (B.O.E. nº 189).
Resultando que el día 12 de abril de 1996, Inspectores de esta Dirección General de Consumo realizaron visita de inspección en el taller propiedad de D. Antonio Romero Saldaña, sito en la calle León Tolstoy, 15, del término municipal de Las Palmas de Gran Canaria; y mediante actas levantadas al efecto números 344 y 345 comprobaron que no tenía expuesta en la fachada del edificio la placa distintivo puesto que se encontraba dentro del taller.
Carecían del cartel informativo del horario de prestación del servicio al público, el relativo a los precios aplicables por hora de trabajo, así como el anunciador de la existencia de Hojas de Reclamaciones.
Igualmente, carecían de las Hojas de Reclamaciones.
Resultando que como consecuencia de ello se formuló Acuerdo de iniciación el día 20 de septiembre de 1996, indicando que infringía lo dispuesto en el artº. 34.6 de la Ley 26/1984, de 19 de julio (B.O.E. nº 176), General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y el artículo 3º, apartados 3.3.1, 3.3.2 y 3.3.4, del Real Decreto 1.945/1983, de 22 de junio (B.O.E. nº 168), que regula las infracciones y sanciones en materia de defensa del consumidor y de la producción agroalimentaria, en concordancia con los artículos 6º, 12º, 17º y 19º.g) y j) del Real Decreto 1.457/1986, de 10 de enero (B.O.E. nº 169), por el que se regulan la actividad industrial y la prestación de servicios en los talleres de reparación de vehículos automóviles, de sus equipos y componentes.
Resultando que la infracción fue calificada como leve.
Resultando que se comunicó el Acuerdo de iniciación al Instructor y se ordenó que simultáneamente se notificase al interesado. Resultando que no pudo practicarse la notificación personal del mismo por el Servicio de Correos, puesto que el certificado fue devuelto.
Considerando que de conformidad con los artículos 24 del Real Decreto 1.398/1983, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento para el ejercicio de la potestad sancionadora, y 43 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, el expediente debe entenderse caducado.
Conforme a las competencias asignadas a la Dirección General de Consumo, en el artículo 9 del Decreto 322/1995, de 10 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Sanidad y Consumo,
ACUERDO:
El sobreseimiento de las diligencias contra Antonio Romero Soldaña y el archivo del expediente número 35/513/96 sin más trámite.
Contra la presente Resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso ordinario ante el Excmo. Sr. Consejero de Sanidad y Consumo, en el plazo de un mes desde su notificación, conforme a lo previsto en el artº. 114 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse.- Las Palmas de Gran Canaria, a 27 de junio de 1997.- El Director General de Consumo.
3) RESOLUCIÓN.
Visto el expediente número 35/798/96, instruido por esta Dirección General, contra Virgilio Suárez Pérez, con domicilio en Mercado de Altavista, puesto 17, y estando de acuerdo con la propuesta formulada por el Instructor.
Vistos los preceptos legales de general aplicación, en especial el Real Decreto 1.398/1993, de 4 de agosto (B.O.E. nº 189).
Resultando que el día 16 de mayo de 1996, Inspectores de esta Dirección General de Consumo realizaron visita de inspección en el puesto mayorista de frutas y hortalizas propiedad de D. Virgilio Suárez Pérez, sito en Mercalaspalmas, puesto 17, del término municipal de Las Palmas de Gran Canaria; y mediante acta levantada al efecto nº 1020 comprobaron que tenía expuestos para su distribución y venta unos 38 sacos de patatas careciendo de los preceptivos etiquetados de normalización.
Resultando que como consecuencia de ello se formuló Acuerdo de iniciación el 4 de noviembre de 1996 indicando que infringía lo dispuesto en el artº. 34.6 de la Ley 26/1984, de 19 de julio (B.O.E. nº 176), General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y el artículo 3º, apartado 3.3.1 y 3.3.4, del Real Decreto 1.945/1983, de 22 de junio (B.O.E. nº 168), que regula las infracciones y sanciones en materia de defensa del consumidor y de la producción agroalimentaria, en concordancia con el Real Decreto 2.192/1984, de 28 de noviembre (B.O.E. nº 300), que aprueba el Reglamento de aplicación de las normas de calidad para las frutas y hortalizas frescas comercializadas en el mercado interior, y Orden de 6 de julio de 1983 (B.O.E. nº 166), que aprueba la norma de calidad para patata de consumo destinada al mercado interior.
Resultando que la infracción fue calificada como leve.
Resultando que se comunicó el Acuerdo de iniciación al Instructor y se ordenó que simultáneamente se notificase al interesado.
Resultando que no pudo practicarse la notificación personal del mismo por el Servicio de Correos, puesto que el certificado fue devuelto.
Considerando que de conformidad con los artículos 24 del Real Decreto 1.398/1983, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento para el ejercicio de la potestad sancionadora, y 43 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, el expediente debe entenderse caducado.
Conforme a las competencias asignadas a la Dirección General de Consumo, en el artículo 9 del Decreto 322/1995, de 10 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Sanidad y Consumo,
ACUERDO:
El sobreseimiento de las diligencias contra Virgilio Suárez Pérez y el archivo del expediente número 35/798/96 sin más trámite.
Contra la presente Resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso ordinario ante el Excmo. Sr. Consejero de Sanidad y Consumo, en el plazo de un mes desde su notificación, conforme a lo previsto en el artº. 114 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse.- Las Palmas de Gran Canaria, a 19 de marzo de 1997.- El Director General de Consumo.
4) RESOLUCIÓN.
Visto el expediente número 35/986/96, instruido por esta Dirección General contra Sunil Khatwani Khatwani, con domicilio en Ripoche, 13, y estando de acuerdo con la propuesta formulada por el Instructor.
Vistos los preceptos legales de general aplicación, en especial el Real Decreto 1.398/1993, de 4 de agosto (B.O.E. nº 189).
Resultando que el día 11 de junio de 1996, Inspectores de esta Dirección General de Consumo realizaron visita de inspección en el Bazar Bentex, propiedad de D. Sunil Khatwani Khatwani, sito en la calle Ripoche, 13, del término municipal de Las Palmas de Gran Canaria; y mediante acta levantada al efecto nº 458 comprobaron que tenía expuestos para su venta al público en dos escaparates relojes, vídeoconsolas, máquinas de fotos y aparatos de radio que carecían de sus preceptivos marcados de los precios de venta al público.
Resultando que como consecuencia de ello se formuló Acuerdo de iniciación el día 5 de noviembre de 1996, indicando que infringía lo dispuesto en el artº. 34.5 de la Ley 26/1984, de 19 de julio (B.O.E. nº 176), General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, y el artículo 3º, apartado 3.3.4, del Real Decreto 1.945/1983, de 22 de junio (B.O.E. nº 168), que regula las infracciones y sanciones en materia de defensa del consumidor y de la producción agroalimentaria, en concordancia con el artº. 2 del Real Decreto 2.160/1993, de 10 de diciembre, por el que se regula la indicación de precios de los productos ofrecidos a los consumidores y usuarios (B.O.E. nº 29, de 3 de febrero), en concordancia con los artículos 1 y 3 del Decreto 2.807/1972, de 15 de septiembre (B.O.E. nº 247), por el que se regula la publicidad y marcado de precios en la venta al público de artículos al por menor.
Resultando que la infracción fue calificada como leve.
Resultando que se comunicó el Acuerdo de iniciación al Instructor y se ordenó que simultáneamente se notificase al interesado.
Resultando que no pudo practicarse la notificación personal del mismo por el Servicio de Correos, puesto que el certificado fue devuelto.
Considerando que de conformidad con los artículos 24 del Real Decreto 1.398/1983, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento para el ejercicio de la potestad sancionadora, y 43 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, el expediente debe entenderse caducado.
Conforme a las competencias asignadas a la Dirección General de Consumo, en el artículo 9 del Decreto 322/1995, de 10 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Sanidad y Consumo,
ACUERDO:
El sobreseimiento de las diligencias contra Sunil Khatwani Khatwani y el archivo del expediente número 35/986/96 sin más trámite.
Contra la presente Resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso ordinario ante el Excmo. Sr. Consejero de Sanidad y Consumo, en el plazo de un mes desde su notificación, conforme a lo previsto en el artº. 114 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse.- Las Palmas de Gran Canaria, a 19 de marzo de 1997.- El Director General de Consumo. 5) RESOLUCIÓN.
Visto el expediente número 35/1543/96, instruido por esta Dirección General contra Maquiten, S.A., con domicilio en Fernando Guanarteme, 90, y estando de acuerdo con la propuesta formulada por el Instructor.
Vistos los preceptos legales de general aplicación, en especial el Real Decreto 1.398/1993, de 4 de agosto (B.O.E. nº 189).
Resultando que el día 13 de agosto de 1996, Inspectores de esta Dirección General de Consumo realizaron visita de inspección en la Ferretería Maquiten, propiedad de Maquiten, S.A., sita en Fernando Guanarteme, 90, del término municipal de Las Palmas de Gran Canaria; y mediante acta levantada al efecto nº 1955 comprobaron que en el momento de la inspección carecían de las Hojas de Reclamaciones y del cartel anunciador de su existencia.
Resultando que como consecuencia de ello se formuló Acuerdo de iniciación el día 27 de enero de 1997, indicando que infringía lo dispuesto en el artº. 34 de la Ley 26/1984, de 19 de julio (B.O.E. nº 176), General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, y el artº. 3.3.6 del Real Decreto 1.945/1983, de 22 de junio, que regula las infracciones y sanciones en materia de defensa del consumidor y de la producción agroalimentaria (B.O.E. nº 168), en concordancia con el artº. 10 de la Ley 4/1994, de 25 de abril, de ordenación de la actividad comercial de Canarias (B.O.C. nº 53), en concordancia con los artículos 1, 2 y 3 del Decreto 225/1994, de 11 de noviembre, por el que se regulan las Hojas de Reclamaciones de los consumidores y usuarios de la Comunidad Autónoma Canaria (B.O.C. nº 148).
Resultando que la infracción fue calificada como leve.
Resultando que se comunicó el Acuerdo de iniciación al Instructor y se ordenó que simultáneamente se notificase al interesado.
Resultando que no pudo practicarse la notificación personal del mismo por el Servicio de Correos, puesto que el certificado fue devuelto.
Resultando que la funcionaria Dña. Esther de la Coba Gamón constató que la empresa estaba dada de baja.
Considerando que de conformidad con los artículos 24 del Real Decreto 1.398/1983, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento para el ejercicio de la potestad sancionadora y 43 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, el expediente debe entenderse caducado.
Conforme a las competencias asignadas a la Dirección General de Consumo, en el artículo 9 del Decreto 322/1995, de 10 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Sanidad y Consumo, ACUERDO:
El sobreseimiento de las diligencias contra Maquiten, S.A. y el archivo del expediente número 35/1543/96 sin más trámite. Contra la presente Resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso ordinario ante el Excmo. Sr. Consejero de Sanidad y Consumo, en el plazo de un mes desde su notificación, conforme a lo previsto en el artº. 114 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse.- Las Palmas de Gran Canaria, a 12 de junio de 1997.- El Director General de Consumo.
6) RESOLUCIÓN.
Visto el expediente número 35/1747/96, instruido por esta Dirección General contra Silvia de la Fuente Sotomayor, con domicilio en Pío XII, 68, y estando de acuerdo con la propuesta formulada por el Instructor.
Vistos los preceptos legales de general aplicación, en especial el Real Decreto 1.398/1993, de 4 de agosto (B.O.E. nº 189).
Resultando que el día 17 de septiembre de 1996, Inspectores de esta Dirección General de Consumo realizaron visita de inspección en la tienda de artículos de bisutería y complementos propiedad de Dña. Silvia de la Fuente Sotomayor, sita en la calle Pío XII, 68, del término municipal de Las Palmas de Gran Canaria; y mediante acta levantada al efecto nº 2017 comprobaron que tenía expuestos para su venta al público en el escaparate exterior 3 zapatillas de lona, 2 bolsos de playa, 2 pareos, careciendo todos estos artículos de sus preceptivos marcados de los precios de venta al público de forma visible desde el exterior.
Así mismo, en el momento de la inspección no disponían de las Hojas de Reclamaciones y no estaba expuesto el cartel anunciador de la existencia de las mismas.
Resultando que como consecuencia de ello se formuló Acuerdo de iniciación con fecha 24 de febrero de 1997, indicando que infringía lo dispuesto en el artº. 34 de la Ley 26/1984, de 19 de julio (B.O.E. nº 176), General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, y el artículo 3º, apartados 3.3.4 y 3.3.6, del Real Decreto 1.945/1983, de 22 de junio (B.O.E. nº 168), que regula las infracciones y sanciones en materia de defensa del consumidor y de la producción agroalimentaria, en concordancia con el artº. 2 del Real Decreto 2.160/1993, de 10 de diciembre, por el que se regula la indicación de precios de los productos ofrecidos a los consumidores y usuarios (B.O.E. nº 29, de 3 de febrero), en concordancia con los artículos 1 y 3 del Decreto 2.807/1972, de 15 de septiembre (B.O.E. nº 247), por el que se regula la publicidad y marcado de precios en la venta al público de artículos al por menor, en concordancia con el artº. 10 de la Ley 4/1994, de 25 de abril, de ordenación de la actividad comercial de Canarias (B.O.C. nº 53), en concordancia con los artículos 1, 2 y 3 del Decreto 225/1994, de 11 de noviembre, por el que se regulan las Hojas de Reclamaciones de los consumidores y usuarios de la Comunidad Autónoma Canaria (B.O.C. nº 148).
Resultando que la infracción fue calificada como leve.
Resultando que se comunicó el Acuerdo de iniciación al Instructor y se ordenó que simultáneamente se notificase al interesado.
Resultando que no pudo practicarse la notificación personal del mismo por el Servicio de Correos, puesto que el certificado fue devuelto.
Considerando que de conformidad con los artículos 24 del Real Decreto 1.398/1983, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento para el ejercicio de la potestad sancionadora, y 43 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, el expediente debe entenderse caducado.
Conforme a las competencias asignadas a la Dirección General de Consumo, en el artículo 9 del Decreto 322/1995, de 10 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Sanidad y Consumo, ACUERDO:
El sobreseimiento de las diligencias contra Silvia de la Fuente Sotomayor y el archivo del expediente nº 35/1747/96 sin más trámite.
Contra la presente Resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso ordinario ante el Excmo. Sr. Consejero de Sanidad y Consumo, en el plazo de un mes desde su notificación, conforme a lo previsto en el artº. 114 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse.- Las Palmas de Gran Canaria, a 23 de junio de 1997.- El Director General de Consumo.
7) RESOLUCIÓN.
Visto el expediente número 35/1777/96, instruido por esta Dirección General contra Manuel Ruiz Sánchez, con domicilio en Mercalaspalmas, nave B, y estando de acuerdo con la propuesta formulada por el Instructor.
Vistos los preceptos legales de general aplicación, en especial el Real Decreto 1.398/1993, de 4 de agosto (B.O.E. nº 189).
Resultando que el día 20 de septiembre de 1996, Inspectores de esta Dirección General de Consumo realizaron visita de inspección en el puesto de Mercalaspalmas, nave B, propiedad de D. Manuel Ruiz Sánchez, sito en Cuesta Ramón, s/n, del término municipal de Las Palmas de Gran Canaria; y mediante acta levantada al efecto nº 2119 comprobaron que tenía para su distribución y venta 10 cajas de naranjas de unos 7 kg que carecían del preceptivo etiquetado de normalización.
Resultando que como consecuencia de ello se formuló Acuerdo de iniciación indicando que infringía lo dispuesto en el artº. 34.6 de la Ley 26/1984, de 19 de julio (B.O.E. nº 176), General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, y el artículo 3º, apartados 3.3.1 y 3.3.4, del Real Decreto 1.945/1983, de 22 de junio (B.O.E. nº 168), que regula las infracciones y sanciones en materia de defensa del consumidor y de la producción agroalimentaria, en concordancia con el Reglamento C.E.E. nº 778/83, de 30 de marzo de 1983 (Nº L 86/14, de 31.3.83), por el que se establecen normas de calidad para los tomates, y con el artº. 7 del Real Decreto 2.192/1984, de 28 de noviembre (B.O.E. nº 300), que aprueba el Reglamento de aplicación de las normas de calidad para las frutas y hortalizas frescas destinadas al mercado interior, y Orden de 10 de diciembre de 1985 (B.O.E. de 17), corrección de errores (B.O.E. de 18.1.86), que aprueba la norma de calidad para tomates frescos destinados al mercado interior.
Resultando que la infracción fue calificada como leve.
Resultando que se comunicó el Acuerdo de iniciación al Instructor y se ordenó que simultáneamente se notificase al interesado.
Resultando que no pudo practicarse la notificación personal del mismo por el Servicio de Correos, puesto que el certificado fue devuelto.
Resultando que la funcionaria Dña. Esther de la Coba también realizó un intentó de notificación infructuoso.
Considerando que de conformidad con los artículos 24 del Real Decreto 1.398/1983, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento para el ejercicio de la potestad sancionadora, y 43 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, el expediente debe entenderse caducado.
Conforme a las competencias asignadas a la Dirección General de Consumo, en el artículo 9 del Decreto 322/1995, de 10 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Sanidad y Consumo,
ACUERDO:
El sobreseimiento de las diligencias contra Manuel Ruiz Sánchez y el archivo del expediente nº 35/1777/96 sin más trámite.
Contra la presente Resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso ordinario ante el Excmo. Sr. Consejero de Sanidad y Consumo, en el plazo de un mes desde su notificación, conforme a lo previsto en el artº. 114 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse.- Las Palmas de Gran Canaria, a 23 de junio de 1997.- El Director General de Consumo.
8) RESOLUCIÓN.
Visto el expediente número 35/6/97, instruido por esta Dirección General, contra Alexis Jesús Santana Rivero, con domicilio en Primavera, 24, Hoya Andrea, y estando de acuerdo con la propuesta formulada por el Instructor.
Vistos los preceptos legales de general aplicación, en especial el Real Decreto 1.398/1993, de 4 de agosto (B.O.E. nº 189).
Resultando que el día 3 de octubre de 1996, Inspectores de esta Dirección General de Consumo realizaron visita de inspección en el taller de pintura de automóviles propiedad de D. Alexis Jesús Santana Rivero, sito en Primavera, 24, del término municipal de Las Palmas de Gran Canaria; y mediante acta levantada al efecto nº 1822 comprobaron que carecía de la placa-distintivo, de las Hojas de Reclamaciones, así como de los carteles informativos de los precios aplicables por hora de trabajo y servicios concretos y de la garantía de las reparaciones por 3 meses o 2.000 km.
Resultando que como consecuencia de ello se formuló Acuerdo de iniciación el día 14 de marzo de 1997, indicando que infringía lo dispuesto en el artº. 34.6 de la Ley 26/1984, de 19 de julio (B.O.E. nº 176), General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, y el artículo 3º, apartados 3.3.1, 3.3.2 y 3.3.4, del Real Decreto 1.945/1983, de 22 de junio (B.O.E. nº 168), que regula las infracciones y sanciones en materia de defensa del consumidor y de la producción agroalimentaria, en concordancia con los artículos 6º, 12º, 17º y 19º.j) del Real Decreto 1.457/1986, de 10 de enero (B.O.E. nº 169), por el que se regulan la actividad industrial y la prestación de servicios en los talleres de reparación de vehículos automóviles, de sus equipos y componentes.
Resultando que la infracción fue calificada como leve.
Resultando que se comunicó el Acuerdo de iniciación al Instructor y se ordenó que simultáneamente se notificase al interesado.
Resultando que no pudo practicarse la notificación personal del mismo por el Servicio de Correos, puesto que el certificado fue devuelto.
Resultando que tampoco la funcionaria Dña. Esther de la Coba pudo notificarlo.
Considerando que de conformidad con los artículos 24 del Real Decreto 1.398/1983, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento para el ejercicio de la potestad sancionadora, y 43 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, el expediente debe entenderse caducado.
Conforme a las competencias asignadas a la Dirección General de Consumo, en el artículo 9 del Decreto 322/1995, de 10 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Sanidad y Consumo,
ACUERDO:
El sobreseimiento de las diligencias contra Alexis Jesús Santana Rivero y el archivo del expediente nº 35/6/97 sin más trámite. Contra la presente Resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso ordinario ante el Excmo. Sr. Consejero de Sanidad y Consumo, en el plazo de un mes desde su notificación, conforme a lo previsto en el artº. 114 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse.- Las Palmas de Gran Canaria, a 7 de julio de 1997.- El Director General de Consumo.
9) RESOLUCIÓN.
Visto el expediente número 35/268/97, instruido por esta Dirección General contra Cooperación Industrial Tapicera, S.L., con domicilio en Albert Einstein, 10, y estando de acuerdo con la propuesta formulada por el Instructor.
Vistos los preceptos legales de general aplicación, en especial el Real Decreto 1.398/1993, de 4 de agosto (B.O.E. nº 189).
Resultando que el día 22 de noviembre de 1996, Inspectores de esta Dirección General de Consumo realizaron visita de inspección en el local Salotto, propiedad de Cooperación Industrial Tapicera, S.L., sito en Albert Einstein, 10, del término municipal de Las Palmas de Gran Canaria; y mediante acta levantada al efecto nº 2237 comprobaron que en el establecimiento se venden muebles, tenían varios modelos de sofás careciendo de sus preceptivos marcados de los precios de venta al público de forma visible. Así mismo, carecían de las Hojas de Reclamaciones y del cartel informativo de la existencia de las mismas.
Resultando que como consecuencia de ello se formuló Acuerdo de iniciación el día 1 de abril de 1997, indicando que infringía lo dispuesto en el artº. 34, apartados 5 y 9, de la Ley 26/1984, de 19 de julio (B.O.E. nº 176), General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, y el artículo 3º, apartados 3.3.4 y 3.3.6, del Real Decreto 1.945/1983, de 22 de junio (B.O.E. nº 168), que regula las infracciones y sanciones en materia de defensa del consumidor y de la producción agroalimentaria, en concordancia con el artº. 2 del Real Decreto 2.160/1993, de 10 de diciembre, por el que se regula la indicación de precios de los productos ofrecidos a los consumidores y usuarios (B.O.E. nº 29, de 3 de febrero), en concordancia con los artículos 1 y 3 del Decreto 2.807/1972, de 15 de septiembre (B.O.E. nº 247), por el que se regula la publicidad y marcado de precios en la venta al público de artículos al por menor, en concordancia con el artº. 10 de la Ley 4/1994, de 25 de abril, de ordenación de la actividad comercial de Canarias (B.O.C. nº 53), en concordancia con los artículos 1, 2 y 3 del Decreto 225/1994, de 11 de noviembre, por el que se regulan las Hojas de Reclamaciones de los consumidores y usuarios de la Comunidad Autónoma Canaria (B.O.C. nº 148).
Resultando que la infracción fue calificada como leve.
Resultando que se comunicó el Acuerdo de iniciación al Instructor y se ordenó que simultáneamente se notificase al interesado. Resultando que no pudo practicarse la notificación personal del mismo por el Servicio de Correos, puesto que el certificado fue devuelto. Considerando que de conformidad con los artículos 24 del Real Decreto 1.398/1983, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento para el ejercicio de la potestad sancionadora, y 43 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, el expediente debe entenderse caducado.
Conforme a las competencias asignadas a la Dirección General de Consumo, en el artículo 9 del Decreto 322/1995, de 10 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Sanidad y Consumo, ACUERDO:
El sobreseimiento de las diligencias contra Cooperación Industrial Tapicera, S.L. y el archivo del expediente número 35/268/97 sin más trámite.
Contra la presente Resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso ordinario ante el Excmo. Sr. Consejero de Sanidad y Consumo, en el plazo de un mes desde su notificación, conforme a lo previsto en el artº. 114 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse.- Las Palmas de Gran Canaria, a 15 de octubre de 1997.- El Director General de Consumo.
10) RESOLUCIÓN.
Visto el expediente número 35/485/97, instruido por esta Dirección General contra José Páez Fernández, con domicilio en Bernardino Correa Viera, s/n, y estando de acuerdo con la propuesta formulada por el Instructor.
Vistos los preceptos legales de general aplicación, en especial el Real Decreto 1.398/1993, de 4 de agosto (B.O.E. nº 189).
Resultando que el día 23 de enero de 1997, Inspectores de esta Dirección General de Consumo realizaron visita de inspección en la Ferretería San Nicolás propiedad de D. José Páez Fernández, sita en Bernardino Correa Viera, s/n, del término municipal de Las Palmas de Gran Canaria; y mediante acta levantada nº 5099 comprobaron que carecían de las Hojas de Reclamaciones y del cartel anunciador de su existencia.
Resultando que como consecuencia de ello se formuló Acuerdo de iniciación el día 21 de mayo de 1997, indicando que infringía lo dispuesto en el artº. 34.9 de la Ley 26/1984, de 19 de julio (B.O.E. nº 176), General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, y el artº. 3.3.6 del Real Decreto 1.945/1983, de 22 de junio, que regula las infracciones y sanciones en materia de defensa del consumidor y de la producción agroalimentaria (B.O.E. nº 168), en concordancia con el artº. 10 de la Ley 4/1994, de 25 de abril, de ordenación de la actividad comercial de Canarias (B.O.C. nº 53), en concordancia con los artículos 1, 2 y 3 del Decreto 225/1994, de 11 de noviembre, por el que se regulan las Hojas de Reclamaciones de los consumidores y usuarios de la Comunidad Autónoma Canaria (B.O.C. nº 148).
Resultando que la infracción fue calificada como leve.
Resultando que se comunicó el Acuerdo de iniciación al Instructor y se ordenó que simultáneamente se notificase al interesado.
Resultando que no pudo practicarse la notificación personal del mismo por el Servicio de Correos, puesto que el certificado fue devuelto.
Considerando que de conformidad con los artículos 24 del Real Decreto 1.398/1983, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento para el ejercicio de la potestad sancionadora, y 43 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, el expediente debe entenderse caducado.
Conforme a las competencias asignadas a la Dirección General de Consumo, en el artículo 9 del Decreto 322/1995, de 10 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Sanidad y Consumo,
ACUERDO:
El sobreseimiento de las diligencias contra José Páez Fernández y el archivo del expediente número 35/485/97 sin más trámite.
Contra la presente Resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso ordinario ante el Excmo. Sr. Consejero de Sanidad y Consumo, en el plazo de un mes desde su notificación, conforme a lo previsto en el artº. 114 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse.- Las Palmas de Gran Canaria, a 21 de mayo de 1997.- El Director General de Consumo.
Las Palmas de Gran Canaria, a 17 de noviembre de 1997.- El Director General de Consumo, Gonzalo Olarte Cullen.
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