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Habiéndose intentado por esta Dirección General sin haberse podido practicar la notificación de la Propuesta de Resolución recaída en el expediente incoado con motivo de denuncias o actas de inspección formuladas contra los titulares de empresas y actividades turísticas que se relacionan, conforme al artº. 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y siendo preciso su notificación a los efectos de que aleguen lo que a su derecho convenga,
R E S U E L V O:
1.- Notificar a los titulares de establecimientos y actividades turísticas que se citan, la Propuesta de Resolución recaída en el expediente que les ha sido instruido por infracción a la legislación en materia turística.
2.- Remitir al Ayuntamiento de la población que se cita, la presente Resolución para su publicación en el tablón de edictos correspondiente.
Santa Cruz de Tenerife, a 5 de noviembre de 1997.- El Director General de Ordenación e Infraestructura Turística, Francisco Montesdeoca Santana. PROPUESTA DE RESOLUCIÓN QUE SE CITA:
Vistas las alegaciones correspondientes al procedimiento sancionador nº 97/063 iniciado como consecuencia de la Hoja de Reclamación nº 27616 y acta de inspección nº 16843 realizada el 7 de mayo de 1997, y seguido contra el expedientado D. Miguel A. Fajardo Lorenzo, con N.I.F. 42.149.924-D, titular del establecimiento denominado Bar Marina, sito en Explanada Puerto de Tazacorte, término municipal de Tazacorte (La Palma), de cuyas actuaciones resulta lo siguiente: Que con fecha 3 de junio de 1997, se dictó Resolución de iniciación de procedimiento sancionador y posteriormente se formularon los siguientes hechos: HECHOS: 1º) Figura autorizado como bar con la signatura B-38/5/0142, realizando la actividad de restaurante. 2º) No notificar los precios a la Administración turística. La lista actual no contiene la mayoría de los productos facturados al cliente, tales como la ensalada, mojo, papas, etc. FECHA DE INFRACCIÓN: 28 de marzo de 1997. NORMAS SUSTANTIVAS INFRINGIDAS: - artº. 6.1 y 2, en relación con el artº. 4.a) de la Orden de 17 de marzo de 1965, por la que se aprueba la Ordenación Turística de Restaurantes (B.O.E. de 29 de marzo). - Artº. 30.1 de la Orden Ministerial de 17 de marzo de 1965, modificada por la Orden Ministerial de 29 de junio de 1978, en su artículo 2º (B.O.E. de 19 de julio). TIPIFICACIÓN: artículo 76.1 y 5, en relación con el 77.7, de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias (B.O.C. nº 48, de 19.4.95). CALIFICACIÓN JURÍDICA: leves. SANCIÓN APLICABLE Y ÓRGANO COMPETENTE: corresponde imponer al expedientado una sanción en cuantía no superior a 250.000 pesetas, para cuya imposición es competente el Director General de Ordenación e Infraestructura Turística, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 11.p) del Decreto 281/1995, de 11 de septiembre, del Reglamento Orgánico de la Consejería de Turismo y Transportes (B.O.C. nº 128, de 4.10.95). ALEGACIONES: el expedientado, en escrito de fecha 26 de junio de 1997, en síntesis, ha alegado lo siguiente: el titular reconoce que es propietario de un bar, y no restaurante. Hace constar que es un bar de tapas (atún, pescados, morena frita, calamares, etc.), pues para el cliente es más económico que ir a un restaurante. Nunca en el bar se han servido almuerzos ni cenas. Reconoce que su última lista de precios es del año 1995, y que no figuran sino manises, aceitunas y almendras, y si no tiene gran variedad de tapas, es mejor cerrar las puertas. Que le es imposible hacer una lista de precios todos los meses o cada quince días, que es el promedio del cambio de tapas y han de hacerlo para no perder la clientela. No tienen mesas en el interior pues es un local de 60 metros cuadrados y sólo seis mesas pequeñas en la terraza. MOTIVACIÓN: examinadas las razones esgrimidas por el expedientado y los documentos aportados se estima la responsabilidad administrativa del expedientado, en base a la Hoja de Reclamación nº 27616, de fecha 28 de marzo de 1997, formulada por D. José María Saíz de la Hera, y acta de inspección nº 16843, de 7 de mayo de 1997, de lo que se desprende que el Bar Marina figura autorizado como bar, realizando la actividad de restaurante y no notificó los precios a la Administración turística. La lista actual no contiene la mayoría de los productos facturados al cliente, tales como el mojo, la ensalada, papas, etc. Por otro lado, las alegaciones vertidas no desvirtúan el hecho infractor, ya que el expedientado reconoce en su escrito de alegaciones que su industria figura dada de alta como bar, y sin embargo actúa como restaurante, ya que da platos preparados, tales como ensaladas, pescado fresco guisado con mojo y papas, morena frita, calamares, etc., alimentos que no son tapas, como las declaradas, manises, aceitunas y almendras, así como bocadillos, que corresponden a la lista de precios, aprobada por el Excmo. Cabildo Insular de La Palma, de fecha 4 de mayo de 1995. El tener gran variedad de tapas, para luchar con la competencia, quiere decir que ha de confeccionar una nueva lista donde estén reflejadas todas las tapas con sus precios correspondientes. Eso no quiere decir que las indicadas tapas las ha de tener diariamente para su consumo. El no tener a disposición de los clientes la lista de precios aprobada por la autoridad competente es una falta grave, sancionada en el artº. 76.5, que dice: No notificar los precios cuando es preceptivo. No obstante lo anterior, debe tenerse en cuenta a la hora de considerar la cuantía de la sanción de multa propuesta, la circunstancia de la carencia de antecedentes, no obrando constancia de haberse instruido expedientes sancionadores contra dicha empresa sobre los que haya recaído Resolución firme. PROPUESTA: como consecuencia de todo lo anterior, el Instructor del procedimiento formula la siguiente
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN
Imponer a D. Miguel Ángel Fajardo Lorenzo, titular del establecimiento denominado Bar Marina, la sanción de ochenta mil (80.000) pesetas, por el primer hecho infractor y sesenta y cinco mil (65.000) pesetas, por el segundo hecho infractor.
Se le concede un plazo de 15 días, contados a partir del siguiente al de esta notificación, para que aporte cuantas alegaciones estime convenientes o, en su caso, proponer prueba concretando los medios de que pretenda valerse.- Santa Cruz de Tenerife, a 29 de agosto de 1997.- El Instructor, Joaquín Castro San Luis.
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