Gobierno de Canarias

Comunidad Autónoma de Canarias

Boletín Oficial de Canarias

Estás en:

BOC Nº 009. Miércoles 21 de Enero de 1998 - 162

IV. ANUNCIOS - Otros anuncios - Consejería de Agricultura, Pesca y Alimentación

162 - ANUNCIO de 9 de diciembre de 1997, de la Secretaría General Técnica, sobre notificación de la Orden de 3 de julio de 1996, por la que se resuelve el recurso ordinario promovido por D. Víctor M. Fernández Machín y D. Fernando Silva Mena contra la Resolución de 24 de abril de 1995, de la Dirección General de Pesca, recaída en el expediente sancionador nº 152/1994.

Descargar en formato pdf

Habiendo sido intentada la notificación de la Orden del Consejero de Agricultura, Pesca y Alimentación de 3 de julio de 1996, por la que se resuelve el recurso ordinario promovido por D. Víctor M. Fernández Machín y D. Fernando Silva Mena contra la Resolución de la Dirección General de Pesca de 24 de abril de 1995, recaída en el expediente sancionador nº 152/1994, sin que haya podido practicarse a D. Fernando Silva Mena en el domicilio que figura en el citado expediente.

De conformidad con lo establecido en el artº. 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Se notifica, mediante su publicación, a D. Fernando Silva Mena la citada Orden, cuyo texto es el siguiente:

Orden por la que se resuelve el recurso ordinario interpuesto por D. Víctor M. Fernández Machín y D. Fernando Silva Mena.

Visto el recurso ordinario formulado por D. Víctor M. Fernández Machín y D. Fernando Silva Mena contra la Resolución de la Dirección General de Pesca nº 244, folios 638, 639 y 640, de fecha 24 de abril de 1995, recaída en el expediente sancionador nº 152/94, y teniendo en cuenta los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- El acto impugnado se dictó en Resolución del expediente sancionador incoado con motivo de la comisión de infracción administrativa a la normativa en materia de pesca marítima consistente en que el día 27 de julio de 1994, se levantó acta de infracción nº 3765, por los Auxiliares de Inspección Pesquera de la isla de El Hierro, por la que se denuncia a D. Víctor M. Fernández Machín y a D. Fernando Silva Mena, por estar practicando pesca submarina en zona prohibida, concretamente en Puerto Viejo (Valverde).

Estos hechos determinaron la imposición de una sanción económica de quince mil (15.000) pesetas a D. Víctor Manuel Fernández Machín y a D. Fernando Silva Mena, respectivamente.

Segundo.- Contra la Resolución sancionadora ha sido interpuesto por D. Víctor M. Fernández Machín y D. Fernando Silva Mena, recurso ordinario en súplica de que se deje sin efecto la propuesta sancionadora, alegando, en resumen, que no estaban practicando pesca submarina, que únicamente estaban practicando y que no tenían ánimo de efectuar capturas y, asimismo, alegan que toda persona se presume inocente hasta que la culpabilidad no sea legalmente establecida. FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Que el Consejero de Agricultura, Pesca y Alimentación es competente para conocer y resolver el presente recurso a tenor del artículo 29.1.e) de la Ley 14/1990, de 26 de julio, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas de Canarias, y del artículo 116 y concordantes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

II.- Que el recurso ordinario interpuesto reúne los requisitos de índole adjetiva o formal determinantes de su admisión a trámite.

III.- Que la tramitación del expediente sancionador ha sido sustanciada de conformidad con lo previsto en la Ley 53/1982, de 13 de julio, de infracciones administrativas en materia de pesca marítima y marisqueo, así como lo dispuesto en el Reglamento del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora, aprobado por el Real Decreto 1.398/1993, de 4 de agosto (B.O.E. nº 189, de 9.8.93).

IV.- Que las argumentaciones esgrimidas por los recurrentes en nada alteran los hechos y preceptos infringidos obrantes en la Resolución sancionadora de la Dirección General de Pesca de 24 de abril de 1995, que se adoptó en base a lo dispuesto en el artículo 2º, uno del Decreto 156/1986, de 9 de octubre, regulador de la pesca marítima de recreo en aguas interiores, que establece que la pesca submarina podrá practicarse “... únicamente en las zonas acotadas que se establezcan” y la Orden de 30 de octubre de 1986, en su artículo único establece las zonas permitidas para la práctica de la pesca submarina en la isla de El Hierro.

Teniendo en cuenta que el hecho denunciado supone la vulneración de lo preceptuado en la normativa anteriormente citada, siendo constitutivo de infracción de carácter grave, de conformidad con los criterios de calificación contenidos en el artículo 4º de la Ley 53/1982, de 13 de julio, si bien en la imposición de sanción se han tenido en cuenta como circunstancias atenuantes las inherentes al hecho infractor denunciado, en aplicación al Derecho Administrativo sancionador de los principios inspiradores del orden penal, sin que las alegaciones de los recurrentes desvirtúen el hecho denunciado, de forma que del expediente sancionador se deduce que resulta probado que los expedientados estuvieron practicando pesca submarina en zona prohibida en la fecha en que se levantó la correspondiente acta de infracción, en consecuencia, procede confirmar la Resolución sancionadora impugnada, por ser ajustados a Derechos los pronunciamientos contenidos en la misma, manteniendo la sanción impuesta. Vistos los preceptos legales citados, concordantes y demás de general aplicación,

D I S P O N G O:

Desestimar, en todos sus términos, el recurso ordinario promovido por D. Víctor M. Fernández Machín y D. Fernando Silva Mena y confirmar la Resolución de la Dirección General de Pesca de 24 de abril de 1995, recaída en el expediente sancionador nº 152/94, que determinó la imposición de una sanción económica de quince mil pesetas, respectivamente, a D. Víctor M. Fernández Quintana y D. Fernando Silva Mena, manteniéndose, en consecuencia, todos sus pronunciamientos.

Contra esta Orden, que pone fin a la vía administrativa, cabe recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, a interponer en el plazo de dos meses desde su notificación, previa la comunicación al órgano que dictó la presente Orden, exigida en el artículo 110.3 de la Ley 30/1992, sin perjuicio de cualquier otro que pudiera interponerse.

Santa Cruz de Tenerife, a 9 de diciembre de 1997.- El Secretario General Técnico, Pedro Martín Jiménez.

© Gobierno de Canarias