BOC - 1998/004. Viernes 9 de Enero de 1998 - 76

IV. ANUNCIOS - Otros anuncios - Consejería de Turismo y Transportes

76 - RESOLUCIÓN de 27 de noviembre de 1997, de la Secretaría General Técnica, por la que se notifica la Resolución de 1 de agosto de 1997, de este Centro Directivo, relativa al recurso ordinario nº 332/96 interpuesto por D. Francisco Ramón Domínguez Castellano, en representación de Franyasmar Bus, S.L.

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Vistos los repetidos intentos de notificación de la citada Resolución en el domicilio que figura en el expediente incoado por el correspondiente Centro Directivo de la mencionada Consejería, sin que haya sido recibida por la recurrente-interesada.

Visto lo establecido en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,

R E S U E L V O:

Primero.- Notificar a D. Francisco Ramón Domínguez Castellano, en representación de Franyasmar Bus, S.L., la Resolución de 1 de agosto de 1997 (libro nº 1, folio 42, nº 391), que figura como anexo de esta Resolución, por la que se resolvió el recurso ordinario nº 332/96 (expediente nº GC-1573-0-95), interpuesto contra la Resolución de la Dirección General de Transportes de fecha 9 de julio de 1996.

Segundo.- Remitir al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria la presente Resolución para su anuncio en el tablón de edictos correspondiente.

Santa Cruz de Tenerife, a 27 de noviembre de 1997.- La Secretaria General Técnica, Rosa María Rodríguez Martín.

A N E X O

Resolución de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Turismo y Transportes por la que se resuelve recurso ordinario interpuesto por D. Francisco Ramón Domínguez Castellano, en representación de la entidad mercantil Franyasmar Bus, S.L.

Visto el recurso ordinario formulado por D. Francisco Ramón Domínguez Castellano, en representación de la entidad mercantil Franyasmar Bus, S.L., contra la Resolución de la Dirección General de Transportes de fecha 9 de julio de 1996, recaída en el expediente sancionador nº GC-1573-0-95, y teniendo a la vista los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- La Resolución recurrida se basa fácticamente en realizar el vehículo, matrícula GC-9153-AM, un transporte público de viajeros, careciendo del correspondiente libro de reclamaciones, dando lugar a la sanción de cincuenta mil (50.000) pesetas.

Segundo.- El recurso ordinario interpuesto alega, en resumen, que:

1.- Prescripción de la infracción ya que la denuncia tiene lugar el día 13 de mayo de 1995, transcurriendo más de dos meses sin que la Administración haya realizado ningún acto referente al expediente sancionador.

2.- Todos los vehículos de la empresa tienen el preceptivo libro de reclamaciones.

Solicita, en consecuencia, la revocación del acto recurrido y que se deje sin efectos la sanción impuesta.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- La Secretaria General Técnica de la Consejería de Turismo y Transportes es competente para conocer y resolver el presente recurso en virtud de lo dispuesto en la Orden Departamental de fecha 9 de octubre de 1995 (B.O.C. nº 136, de 23.10.95), por la que se le delega la competencia de resolución de los recursos administrativos interpuestos contra actos dictados por órganos del Departamento en materia de turismo y de transportes.

Segundo.- La tramitación del expediente sancionador ha sido sustanciada de conformidad con lo previsto en el capítulo IV del título VI del Real Decreto 1.211/1990, de 28 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento que desarrolla la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres, según nueva redacción dada al mismo en el anexo I del Real Decreto 1.772/1994, de 5 de agosto, por el que se adecuan determinados procedimientos administrativos en materia de transportes y carreteras a la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Tercero.- Las argumentaciones esgrimidas por la entidad recurrente en nada alteran los hechos y preceptos infringidos obrantes en la Resolución de la Dirección General de Transportes de fecha 9 de julio de 1996, que se adoptó en base a lo dispuesto en el artículo 141.l) de la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres y artículo 198.ll) del Real Decreto 1.211/1990, de 28 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de la citada Ley, que consideran infracciones graves, carecer del preceptivo documento en que deben formularse las reclamaciones de los usuarios. En primer lugar, no procede atender a la alegación formulada por la entidad recurrente sobre la prescripción de la infracción denunciada, en base a que en la Disposición Adicional Undécima de la Ley 42/1994, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden Social, se establece expresamente que “Las infracciones de la legislación reguladora de los transportes terrestres prescribirán en los plazos y condiciones establecidos en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, salvo cuando se trate de infracciones leves, en cuyo caso, el plazo de prescripción será de un año”, debiendo de entenderse hecha tal remisión a la Ley 30/1992 al artículo 132 de la misma, que en su apartado primero establece que las infracciones graves, como es la que ha dado origen a la incoación del presente expediente sancionador, prescribirán a los dos años, comenzando a contarse dicho plazo desde el día en que la infracción se hubiera cometido, según dispone el apartado segundo del referido artículo 132 y quedando el mismo interrumpido con la iniciación, con conocimiento del interesado, del procedimiento sancionador (artº. 132.3) y en el presente caso, resulta obvio que dicho plazo prescriptivo no ha transcurrido entre la comisión de la infracción 13 de mayo de 1995 y la fecha de notificación de incoación del expediente sancionador.

Por otra parte, teniendo en cuenta que según se constata en el boletín de denuncia nº 13083, formulado por Agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil -que de conformidad con el artículo 32.2 de la citada Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres prestan la cooperación necesaria a los miembros de la Inspección para un eficaz cumplimiento de sus funciones-, resulta debidamente acreditado que el vehículo del que es titular la entidad recurrente, realizaba en la fecha de la denuncia 13 de mayo de 1995, transporte público de viajeros sin llevar a bordo del vehículo el correspondiente libro de reclamaciones, sin que tales hechos, en momento alguno, hayan sido desvirtuados mediante prueba en contrario alguna aportada al presente expediente que destruya la presunción iuris tantum de veracidad que ampara a la denuncia formulada, procede en consecuencia confirmar la Resolución sancionadora en cuanto a la infracción consistente en realizar el vehículo denunciado un transporte público de viajeros careciendo del libro de reclamaciones, manteniendo la sanción impuesta de cincuenta mil (50.000) pesetas.

Cuarto.- La presente Resolución no ha sido dictaminada por el Servicio Jurídico del Gobierno de Canarias, por suscitarse en el recurso cuestiones de Derecho ya resueltas en otros anteriores, de acuerdo con el artº. 20.g) del Decreto 19/1992, de 7 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Organización y Funcionamiento de dicho Servicio Jurídico. Vistos los preceptos legales citados, concordantes y demás de general aplicación,

R E S U E L V O:

Desestimar, en todos sus términos, el recurso ordinario promovido por D. Francisco Ramón Domínguez Castellano, en representación de la entidad mercantil Franyasmar Bus, S.L. y confirmar la Resolución de la Dirección General de Transportes de fecha 9 de julio de 1996, recaída en el expediente sancionador nº GC-1573-0-95, que determinó la imposición de una sanción de cincuenta mil (50.000) pesetas, manteniéndose en consecuencia todos sus pronunciamientos.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, cabe recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, a interponer en el plazo de dos meses desde su notificación, previa comunicación al órgano que dictó la presente Resolución, de acuerdo con lo establecido en el artículo 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse.- La Secretaria General Técnica, p.d., Orden de 9 de octubre de 1995 (B.O.C. nº 136, de 23.10.95), Rosa María Rodríguez Martín.



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