BOC - 1998/003. Miércoles 7 de Enero de 1998 - 43

IV. ANUNCIOS - Otros anuncios - Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Aguas

43 - RESOLUCIÓN de 22 de octubre de 1997, de la Dirección General de Vivienda, sobre notificación de nombramiento de nueva Instructora en el expediente S-18/97, dirigida a Hermanos Ramos y Niscafe, S.A.

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Habiendo sido intentada sin que pudiera practicarse, mediante carta certificada con acuse de recibo, la notificación del nombramiento de nueva Instructora y responsabilidad recaído en el expediente S-18/97, mediante carta certificada con acuse de recibo al domicilio consignado, y siendo necesario notificarle dicho trámite al ser parte interesada y conforme a lo previsto en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. nº 285, de 27.11.92),

R E S U E L V O:

Notificar a Hermanos Ramos y Niscafe Asociados, S.A. el nombramiento de nueva Instructora y responsabilidad de fecha 30 de julio de 1997 recaído en el expediente referenciado, cuya parte dispositiva dice textualmente:

“Vistas las actuaciones seguidas en el expediente S-18/97, habiéndose incoado por esta Dirección General de Vivienda expediente sancionador de referencia contra la Promotora Visocan, S.A.; la Constructora Hermanos Ramos y Niscafe, S.A.; el Arquitecto D. Federico García Barba; el Aparejador D. Alejandro Cordero Díaz, y a la vista del informe emitido por nuestros Servicios Técnicos con fecha 17 de junio del presente, en el que se advierte que las deficiencias denunciadas se estiman constructivas, no imputables a la Dirección Técnica, se le comunica, que a raíz del mismo se proseguirán las actuaciones contra la Promotora-Constructora, responsables en este caso, pasando a informarle, que ante el cese de la funcionaria instructora del expediente, se designa nueva Instructora a Dña. Rita Bretón Pérez.

Lo que notifico para su conocimiento y efectos, pudiendo, de conformidad con lo prevenido en el artículo 84 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en relación con los artículos 28 y 29 de la misma Ley, efectuar en el plazo de diez días las alegaciones oportunas.”

Santa Cruz de Tenerife, a 22 de octubre de 1997.- El Director General de Vivienda, Miguel Ángel Pulido Rodríguez.



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