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BOC Nº 169. Martes 30 de Diciembre de 1997 - 4083

IV. ANUNCIOS - Otros anuncios - Consejería de Turismo y Transportes

4083 - RESOLUCIÓN de 10 de noviembre de 1997, de la Secretaría General Técnica, por la que se notifica Resolución por la que se resuelve el recurso ordinario interpuesto por Franyasmar Bus, S.L.

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Vistos los repetidos intentos de notificación de la citada Resolución de la Secretaría General Técnica en el domicilio que figura en el expediente incoado por el correspondiente Centro Directivo de la mencionada Consejería, sin que haya sido recibida por el recurrente-interesado.

Visto lo establecido en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,

R E S U E L V O:

Primero.- Notificar a Franyasmar Bus, S.L. la Resolución de 8 de julio de 1997 (libro nº 1, folio 42, nº 373), que figura como anexo de esta Resolución, por la que se resolvió el recurso ordinario nº 311/96 (expediente nº GC-1479-0-95), interpuesto contra la Resolución de la Dirección General de Transportes de la Consejería de Turismo y Transportes de 7 de mayo de 1996.

Segundo.- Remitir al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria la presente Resolución para su anuncio en el tablón de edictos correspondiente.

Santa Cruz de Tenerife, a 10 de noviembre de 1997.- La Secretaria General Técnica, Rosa María Rodríguez Martín. A N E X O

Resolución de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Turismo y Transportes por la que se resuelve recurso ordinario interpuesto por D. Francisco Alayón Domínguez Castellano en representación de Franyasmar Bus, S.L.

Visto el recurso ordinario formulado por D. Francisco Alayón Domínguez Castellano, en representación de Franyasmar Bus, S.L., contra la Resolución de la Dirección General de Transportes de fecha 7 de mayo de 1996, recaída en el expediente sancionador nº GC-1479-0-95, y teniendo a la vista los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- La Resolución recurrida se basa fácticamente en carecer el vehículo B-3479-FT de autorización de transportes en servicio público de viajeros, dando lugar a la sanción de doscientas cincuenta mil (250.000) pesetas y precintado del vehículo 3 meses.

Segundo.- El recurso ordinario interpuesto alega, en resumen, que la sanción fue impuesta al vehículo de transporte escolar matrícula B-3479-FT por estar realizando la referida prestación de servicio sin la correspondiente autorización de transportes y que dicho vehículo no era propiedad de la expedientada por lo que los hechos en nada le incumben, conociendo la Administración tales hechos y que la persona titular del vehículo en el momento de la denuncia no era la expedientada, solicitando, en definitiva, se deje sin efecto la sanción impuesta.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- La Secretaria General Técnica de la Consejería de Turismo y Transportes es competente para conocer y resolver el presente recurso, en virtud de lo dispuesto en la Orden Departamental de fecha 9 de octubre de 1995 (B.O.C. nº 136, de 23.10.95), por la que se le delega la competencia de resolución de los recursos administrativos interpuestos contra actos dictados por órganos del Departamento en materia de turismo y de transportes.

Segundo.- La tramitación del expediente sancionador ha sido sustanciada de conformidad con lo previsto en el Capítulo IV del Título VI del Real Decreto 1.211/1990, de 28 septiembre, por el que se aprueba el Reglamento que desarrolla la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres, según nueva redacción dada al mismo en el anexo I del Real Decreto 1.772/1994, de 5 de agosto, por el que se adecuan determinados procedimientos administrativos en materia de transportes y carreteras a la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Tercero.- Las argumentaciones esgrimidas por el recurrente en nada alteran los hechos y preceptos infringidos obrantes en la Resolución de la Dirección General de Transportes de fecha 7 de mayo de 1996, que se adoptó en base a lo dispuesto en los artículos 90 y 140.a) de la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres, y artículos 109 y 197.a) del Real Decreto 1.211/1990, de 28 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de la citada Ley, por los que se considera infracción administrativa muy grave la realización de transportes públicos o actividades auxiliares o complementarias de los mismos, para las cuales la normativa reguladora de los transportes terrestres exija título administrativo habilitante, careciendo de la preceptiva concesión o autorización del transporte o de la actividad de que se trate.

Teniendo en cuenta que según consta en la denuncia, amparada por una presunción “iuris tantun” de veracidad al ser formulada por agente de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, quién, de acuerdo con el artº. 32.2 de la Ley 16/1987, de 30 de julio, venía obligado a realizarla, estando desligado de los hechos y de sus participantes al encontrarse en una situación de independencia material y subjetiva que permite estimar su apreciación desprovista de todo perjuicio y, por ende, utilizar la misma como elemento de juicio suficiente para basar en él una decisión acertada y justa (sentencia del Tribunal Supremo de 16 de julio de 1982), el vehículo realizaba un servicio público de viajeros careciendo de autorización de transportes, constituyendo el hecho denunciado infracción administrativa de carácter muy grave, sin que haya sido desvirtuada mediante prueba en contrario, ya que si bien el vehículo figura inscrito en la Jefatura Provincial de Tráfico en fecha posterior a la denuncia, el 5 de mayo de 1995, el vehículo B-3479-FT era propiedad de la expedientada por cuanto que en el documento aportado por la misma para acreditar la adquisición del vehículo consistente en la Carta de Pago de Compraventa de Vehículos Usados entre particulares, se establece como fecha de la compraventa el 30 de abril de 1995, esto es, con anterioridad a la denuncia, siendo, en consecuencia, responsable de la infracción cometida, de conformidad con lo previsto en el artº. 138 de la LOTT, por lo que procede desestimar el recurso interpuesto, confirmando la resolución sancionadora.

Cuarto.- La presente Resolución no ha sido dictaminada por el Servicio Jurídico del Gobierno de Canarias, por suscitarse en el recurso cuestiones de Derecho ya resueltas en otros anteriores, de acuerdo con el artº. 20.g) del Decreto 19/1992, de 7 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Organización y Funcionamiento de dicho Servicio Jurídico.

Vistos los preceptos legales citados, concordantes y demás de general aplicación,

R E S U E L V O:

Desestimar, en todos sus términos, el recurso ordinario promovido por D. Francisco Alayón Domínguez Castellano, en representación de Franyasmar Bus, S.L., y confirmar la Resolución de la Dirección General de Transportes de fecha 7 de mayo de 1996, recaída en el expediente sancionador nº GC-1479-0-95, que determinó la imposición de una sanción de doscientas cincuenta mil (250.000) pesetas y precintado del vehículo 3 meses, manteniéndose, en consecuencia, todos sus pronunciamientos.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, cabe recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, a interponer en el plazo de dos meses desde su notificación, previa comunicación al órgano que dictó la presente Resolución, de acuerdo con lo establecido en el artículo 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse. La Secretaria General Técnica, Rosa María Rodríguez Martín.

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