Estás en:
Se hace saber a la empresa Comercial Juafa, S.L., que se halla en ignorado paradero, que por Resolución de la Viceconsejería de Administración Pública, se resuelve la petición de suspensión del expediente administrativo de cancelación en el Registro de Empresas Operadoras de dicha empresa.
Habiéndose intentado la notificación de dicha Resolución, por el sistema habitual, esta ha sido devuelta por el Servicio de Correos, por lo que, de conformidad con lo previsto en el artº. 59.4 de la vigente Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se procede a su publicación.
Examinado el expediente tramitado por esta Viceconsejería de Administración Pública, para resolver la petición de suspensión del expediente administrativo de cancelación de inscripción en el Registro de Empresas Operadoras de la Comunidad Autónoma de Canarias, de la empresa operadora denominada Comercial Juafa, S.L., inscrita con el nº 103 regional, interesada por la representación de la referida entidad mercantil, como parte recurrente.
Vista la propuesta formulada por el Director General de Administración Territorial y Gobernación.
Teniendo en cuenta los siguientes
I. ANTECEDENTES
1º) Con fecha 22 de agosto de 1997, por la representación de la entidad mercantil Comercial Juafa, S.L., se impugna la Resolución de la Dirección General de Administración Territorial y Gobernación, de fecha 24 de marzo de 1997, por la que se resolvió declarar la cancelación de la inscripción en el Registro de Empresas Operadoras de Canarias de la mencionada empresa, solicitándose la suspensión hasta tanto se resuelva el otro expediente administrativo que se sigue por los mismos hechos y cuya última Resolución ha sido objeto de impugnación ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias.
2º) Por Resolución del Director General de Administración Territorial y Gobernación, de fecha 24 de marzo de 1997, publicada en el Boletín Oficial de Canarias nº 95, de 25 de julio de 1997, se resolvió: 1º) Cancelar la inscripción en el Registro de Empresas Operadoras de la Comunidad Autónoma de Canarias, a la empresa operadora denominada Comercial Juafa, S.L., inscrita con el nº 103 regional, por incumplimiento de las obligaciones sobre constitución y mantenimiento del importe de las fianzas, debiendo cesar inmediatamente en el ejercicio de su actividad como empresa operadora de máquinas recreativas y de azar de los tipos A y B.
2º) En su consecuencia, la empresa operadora de referencia, hará entrega a la Consejería de Presidencia y Relaciones Institucionales de los dos ejemplares de la Guía de Circulación, del correspondiente Boletín de Instalación y la Placa de Identidad de todas y cada una de las máquinas de su titularidad, en el plazo de diez días, a partir de la notificación de la presente.
II. CONSIDERACIONES JURÍDICAS
Primera.- Las competencias funcionales en esta materia vienen reguladas por la Ley 6/1985, de 30 de diciembre, reguladora de los Juegos y las Apuestas en Canarias y por el Decreto 93/1988, de 31 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de Máquinas Recreativas y de Azar de esta Comunidad Autónoma, modificado parcialmente por los Decretos 132/1989, de 1 de junio y 89/1990, de 23 de mayo.
Segunda.- De conformidad con lo previsto en el artº 111.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en relación con lo dispuesto en el artº. 20.1 del Decreto 212/1991, de 11 de septiembre, de organización de los Departamentos de la Administración Autonómica de Canarias, el Viceconsejero de Administración Pública es competente para intervenir en la resolución de este expediente.
Tercera.- En la tramitación de este expediente se ha observado el procedimiento previsto en el artº. 111.2 de la citada Ley 30/1992, de 26 de noviembre.
Cuarta.- Esta Viceconsejería no estima procedente suspender la ejecución del acto recurrido, por cuanto:
1º) No concurre ninguna de las circunstancias previstas en el citado artº. 111.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. 2º) No es cierto que existan dos expedientes administrativos de cancelación de inscripción de empresa operadora por los mismos hechos, por cuanto los hechos que han determinado uno y otro procedimiento son bien diferentes, a saber: en uno, la no constitución, por parte de la empresa operadora de nuevas fianzas llegado el vencimiento de las ya constituidas, pólizas números 1.684.749, 1.837.277 y 1.837.274, con la Compañía Española de Seguros y Reaseguros de Crédito y Caución, S.A., al haber comunicado dicha Compañía a esta Administración su decisión de no prorrogar al vencimiento de la anualidad (fechas 29 de junio y 16 de octubre de 1993) dichas pólizas, determinó la cancelación de inscripción de la empresa operadora de referencia, inscrita con el nº 103 regional, por Resolución de la Viceconsejería para las Administraciones Públicas de 27 de octubre de 1994, cuya ejecución se encuentra actualmente en suspensión, en tanto en cuanto se pronuncie la jurisdicción ordinaria sobre validez de dichas pólizas, a raíz de la demanda civil interpuesta por la entidad de referencia, por Orden de esta Consejería de 22 de marzo de 1996, Resolución ésta que ha sido impugnada ante la jurisdicción contencioso-administrativa, al haberse desestimado, al propio tiempo, en el mismo acto, las pretensiones deducidas por la parte recurrente, respecto de la nulidad de la Resolución recurrida, de fecha 27 de octubre de 1994, sin haber recaído aun sentencia alguna al respecto.
No obstante lo anterior, el procedimiento que nos ocupa, objeto de la presente Resolución, es consecuencia de no haberse completado, por parte de la empresa operadora de referencia, la cuantía obligatoria de las fianzas constituidas, disminuida por las detracciones efectuadas por la Consejería de Economía y Hacienda, por deudas contraídas en el ejercicio de su actividad como empresa operadora, concurriendo además la circunstancia de que para el número de máquinas de tipo B que actualmente tiene en explotación dicha empresa, es insuficiente la cuantía actual de dichas fianzas.
En el ejercicio de la competencia que tengo atribuida,
R E S U E L V O:
1º) No acceder a la suspensión solicitada, debiendo cesar inmediatamente en su actividad de empresa operadora de máquinas recreativas y de azar, al haberse cancelado por Resolución del Director General de Administración Territorial y Gobernación, de fecha 24 de marzo de 1997, publicada en el Boletín Oficial de Canarias de 25 de julio de 1997, su inscripción en el Registro de Empresas Operadoras de la Comunidad Autónoma de Canarias, con el nº 103 regional, por incumplimiento del artº. 35 del Reglamento de Máquinas Recreativas y de Azar de esta Comunidad Autónoma, sobre constitución y mantenimiento del importe de las fianzas para ejercer dicha actividad; y en su consecuencia, hacer entrega en estas dependencias de los dos ejemplares de la Guía de Circulación, del correspondiente Boletín de Instalación y la Placa de Identidad de todas y cada una de las máquinas de su titularidad, en el plazo de diez días, a partir de la notificación de la presente; apercibiéndole que, en caso contrario, se practicarán las actuaciones a que en Derecho hubiere lugar.
2º) Notificar la presente a la representación de la entidad mercantil Comercial Juafa, S.L., D. Cristóbal Rafael Díaz Rodríguez, como parte interesada en el procedimiento, y con domicilio a tal efecto en Santa Cruz de Tenerife, Avenida Benito Pérez Armas, Edificio Andrea, 3, 51, 3.
Contra esta Resolución, que pone fin a la vía administrativa, cabe recurso contencioso-administrativo, ante la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, en el plazo de dos meses, desde la notificación de la presente, y sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse, previa la comunicación a esta Consejería exigida en la vigente Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Santa Cruz de Tenerife, a 12 de noviembre de 1997.- El Director General de Administración Territorial y Gobernación; p.s. (Orden de 5.11.97), el Director General de Comunicaciones e Informática , José Antonio Hernández Ballesteros.
© Gobierno de Canarias