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Se hace saber a D. Florencio Fernández Iglesias, que, se halla en paradero desconocido, que por Orden de esta Consejería de fecha 26 de septiembre de 1997, se autorizó la puesta a disposición de la Tesorería Insular de la Consejería de Economía y Hacienda, de parte de la fianza constituida por dicha empresa.
Habiéndose intentado la notificación de la misma, por el sistema habitual, esta ha sido devuelta por el Servicio de Correos, por lo que, de conformidad con lo previsto en el artº. 59.4 de la vigente Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se procede a su publicación.
Examinado el expediente tramitado por la Dirección General de Administración Territorial y Gobernación, para la puesta a disposición de la Tesorería Insular de la Consejería de Economía y Hacienda, de parte de la fianza depositada por la empresa D. Florencio Fernández Iglesias.
Vista la propuesta formulada por Viceconsejería de Administración Pública.
Teniendo en cuenta los siguientes
I. ANTECEDENTES
1º) Que con fecha 12 de junio de 1984, se autorizó la instalación y apertura de un Salón Recreativo, cuya titularidad ostentaba D. Florencio Fernández Iglesias, dando cumplimiento a los requisitos previstos en las disposiciones legales vigentes en materia de juego, entre los que se encuentra la constitución de la fianza correspondiente, constituida para responder de las obligaciones económicas en que pudiera incurrir en el ejercicio de su actividad.
2º) Que con fecha 19 de mayo de 1997, tuvo entrada en este Centro Directivo, Providencia de embargo seguida en el expediente nº TF/97/00390, de fecha 28 de enero de 1997, de la Tesorería Insular de la Consejería de Economía y Hacienda, para la puesta a disposición de un millón doscientas mil (1.200.000) pesetas, en cumplimiento al débito que tiene contraído en concepto de Sanción de Presidencia.
3º) Que en el expediente correspondiente a la empresa hay fianza suficiente para satisfacer el débito contraído.
II. CONSIDERACIONES JURÍDICAS
Primera.- Que las competencias funcionales en esta materia se regulan por la Ley 6/1985, de 30 de diciembre, reguladora de los Juegos y las Apuestas en Canarias y por el Decreto 93/1988, de 31 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de Máquinas Recreativas y de Azar de esta Comunidad Autónoma.
Segunda.- Que de conformidad con lo previsto en el artº. 7.5 del Decreto 321/1995, de 10 de noviembre, del Reglamento Orgánico de la Consejería de Presidencia y Relaciones Institucionales, en relación con el artº. 35 del Decreto 93/1988, de 31 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de Máquinas Recreativas y de Azar, el Consejero de Presidencia y Relaciones Institucionales es competente para intervenir en la resolución de este expediente. Tercera.- Que el procedimiento seguido en la tramitación de este expediente se ajusta a lo previsto en la vigente Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Cuarta.- Que el artº. 13.c) de la Ley 6/1985, de 30 de diciembre, el artº. 35.1 del Decreto 93/1988, de 31 de mayo, regulan la puesta a disposición de las fianzas afectadas por disposiciones fiscales relativas a Tasas del Juego y Sanciones.
En el ejercicio de la competencia que tengo atribuida,
D I S P O N G O:
Se proceda a la puesta a disposición de la Tesorería Insular de la Consejería de Economía y Hacienda, de la cantidad de un millón doscientas mil (1.200.000) pesetas, correspondiente al aval nº 1.654.388 de Crédito y Caución, S.A., por una cuantía de 2.000.000 de pesetas, constituido por la empresa D. Florencio Fernández Iglesias, para responder de las obligaciones económicas en que pudiera incurrir en el ejercicio de su actividad como empresario de Salones Recreativos, debiéndose comunicar la detracción de dichas fianzas. Asimismo, se deberá notificar la presente Resolución a la Tesorería Insular de la Consejería de Economía y Hacienda.
Contra esta Orden, que agota la vía administrativa, cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, en el plazo de dos meses desde su notificación, previa la comunicación a esta Consejería, exigida en el artº. 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, y sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse.
Santa Cruz de Tenerife, a 12 de noviembre de 1997.- El Director General de Administración Territorial y Gobernación, p.s. (Orden de 5.11.97), el Director General de Comunicaciones e Informática, José Antonio Hernández Ballesteros.
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