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BOC Nº 160. Viernes 12 de Diciembre de 1997 - 3856

IV. ANUNCIOS - Otros anuncios - Consejería de Turismo y Transportes

3856 - RESOLUCIÓN de 16 de octubre de 1997, de la Secretaría General Técnica, por la que se notifica la Resolución de 17 de abril de 1997, de este Centro Directivo, relativa al recurso ordinario nº 033/97 interpuesto por D. Teófilo González García.

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Vistos los repetidos intentos de notificación de la citada Resolución en el domicilio que figura en el expediente incoado por el correspondiente Centro Directivo de la mencionada Consejería, sin que haya sido recibida por el recurrente-interesado.

Visto lo establecido en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,

R E S U E L V O:

Primero.- Notificar a D. Teófilo González García la Resolución de 17 de abril de 1997 (libro nº 1, folio 36, número 231), que figura como anexo de esta Resolución, por la que se resolvió el recurso ordinario nº 033/97 (expediente TF-1090-0-95), interpuesto contra la Resolución de la Dirección General de Transportes, de fecha 5 de octubre de 1996.

Segundo.- Remitir al Ayuntamiento de Icod de los Vinos (Tenerife) la presente Resolución para su anuncio en el tablón de edictos correspondiente.

Santa Cruz de Tenerife, a 16 de octubre de 1997.- La Secretaria General Técnica, Rosa María Rodríguez Martín.

A N E X O

Resolución de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Turismo y Transportes por la que se resuelve recurso ordinario interpuesto por D. Teófilo González García. Visto el recurso ordinario formulado por D. Teófilo González García, contra la Resolución de la Dirección General de Transportes de fecha 5 de octubre de 1996, recaída en el expediente sancionador nº TF-1090-0-95, y teniendo a la vista los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- La Resolución recurrida se basa fácticamente en realizar el vehículo TF-4691-AT un transporte privado complementario de mercancías careciendo del certificado vigente de la Consejería de Industria y Comercio, para realizar el transporte de mercancías perecederas, dando lugar a la sanción de cuarenta y seis mil (46.000) pesetas.

Segundo.- El recurso ordinario interpuesto alega, en resumen, que por error en el pliego de descargos se mandó el certificado de fecha anterior y por la presente se adjunta el que corresponde, con el ruego de que se tenga en consideración y se dé por nula la multa impuesta.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- La Secretaria General Técnica de la Consejería de Turismo y Transportes es competente para conocer y resolver el presente recurso en virtud de lo dispuesto en la Orden Departamental de fecha 9 de octubre de 1995 (B.O.C. nº 136, de 23.10.95), por la que se le delega la competencia de resolución de los recursos administrativos interpuestos contra actos dictados por órganos del Departamento en materia de turismo y de transportes.

Segundo.- La tramitación del expediente sancionador ha sido sustanciada de conformidad con lo previsto en el capítulo IV del título VI del Real Decreto 1.211/1990, de 28 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento que desarrolla la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres, según nueva redacción dada al mismo en el anexo I del Real Decreto 1.772/1994, de 5 de agosto, por el que se adecuan determinados procedimientos administrativos en materia de transportes y carreteras a la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Tercero.- Las argumentaciones esgrimidas por el recurrente modifican sustancialmente los hechos y preceptos infringidos obrantes en la Resolución de la Dirección General de Transportes de fecha 5 de octubre de 1996, que se adoptó en base a lo dispuesto en el artículo 142.n) de la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres y artículo 199.o) del Real Decreto 1.211/1990, de 28 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de la citada Ley, en relación con lo dispuesto en el Real Decreto 2.312/1985, de 24 de septiembre, sobre normas de homologación, ensayo e inspección de vehículos destinados al transporte de mercancías perecederas.

Teniendo en cuenta que de la documentación aportada por el recurrente y obrante en el presente expediente sancionador resulta debidamente acreditado que el vehículo denunciado, del que es titular el expedientado, estaba en posesión, en la fecha de la denuncia, del correspondiente certificado-autorización administrativa habilitante para el transporte de mercancías perecederas que en ese momento realizaba, teniendo dicho título plena validez y eficacia desde su emisión, el 13 de junio de 1995, hasta su vencimiento, el 7 de junio de 1996, en consecuencia habiendo quedado desvirtuados los hechos constados en el boletín de denuncia nº 18062, formulado por Agente de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil y no dándose, por tanto, el presupuesto de hecho determinante de la comisión de la infracción denunciada, procede estimar el recurso interpuesto y revocar la Resolución sancionadora impugnada, dejando sin efectos la sanción impuesta de cuarenta y seis mil (46.000) pesetas.

Cuarto.- La presente Resolución no ha sido dictaminada por el Servicio Jurídico del Gobierno de Canarias, por suscitarse en el recurso cuestiones de Derecho ya resultas en otros anteriores, de acuerdo con el artículo 20.g) del Decreto 19/1992, de 7 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Organización y Funcionamiento de dicho Servicio Jurídico.

Vistos los preceptos legales citados, concordantes y demás de general aplicación,

R E S U E L V O:

Estimar, en todos sus términos, el recurso ordinario promovido por D. Teófilo González García y revocar la Resolución de la Dirección General de Transportes de fecha 5 de octubre de 1996, recaída en el expediente sancionador nº TF-1090-0-95, que determinó la imposición de una sanción de cuarenta y seis mil (46.000) pesetas.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, cabe recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, a interponer en el plazo de dos meses desde su notificación, previa la comunicación al órgano que dictó la presente Resolución exigida en el artículo 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, y sin perjuicio de cualquier otro que pudiera interponerse.

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