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Habiendo sido intentada la notificación de la Orden del Consejero de Presidencia y Relaciones Institucionales en el domicilio que figura en el expediente sancionador nº 40/97, incoado a Play 2.000, S.L., con título de empresa operadora cancelado, por infracción a la normativa sobre el juego, sin que haya podido practicarse al interesado, de conformidad con lo establecido en el artº. 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se procede a su publicación.
Orden del Consejero de Presidencia y Relaciones Institucionales, por la que se resuelve el expediente sancionador nº 40/97, incoado a Play 2.000, S.L., con título de empresa operadora cancelado, por infracción a la normativa sobre el juego.
Examinado el expediente nº 40/97, tramitado por la Instrucción de expedientes sancionadores de la Dirección General de Administración Territorial y Gobernación, incoado a Play 2.000, S.L., con título de empresa operadora cancelado, por infringir la normativa sobre el juego.
Vista la propuesta formulada por la Viceconsejería de Administración Pública.
Teniendo en cuenta los siguientes
I. ANTECEDENTES
1º) Con fecha 10 de abril de 1997, fue levantada acta de precinto por funcionarios adscritos al Servicio de Inspección del Juego de esta Consejería, dando cuenta que en el establecimiento Bar Campo de Lucha, sito en La Laguna, La Verdellada, calle El Drago, 29, se encontraban las máquinas recreativas del tipo B, TF-B-6899, nº de Guía de Circulación 676/56-A, nº modelo B/1730, nº de serie A/456, y TF-B-9988, nº de Guía de Circulación 749406I, nº modelo B/1785, nº de serie B/1045, pertenecientes a la empresa Play 2.000, S.L., que fue dada de baja con fecha 17 de noviembre de 1994, por el que ambas máquinas pertenecen a las llamadas clandestinas, procediendo el Inspector del Juego actuante al precinto cautelar de las mismas.
2º) Consultados los archivos obrantes en las dependencias de este Centro Directivo, se comprueba que la empresa operadora Play 2.000, S.L., con número de registro 162.582, figura de baja definitiva como consecuencia de la cancelación en el Registro de Empresas Operadoras de esta Comunidad Autónoma, en virtud de Resolución de la Viceconsejería para las Administraciones Públicas de fecha 17 de noviembre de 1994.
3º) Asimismo, se constata que con fecha 24 de abril de 1995, mediante Resolución del mismo órgano se procedió a declarar la extinción de los permisos de explotación de las máquinas recreativas propiedad de la empresa operadora Play 2.000, S.L., debiendo cesar inmediatamente en su actividad y hacer entrega en estas dependencias de los dos ejemplares de la Guía de Circulación, del correspondiente Boletín de Instalación y de la placa de identidad, materializándose la baja definitiva de los permisos de explotación denunciados con fecha 13 de julio de 1995.
4º) A la vista de los hechos mediante Providencia dictada por la Viceconsejería de Administración Pública de fecha 16 de abril de 1997, se ordenó la incoación de expediente sancionador por infracción a la normativa sobre el juego, procediéndose a nombrar Instructor del mismo y a formular el Pliego de Cargos al interesado. Asimismo, en la citada Providencia de incoación se mantuvo la medida cautelar adoptada por el Inspector del Juego actuante con ocasión del acta de precinto, esto es, los precintos cautelares trabados en las máquinas recreativas del tipo B, TF-B-6899 y TF-B-9988, así como el depósito de las mismas en las dependencias de esta Consejería de Presidencia y Relaciones Institucionales, a resultas de la resolución que en definitiva sea dictada al apreciarse la comisión de presuntas infracciones muy graves.
5º) Con fecha 12 de mayo de 1995, fue levantada acta de constatación de hechos por funcionarios adscritos al Servicio de Inspección del Juego, dando cuenta de la imposibilidad de llevar a cabo la incautación de las máquinas citadas en el apartado anterior, toda vez que según manifestaciones del encargado del establecimiento D. Laudelino Rodríguez Rodríguez, el mecánico de la empresa las retiró.
6º) Intentada la notificación de la Providencia y Pliego de Cargos en el domicilio del inculpado, mediante carta con acuse de recibo, no pudo practicarse, por lo que se instó la notificación mediante anuncio en el Boletín Oficial de Canarias, llevándose a efecto el día 30 de junio de 1997; no presentándose alegaciones por el interesado en el plazo concedido al efecto.
7º) Con fecha 10 de julio de 1997, por el Instructor del expediente se procedió a dictar Propuesta de Resolución, en la que propuso que por el Consejero de Presidencia y Relaciones Institucionales se sancione a Play 2.000, S.L., con título de empresa operadora cancelado, con multa de tres millones de pesetas, así como la sanción adicional del decomiso, y cuando la sanción sea firme, la destrucción de las máquinas que han dado lugar a sanción, por la comisión de los hechos descritos constitutivos de infracción a los artículos 7.1, 8 y 18.1.g) del citado Decreto 93/1988, de 31 de mayo, en cuya virtud en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias sólo podrán ejercitar la actividad económica de explotación de máquinas de juego, las personas físicas o jurídicas que, conforme a las disposiciones del citado Reglamento y previa autorización administrativa, obtengan la condición de empresa operadora y estén inscritas en el Registro de Empresas Operadoras de Canarias. Asimismo, se extinguirá la autorización de explotación de la máquina, entre otras, por cualquier circunstancia establecida en el Reglamento que dé lugar a la extinción de la autorización, cual es en este caso, la cancelación de la inscripción de la empresa operadora en el Registro correspondiente. 8º) Intentada la notificación de la Propuesta de Resolución en el domicilio del inculpado, mediante carta con acuse de recibo, no pudo practicarse, por lo que se instó la notificación mediante anuncio publicado en el Boletín Oficial de Canarias nº 122, de 19 de septiembre de 1997; no formulándose alegaciones en el plazo concedido al efecto.
II. CONSIDERACIONES JURÍDICAS
Primera.- Las competencias funcionales en esta materia se encuentran determinadas en la Ley 6/1985, de 30 de diciembre, reguladora de los Juegos y Apuestas en Canarias y en el Decreto 93/1988, de 31 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de Máquinas Recreativas y de Azar de esta Comunidad Autónoma, modificado parcialmente por los Decretos 132/1989, de 1 de junio (B.O.C. nº 97, de 17.7.89), y 89/1990, de 23 de mayo (B.O.C. nº 80, de 29.6.90).
Segunda.- De conformidad con lo previsto en el artº. 7.5.b) del Decreto 321/1995, de 10 de noviembre, del Reglamento Orgánico de la Consejería de Presidencia y Relaciones Institucionales, el Consejero de Presidencia y Relaciones Institucionales es competente para intervenir en la resolución de este expediente.
Tercera.- El procedimiento seguido en la tramitación de este expediente, se ajusta a lo dispuesto en el artº. 43 del citado Decreto 93/1988, de 31 de mayo; no presentándose por el interesado los correspondientes descargos y alegaciones en tiempo y forma; y procediéndose a resolver el mismo de conformidad con lo establecido en el artº. 42.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Cuarta.- Habiendo quedado probado que en el establecimiento Bar Campo de Lucha, sito en La Laguna, La Verdellada, calle El Drago, 29, en el momento de la inspección el día 10 de abril de 1997, se encontraban las máquinas recreativas del tipo B, TF-B-6899, nº de Guía de Circulación 676/56A, nº modelo B/1730, nº de serie A/456, y TF-B-9988, nº de Guía de Circulación 7494061, nº modelo B/1785, nº de serie B/1045, pertenecientes a la empresa Play 2.000, S.L., que fue dada de baja con fecha 17 de noviembre de 1994, como consecuencia de la cancelación de su inscripción en el Registro de Empresas Operadoras de Canarias.
Quinta.- Los hechos descritos suponen infracción a los artículos 7.1, 8 y 18.1.g) del citado Decreto 93/1988, de 31 de mayo; tipificándose como falta muy grave, la explotación de máquinas de juego por personas físicas o jurídicas no autorizadas como empresa operadora, a tenor de lo dispuesto en los artículos 21.2.1.a) de la citada Ley 6/1985, de 30 de diciembre, y 39.1 del referido Decreto 93/1988, de 31 de mayo; y sancionándose con una multa de tres millones de pesetas, así como la sanción adicional del decomiso y cuando la sanción sea firme, la destrucción de las máquinas que han dado lugar a la sanción, conforme a los artículos 42 del mismo texto reglamentario y 22 de la citada Ley 6/1985, de 30 de diciembre.
En el ejercicio de la competencia que tengo atribuida,
R E S U E L V O:
Sancionar a Play 2.000, S.L., con título de empresa operadora cancelado, con multa de tres millones de pesetas, así como la sanción adicional del decomiso y cuando la sanción sea firme la destrucción de las máquinas que han dado lugar a sanción, por haberse comprobado que el día 10 de abril de 1997, se encontraban instaladas las máquinas recreativas del tipo B, TF-B-6899 y TF-B-9988, pertenecientes a la empresa Play 2.000, S.L., que fue dada de baja definitiva como empresa operadora como consecuencia de la cancelación de su inscripción en el registro correspondiente de la Comunidad Autónoma de Canarias.
Dicha multa se hará efectiva en la forma y plazos que determine la Consejería de Economía y Hacienda, mediante la oportuna liquidación que le será notificada en su domicilio.
Contra esta Orden que agota la vía administrativa, cabe recurso contencioso-administrativo, ante la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, a interponer en el plazo de dos meses, desde la publicación del presente anuncio, previa la comunicación a esta Consejería, exigida en el artº. 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, y sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse; debiendo notificarse la misma a Play 2.000, S.L., provisto del N.I.F. 38.070.154-B, como interesado en el procedimiento, y con domicilio a efecto de notificaciones en la calle Cruz de la Piedra, 58, La Laguna, así como dar traslado de la misma al Servicio de Inspección del Juego, a los efectos oportunos.
Santa Cruz de Tenerife, a 29 de octubre de 1997.- El Director General de Administración Territorial y Gobernación, Juan José Rodríguez y Rodríguez.
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