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BOC Nº 156. Miércoles 3 de Diciembre de 1997 - 1667

III. OTRAS RESOLUCIONES - Consejería de Política Territorial y Medio Ambiente

1667 - ORDEN de 24 de octubre de 1997, por la que se aprueba definitivamente el expediente de expropiación forzosa por el procedimiento de tasación conjunta de bienes y derechos afectados por la prolongación del Paseo de Las Canteras en el tramo comprendido entre la Cícer y El Rincón, término municipal de Las Palmas de Gran Canaria.

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Resultando que, con fecha 18 de noviembre de 1994, fue aprobado inicialmente por el Ayuntamiento-Pleno el referido proyecto de expropiación forzosa, sometiéndolo a información pública los días 6, 12 y 30 de diciembre del mismo año en el periódico La Provincia, en el Boletín Oficial de la Provincia y en el Boletín Oficial de Canarias.

Resultando que el mismo Pleno Municipal, en sesión celebrada el 12 de mayo de 1995, acordó modificar el ámbito de actuación excluyendo algunas fincas comprendidas en la manzana catastral nº 65176.

Resultando que, habiendo informado Gesplan, S.A. las alegaciones que se formularon durante el período de información pública, el Ayuntamiento Pleno acordó, en sesión celebrada el 21 de marzo de 1997, aprobar las modificaciones introducidas en el proyecto de expropiación como consecuencia de la estimación de algunas alegaciones formuladas por los expropiados, y contestar las alegaciones de los propietarios.

Resultando que, con fecha 10 de julio de 1997, el Ilmo. Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria remitió a la Comisión de Urbanismo y Medio Ambiente de Canarias cuatro tomos que corresponden al expediente de expropiación por tasación conjunta para elevarlo a aprobación del órgano competente.

Resultando que, habiéndose evacuado los correspondientes informes técnicos y jurídicos desfavorables en cuanto al empleo de unos coeficientes reductores en la valoración del suelo que se consideraban derogados por el Real Decreto-Ley 5/1996, de 7 de junio, y su Ley convalidante 7/1997, de 14 de abril, y por la Sentencia del Tribunal Constitucional nº 61/97, de 20 de marzo de 1997, por el que se anularon algunos preceptos del Texto Refundido de la Ley del Suelo de 1992.

Resultando que, a la vista de los informes anteriores y de la Ponencia Técnica, la Comisión de Urbanismo y Medio Ambiente de Canarias, en sesión celebrada el 25 de septiembre de 1997, acordó suspender la aprobación definitiva hasta que se corrijan los coeficientes de valoración adecuándose a los criterios establecidos en el Real Decreto 1.346/1976, al resultar anulados por el Tribunal Constitucional algunos preceptos aplicados del Real Decreto-Legislativo 1/1992, de 26 de junio, facultando a este órgano para que resuelva definitivamente el expediente de tasación conjunta una vez que haya sido corregido.

Resultando que, con fecha 22 de octubre, se registra en esta Consejería acuerdo municipal de 26 de septiembre de 1997, y expediente complementario por el cual, aceptando el acuerdo de la Comisión de Urbanismo y Medio Ambiente de Canarias del día anterior, se modifican las valoraciones, incrementándolas, y se corrigen algunos errores numéricos.

Considerando que, habiendo sido corregidas las valoraciones y tasaciones de las distintas Hojas de Aprecio, al anularse el coeficiente minorador del 0,75 que traía causa del artº. 59 del citado Texto Refundido de la Ley del Suelo de 1992, dándose cumplimiento a la Sentencia 61/97.

Considerando que este órgano es competente para resolver este expediente de expropiación forzosa en virtud de lo dispuesto en el artículo 219 del Texto Refundido de la Ley del Suelo de 1992 y artº. 202 del Reglamento de Gestión Urbanística, en relación con el artº. 15.21 del Decreto 107/1995, de 26 de abril, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de esta Consejería, y en relación con el apartado 2 del Acuerdo de la Comisión de Urbanismo y Medio Ambiente de Canarias de 25 de septiembre de 1997.

Examinado el expediente administrativo, alegaciones, informes técnicos y jurídicos, y teniendo en cuenta la citada Sentencia nº 61/97 del Tribunal Constitucional, el Texto Refundido de la Ley del Suelo de 1976, artº. 216 del Texto Refundido de la Ley del Suelo de 1992, artº. 202 del Reglamento de Gestión Urbanística, Ley de Expropiación Forzosa y demás normas generales de aplicación,

D I S P O N G O:

Primero.- Aprobar, de conformidad con lo preceptuado en el artículo 219 del Real Decreto-Legislativo 1/1992, de 26 de junio, sobre Texto Refundido de la Ley sobre el Régimen del Suelo y Ordenación Urbana, y artículo 202 del Reglamento de Gestión Urbanística, en relación al artículo 15.21 del Decreto 107/1995, de 26 de abril, sobre Reglamento Orgánico de la Consejería de Política Territorial, el expediente de tasación conjunta de bienes y derechos de los propietarios afectados por las obras del proyecto de Prolongación del Paseo Marítimo de la Playa Las Canteras, en el tramo comprendido entre la Cícer y El Rincón, término municipal de Las Palmas de Gran Canaria.

Segundo.- La presente resolución, que implica la declaración de urgencia de la ocupación de bienes y derechos afectados, deberá notificarse por el Ayuntamiento expresamente a los titulares de dichos bienes y derechos, conforme determina el artículo 219.7 del Real Decreto-Legislativo 1/1992, ya citado, confiriéndoles un plazo de veinte (20) días durante los cuales podrán manifestar por escrito ante este órgano, su disconformidad con la valoración establecida en el expediente aprobado. Transcurrido dicho plazo sin formular oposición, se entenderá tácitamente aceptado, tal y como previene el apartado 9 del referido artículo 129.

Tercero.- El presente acuerdo se publicará en el Boletín Oficial de Canarias y se notificará al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y al Cabildo Insular de Gran Canaria.

Contra esta resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo ante la Sala correspondiente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, en el plazo de dos meses, contados a partir del día siguiente al de su notificación, previa la comunicación a esta Consejería prevista en el artículo 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Las Palmas de Gran Canaria, a 24 de octubre de 1997.

LA CONSEJERA DE POLÍTICA TERRITORIAL Y MEDIO AMBIENTE, María Eugenia Márquez Rodríguez.

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