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Resultando que, tras aprobarse inicial y provisionalmente por el Pleno municipal el 22 de junio de 1996 y 22 de enero de 1992, respectivamente, la Modificación Puntual de referencia, se remitió a esta Consejería el expediente completo con fecha 19 de febrero de 1997.
Resultando que, elevado el expediente a la Comisión de Urbanismo y Medio Ambiente de Canarias, el Pleno autonómico celebrado el 29 de abril de 1997, dictaminó informar desfavorablemente el expediente de Modificación Puntual por no justificarse el carácter de urbano de los suelos propuestos; por no motivarse el interés general de la transformación de suelos destinados a espacios libres o zonas verdes y por no preverse los mayores espacios libres o zonas verdes y por no preverse los mayores espacios libres que requiere el aumento de densidad propuesto, tal y como establece el artº. 49 del Texto Refundido de la Ley sobre el Régimen del Suelo y Ordenación Urbana de 9 de abril de 1976. Considerando que la presente modificación tiene por objeto una diferente zonificación o uso de parte de las zonas verdes o espacios libres denominado ampliación de jardines Gourié por usos residenciales y comerciales calificada como Sistema General de Espacios Libres (Parque urbano) en las vigentes Normas Subsidiarias de Planeamiento municipal de Arucas.
Considerando que dicha modificación cualificada conlleva el procedimiento extraordinario previsto en el artº. 50 del Texto Refundido de la Ley del Suelo de 1976, cuya competencia para resolver definitivamente este expediente corresponde a este órgano, previos informes preceptivos y vinculantes de la Comisión de Urbanismo y Medio Ambiente de Canarias, así como del Consejo Consultivo de Canarias, según establece el artº. 15.6 del Decreto 107/1991, de 26 de abril, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de esta Consejería, en relación con el citado artº. 50 del Texto Refundido de la Ley del Suelo.
Considerando que la clasificación de un suelo como urbano escapa de la esfera voluntarista de la Administración y siendo un acto reglado conllevará la justificación exhaustiva de los requisitos fácticos que establece el artº. 78 del Texto Refundido de la Ley del Suelo de 1976, no constando en el expediente aquella justificación de los servicios de infraestructura urbanística y la capacidad de los mismos o la consolidación edificatoria.
Considerando que, además de no encontrarse motivado el interés general de la modificación, tampoco se ha previsto la dotación de los mayores espacios libres que conlleva el correlativo aumento de la densidad de población, además de la superficie detraída de zona verde, tal y como establece el artº. 49 del Texto Refundido de la Ley del Suelo de 1976.
Considerando que este tipo de modificaciones alteran sustancialmente el contenido de las determinaciones de las Normas Subsidiarias en el casco de Arucas, siendo más propio acometerla dentro de un expediente de revisión de las citadas Normas.
Considerando que el informe desfavorable emitido por la Comisión de Urbanismo y Medio Ambiente de Canarias decide el procedimiento, dado el carácter vinculante del mismo establecido tanto en el artº. 15.6 del Reglamento Orgánico como en el artº. 50 del citado Texto Refundido de la Ley del Suelo de 1976.
Vistos los informes técnicos y jurídicos, la propuesta de la Ponencia Técnica, informe de la Comisión de Urbanismo y Medio Ambiente de Canarias, el expediente administrativo y demás normas de aplicación, D I S P O N G O:
Primero.- Denegar, de conformidad con lo preceptuado en el artículo 132.3.c) del Reglamento de Planeamiento, la aprobación definitiva de la Modificación Puntual de las Normas Subsidiarias de Arucas en la ampliación de los jardines de Gourié, por los motivos a que se ha hecho referencia en las consideraciones jurídicas de esta resolución.
Segundo.- El presente acuerdo se publicará en el Boletín Oficial de Canarias y será debidamente notificado al Ayuntamiento de Arucas y al Cabildo Insular de Gran Canaria y a los ciudadanos personados en el mismo.
Contra este acto, que agota la vía administrativa, cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, en el plazo de dos meses a partir de la notificación, según lo dispuesto en el artículo 58 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. La interposición del referido recurso requerirá comunicación previa al órgano que dictó el acto impugnado, tal y como establece el artículo 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Las Palmas de Gran Canaria, a 11 de julio de 1997.
LA CONSEJERA DE POLÍTICA TERRITORIAL Y MEDIO AMBIENTE, María Eugenia Márquez Rodríguez.
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