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BOC Nº 153. Miércoles 26 de Noviembre de 1997 - 3657

IV. ANUNCIOS - Otros anuncios - Consejería de Turismo y Transportes

3657 - RESOLUCIÓN de 9 de octubre de 1997, de la Dirección General de Ordenación e Infraestructura Turística, sobre notificación de Resoluciones a titulares de empresas y actividades turísticas de ignorado domicilio.

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Habiéndose intentado por esta Dirección General sin haberse podido practicar, la notificación de la Resolución recaída en el expediente incoado con motivo de denuncias o Actas de Inspección formuladas contra los titulares de empresas y actividades turísticas que se relacionan, conforme al artº. 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y siendo preciso su notificación a los efectos de que aleguen lo que a su derecho convenga,

R E S U E L V O:

1.- Notificar a los titulares de establecimientos y actividades turísticas que se citan, la Resolución recaída en el expediente que les ha sido instruido por infracción a la legislación en materia turística.

El ingreso de las sanciones recaídas en los expedientes que se relacionan, deberá hacerse efectivo en la forma y plazos indicados en la notificación que la Consejería de Economía y Hacienda le remitirá a su propio domicilio.

2.- Remitir al Ayuntamiento de las poblaciones que se citan, la presente Resolución para su publicación en el tablón de edictos correspondiente.

Las Palmas de Gran Canaria, a 9 de octubre de 1997.- El Director General de Ordenación e Infraestructura Turística, Francisco Montesdeoca Santana. RESOLUCIONES QUE SE CITAN:

1) Libro nº 2 de Resoluciones de la Dirección General de Ordenación e Infraestructura Turística, folio 90, número 1085.

Resolución de 18 de agosto de 1997, de la Dirección General de Ordenación e Infraestructura Turística, recaída en el expediente sancionador nº 96/128, instruido a D. Plácido Fernández Tejera, titular de la explotación turística del establecimiento denominado Restaurante Plácido.

Examinado el expediente sancionador tramitado por el Servicio de Inspección y Sanciones, instruido a D. Plácido Fernández Tejera, por Resolución de iniciación del Director General de Ordenación e Infraestructura Turística, de 9 de diciembre de 1996, como consecuencia del acta de inspección nº 6901, de 14 de marzo de 1996.

Vista la propuesta formulada por el Instructor del expediente sancionador consignado.

Teniendo en cuenta los siguientes

I. ANTECEDENTES

1º) Que con fecha 28 de febrero de 1996, se recibió en esta Consejería reclamación contra el Restaurante Plácido, por Dña. Pilar Serna Cardo, sobre deficiencias varias.

2º) Que para comprobar los hechos denunciados, el 14 de marzo de 1996, se personó en el establecimiento de referencia, sito en La Loma El Golfo, término municipal de Yaiza, el Servicio de Inspección de esta Dirección General, levantando al efecto el acta nº 6901, en la que esencialmente se hace constar que el establecimiento anuncia los precios de los productos que ofrece en lista sellada por la Administración y expuesta en la ventana, pero sin poseer carta de platos que se ofrezcan al cliente en las mesas y se les informa verbalmente. En las facturas no figura el nombre de la industria impreso. En el Libro de Inspección del año 1988 figura como Restaurante Bogavante, pero en el resto de la documentación Restaurante Plácido, sin notificarse ese cambio de denominación.

3º) Que se ordenó la iniciación de expediente sancionador, que lleva el número 96/128, nombrándose Instructor y Secretario.

4º) Que por el Instructor del expediente se formularon los cargos, con fecha 9 de diciembre de 1996, por los siguientes

HECHOS:

1) Haber cambiado la denominación del establecimiento, toda vez que figuraba como Restaurante Plácido, sin haberlo comunicado previa y preceptivamente al organismo competente.

2) No haber confeccionado la factura expedida a su clienta Dña. Pilar Serna Cardo, indicando el nombre del establecimiento, el número de la misma, así como la categoría asignada al establecimiento y no figurar en la misma los distintos conceptos.

5º) Que el expedientado en escrito de fecha 22 de enero de 1997, registro de entrada nº 556, en síntesis ha alegado lo siguiente: que el 15 de marzo de 1996 se procedió a comunicar el mencionado cambio al Cabildo de Lanzarote, entrada 230. El 18 de marzo de 1996 la Consejería de Turismo comunica la Resolución 59/1996, la autorización del cambio de denominación. El 8 de abril de 1996 la Jefe de Servicio Acción Turística comunica al Cabildo el cambio de nombre. Se adjuntan fotocopias. Por tanto en base a lo dicho el titular ha cumplido el artº. 3 de la Orden Ministerial de 19 de octubre de 1988.

Por otro lado, referente a expedición de facturas es necesario indicar que el cliente solicitó que la factura se le extendiese sin especificaciones ya que no le eran necesarias. En base al artº. 3 Decreto 190/1996, se proponen pruebas para confirmar alegaciones como testifical. Solicita archivo.

6º) Que examinadas las razones esgrimidas por el expedientado y los documentos aportados, no desvirtúan puesto que el acta se extiende el 14 de marzo de 1996 y según se indica el 15 se solicita cambio de denominación, o sea al día siguiente de la inspección. Además las fotocopias que se dice se acompañan no han llegado al Instructor, no obstante, no tendrían valor pues es posterior a la fecha del acta. Las facturas hay que presentarlas con los datos precisos aunque el cliente no los solicite. Respecto a la prueba solicitada, no ha lugar pues los hechos esgrimidos están suficientemente acreditados en el expediente. No obstante y careciendo de antecedentes el denunciado en esta Dirección General, procede e intereso reducción de la sanción propuesta quedando respecto al 1er hecho infractor en 150.000 pesetas, y al 2º hecho infractor en las 15.000 pesetas indicadas, pues es el mínimo establecido. Como consecuencia de todo lo anterior, el Instructor del procedimiento con fecha 20 de febrero de 1997, formuló propuesta de sanción de multa en cuantía de 150.000 pesetas por el 1er hecho infractor y 15.000 pesetas, por el 2º hecho infractor.

II. CONSIDERACIONES JURÍDICAS

Primera: que las actuaciones practicadas en el presente expediente sancionador han sido de conformidad con la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. nº 285, de 27.11.92), y la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias (B.O.C. nº 48, de 19.4.95).

Segunda: que en la tramitación del expediente se han observado las formalidades de rigor.

Tercera: que las pruebas que obran en el expediente son tenidas en cuenta a la hora de emitir la presente Resolución.

Cuarta: que debe estimarse la responsabilidad administrativa del expedientado, en base al contenido del acta de inspección nº 6901, sin que el titular haya formulado alegaciones a la Propuesta de Resolución ni aportado prueba alguna que desvirtúe los hechos imputados, por lo que nos ratificamos en dicha Propuesta de Resolución por entenderla ajustada a Derecho.

Quinta: que los hechos recogidos en el expediente son constitutivos de infracción a:

- Artículo 3º de la Orden de 19 de octubre de 1988, de los nombres y de la publicidad de los establecimientos turísticos (B.O.C. nº 139, de 4 de noviembre).

- Artículos 11 y 15.2 de la Orden Ministerial de 17 de marzo de 1965, por la que se aprueba la ordenación turística de restaurantes (B.O.E. de 29 de marzo).

Con calificación de leve, en base a:

- Artº. 76.1, en relación con el artº. 77.7, de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias (B.O.C. nº 48, de 19 de abril).

- Artº. 77.5 del mismo cuerpo legal.

En el ejercicio de la competencia que tengo atribuida para resolver el presente expediente sancionador, de acuerdo con la Ley Orgánica 10/1982, de 10 de agosto, por la que se aprueba el Estatuto de Autonomía de Canarias (B.O.J.C. nº 17, de 28.9.82), y el artículo 11.p) del Decreto 281/1995, de 11 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Turismo y Transportes (B.O.C. nº 128, de 4.10.95),

R E S U E L V O:

Imponer la sanción de multa en cuantía de 150.000 pesetas, por el 1er hecho infractor y 15.000 pesetas, por el 2º hecho infractor, a D. Plácido Fernández Tejera, con D.N.I. nº 42.714.688, titular de la explotación turística del establecimiento denominado Restaurante Plácido.

La Resolución que se le notifica no pone fin a la vía administrativa y contra la misma cabe interponer, de acuerdo con lo prevenido en los artículos 114 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, recurso ordinario en el plazo de un mes, contado a partir de la recepción de la presente Resolución, ante el Ilmo. Sr. Viceconsejero de Turismo de la Consejería de Turismo y Transportes del Gobierno de Canarias, y sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse.

En el caso que el recurrente sea un representante, deberá acreditar esta representación, aportando escritura de poder para dejar constancia fidedigna, bien con copia simple notarial o previo cotejo o compulsa de la fotocopia con su original, a tenor de lo dispuesto en el artículo 32 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. Las Palmas de Gran Canaria, a 18 de agosto de 1997.- El Director General de Ordenación e Infraestructura Turística (por Orden nº 181, de 31.7.97), Jaime Celso Rodríguez Cíe, Viceconsejero de Turismo.

2º) Libro nº 2 de Resoluciones de la Dirección General de Ordenación e Infraestructura Turística, folio 93, número 1162.

Resolución de 10 de septiembre de 1997, de la Dirección General de Ordenación e Infraestructura Turística, recaída en el expediente sancionador nº 97/035, instruido a Croissanteries de París, S.L., titular de la explotación turística del establecimiento denominado Croissantería Bar Oh La La.

Examinado el expediente sancionador tramitado por el Servicio de Inspección y Sanciones, instruido a Croissanteries de París, S.L., por Resolución de iniciación del Director General de Ordenación e Infraestructura Turística, de 17 de febrero de 1997, como consecuencia de la denuncia formulada por Dña. Macarena Aparicio González y D. Eduardo Galván Rodríguez, y del acta de inspección nº 7157, de 29 de mayo de 1996.

Vista la propuesta formulada por el Instructor del expediente sancionador consignado. Teniendo en cuenta los siguientes

I. ANTECEDENTES

1º) Que con fecha 9 de mayo de 1996, se recibió en esta Consejería, registro de entrada nº 2692, denuncia formulada por Dña. Macarena Aparicio González y D. Eduardo Galván Rodríguez en la que manifestaron que no les fue permitido el acceso a los servicios higiénicos del establecimiento consignado. 2º) Que para comprobar los hechos denunciados, el 29 de mayo de 1996, se personó en el establecimiento de referencia, sito en la calle León y Castillo, 38, Las Palmas de Gran Canaria, el Servicio de Inspección de esta Dirección General, levantando al efecto el acta nº 7157, en la que esencialmente se hace constar que a los denunciantes se les indicó que los servicios higiénicos eran para uso exclusivo de los clientes y que a continuación solicitaron un vaso de agua y las Hojas de Reclamaciones. Con independencia de lo anterior, se comprobó que el establecimiento realizaba la actividad de cafetería o restaurante, toda vez que estaba abierto al público y ofrecía platos que figuraban en carta que se adjunta, careciendo de la preceptiva autorización de la Administración turística canaria, carecía del Libro de Inspección, listas de precios selladas y Hojas de Reclamaciones.

No obstante lo anterior, se hace constar que dicho establecimiento fue inscrito como bar en el Registro correspondiente y con signatura B-35/1/2789-5, figurando como titular y propietario D. Mammud Ajjawi Ajjawi. Sin embargo, se comprobó según manifestación de Dña. Begoña Santana Rodríguez, empleada y según el Libro de Visitas de la Inspección de Trabajo, desde agosto de 1992 (o antes) figura como titular del establecimiento la entidad mercantil Croissanteries de París, S.L., por lo que resulta evidente que se había producido un cambio de titularidad.

3º) Que se ordenó la iniciación de expediente sancionador, que lleva el número 97/035, nombrándose Instructor y Secretario.

4º) Que por el Instructor del expediente se formularon los cargos, con fecha 17 de febrero de 1997, por los siguientes

HECHOS:

1) Alterar las condiciones esenciales de la autorización de la que está provista la actividad, toda vez que se ha producido un cambio de titularidad a favor de Croissanteries de París, S.L., que explota el establecimiento consignado sin comunicarlo como es preceptivo a la Administración turística competente.

2) No haber notificado a la Administración turística competente, los precios que rigen en la prestación de los servicios.

3) Carecer en el establecimiento de las Hojas de Reclamaciones que debe tener con carácter obligatorio.

4) Carecer del Libro de Inspección.

5º) Que la expedientada, en escrito de fecha 13 de marzo de 1997, registro de entrada nº 1698, en síntesis ha alegado lo siguiente: que la normativa referida no es aplicable a la actividad que se realiza en el establecimiento consignado, toda vez que no es una actividad turística, aportando fotocopia del recibo de Impuesto de Actividades Económicas, en el que se cataloga la actividad desempeñada como de pastelería y panadería.

Asimismo, considera que la Orden de 13 de noviembre de 1986 que regula las Hojas de Reclamaciones de empresas turísticas no incluye la actividad de pastelería y confiterías. Por último señala que se le conceda un plazo razonable para regularizar su situación si su establecimiento es calificado como turístico.

6º) Que examinadas las razones esgrimidas por la expedientada y los documentos aportados, no desvirtúan los hechos imputados, significando que el establecimiento fue inscrito como bar en el registro correspondiente y con signatura B-35/1/2789-5, habiendo notificado lista de precios a la Administración turística competente, la cual fue sellada el 15 de noviembre de 1990, si bien en la fecha de la visita de inspección el 29 de mayo de 1996, se comprobó que los productos que ofertaba a su clientela no habían sido preceptivamente notificados.

De lo anteriormente expuesto así como de la comprobación in situ del Servicio de Inspección de esta Dirección General, se infiere que el establecimiento realizaba el 29 de mayo de 1996, actividad turística propia de los establecimientos catalogados como bares, los cuales están sujetos a lo regulado por la normativa turística en vigor, Orden de 14 de junio de 1970, por la que se incluye en la ordenación turística de Restaurantes o Cafeterías, Bares, Salas de Fiesta, Clubes y similares (B.O.E. de 23 de junio), así como y en referencia a los hechos objeto del presente expediente se han infringido los artículos 76.1, 5, 6 y 9 de la Ley 7/1995, de Ordenación del Turismo de Canarias, por lo que este Instructor estima que la entidad mercantil consignada ha incurrido en responsabilidad administrativa.

Como consecuencia de todo lo anterior, el Instructor del procedimiento con fecha 18 de abril de 1997, formuló propuesta de sanción de multa en cuantía de 125.000 pesetas por el 1er hecho infractor, 90.000 pesetas por el 2º hecho infractor, 90.000 pesetas por el 3er hecho infractor y 90.000 pesetas por el 4º hecho infractor.

7º) Que la expedientada ha formulado contestación a la Propuesta de Resolución, en la que en síntesis alega que el establecimiento ejerce la actividad de panadería y pastelería y que según contrato de arrendamiento el local no podrá tener el destino de bar, habiendo adquirido la entidad mercantil consignada, por medio de otro contrato, el inmovilizado de industria, suscrito entre aquélla y el Sr. Ajjawi, el cual expuso que cerraba el negocio que venía explotando y que estaba inscrito en el Registro de Bares.

Alega que el establecimiento consignado no oferta bebidas alcohólicas. Afirma que se ha conculcado las fases del procedimiento administrativo por no separar el órgano instructor del sancionador.

Considera que se hace recaer la carga de la prueba sobre el denunciado, debiendo la Administración o el que acuse o sancione demostrar la culpabilidad por comisión de infracción administrativa. 8º) Que con fecha 30 de junio de 1997, registro de salida 4003, esta Dirección General solicitó informe al Ilmo. Sr. Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, sobre la actividad en la que ha sido clasificado dicho establecimiento y si la misma es leal con la actividad que desempeña.

II. CONSIDERACIONES JURÍDICAS

Primera: que las actuaciones practicadas en el presente expediente sancionador han sido de conformidad con la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. nº 285, de 27.11.92), y la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias (B.O.C. nº 48, de 19.4.95).

Segunda: que en la tramitación del expediente se han observado las formalidades de rigor.

Tercera: que las pruebas que obran en el expediente son tenidas en cuenta a la hora de emitir la presente Resolución.

Cuarta: que debe estimarse la responsabilidad administrativa de la expedientada, en base al contenido del acta de inspección nº 7157, de 29 de mayo de 1996, y documentos que se adjuntan, sin que las razones esgrimidas por la titular consignada desvirtúen los hechos imputados pues no se ejercía en la fecha de la inspección ya señalada, la actividad de panadería y pastelería, habida cuenta de la comprobación efectuada por el Servicio de Inspección de esta Dirección General y los productos que ofertaba a su clientela, los cuales son propios y específicos de establecimientos considerados como bares, a tenor de lo que prevé el artº. 4 de la Orden de 19 de junio de 1970, por la que se incluyen en la ordenación turística de Restaurantes, a Cafés, Bares, Salas de Fiestas, Clubes y similares (B.O.E. de 23 de junio).

Por lo anteriormente expuesto, esta Dirección General se ratifica en todos sus términos en la Propuesta de Resolución formulada por el Instructor, habiendo quedado probada la comisión de las infracciones administrativas objeto del expediente en cuestión.

Finalmente señalar que no se ha conculcado el principio de separación entre la fase instructora y la sancionadora, artº. 134.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, pues aun cuando el órgano que resuelve que se inicie el correspondiente procedimiento sancionador es en el presente expediente el mismo que sanciona, no es coincidente con el órgano que instruye, la Resolución de iniciación no es la instrucción y así en dicha Resolución de iniciación se hace constar que sea comunicada al Instructor del procedimiento, con traslado de las actuaciones con el objeto de que instruya el presente expediente. Quinta: que los hechos recogidos en el expediente son constitutivos de infracción a:

- Artículo 2º de la Orden de 23 de septiembre de 1988, por la que se regula el procedimiento para los cambios de titularidad de los establecimientos turísticos (B.O.C. nº 127, de 7 de octubre).

- Artº. 30.1 de la Orden Ministerial de 17 de marzo de 1965, por la que se aprueba la ordenación turística de restaurantes (B.O.E. de 29 de marzo), modificado por la Orden Ministerial de 29 de junio de 1978, en su artículo 2º (B.O.E. de 19 de julio), y en aplicación del artículo 4º de la Orden Ministerial de 19 de junio de 1970 (B.O.E. de 23 de junio).

- Artículo 1º de la Orden de 13 de noviembre de 1986, por la que se regulan las Hojas de Reclamaciones de los clientes en establecimientos turísticos (B.O.C. nº 139, de 19 de noviembre).

- Artículo 1º de la Orden de 31 de octubre de 1970, que establece la obligatoriedad del Libro de Inspección para las Industrias y Empresas (B.O.E. de 17 de noviembre).

Con calificación de leve, en base a:

- Artículos 76.1, 76.5, 76.6 y 76.9, en relación con el artº. 77.7, de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias (B.O.C. nº 48, de 19 de abril).

En el ejercicio de la competencia que tengo atribuida para resolver el presente expediente sancionador, de acuerdo con la Ley Orgánica 10/1982, de 10 de agosto, por la que se aprueba el Estatuto de Autonomía de Canarias (B.O.J.C. nº 17, de 28.9.82), y el artículo 11.p) del Decreto 281/1995, de 11 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Turismo y Transportes (B.O.C. nº 128, de 4.10.95),

R E S U E L V O:

Imponer la sanción de multa en cuantía de 125.000 pesetas por el 1er hecho infractor, 90.000 pesetas por el 2º hecho infractor, 90.000 pesetas por el 3er hecho infractor y 90.000 pesetas por el 4º hecho infractor, a Croissanteries de París, S.L., con C.I.F. nº B-35092808, titular de la explotación turística del establecimiento denominado Croissantería Bar Oh La La. La Resolución que se le notifica no pone fin a la vía administrativa y contra la misma cabe interponer, de acuerdo con lo prevenido en los artículos 114 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, recurso ordinario en el plazo de un mes, contado a partir de la recepción de la presente Resolución, ante el Ilmo. Sr. Viceconsejero de Turismo de la Consejería de Turismo y Transportes del Gobierno de Canarias, y sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse.

En el caso que el recurrente sea un representante, deberá acreditar esta representación, aportando escritura de poder para dejar constancia fidedigna, bien con copia simple notarial o previo cotejo o compulsa de la fotocopia con su original, a tenor de lo dispuesto en el artículo 32 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. Las Palmas de Gran Canaria, a 10 de septiembre de 1997.- El Director General de Ordenación e Infraestructura Turística, Francisco Montesdeoca Santana.

3º) Libro nº 1 de Resoluciones de la Viceconsejería de Turismo, folio 7, número 55.

Resolución de 12 de agosto de 1997, de la Viceconsejería de Turismo del Gobierno de Canarias, recaída en el expediente sancionador nº 97/045, instruido a Sun Administración, S.L., titular de la explotación turística del establecimiento denominado Apartamentos Don Paco.

Examinado el expediente sancionador tramitado por el Servicio de Inspección y Sanciones, instruido a Sun Administración, S.L., por Resolución de iniciación del Director General de Ordenación e Infraestructura Turística, de fecha 26 de febrero de 1997, como consecuencia de la comparecencia de fecha 21 de mayo de 1996.

Vista la propuesta formulada por el Instructor del expediente sancionador consignado.

Teniendo en cuenta los siguientes

I. ANTECEDENTES

1º) Que con fecha 21 de mayo de 1996, comparece en la Dirección General de Ordenación e Infraestructura Turística, D. Mariano Vitaubet Corral, en representación de la empresa Maca 2000, S.L., titular del establecimiento extrahotelero denominado Apartamentos Don Paco, manifestando que dicha entidad había arrendado mediante contrato 20 unidades alojativas a Sun Administración, S.L., dichas unidades eran las 113, 203, 206, 207, 218, 228, 231, 313, 327, 331, 408, 409, 417, 512, 514, 709, 713, 816, 930 y 1003, concluyéndose que se había producido un cambio de titularidad a favor de Sun Administración, S.L., que explotaba las referidas unidades, desde mediados de enero del mencionado año, sin notificarlo como es preceptivo a la Administración turística canaria.

2º) Que se ordenó la iniciación de expediente sancionador, que lleva el número 97/045, nombrándose Instructor y Secretario. 3º) Que por el Instructor del expediente se formularon los cargos, con fecha 26 de febrero de 1997, por el siguiente

HECHO: alterar las condiciones esenciales de la autorización de la que está provista la actividad, toda vez que se ha producido un cambio de titularidad a favor de Sun Administración, S.L., que explota las unidades alojativas números 113, 203, 206, 207, 218, 228, 231, 313, 327, 331, 408, 409, 417, 512, 514, 709, 713, 816, 930 y 1003, del establecimiento consignado sin comunicarlo como es preceptivo a la Administración turística competente.

4º) Que con fecha 1 de agosto de 1997 y habida cuenta que la expedientada no efectuó alegación alguna a la Resolución de iniciación del procedimiento y a los cargos imputados, fue ratificada como Propuesta de Resolución, con una multa en cuantía de 750.000 pesetas, por el hecho infractor.

II. CONSIDERACIONES JURÍDICAS

Primera: que las actuaciones practicadas en el presente expediente sancionador han sido de conformidad con la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. nº 285, de 27.11.92), y la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias (B.O.C. nº 48, de 19.4.95).

Segunda: que en la tramitación del expediente se han observado las formalidades de rigor.

Tercera: que las pruebas que obran en el expediente son tenidas en cuenta a la hora de emitir la presente Resolución.

Cuarta: que debe estimarse la responsabilidad administrativa de la expedientada, en base al contenido de la comparecencia de fecha 21 de mayo de 1996, sin que dicha entidad haya formulado alegaciones ni aportado prueba alguna que desvirtúe el hecho imputado.

Quinta: que el hecho recogido en el expediente es constitutivo de infracción al artículo 2º de la Orden de 23 de septiembre de 1988, por la que se regula el procedimiento para los cambios de titularidad de los establecimientos turísticos (B.O.C. nº 127, de 7 de octubre).

Con calificación de grave, en base al artº. 76.1 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias (B.O.C. nº 48, de 19 de abril).

En el ejercicio de la competencia que tengo atribuida para resolver el presente expediente sancionador, de acuerdo con la Ley Orgánica 10/1982, de 10 de agosto, por la que se aprueba el Estatuto de Autonomía de Canarias (B.O.J.C. nº 17, de 28.9.82), y el artículo 10.j) del Decreto 281/1995, de 11 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Turismo y Transportes (B.O.C. nº 128, de 4.10.95),

R E S U E L V O:

Imponer la sanción de multa de 750.000 pesetas, por el hecho infractor, a Sun Administración, S.L., con C.I.F. nº B-35379593, titular de la explotación turística del establecimiento denominado Apartamentos Don Paco.

La Resolución que se le notifica no pone fin a la vía administrativa y contra la misma cabe interponer, de acuerdo con lo prevenido en los artículos 114 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, recurso ordinario en el plazo de un mes, contado a partir de la recepción de la presente Resolución, ante el Excmo. Sr. Consejero de Turismo y Transportes del Gobierno de Canarias, y sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse. En el caso que el recurrente sea un representante, deberá acreditar esta representación, aportando escritura de poder para dejar constancia fidedigna, bien con copia simple notarial o previo cotejo o compulsa de la fotocopia con su original, a tenor de lo dispuesto en el artículo 32 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Una vez firme la presente Resolución, se procederá a dar cumplimiento a lo dispuesto en el artº. 17.7 del Decreto 190/1996, de 1 de agosto, regulador del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora en materia turística y de la inspección de turismo, en relación con el artº. 81.4 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias, referente a la publicación de la sanción y anotación en el Registro General de Empresas, Actividades y Establecimientos Turísticos. Las Palmas de Gran Canaria, a 12 de agosto de 1997.- El Viceconsejero de Turismo (por Orden nº 180, de 31.7.97), Francisco Montesdeoca Santana, Director General de Ordenación e Infraestructura Turística.

4º) Libro nº 2 de Resoluciones de la Dirección General de Ordenación e Infraestructura Turística, folio 92, número 1145.

Resolución de 9 de septiembre de 1997, de la Dirección General de Ordenación e Infraestructura Turística, recaída en el expediente sancionador nº 97/144, instruido a Rosas de Laura, S.L., titular de la explotación turística del establecimiento denominado Bar Restaurante Las Rosas.

Examinado el expediente sancionador tramitado por el Servicio de Inspección y Sanciones, instruido a Rosas de Laura, S.L., por Resolución de iniciación del Director General de Ordenación e Infraestructura Turística, de 25 de junio de 1997, como consecuencia del acta de inspección nº 7722, de 24 de octubre de 1996.

Vista la propuesta formulada por el Instructor del expediente sancionador consignado.

Teniendo en cuenta los siguientes

I. ANTECEDENTES

1º) Que con fecha 26 de agosto de 1996, se recibió en esta Consejería Hoja de Reclamación nº 65067, a instancia de D. Ángel Martínez de Salinas, contra el Bar Restaurante Las Rosas, por deficiencias varias en el servicio y precios considerados excesivos.

2º) Que para comprobar los hechos denunciados, el 24 de octubre de 1996, se personó en el establecimiento de referencia, sito en el Paseo de Las Canteras, 10, Las Palmas de Gran Canaria, el Servicio de Inspección de esta Dirección General, levantando al efecto el acta nº 7722, en la que esencialmente se hace constar que el reclamante solicitó la Hoja de Reclamaciones delante del Policía Local, no antes. Se señala que el precio del Pacharán es de 250 pesetas, no habiéndose comunicado a la Administración con fecha del 3 de octubre de 1988, al igual que el precio del café a 105 pesetas. Que el establecimiento está autorizado a nombre de Restaurante Murga III, anunciándose ahora como Bar Restaurante Las Rosas, no habiendo comunicado el cambio de denominación. Que desde hace 7 meses se ha producido un cambio de titularidad a favor de Rosas de Laura, S.L. El anterior titular era D. Félix Hernández Díaz con D.N.I. nº 42.704.737.

3º) Que se ordenó la iniciación de expediente sancionador, que lleva el número 97/144, nombrándose Instructor y Secretario.

4º) Que por el Instructor del expediente se formularon los cargos, con fecha 25 de junio de 1997, por los siguientes

HECHOS:

1) Alterar las condiciones esenciales de la autorización de la que está provista la actividad, toda vez que se ha producido un cambio de titularidad a favor de Rosas de Laura, S.L., que explota el establecimiento consignado, sin comunicarlo como es preceptivo a la Administración turística competente.

2) Haber cambiado la denominación del establecimiento, toda vez que se anuncia como Bar Restaurante Las Rosas, sin haberlo comunicado previa y preceptivamente a la Administración turística competente.

3) No haber notificado a la Administración turística competente, los precios que rigen en la prestación de los servicios. 5º) Que con fecha 1 de agosto de 1997 y habida cuenta que la expedientada no efectuó alegación alguna a la Resolución de iniciación del procedimiento y a los cargos imputados, fue ratificada como Propuesta de Resolución, con una multa en cuantía de 150.000 pesetas por el 1er hecho infractor, 150.000 pesetas por el 2º hecho infractor y 100.000 pesetas por el 3er hecho infractor.

II. CONSIDERACIONES JURÍDICAS

Primera: que las actuaciones practicadas en el presente expediente sancionador han sido de conformidad con la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. nº 285, de 27.11.92), y la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias (B.O.C. nº 48, de 19.4.95).

Segunda: que en la tramitación del expediente se han observado las formalidades de rigor.

Tercera: que las pruebas que obran en el expediente son tenidas en cuenta a la hora de emitir la presente Resolución.

Cuarta: que debe estimarse la responsabilidad administrativa de la expedientada, en base al acta de inspección nº 7722, sin que el titular haya formulado alegaciones a la Resolución de iniciación del expediente sancionador, ni aportado prueba alguna que desvirtúe los hechos imputados, por lo que nos ratificamos en dicha Resolución de iniciación, considerada como Propuesta de Resolución, por entenderla ajustada a Derecho.

Quinta: que los hechos recogidos en el expediente son constitutivos de infracción a:

- Artículo 2º de la Orden de 23 de septiembre de 1988, por la que se regula el procedimiento para los cambios de titularidad de los establecimientos turísticos (B.O.C. nº 127, de 7 de octubre).

- Artículo 3º de la Orden de 19 de octubre de 1988, de los nombres y la publicidad de los establecimientos turísticos (B.O.C. nº 139, de 4 de noviembre).

- Artº. 30.1 de la Orden Ministerial de 17 de marzo de 1965, por la que se aprueba la ordenación turística de restaurantes (B.O.E. de 29 de marzo), modificado por la Orden Ministerial de 29 de junio de 1978, en su artículo 2º (B.O.E. de 19 de julio), y en aplicación del artículo 4º de la Odren Ministerial de 19 de junio de 1970 (B.O.E. de 23 de junio).

Con calificación de leve, en base al artº. 76.1 y 76.5, en relación con el artº. 77.7, de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias (B.O.C. nº 48, de 19 de abril). En el ejercicio de la competencia que tengo atribuida para resolver el presente expediente sancionador, de acuerdo con la Ley Orgánica 10/1982, de 10 de agosto, por la que se aprueba el Estatuto de Autonomía de Canarias (B.O.J.C. nº 17, de 28.9.82), y el artículo 11.p) del Decreto 281/1995, de 11 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Turismo y Transportes (B.O.C. nº 128, de 4.10.95),

R E S U E L V O:

Imponer la sanción de multa en cuantía de 150.000 pesetas por el 1er hecho infractor, 150.000 pesetas por el 2º hecho infractor y 100.000 pesetas por el 3er hecho infractor, a Rosas de Laura, S.L., con C.I.F. nº B-35406982, titular de la explotación turística del establecimiento denominado Bar Restaurante Las Rosas.

La Resolución que se le notifica no pone fin a la vía administrativa y contra la misma cabe interponer, de acuerdo con lo prevenido en los artículos 114 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, recurso ordinario en el plazo de un mes, contado a partir de la recepción de la presente Resolución, ante el Ilmo. Sr. Viceconsejero de Turismo de la Consejería de Turismo y Transportes del Gobierno de Canarias, y sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse.

En el caso que el recurrente sea un representante, deberá acreditar esta representación, aportando escritura de poder para dejar constancia fidedigna, bien con copia simple notarial o previo cotejo o compulsa de la fotocopia con su original, a tenor de lo dispuesto en el artículo 32 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. Las Palmas de Gran Canaria, a 9 de septiembre de 1997.- El Director General de Ordenación e Infraestructura Turística, Francisco Montesdeoca Santana.

5º) Libro nº 2 de Resoluciones de la Dirección General de Ordenación e Infraestructura Turística, folio 92, número 1142.

Resolución de 9 de septiembre de 1997, de la Dirección General de Ordenación e Infraestructura Turística, recaída en el expediente sancionador nº 97/145, instruido a Suh Won Park, titular de la explotación turística del establecimiento denominado Bar La Rosa Negra.

Examinado el expediente sancionador tramitado por el Servicio de Inspección y Sanciones, instruido a Suh Won Park, por Resolución de iniciación del Director General de Ordenación e Infraestructura Turística, de 1 de julio de 1997, como consecuencia del acta de inspección nº 8575, de 26 de junio de 1997.

Vista la propuesta formulada por el Instructor del expediente sancionador consignado. Teniendo en cuenta los siguientes

I. ANTECEDENTES

1º) Que con fecha 26 de junio de 1997, se personó en el establecimiento de referencia, sito en el Paseo de Las Canteras, 33, bajo, Las Palmas de Gran Canaria, el Servicio de Inspección de esta Dirección General, levantando al efecto el acta nº 8575, en la que esencialmente se hace constar que dicho establecimiento carecía de la preceptiva documentación de la Administración turística, Libro de Inspección, Hojas de Reclamaciones y listas de precios selladas por el organismo competente.

2º) Que se ordenó la iniciación de expediente sancionador, que lleva el número 97/145, nombrándose Instructor y Secretario. 3º) Que por el Instructor del expediente se formularon los cargos, con fecha 1 de julio de 1997, por los siguientes

HECHOS:

1) No haber notificado a la Administración turística competente, los precios que rigen en la prestación de los servicios.

2) Carecer en el establecimiento de las Hojas de Reclamaciones.

3) No facilitar el Libro de Inspección.

4º) Que con fecha 14 de agosto de 1997 y habida cuenta que la expedientada no efectuó alegación alguna a la Resolución de iniciación del procedimiento y a los cargos imputados, fue ratificada como Propuesta de Resolución, con una multa en cuantía de 100.000 pesetas por el 1er hecho infractor, 100.000 pesetas por el 2º hecho infractor y 100.000 pesetas por el 3er hecho infractor.

II. CONSIDERACIONES JURÍDICAS

Primera: que las actuaciones practicadas en el presente expediente sancionador han sido de conformidad con la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. nº 285, de 27.11.92), y la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias (B.O.C. nº 48, de 19.4.95).

Segunda: que en la tramitación del expediente se han observado las formalidades de rigor.

Tercera: que las pruebas que obran en el expediente son tenidas en cuenta a la hora de emitir la presente Resolución.

Cuarta: que debe estimarse la responsabilidad administrativa de la expedientada, en base al contenido del acta de inspección nº 8575, de 26 de junio de 1997, sin que se hayan formulado alegaciones ni aportado prueba alguna que desvirtúe los hechos imputados, por lo que debe prevalecer lo comprobado por el Inspector actuante en la fecha referida.

Quinta: que los hechos recogidos en el expediente son constitutivos de infracción a:

- Artº. 30.1 de la Orden Ministerial de 17 de marzo de 1965, por la que se aprueba la ordenación turística de restaurantes (B.O.E. de 29 de marzo), modificado por la Orden Ministerial de 29 de junio de 1978, en su artículo 2º (B.O.E. de 19 de julio), y en aplicación del artículo 4º de la Orden Ministerial de 19 de junio de 1970 (B.O.E. de 23 de junio).

- Artº. 20.1 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias (B.O.C. nº 48, de 19 de abril).

- Artº. 41 del Decreto 190/1996, de 1 de agosto, regulador del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora en materia turística y de la inspección de turismo (B.O.C. nº 103, de 21 de agosto).

Con calificación de leve, en base a los artículos 76.5, 76.6 y 76.9, en relación con el artº. 77.7, de la Ley 7/1995, de 6 de abril (B.O.C. nº 48, de 19 de abril).

En el ejercicio de la competencia que tengo atribuida para resolver el presente expediente sancionador, de acuerdo con la Ley Orgánica 10/1982, de 10 de agosto, por la que se aprueba el Estatuto de Autonomía de Canarias (B.O.J.C. nº 17, de 28.9.82), y el artículo 11.p) del Decreto 281/1995, de 11 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Turismo y Transportes (B.O.C. nº 128, de 4.10.95),

R E S U E L V O: Imponer la sanción de multa en cuantía de 100.000 pesetas por el 1er hecho infractor, 100.000 pesetas por el 2º hecho infractor y 100.000 pesetas por el 3er hecho infractor, a Suh Won Park, con C.I.F. nº X-1277650-T, titular de la explotación turística del establecimiento denominado Bar La Rosa Negra.

La Resolución que se le notifica no pone fin a la vía administrativa y contra la misma cabe interponer, de acuerdo con lo prevenido en los artículos 114 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, recurso ordinario en el plazo de un mes, contado a partir de la recepción de la presente Resolución, ante el Ilmo. Sr. Viceconsejero de Turismo de la Consejería de Turismo y Transportes del Gobierno de Canarias, y sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse.

En el caso que el recurrente sea un representante, deberá acreditar esta representación, aportando escritura de poder para dejar constancia fidedigna, bien con copia simple notarial o previo cotejo o compulsa de la fotocopia con su original, a tenor de lo dispuesto en el artículo 32 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. Las Palmas de Gran Canaria, a 9 de septiembre de 1997.- El Director General de Ordenación e Infraestructura Turística, Francisco Montesdeoca Santana.

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