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No teniendo constancia esta Dirección General del domicilio de la persona física que se relaciona, y siendo preciso notificarle la Resolución recaída en el expediente incoado contra las mismas por infracción a la normativa en materia de consumo, y conforme al artículo 59, apartado 4, de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
R E S U E L V O:
1.- Notificar a la persona física que se cita, la Resolución recaída en el expediente que le ha sido instruido por infracción a la legislación en materia de consumo. El interesado podrá interponer recurso ordinario contra la Resolución del expediente, que no agota la vía administrativa, en el plazo de un mes, contado a partir de la fecha de la publicación de la presente Resolución, ante el Excmo. Sr. Consejero de Sanidad y Consumo del Gobierno de Canarias, y sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse.
El pago de la sanción se hará efectiva a partir de la notificación de la liquidación que oportunamente se girará por la Consejería de Economía y Hacienda.
2.- Remitir al Ayuntamiento de la población que se cita, la correspondiente Resolución para su publicación en el tablón de edictos.
VISTO EL EXPEDIENTE NÚMERO: 38-444/96. INSTRUIDO A: Eduardo Agrella Díaz. D.N.I. o N.I.F.: 41.908.623-R.
MOTIVACIÓN
(Artº. 54 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común).
REFERENCIA DE HECHOS: el día 30 de junio de 1996, un Inspector de esta Dirección General practicó visita de Inspección en un establecimiento de reparación de automóviles y bicicletas, del que es titular Eduardo Agrella Díaz, sito en la calle Obispo Pérez Cáceres, 10, del término municipal de Santa Cruz de Tenerife, y mediante acta nº 3540 instruida al efecto, comprobó reclamación nº 521/96, presentada por Dña. María Nieves Santana Betancort, provista de D.N.I. nº 41.882.647, siendo motivo de la misma la presente comisión de irregularidades en la reparación del sistema eléctrico de un vehículo propiedad de la reclamante -desaparición de la alarma y negativa a entregar Hojas de Reclamaciones; y solicitada por el Inspector actuante la mencionada documentación, manifiesta la persona compareciente -D. Eduardo Agrella Díaz, propietario del establecimiento, que carece de Hojas de Reclamaciones, constituyendo tal hecho infracción en materia de consumo. FUNDAMENTOS DE DERECHO: es de aplicación lo establecido en los artículos 1 y 3 del Decreto 225/1994, de 11 de noviembre, por el que se regulan las Hojas de Reclamaciones de los consumidores y usuarios de la Comunidad Autónoma de Canarias, B.O.C. nº 148, artículo 10 de la Ley 4/1994, de 25 de abril, de Ordenación de la Actividad Comercial de Canarias, B.O.C. nº 53, en relación con el artículo 3, apartado 3.3.6, del Real Decreto 1.945/1983, de 22 de junio, que regula las infracciones y sanciones en materia de defensa del consumidor y de la producción agroalimentaria, B.O.E. nº 168, y artículo 34, apartado 9, de la Ley 26/1984, de 19 de julio, General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, B.O.E. nº 176. CUESTIONES PLANTEADAS EN EL EXPEDIENTE: el interesado en escrito presentado en el Registro de Entrada de la Dirección General de Consumo, provisto de nº 45 de fecha 2 de enero de 1997, sucintamente, manifiesta: En su día se efectuó gratuitamente una reparación de un faro de un vehículo presuntamente propiedad de Dña. María Nieves Santana Betancort, llevando la reparación unos cinco minutos. Al ser gratuito no se expidió factura. Que el recurrente reconoce no disponer de Hojas de Reclamaciones por desconocer su obligatoriedad. Solicita se sobresea el expediente por el hecho de la reparación gratuita y se gradúe la sanción de falta de Hojas de Reclamaciones en su grado mínimo, al no existir sanciones anteriores al respecto. CONTESTACIÓN A LAS CUESTIONES Y VALORACIÓN DE LAS PRUEBAS PRACTICADAS: no se desvirtúan en modo alguno los hechos imputados en el Acuerdo de inicio, por lo que no procede eximir de responsabilidad al interesado. Conforme a las competencias asignadas a la Dirección General de Consumo por el artículo 8 de la Orden de 18 de agosto de 1995, de desarrollo de las competencias de los órganos creados por Decreto 187/1995, de 20 de julio, de reestructuración de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias (B.O.C. nº 109), en conexión con los artículos 11, apartado f), y artículo 18, apartado 2.B), letras k) y m), del Decreto Territorial 228/1993, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Industria y Comercio (B.O.C. nº 116, de 10 de septiembre),
ACUERDO
Imponer a Eduardo Agrella Díaz la sanción de multa de cuarenta y cinco mil (45.000) pesetas.
Contra la presente Resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso ordinario, en el plazo de un mes, a partir de su notificación ante el Excmo. Sr. Consejero de Sanidad y Consumo, conforme a lo previsto en el artículo 114 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse. Se podrá presentar por medio de representante, para lo cual deberá acreditarse la representación por cualquier medio válido en derecho que deje constancia fidedigna, o mediante declaración en comparecencia personal del interesado.- Santa Cruz de Tenerife, a 15 de enero de 1997.- El Director General de Consumo, Gonzalo Olarte Cullen.
NOTA: el pago de la sanción se hará efectiva a partir de la notificación de la liquidación que oportunamente se girará por la Consejería de Economía y Hacienda.
Santa Cruz de Tenerife, a 16 de septiembre de 1997.- El Director General de Consumo, Gonzalo Olarte Cullen.
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