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A la vista del expediente tramitado por la Dirección General de Servicios Sociales, sobre solicitud de ayuda individual de Tercera Edad, formulada por Dña. Adela Marrero González, y la Sentencia firme dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias en Santa Cruz de Tenerife.
Teniendo en cuenta los siguientes
I. ANTECEDENTES
1º) Mediante Resolución del Jefe de Servicio de Tercera Edad, dictada por Delegación del Director General de Servicios Sociales, de fecha 21 de diciembre de 1994, le fue denegada a Dña. Adela Marrero González una ayuda individual de Tercera Edad, por razón de estar agotada la correspondiente partida presupuestaria en el momento de formalizarse la solicitud.
2º) Por Dña. Adela Marrero González, con fecha 10 de marzo de 1995, se interpuso recurso contencioso-administrativo ante la Sala correspondiente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, contra la meritada Resolución, alegando para ello lo que a su derecho correspondía.
3º) Previos los trámites correspondientes, el pasado 30 de abril, la citada Sala ha dictado Sentencia nº 263, estimando el recurso deducido nº 352/95, anulando el acto recurrido por estimarlo no conforme a derecho.
II. CONSIDERACIONES JURÍDICAS
Primera.- La obligación de cumplir las resoluciones judiciales viene determinada, tanto por el artículo 118 de la Constitución, como por el artículo 17.2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.
Segunda.- La ejecución de las Sentencias, como determina el artículo 103 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, corresponde al Órgano que dictó el acto.
En el ejercicio de la competencia que tengo atribuida,
R E S U E L V O:
Declarar nula la Resolución recurrida, dictada por delegación, del Jefe de Servicio de Tercera Edad, de 21 de diciembre de 1994, por el que se denegó a Dña. Adela Marrero González ayuda individual de la Tercera Edad. Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía administrativa, cabe interponer recurso ordinario ante el Viceconsejero de Asuntos Sociales del Gobierno de Canarias, en el plazo de un mes desde su notificación, conforme establece el artículo 114.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, sin perjuicio de cualquier otro que conviniere al interesado.
Santa Cruz de Tenerife, a 16 de julio de 1997.- El Director General de Servicios Sociales, Marcial Morales Martín.
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