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BOC Nº 133. Martes 14 de Octubre de 1997 - 3130

IV. ANUNCIOS - Otros anuncios - Consejería de Turismo y Transportes

3130 - RESOLUCIÓN de 13 de agosto de 1997, de la Dirección General de Ordenación e Infraestructura Turística, sobre notificación de Resoluciones a titulares de empresas y actividades turísticas de ignorado domicilio.

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Habiéndose intentado por esta Dirección General sin haberse podido practicar, la notificación de la Resolución recaída en el expediente incoado con motivo de denuncias o Actas de Inspección formuladas contra los titulares de empresas y actividades turísticas que se relacionan, conforme al artº. 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y, siendo preciso su notificación a los efectos de que aleguen lo que a su derecho convenga,

R E S U E L V O:

1.- Notificar a los titulares de establecimientos y actividades turísticas que se citan, la Resolución recaída en el expediente que les ha sido instruido por infracción a la legislación en materia turística.

Las Resoluciones que se notifican no ponen fin a la vía administrativa y contra las mismas cabe interponer, de acuerdo con lo prevenido en los artículos 114 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, recurso ordinario en el plazo de un mes, contado a partir de la recepción de la presente Resolución, ante el Ilmo. Sr. Viceconsejero de Turismo, de la Consejería de Turismo y Transportes del Gobierno de Canarias, y sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse.

En el caso de que el recurrente sea un representante, deberá acreditar esta representación, aportando escritura de poder para dejar constancia fidedigna, bien con copia simple notarial o previo cotejo o compulsa de la fotocopia con su original, a tenor de lo dispuesto en el artículo 32 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

El ingreso de las sanciones recaídas en los expedientes que se relacionan, deberá hacerse efectivo en la forma y plazos indicados en la notificación que la Consejería de Economía y Hacienda le remitirá a su propio domicilio.

2.- Remitir al Ayuntamiento de las poblaciones que se citan, la presente Resolución para su publicación en el tablón de edictos correspondiente. Las Palmas de Gran Canaria, a 13 de agosto de 1997.- El Director General de Ordenación e Infraestuctura Turística, Francisco Montesdeoca Santana.

RESOLUCIONES QUE SE CITAN:

1º) Libro nº 2 de Resoluciones de la Dirección General de Ordenación e Infraestructura Turística, folio 79, número 846.

Resolución de 26 de junio de 1997, de la Dirección General de Ordenación e Infraestructura Turística, recaída en el expediente sancionador nº 97/010, instruido a D. Inocencio Iruela Moreno, titular de la explotación turística del establecimiento denominado Bar El Ruiseñor.

Examinado el expediente sancionador tramitado por el Servicio de Inspección y Sanciones, instruido a D. Inocencio Iruela Moreno, por Resolución de iniciación del Director General de Ordenación e Infraestructura Turística, de 27 de enero de 1997, como consecuencia del acta de inspección nº 6994, de 9 de abril de 1996.

Vista la propuesta formulada por el Instructor del expediente sancionador consignado.

Teniendo en cuenta los siguientes

I. ANTECEDENTES

1º) Que con fecha 29 de febrero de 1996, se recibió en esta Consejería reclamación de D. Esteban Ramón Lasso Delgado, contra el Bar El Ruiseñor, por discriminación racial por el titular del establecimiento y negarse a entregar la Hoja de Reclamaciones.

2º) Que para comprobar los hechos denunciados, el 9 de abril de 1996, se personó en el establecimiento de referencia, sito en la Carretera General del Norte, Urbanización Los Ruiseñores, en Las Palmas de Gran Canaria, el Servicio de Inspección de esta Dirección General, levantando al efecto el acta nº 6994, en la que esencialmente se hace constar que no es cierta la actitud racista imputada a su persona. El reclamante muestra una actitud poco apropiada para la imagen de su establecimiento, ya que pide dinero a la clientela, para posteriormente, con la cantidad obtenida, realizar sus consumiciones. Dice que en el establecimiento consumen personas de color que muestran una actitud respetuosa y correcta. Le negó la Hoja de Reclamaciones pues el reclamante no efectuó consumición alguna. Se observa suciedad en las paredes y techo de la cocina (grasa acumulada), existe polvo en las estanterías con alimentos. Carece de lista de precios expuestas en el interior del local.

3º) Que se ordenó la iniciación de expediente sancionador, que lleva el número 97/010, nombrándose Instructor y Secretario.

4º) Que por el Instructor del expediente se formularon los cargos, con fecha 27 de enero de 1997, por los siguientes hechos:

1º) Deficiencia de limpieza en la dependencia denominada cocina, según consta en el acta de inspección nº 6994, de fecha 9 de abril de 1996.

2º) No facilitar a su cliente D. Esteban Ramón Lasso Delgado, la Hoja de Reclamaciones, a solicitud de éste, según consta en el acta nº 6994, de fecha 9 de abril de 1996.

3º) No anunciar, en el interior del establecimiento, la relación de servicios con los precios que rigen en la prestación de los mismos.

5º) Que con fecha 20 de junio de 1997 y habida cuenta que el expedientado no efectuó alegación alguna a la Resolución de iniciación del procedimiento y a los cargos imputados, fue ratificada como Propuesta de Resolución, con una multa en cuantía de 90.000 pesetas, por el 1er hecho infractor, 80.000 pesetas por el 2º hecho infractor, y 15.000 pesetas por el 3er hecho infractor.

II. CONSIDERACIONES JURÍDICAS

Primera: que las actuaciones practicadas en el presente expediente sancionador han sido de conformidad con la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. nº 285, de 27.11.92), y de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias (B.O.C. nº 48, de 19.4.95).

Segunda: que en la tramitación del expediente se han observado las formalidades de rigor.

Tercera: que las pruebas que obran en el expediente son tenidas en cuenta a la hora de emitir la presente Resolución.

Cuarta: que debe estimarse la responsabilidad administrativa del expedientado en base al contenido del acta de inspección nº 6994, de 9 de abril de 1996, sin que el titular haya formulado alegación a la Propuesta de Resolución, ni aportado prueba alguna que desvirtúe los hechos imputados, por lo que nos ratificamos en dicha Propuesta de Resolución, por entenderla ajustada a Derecho.

Quinta: que los hechos recogidos en el expediente son constitutivos de infracción a los artículos:

- Artículo 9º.d) de la Orden Ministerial de 17 de marzo de 1965, por la que se aprueba la ordenación turística de restaurantes (B.O.E. de 29 de marzo), en aplicación del artículo 4º de la Orden Ministerial de 19 de junio de 1970 (B.O.E. de 23 de junio).

- Artº. 2.1 de la Orden de 13 de noviembre de 1986, por la que se regulan las Hojas de Reclamaciones de los clientes en establecimientos turísticos (B.O.C. nº 139, de 19 de noviembre).

- Artº. 10.3 de la Orden Ministerial de 17 de marzo de 1965, por la que se aprueba la ordenación turística de restaurantes (B.O.E. de 29 de marzo), modificado por la Orden Ministerial de 29 de junio de 1978, en su artículo 1º (B.O.E. de 19 de julio), y en aplicación del artículo 4º de la Orden Ministerial de 19 de junio de 1970 (B.O.E. de 23 de junio).

Con calificación de leve, en base al artº. 76.3 y 76.6, en relación con el artº. 77.7 y 77.1, de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias (B.O.C. nº 48, de 19 de abril).

En el ejercicio de la competencia que tengo atribuida para resolver el presente expediente sancionador, de acuerdo con la Ley Orgánica 10/1982, de 10 de agosto, por la que se aprueba el Estatuto de Autonomía de Canarias (B.O.J.C. nº 17, 28.9.82), y el artículo 11.p) del Decreto 281/1995, de 11 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Turismo y Transportes (B.O.C. nº 128, de 4.10.95),

R E S U E L V O:

Imponer la sanción de multa en cuantía de 90.000 pesetas, por el 1er hecho infractor, 80.000 pesetas, por el 2º hecho infractor, y 15.000 pesetas, por el 3er hecho infractor, a D. Inocencio Iruela Moreno, con D.N.I. nº 17.618.870, titular de la explotación turística del establecimiento denominado Bar El Ruiseñor.- Las Palmas de Gran Canaria, a 26 de junio de 1997.- El Director General de Ordenación e Infraestructura Turística, Francisco Montesdeoca Santana.

2º) Libro nº 2 de Resoluciones de la Dirección General de Ordenación e Infraestructura Turística, folio 80, número 856.

Resolución de 30 de junio de 1997, de la Dirección General de Ordenación e Infraestructura Turística, recaída en el expediente sancionador nº 97/016, instruido a La Fábrica, S.C.P., titular de la explotación turística del establecimiento denominado Bar La Fábrica.

Examinado el expediente sancionador tramitado por el Servicio de Inspección y Sanciones, instruido a La Fábrica, S.C.P., por Resolución de iniciación del Director General de Ordenación e Infraestructura Turística, de 3 de febrero de 1997, como consecuencia del acta de inspección nº 6902, de 14 de marzo de 1996.

Vista la propuesta formulada por el Instructor del expediente sancionador consignado.

Teniendo en cuenta los siguientes

I. ANTECEDENTES

1º) Que con fecha 2 de febrero de 1996, se recibió en esta Consejería reclamación de Dña. María Luisa Cuadrón Conde, contra el Bar La Fábrica por negarle la entrada con desprecio y agresión dentro del local.

2º) Que para comprobar los hechos denunciados, el 14 de marzo de 1996, se personó en el establecimiento de referencia, sito en la calle José Antonio, 64, en Arrecife de Lanzarote, el Servicio de Inspección de esta Dirección General, levantando al efecto el acta nº 6902, en la que esencialmente se hace constar que según alega el empleado Sr. Navarro (portero del establecimiento), la reclamante se personó en el local “algo ebria” y “amenazante”, instalándose en la puerta del mismo, sin predisposición de entrar. Al ser advertida que no podía seguir allí, la reclamante le cogió por la corbata y en un descuido penetró en el local, teniendo por ello un altercado con una de las camareras a la que arrancó un pendiente de la oreja. El encargado avisó a la Policía Local que, personados, optaron por desalojarla e invitándola a presentar reclamación. Se ha producido un cambio de titularidad a favor de La Fábrica, S.C.P., C.I.F. G-35396910, que lo explota desde el 1 de abril de 1995, sin comunicarlo a la Administración. El anterior titular era Guerra y Fernández con C.I.F. B-35045715. Los socios son los mismos.

3º) Que se ordenó la iniciación de expediente sancionador, que lleva el número 97/016, nombrándose Instructor y Secretario.

4º) Que por el Instructor del expediente se formularon los cargos, con fecha 3 de febrero de 1997, por los siguientes hechos:

Alterar las condiciones esenciales de la autorización de la que está provista la actividad, toda vez que se ha producido un cambio de titularidad a favor de La Fábrica, S.C.P., que explota el establecimiento consignado desde 1 de abril de 1995, sin comunicarlo como es preceptivo a la Administración turística competente.

5º) Que con fecha 23 de junio de 1997 y habida cuenta que la expedientada no efectuó alegación alguna a la Resolución de iniciación del procedimiento y a los cargos imputados, fue ratificada como Propuesta de Resolución, con una multa en cuantía de 125.000 pesetas.

II. CONSIDERACIONES JURÍDICAS

Primera: que las actuaciones practicadas en el presente expediente sancionador han sido de conformidad con la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. nº 285, de 27.11.92), y de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias (B.O.C. nº 48, de 19.4.95).

Segunda: que en la tramitación del expediente se han observado las formalidades de rigor.

Tercera: que las pruebas que obran en el expediente son tenidas en cuenta a la hora de emitir la presente Resolución. Cuarta: que debe estimarse la responsabilidad administrativa de la expedientada, en base al contenido del acta de inspección nº 6902, de 14 de marzo de 1996, sin que el titular haya formulado alegaciones a la Propuesta de Resolución, ni aportado prueba alguna que desvirtúe el hecho imputado, por lo que nos ratificamos en dicha Propuesta de Resolución, por entenderla ajustada a Derecho.

Quinta: que el hecho recogido en el expediente es constitutivo de infracción al artículo 2º de la Orden de 23 de septiembre de 1988, por la que se regula el procedimiento para los cambios de titularidad de los establecimientos turísticos (B.O.C. nº 127, de 7 de octubre).

Con calificación de leve, en base al artº. 76.1, en relación con el artº. 77.7, de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias (B.O.C. nº 48, de 19 de abril).

En el ejercicio de la competencia que tengo atribuida para resolver el presente expediente sancionador, de acuerdo con la Ley Orgánica 10/1982, de 10 de agosto, por la que se aprueba el Estatuto de Autonomía de Canarias (B.O.J.C. nº 17, 28.9.82), y el artículo 11.p) del Decreto 281/1995, de 11 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Turismo y Transportes (B.O.C. nº 128, de 4.10.95),

R E S U E L V O:

Imponer la sanción de multa en cuantía de 125.000 pesetas, a La Fábrica, S.C.P., con C.I.F. nº G-35396910, titular de la explotación turística del establecimiento denominado Bar La Fábrica.- Las Palmas de Gran Canaria, a 30 de junio de 1997.- El Director General de Ordenación e Infraestructura Turística, Francisco Montesdeoca Santana.

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