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Habiendo sido intentada la notificación de la Orden del Consejero de Presidencia y Relaciones Institucionales en el domicilio que figura en el expediente sancionador nº 10/97, interpuesto por D. Recaredo Ovalle Vallinas, en representación de la entidad mercantil Automáticos Cefoblal, S.L., por infracción a la normativa sobre el juego, sin que haya podido practicarse al interesado, de conformidad con lo establecido en el artº. 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se procede a su publicación.
Orden del Consejero de Presidencia y Relaciones Institucionales, por la que se resuelve el recurso ordinario interpuesto por D. Recaredo Ovalle Vallinas, en representación de la entidad mercantil Automáticos Cefoblal, S.L., contra la Resolución de la Viceconsejería de Administración Pública de 23 de mayo de 1997, recaída en el expediente administrativo sancionador nº 10/97. Examinado el expediente tramitado por la Consejería de Presidencia y Relaciones Institucionales, para la resolución del recurso ordinario interpuesto por D. Recaredo Ovalle Vallinas, en representación de la entidad mercantil Automáticos Cefoblal, S.L., contra la Resolución de la Viceconsejería de Administración Pública de fecha 23 de mayo de 1997, recaída en el expediente administrativo sancionador nº 10/97.
Vista la propuesta formulada por la Viceconsejería de Administración Pública.
Teniendo en cuenta los siguientes
I. ANTECEDENTES
1º) Con fecha 23 de mayo de 1997, fue dictada Resolución por la Viceconsejería de Administración Pública, por la que se sanciona a Automáticos Cefoblal, S.L., como titular de la empresa operadora nº 501, con multa de cien mil pesetas, por haberse comprobado que en el establecimiento Hotel Meliá, sito en el Puerto de la Cruz, Avenida Marqués de Villanueva del Prado, s/n, donde se encuentran instaladas las máquinas recreativas del tipo A, TF-A-7272 y TF-A-5912, propiedad de la citada empresa operadora, en el momento de la inspección el día 29 de enero de 1997, el citado establecimiento carece del preceptivo Libro de Reclamaciones y del ejemplar del Reglamento de Máquinas Recreativas y de Azar.
2º) Contra dicha Resolución fue presentado por el interesado recurso ordinario alegando, en síntesis, que en el Pliego de Cargos presentado en la tramitación de este expediente, se aportó un recibo firmado por una persona de la contabilidad del Hotel Meliá, aceptando los libros mencionados.
Por otro lado y, a requerimiento de la empresa ahora recurrente, el Director del Hotel certifica que tras las averiguaciones pertinentes, se observa que los citados libros fueron entregados en su día por la entidad de referencia, no habiendo sido posible su localización en el momento de la inspección.
Por todo ello, se solicita el sobreseimiento del expediente que ha dado lugar a la resolución citada y se deje sin efecto la sanción correspondiente.
II. CONSIDERACIONES JURÍDICAS
Primera.- Las competencias funcionales en esta materia vienen determinadas en la Ley 6/1985, de 30 de diciembre, reguladora de los Juegos y Apuestas en Canarias (B.O.C. nº 158, de 31.12.85), y en el Decreto 93/1988, de 31 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de Máquinas Recreativas y de Azar de la Comunidad Autónoma de Canarias (B.O.C. nº 83, de 1 de julio), modificado por los Decretos 132/1989, de 1 de junio (B.O.C. nº 97, de 17.7.89), y 89/1990, de 23 de mayo (B.O.C. nº 80, de 29.6.90). Segunda.- De conformidad con lo establecido en el artº. 6.1 del Decreto 321/1995, de 10 de noviembre, del Reglamento Orgánico de la Consejería de Presidencia y Relaciones Institucionales, este Departamento es competente para resolver el recurso deducido.
Tercera.- En la tramitación de este expediente se ha observado el procedimiento previsto en los artículos 107 y concordantes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Cuarta.- En el recurso interpuesto se observan todos los requisitos de índole adjetiva y formal que hacen procedente su admisión a trámite, tales como la legitimación del recurrente y la interposición en el plazo legalmente establecido, de conformidad con los artículos 114 y siguientes de la citada Ley 30/1992, de 26 de noviembre.
Quinta.- Los hechos y fundamentos jurídicos alegados por la entidad recurrente, y, consecuentemente, las pretensiones deducidas por la misma, han de ser desestimadas, al no desvirtuar, en modo alguno, la conformidad a Derecho del acto recurrido y del expediente tramitado, tal como se pasa a fundamentar a continuación.
Sexta.- En efecto, la certificación del Director del Hotel, aportada ahora por la parte recurrente, como documento adjunto al recurso interpuesto, no acredita suficientemente la entrega del libro de Reclamaciones y del ejemplar del Reglamento por parte de la empresa operadora al establecimiento de referencia, por cuanto la misma adolece:
1º) De la fecha en que efectivamente fueron entregados al Hotel tanto el Libro de Reclamaciones como el ejemplar del Reglamento.
2º) De la identidad de la persona a la que, en representación del Hotel, le fueron entregados los mismos.
Por otro lado, al argumento planteado por la parte recurrente de que los libros de referencia fueron aceptados por una persona de la contabilidad del Hotel, que a tal efecto firmó un recibo, se opone el hecho de que tal extremo no ha sido probado documentalmente por la parte interesada, por cuanto dicho recibo, pese a las manifestaciones del recurrente, no figura entre los documentos obrantes en el expediente, al no haberse aportado en ningún momento de la tramitación del mismo, no desvirtuándose, por tanto, la prueba de cargo en que consiste el acta de infracción levantada por el Inspector del Juego actuante de esta Consejería el día 29 de enero de 1997. En el ejercicio de la competencia que tengo atribuida,
R E S U E L V O:
Desestimar el recurso ordinario interpuesto por D. Recaredo Ovalle Vallinas, en representación de la entidad mercantil Automáticos Cefoblal, S.L., contra la Resolución de la Viceconsejería de Administración Pública, de fecha 23 de mayo de 1997, descrita en el Antecedente 1º de la presente, confirmando dicho acto en todos sus extremos, debiéndose notificar la presente al recurrente, como interesado en el procedimiento, y con domicilio a tales efectos en la calle La Pintora, El Toscal, 38410, Los Realejos.
Contra esta Orden que agota la vía administrativa, cabe recurso contencioso-administrativo, ante la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, a interponer en el plazo de dos meses, desde la publicación del presente anuncio, y sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse.
Santa Cruz de Tenerife, a 1 de septiembre de 1997.- El Director General de Administración Territorial y Gobernación, Juan José Rodríguez y Rodríguez.
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