Habiendo sido intentada la notificación de la Providencia y Pliego de Cargos en el domicilio que figura en el expediente sancionador nº 83/97, incoado por la Viceconsejería de Administración Pública a D. Fernando M. Rivero Castellano, con título de empresa operadora cancelado, por infracción a la normativa sobre el juego, sin que haya podido practicarse al interesado, de conformidad con lo establecido en el artº. 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se procede a su publicación.
PROVIDENCIA
Vista el acta de los funcionarios de la Inspección del Juego, de fecha 25 de junio de 1997, levantada en el establecimiento Bar Don Poyo, sito en El Rosario, La Esperanza, calle Calvario, 69, y deduciéndose de la misma posibles infracciones a la normativa sobre el juego, iníciese expediente sancionador a D. Fernando M. Rivero Castellano, con título de empresa operadora cancelado, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 43 y siguientes del Decreto 93/1988, de 31 de mayo, nombrando Instructora del expediente a Dña. Aurora La Serna Ramos, Técnico Instructor de la Dirección General de Administración Territorial y Gobernación, debiendo notificarse al interesado a los efectos de recusación previstos en el artº. 29 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 23 de la Ley 6/1985, de 30 de diciembre, reguladora de los Juegos y Apuestas en Canarias, y 42.6 del citado Decreto 93/1988, de 31 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de Máquinas Recreativas y de Azar de esta Comunidad Autónoma, se ordena como medida cautelar el precinto y depósito en las dependencias de esta Consejería de Presidencia y Relaciones Institucionales, sitas en la Avenida José Manuel Guimerá, 8, Santa Cruz de Tenerife, de la máquina recreativa denunciada en la citada acta de infracción, esto es, la TF-B-7.142, nº de Guía de Circulación 674528-k, nº modelo B/1623, nº serie B/1168, a resultas de la resolución que en definitiva sea dictada, por apreciarse la presunta comisión de una falta muy grave, tipificada en los artículos 21.2.1.a) de la citada Ley 6/1985, de 30 de diciembre, y 39.1 del también citado Decreto 93/1988, de 31 de mayo, toda vez que la explotación de dicha máquina recreativa la está ejercitando una persona física que ha causado baja definitiva en la explotación de máquinas recreativas con fecha 24 de marzo de 1994, como consecuencia de la cancelación de su inscripción en el Registro de Empresas Operadoras de la Comunidad Autónoma de Canarias.
Asimismo, se estima que el depósito en un establecimiento oficial resulta necesario para asegurar la eficacia de la resolución que pudiera recaer, el buen fin del procedimiento, evitar el mantenimiento de los efectos de la infracción y la exigencia de los intereses generales.
PLIEGO DE CARGOS
1º) Con fecha 25 de junio de 1997, fue levantada acta de infracción por funcionarios adscritos al Servicio de Inspección del Juego de esta Consejería, dando cuenta que en el establecimiento Bar Don Poyo, sito en El Rosario, La Esperanza, calle Calvario, 69, se encuentra instalada y en funcionamiento, la máquina recreativa tipo B, TF-B-7.142, nº de Guía de Circulación 674528-K, nº modelo B/1623, nº serie B/1168, propiedad de la empresa operadora nº 78, D. Fernando M. Rivero Castellano, que en el momento de la inspección carece del distintivo correspondiente del pago de la Tasa Fiscal sobre el Juego del segundo trimestre del año 1997.
2º) Consultados los archivos obrantes en el Negociado de Casinos y Bingos, así como en el de Máquinas Recreativas y de Azar dependiente de este Centro Directivo se constata que D. Fernando Mónico Rivero Castellano ha causado baja definitiva en la explotación de máquinas recreativas con fecha 24 de marzo de 1994, mediante Resolución de la Viceconsejería para las Administraciones Públicas, por la que se canceló su inscripción en el Registro de Empresas Operadoras de la Comunidad Autónoma de Canarias, debiendo cesar inmediatamente en su actividad, así como hacer entrega en estas dependencias de toda la documentación relativa a las máquinas de su propiedad. Confirmándose dicho acto en todos sus extremos por Orden del Consejero de Presidencia y Turismo de 19 de enero de 1995, por incumplimiento de lo previsto en el artículo 35 del Reglamento de Máquinas Recreativas y de Azar de esta Comunidad Autónoma.
3º) Asimismo, se constata que mediante Resolución de la Viceconsejería para las Administraciones Públicas de fecha 27 de enero de 1995, se procedió a declarar la extinción de las autorizaciones de explotación de las máquinas recreativas de su propiedad, entre las que se encuentra la TF-B-7.142 objeto del presente expediente sancionador.
4º) Los hechos descritos suponen infracción a los artículos 7, 8 y 18.1.g) del Decreto 93/1988, de 31 de mayo (B.O.C. nº 83, de 1.7.88), en cuya virtud, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias solo podrán ejercitar la actividad económica de explotación de máquinas de juego, las personas físicas o jurídicas que, conforme a las disposiciones del presente Reglamento y previa autorización administrativa, obtengan la condición de empresa operadora, y estén inscritas en el Registro de Empresas Operadoras de Canarias.
5º) De conformidad con lo previsto en los artículos 21.2.1.a) de la Ley 6/1985, de 30 de diciembre, reguladora de los Juegos y Apuestas en Canarias y 39.1 del citado Reglamento, la infracción debe calificarse de muy grave, la explotación de máquinas de juego por personas físicas o jurídicas no autorizadas como empresa operadora, procediendo sancionar con multa de dos millones de pesetas, así como la sanción adicional del decomiso, y cuando la sanción sea firme, la destrucción de la máquina que ha dado lugar a sanción, según disponen los artículos 42 del citado Decreto 93/1988, de 31 de mayo, y 22 de la Ley 6/1985, de 30 de diciembre, reguladora de los Juegos y Apuestas en Canarias (B.O.C. nº 158, de 31.12.85), sin perjuicio de lo que pueda resultar de la instrucción.
6º) De conformidad con lo dispuesto en los artículos 24.b) de la Ley 6/1985, de 30 de diciembre, reguladora de los Juegos y Apuestas en Canarias, y 7.5.b) del Decreto 321/1995, de 10 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Presidencia y Relaciones Institucionales, el Consejero de Presidencia y Relaciones Institucionales es competente para intervenir en la resolución de este expediente.
De acuerdo con lo establecido en el artº. 43.1.2.b) del citado Decreto 93/1988, de 31 de mayo, se le concede un plazo de ocho días hábiles, a contar del siguiente a la publicación del presente anuncio, para que presente en su descargo las alegaciones que tuviera por conveniente a la defensa de su derecho, y en el que podrá solicitar el recibimiento a prueba del expediente, expresando los puntos de hecho sobre lo que ha de versar y articulando la prueba de que intenta valerse.
Santa Cruz de Tenerife, a 22 de julio de 1997.- El Director General de Administración Territorial y Gobernación, Juan José Rodríguez y Rodríguez.
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