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BOC Nº 118. Miércoles 10 de Septiembre de 1997 - 2668

IV. ANUNCIOS - Otros anuncios - Consejería de Turismo y Transportes

2668 - RESOLUCIÓN de 8 de julio de 1997, de la Secretaría General Técnica, por la que se notifica la Resolución de 17 de abril de 1997, de este Centro Directivo, relativa al recurso ordinario nº 222/96 interpuesto por D. Francisco Ramón Domínguez Castellano, en representación de Franyasmar Bus, S.L.

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Vistos los repetidos intentos de notificación de la citada Resolución en el domicilio que figura en el expediente incoado por el correspondiente Centro Directivo de la mencionada Consejería, sin que haya sido recibida por el recurrente-interesado.

Visto lo establecido en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,

R E S U E L V O:

Primero.- Notificar a D. Francisco Ramón Domínguez Castellano, en representación de Franyasmar Bus, S.L., la Resolución de 17 de abril de 1997 (libro nº 1, folio 36, número 239), que figura como anexo de esta Resolución, por la que se resolvió el recurso ordinario nº 222/96 (expediente nº GC-2854-0-95), interpuesto contra la Resolución de la Dirección General de Transportes de fecha 15 de febrero de 1996.

Segundo.- Remitir al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria la presente Resolución para su anuncio en el tablón de edictos correspondiente.

Santa Cruz de Tenerife, a 8 de julio de 1997.- la Secretaria General Técnica, Rosa María Rodríguez Martín.

A N E X O

Resolución de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Turismo y Transportes por la que se resuelve el recurso ordinario interpuesto por D. Francisco Ramón Domínguez Castellano, en representación de la entidad mercantil Franyasmar Bus, S.L.

Visto el recurso ordinario formulado por D. Francisco Ramón Domínguez Castellano, en representación de Franyasmar Bus, S.L., contra la Resolución de la Dirección General de Transportes de fecha 15 de febrero de 1996, recaída en el expediente sancionador nº GC-2854-0-95, y teniendo a la vista los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- La Resolución recurrida se basa fácticamente en realizar el vehículo, matrícula GC-8531-Y, transporte escolar careciendo de la preceptiva autorización administrativa específica para ello, dando lugar a la sanción de doscientas cincuenta mil (250.000) pesetas.

Segundo.- El recurso ordinario interpuesto alega, en resumen, que a esta parte se le efectúa comunicación sin que previamente se le haya formulado notificación de denuncia, como en el expediente sancionador debe constar, a fin de que pudiera formular las alegaciones o pliego de descargo que estimase convenientes, por lo que se ha cometido grave infracción del procedimiento administrativo sancionador, en detrimento y menoscabo del principio constitucional que debe impregnar las actuaciones procedimentales penales y administrativas sancionadoras; que en cuanto al supuesto hecho infractor no es correcta la afirmación de que el autobús careciese de la autorización específica para realizar transporte escolar ya que la empresa mantiene en perfectas condiciones de cumplimiento de legalidad el estado de sus vehículos, siendo toda vez que, ante el volumen de contratación y servicios que realiza habitualmente la empresa al producirse cambios de turnos entre los propios compañeros, que en el momento de mostrar dicha autorización, que en todo caso sí posee el antedicho vehículo, se produjese una posible demora al no ser el habitual conductor que llevaba el vehículo; que si bien es imposible aportar el documento que acredita que el autobús posee dicha autorización administrativa, ya que ésta es totalmente dependiente del vehículo, sin embargo se podrá solicitar de los organismos competentes en su caso cuanta información considere necesaria para aclarar esta cuestión, solicitando la revocación de la Resolución sancionadora, archivando definitivamente el expediente o bien fijando nuevamente la sanción en su cuantía mínima.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- La Secretaria General Técnica de la Consejería de Turismo y Transportes es competente para conocer y resolver el presente recurso en virtud de lo dispuesto en la Orden Departamental de fecha 9 de octubre de 1995 (B.O.C. nº 136, de 23.10.95), por la que se le delega la competencia de resolución de los recursos administrativos interpuestos contra actos dictados por órganos del Departamento en materia de turismo y de transportes.

Segundo.- La tramitación del expediente sancionador ha sido sustanciada de conformidad con lo previsto en el capítulo IV del título VI del Real Decreto 1.211/1990, de 28 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento que desarrolla la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres, según nueva redacción dada al mismo en el anexo I del Real Decreto 1.772/1994, de 5 de agosto, por el que se adecuan determinados procedimientos administrativos en materia de transportes y carreteras a la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. Tercero.- Las argumentaciones esgrimidas por la entidad recurrente en nada alteran los hechos y preceptos infringidos obrantes en la Resolución de la Dirección General de Transportes de fecha 15 de febrero de 1996, que se adoptó en base a lo dispuesto en los artículos 89 y 140.a) de la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres, y artículos 105 y 197.a) del Real Decreto 1.211/1990, de 28 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de la citada Ley, que consideran infracción muy grave la realización de transportes públicos o actividades auxiliares o complementarias de los mismos careciendo de la preceptiva concesión o autorización cuando la normativa reguladora de los transportes terrestres exija título administrativo habilitante.

Teniendo en cuenta que según se constata en el boletín de denuncia nº 13114, formulado por Agente de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil -que de conformidad con el artículo 32.2 de la citada Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres prestan la cooperación necesaria a los miembros de la inspección para un eficaz cumplimiento de sus funciones- resulta debidamente acreditado que el vehículo, del que es titular la entidad recurrente, realizaba en la fecha de la denuncia, 18 de octubre de 1995, transporte escolar careciendo de la preceptiva autorización específica, sin que tales hechos, en momento alguno, hayan sido desvirtuados mediante prueba en contrario alguna aportada al presente expediente que destruya la presunción iuris tantum de veracidad que ampara a la denuncia formulada, ya que no sólo no se ha aportado copia compulsada de la referida autorización sino que de la información recabada por la Dirección General de Transportes del Excmo. Cabildo Insular de Gran Canaria, se desprende la carencia, por parte del vehículo denunciado, de la susodicha autorización administrativa específica, y así se hace constar en el informe propuesta de fecha 17 de marzo de 1997, que obra en el expediente, debiendo, asimismo, entender que dicho expediente ha sido tramitado de conformidad con las normas procedimentales aplicables, constando en el mismo la notificación a la entidad expedientada del acuerdo de incoación y Pliego de Cargos correspondiente a dicho expediente, mediante acuse de recibo de fecha 20 de diciembre 1995, y habiéndose impuesto sanción de conformidad con los criterios que para la graduación de las multas se recogen en el artículo 201.1 del Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres, en consecuencia, procede confirmar la Resolución sancionadora impugnada por ser ajustados a derecho sus pronunciamientos, manteniendo la sanción impuesta.

Cuarto.- La presente Resolución no ha sido dictaminada por el Servicio Jurídico del Gobierno de Canarias, por suscitarse en el recurso cuestiones de Derecho ya resueltas en otros anteriores, de acuerdo con lo previsto en el artículo 20.g) del Decreto 19/1992, de 7 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Organización y Funcionamiento de dicho Servicio Jurídico.

Vistos los preceptos legales citados, concordantes y demás de general aplicación, R E S U E L V O:

Desestimar, en todos sus términos, el recurso ordinario promovido por D. Francisco Ramón Domínguez Castellano, en representación de Franyasmar Bus, S.L., y confirmar la Resolución de la Dirección General de Transportes de fecha 15 de febrero de 1996, recaída en el expediente sancionador nº GC-2854-0-95, que determinó la imposición de una sanción de doscientas cincuenta mil (250.000) pesetas, manteniéndose en consecuencia todos sus pronunciamientos.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, cabe recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, a interponer en el plazo de dos meses desde su notificación, previa la comunicación al órgano que dictó la presente Resolución exigida en el artículo 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, y sin perjuicio de cualquier otro que pudiera interponerse.- La Secretaria General Técnica, p.d. (Orden de 9.10.95; B.O.C. nº 136, de 23.10.95), Rosa María Rodríguez Martín.

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