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Habiendo sido intentada en repetidas ocasiones la notificación del citado acuerdo de inicio de reintegro en el domicilio que figura en el expediente incoado por el Instituto Canario de Formación y Empleo, sin que haya sido recibida por el interesado, es por lo que, conforme a lo establecido en el artículo 59.4 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, de 26 de noviembre de 1992, se hace saber al mismo que con fecha 16 de junio de 1997 fue efectuado acuerdo de inicio de reintegro del tenor literal siguiente: Por la Dirección del Instituto Canario de Formación y Empleo se ha verificado, en diligencias de información previa, que por parte de la entidad Sociedad Cooperativa Odalac Oinegni, beneficiaria de una subvención en concepto de rentas de subsistencia de las previstas en el artº. 1 de la Orden de 9 de mayo de 1989, por la que se establecen subvenciones a Cooperativas de Trabajo Asociado y Sociedades Anónimas Laborales, por importe de dos millones cuatrocientas cincuenta y cuatro mil cuatrocientas cuarenta (2.454.440) pesetas, concedida mediante Resolución del Director General de Trabajo de 29 de diciembre de 1989, se ha incurrido en la siguiente causa determinante del reintegro de la referida subvención:
Haber incumplido el deber de justificar el empleo dado a los fondos recibidos, en la forma y plazo que se establecen en la Resolución de concesión de la subvención y normas reguladoras. Y ello es así por las siguientes razones:
a) En el número 3 del resuelvo de la indicada Resolución se obliga entregar, a partir de la fecha en que se efectúe la transferencia por la Tesorería Delegada, a cada socio trabajador fundador, beneficiario de la subvención, diez fracciones iguales de cuarenta y nueve mil ochenta y ocho (49.088) pesetas, pagaderas en cada uno de los diez meses siguientes a la citada fecha.
b) En el número 4, letras a) y b), se obliga a la entidad a justificar mensualmente durante todo el período que abarca la subvención, los pagos efectuados a los socios beneficiarios mediante fotocopia del recibo oficial de salarios y documentos justificativos de las cotizaciones a la Seguridad Social (Régimen General o Autónomo). Esta justificación será fiscalizada por la Intervención Delegada, todo ello con independencia de las auditorías que le podrían ser practicadas por la Comunidad Autónoma de Canarias, comprometiéndose a abonar los gastos que se deriven de las mismas. Asimismo, la letra b) de la citada Resolución obliga a mantener la entidad durante un período de 3 años como mínimo.
c) Por escrito de 12 de marzo de 1991, notificado el 15 de marzo del mismo año, se requirió a la entidad la remisión de la documentación justificativa especificada en el resuelvo 4.a), b), c) y d) de la mencionada Resolución.
d) Habiendo la entidad aportado documentación a efecto de justificar la subvención en fecha 1 de abril de 1991 y con número de registro de entrada 2.808, la cual estaba incompleta, se requiere a la misma por medio de escrito con registro de salida de fecha 15 de enero de 1996 y número de salida 79, en el domicilio que figura en el expediente, otorgándole un plazo de diez días, bajo el apercibimiento de que si así no lo hiciera se procedería a iniciar el correspondiente expediente de reintegro, escrito que no fue recogido por la entidad según devolución de Correos que obra en el expediente. e) Que según lo previsto en el artº. 59.4 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se procedió a publicar dicho requerimiento mediante anuncio en el Boletín Oficial de Canarias nº 11, de fecha 24 de enero de 1997, así como en el tablón de anuncios del correspondiente Ayuntamiento.
f) Que a la fecha de inicio del expediente no ha sido cumplimentado dicho requerimiento, encontrándose por tanto sin justificar la subvención concedida.
Por cuanto antecede, de conformidad con los artículos 32 y 33 del Decreto 6/1995, de 27 de enero, por el que se establece el régimen general de ayudas y subvenciones de la Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias, en relación con lo dispuesto en el artículo 52.12 de la Ley 7/1984, de 11 de diciembre, de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, y en el artículo 81 del Real Decreto-Legislativo 1.091/1988, de 23 de septiembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General Presupuestaria, en ejercicio de las competencias que me atribuyen los artículos 3.d) de la Ley 7/1992, de 25 de noviembre, de creación de este Instituto, y 3.15 del Decreto Territorial 18/1993, de 11 de febrero, por el que se aprueba su Reglamento Orgánico, en relación con lo establecido en el Decreto 6/1995, de 27 de enero, y con base en lo dispuesto en los artículos 69.1 y 84 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
ACUERDO:
Primero.- Iniciar el procedimiento para el reintegro de la subvención concedida a la entidad Sociedad Cooperativa Odalac Oinegni, por Resolución del Director General de Trabajo de 29 de diciembre de 1989, por las causas mencionadas, sin perjuicio de la exigencia de las demás responsabilidades a que dicho incumplimiento pudiera dar lugar en aplicación de la legislación vigente.
Segundo.- Conceder al interesado un plazo de diez días para que pueda comparecer en el expediente, tomar audiencia y vista del mismo, proponer pruebas y realizar las alegaciones que tenga por conveniente. Concluido este trámite y vistas las actuaciones pertinentes se dictará la Resolución que corresponda.
Tercero.- Notifíquese este acuerdo, según lo exigido en el artículo 58 y en los términos del artículo 59, ambos de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Contra el presente acuerdo no cabe interponer recurso alguno, sin perjuicio de que el interesado, conforme a lo previsto en el artículo 107.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, pueda alegar oposición al presente acto para su consideración en la resolución que ponga fin al presente procedimiento y sin perjuicio de la posibilidad de recurrirla.
Las Palmas de Gran Canaria, a 26 de junio de 1997.- El Director, Aurelio Ayala Fonte.
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