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Habiendo sido intentada en repetidas ocasiones la notificación de la citada Resolución de declaración de caducidad del procedimiento administrativo de reintegro en el domicilio que figura en el expediente incoado por el Instituto Canario de Formación y Empleo, sin que haya sido recibido por el interesado, es por lo que, conforme a lo establecido en el artículo 59.4 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, de 26 de noviembre de 1992, se hace saber a la misma que con fecha 6 de mayo de 1997 fue efectuada la Resolución por la que se declara la caducidad del procedimiento administrativo de reintegro incoado a D. Manuel González Hernández mediante Orden del Consejero de Empleo y Asuntos Sociales nº 730, de 15 de diciembre de 1995, del tenor literal siguiente:
Visto el expediente de reintegro incoado a D. Manuel González Hernández mediante Orden del Consejero de Empleo y Asuntos Sociales nº 730, de 15 de diciembre de 1995, para cuya resolución han de tenerse en cuenta los siguientes
ANTECEDENTES
Primero.- Mediante la citada Orden se incoa dicho procedimiento administrativo de reintegro, teniendo como fecha de registro el 15 de diciembre de 1995.
Segundo.- Que ha transcurrido el plazo legal establecido para resolver el citado procedimiento.
FUNDAMENTOS JURÍDICOS
Primero.- Visto lo establecido en el artº. 43.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en adelante LPAC (B.O.E. nº 285, de 27.11.92), donde se recoge que cuando se trate de procedimientos iniciados de oficio no susceptibles de producir efectos favorables para los ciudadanos, se entenderán caducados y se procederá al archivo de las actuaciones, a solicitud de cualquier interesado o de oficio por el propio órgano competente para dictar la resolución, en el plazo de treinta días desde el vencimiento del plazo en que debió ser dictada, excepto en los casos en que el procedimiento se hubiera paralizado por causa imputable al interesado, en los que se interrumpirá el cómputo del plazo para resolver el procedimiento. Segundo.- Visto lo establecido en el artº. 5.1 del Decreto 164/1994, de 29 de julio, por el que se adaptan los procedimientos administrativos de la Comunidad Autónoma a la Ley 30/1992, de 26 de noviembre (B.O.C. nº 102, de 19.8.94), donde se recoge que Salvo disposición expresa en contrario, el plazo de resolución de los procedimientos iniciados de oficio no susceptibles de producir actos favorables a los ciudadanos será de tres meses con carácter general y de seis meses en los procedimientos sancionadores y en los procedimientos selectivos y de concurrencia competitivos.
Tercero.- El procedimiento en cuestión no es susceptible de producir efectos favorables a los interesados.
Cuarto.- El tiempo de duración del procedimiento caducado se tiene por inexistente a efectos del cómputo del plazo de prescripción de la acción que se trate.
Quinto.- El citado procedimiento de reintegro no se ha resuelto en el plazo y forma.
En uso de las competencias atribuidas a esta Dirección en materia de reintegros mediante Orden de 3 de marzo de 1996, por la que se delegan en el Director del Instituto Canario de Formación y Empleo competencias en materia de reintegro de las subvenciones e infracciones y sanciones previstas en el Decreto 6/1995, de 27 de enero, por el que se establece el régimen general de ayudas y subvenciones de la Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias (B.O.C. nº 52, de 29.4.96),
R E S U E L V O:
Primero: declarar caducado y proceder al archivo de las actuaciones del procedimiento de reintegro incoado a D. Manuel González Hernández mediante Orden nº 730, de 15 de diciembre de 1995.
Segundo: el reintegro de referencia deberá ser reiniciado con las garantías que establece la normativa vigente al efecto.
Notifíquese la presente al interesado en el expediente respectivo con la indicación de que contra la misma, al poner fin a la vía administrativa puesto que se considera dictada por el órgano delegante (Consejero de Empleo y Asuntos Sociales), cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de su notificación, previa comunicación al Consejero de Empleo y Asuntos Sociales, conforme a lo previsto en el artículo 110.3 de la LPAC, sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar, en su caso, otro que estimen procedente.
Las Palmas de Gran Canaria, a 20 de mayo de 1997.- El Director, p.d. (Orden de 3.3.96; B.O.C. nº 52, de 29.4.96), Aurelio Ayala Fonte.
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