Visto el expediente tramitado por la Dirección General de la Función Pública para dar cumplimiento, en sus propios términos, a la Sentencia número 288, de 21 de marzo de 1997, dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo de Las Palmas de Gran Canaria, del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, en el recurso nº 2.530/95, promovido por Dña. Francisca López Gil, Dña. María Esther Moreno Suárez, D. Manuel Cabrera OShanahan, D. José Ignacio Guerra Rodríguez, D. José Juan Pérez Gil, D. Domingo Guerra Rodríguez, D. Roberto Cabrera Pedriany, Dña. Adela Candela Navarro, Dña. Lucía Quintana Reyes, Dña. Alicia María Hurtado González, D. Eufrasio Quintana Ruiz, D. Carlos Rodríguez Pérez, D. Manuel F. Pérez Martín, Dña. María Esther Carrasco Sarmiento, D. Ildefonso Pérez Rodríguez, D. Benigno Iglesias Rodríguez, Dña. Clara Teresa Poveda González, Dña. Concepción Martín Díaz y D. Jorge Artiles Mejías.
Vista la propuesta del Director General de la Función Pública.
Teniendo en cuenta los siguientes antecedentes y consideraciones jurídicas:
I. ANTECEDENTES
1º) Con fecha 26 de marzo de 1982, Dña. Francisca López Gil, junto con otros funcionarios pertenecientes todos ellos al Cuerpo Auxiliar Administrativo de la extinta Junta Interprovincial de Arbitrios Insulares (J.I.A.I.) presentaron escrito ante la Consejería de Economía y Hacienda de la Junta de Canarias, solicitando se les integrara en el Subgrupo de Administrativos de Administración General, en aplicación de la Disposición Transitoria Segunda, número 1, del Decreto 689/1975, de 21 de marzo.
2º) Con fecha 19 de julio de 1995, presentaron ante las Consejerías de Trabajo y Función Pública, y de Economía y Hacienda, escritos denunciando la mora en resolver su petición.
3º) Con fechas 19 y 20 de octubre de 1995 presentan ante las Consejerías de Economía y Hacienda y de Presidencia y Relaciones Institucionales, respectivamente, escritos solicitando la certificación de acto presunto a que se refiere el artículo 44 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
4º) En escrito de fecha 10 de noviembre de 1995, de la Dirección General de la Función Pública, se notifica a los denunciantes la no procedencia de emitir la certificación solicitada, ya que el procedimiento iniciado se substancia al amparo de la Ley de Procedimiento Administrativo de 17 de julio de 1958, cuyo texto no contempla la expedición de la certificación interesada. Se les indica que es de aplicación el artículo 94.1 de dicha Ley de Procedimiento Administrativo, por lo que los escritos presentados tienen como único objeto formalizar la denuncia de la mora a los efectos de poder considerar los interesados desestimada su petición, quedando expedita la vía de recurso.
5º) Con fecha 29 de noviembre de 1995, los interesados presentan ante la Consejería de Presidencia y Relaciones Institucionales escrito anunciando la interposición del recurso contencioso-administrativo, en aplicación del artículo 57.2.f) de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa de 27 de diciembre de 1956, en relación con el artículo 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
6º) Interpuesto el recurso contencioso-administrativo nº 2.530/1995 ante la Sala de Las Palmas de Gran Canaria del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, sobre desestimación presunta de la solicitud de integración al Subgrupo de Administrativos de Administración General, ésta dictó Sentencia nº 288/97, de 21 de marzo, cuyo fallo dispone: Estimar el recurso contencioso-administrativo deducido declarando la nulidad de las resoluciones significadas en el sentido señalado en los anteriores exponendos.
7º) Solicitada aclaración de Sentencia por los demandantes, en razón a su juicio de omisión de fecha de incorporación al Subgrupo de Administrativos de la Administración General, la Sala, con fecha 30 de abril de 1997, dicta el siguiente Auto: en virtud de lo dispuesto en el artículo 267 de la L.O.P.J., advertida la citada omisión procede añadir a la parte dispositiva de aquélla la expresión desde la fecha de la última petición deducida, es decir, la de 17 de julio de 1995.
8º) Con fecha 26 de mayo de 1997, esta misma Sala dicta Auto declarando la firmeza de la Sentencia de 21 de marzo de 1997, ordenando sea llevada a puro y debido efecto.
II. FUNDAMENTOS DE DERECHO
Primero.- De conformidad con lo establecido en los artículos 118 de la Constitución y 17, apartado 2º, de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y lo dispuesto en los artículos 103 y 104 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, de 27 de diciembre de 1956, a la Consejería de Presidencia y Relaciones Institucionales le corresponde la obligación de ejecutar la resolución judicial y la de llevarla a su puro y debido efecto, practicando lo que exija el cumplimiento de las declaraciones contenidas en el fallo.
En su virtud, en cumplimiento de la Sentencia nº 288 de 21 de marzo de 1997, de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de Las Palmas de Gran Canaria, del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, R E S U E L V O:
Uno.- Integrar en el Cuerpo Administrativo de la Comunidad Autónoma de Canarias a los funcionarios pertenecientes al Subgrupo de Auxiliares Administrativos de Administración General de las Corporaciones Locales de la extinta Junta Interprovincial de Arbitrios Insulares (J.I.A.I.) siguientes: Dña. Francisca López Gil, Dña. María Esther Moreno Suárez, D. Manuel Cabrera OShanahan, D. José Ignacio Guerra Rodríguez, D. José Juan Pérez Gil, D. Domingo Guerra Rodríguez, D. Roberto Cabrera Pedriany, Dña. Adela Candela Navarro, Dña. Lucía Quintana Reyes, Dña. Alicia María Hurtado González, D. Eufrasio Quintana Ruiz, D. Carlos Rodríguez Pérez, D. Manuel F. Pérez Martín, Dña. María Esther Carrasco Sarmiento, D. Ildefonso Pérez Rodríguez, D. Benigno Iglesias Rodríguez, Dña. Clara Teresa Poveda González, Dña. Concepción Martín Díaz y D. Jorge Artiles Mejías.
Dos.- Dicha integración tendrá efectos desde la fecha de 17 de julio de 1995.
Tres.- Publicar dicho Fallo en el Boletín Oficial de Canarias para general conocimiento.
Santa Cruz de Tenerife, a 11 de julio de 1997.
EL CONSEJERO DE PRESIDENCIA Y RELACIONES INSTITUCIONALES, Lorenzo Alberto Suárez Alonso.
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