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Habiéndose intentado por esta Dirección General sin haberse podido practicar, la notificación de la Resolución recaída en el expediente incoado con motivo de denuncias o Actas de Inspección formuladas contra los titulares de empresas y actividades turísticas que se relacionan, conforme al artº. 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y siendo preciso su notificación a los efectos de que aleguen lo que a su derecho convenga,
R E S U E L V O:
1.- Notificar a los titulares de establecimientos y actividades turísticas que se citan, la Resolución recaída en el expediente que les ha sido instruido por infracción a la legislación en materia turística.
El ingreso de las sanciones recaídas en los expedientes que se relacionan deberá hacerse efectivo en la forma y plazos indicados en la notificación que la Consejería de Economía y Hacienda les remitirá a su propio domicilio.
2.- Remitir al Ayuntamiento de las poblaciones que se citan, la presente Resolución para su publicación en el tablón de edictos correspondiente. Las Palmas de Gran Canaria, a 28 de mayo de 1997.- El Director General de Ordenación e Infraestructura Turística, Francisco Montesdeoca Santana. RESOLUCIONES QUE SE CITAN:
1) Libro nº 2 de Resolución de la Dirección General de Ordenación e Infraestructura Turística, folio 68, nº 586.
Resolución de 6 de mayo de 1997, de la Dirección General de Ordenación e Infraestructura Turística, recaída en el expediente sancionador nº 96/135, instruido a Dña. Gloria del Carmen González Gajardo, titular de la explotación turística del establecimiento denominado Bar Club Ladys.
Examinado el expediente sancionador tramitado por el Servicio de Inspección y Sanciones, instruido a Dña. Gloria del Carmen González Gajardo, por Resolución de iniciación del Director General de Ordenación e Infraestructura Turística, de 9 de diciembre de 1996, como consecuencia del acta de inspección nº 6731, de 6 de febrero de 1996.
Vista la propuesta formulada por el Instructor del expediente sancionador consignado.
Teniendo en cuenta los siguientes
I. ANTECEDENTES
1º) Que con fecha 6 de febrero de 1996, se personó en el establecimiento de referencia, sito en la calle Sagasta, 14, Las Palmas de Gran Canaria, el Servicio de Inspección de esta Dirección General, levantando al efecto el acta nº 6731, en la que esencialmente se hace constar que el establecimiento de referencia se encontraba abierto al público en general y ejercía la actividad de Bar Pub, careciendo de las Hojas de Reclamaciones y de los precios preceptivamente notificados a la Administración turística canaria.
2º) Que se ordenó la iniciación de expediente sancionador, que lleva el número 96/135, nombrándose Instructor y Secretario.
3º) Que por el Instructor del expediente se formularon los cargos, con fecha 9 de diciembre de 1996, por los siguientes hechos:
1.- No haber notificado a la Administración turística competente, los precios que rigen en la prestación de los servicios.
2.- Carecer en el establecimiento de las Hojas de Reclamaciones que debe tener con carácter obligatorio.
4º) Que con fecha 28 de abril de 1996 y habida cuenta que la expedientada no efectuó alegación alguna a la Resolución de iniciación del procedimiento y a los cargos imputados, fue ratificada como Propuesta de Resolución, con una multa en cuantía de 100.000 pesetas, por el 1er hecho infractor y 100.000 pesetas, por el 2º hecho infractor. II. CONSIDERACIONES JURÍDICAS
Primera.- Que las actuaciones practicadas en el presente expediente sancionador han sido de conformidad con la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. nº 285, de 26.11.92) y la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias (B.O.C. nº 48, de 19.4.95).
Segunda.- Que en la tramitación del expediente se han observado las formalidades de rigor.
Tercera.- Que las pruebas que obran en el expediente son tenidas en cuenta a la hora de emitir la presente Resolución.
Cuarta.- Que debe estimarse la responsabilidad administrativa de la expedientada, en base al contenido del acta de inspección nº 6731, de 6 de febrero de 1996, sin que la titular consignada haya formulado alegación ni aportado prueba alguna que desvirtúen los hechos infractores, por lo que debe prevalecer la constatación efectuada por el Inspector actuante en la citada acta de inspección.
Quinta.- Que los hechos recogidos en el expediente son constitutivos de infracción al:
Normas sustantivas infringidas:
- Artº. 30.1 de la Orden Ministerial de 17 de marzo de 1965, por la que se aprueba la Ordenación Turística de Restaurantes (B.O.E. de 29 de marzo), modificado por la Orden Ministerial de 29 de junio de 1978, en su artículo 2º (B.O.E. de 19 de julio), y en aplicación del artículo 4º de la Orden Ministerial de 19 de junio de 1970 (B.O.E. de 23 de junio).
- Artículo 1º de la Orden de 13 de noviembre de 1986, por la que se regulan las Hojas de Reclamaciones de los clientes en establecimientos turísticos (B.O.C. nº 139, de 19 de noviembre).
Con calificación de leve, en base a los artículos 76.5 y 76.6, en relación con el artº. 77.7, de la Ley 7/1995, de 6 de abril (B.O.C. nº 48, de 19 de abril).
En el ejercicio de la competencia que tengo atribuida para resolver el presente expediente sancionador, de acuerdo con la Ley Orgánica 10/1982, de 10 de agosto, por la que se aprueba el Estatuto de Autonomía de Canarias (B.O.J.C. nº 17, de 28.11.82), y el artículo 11.p) del Decreto 281/1995, de 11 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Turismo y Transportes (B.O.C. nº 128, de 4.10.95), que viene a sustituir al Reglamento Orgánico de la Consejería de Presidencia y Turismo, como consecuencia de la reestructuración de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, según Decreto 187/1995, de 20 de julio (B.O.C. nº 93, de 21.7.95),
R E S U E L V O:
Imponer la sanción de multa de 100.000 pesetas, por el 1er hecho infractor y 100.000 pesetas, por el 2º hecho infractor a Dña. Gloria del Carmen González Gajardo, con C.I.F. X-0764365-Y, titular de la explotación turística del establecimiento denominado Bar Club Ladys.
La Resolución que se le notifica no pone fin a la vía administrativa y contra la misma cabe interponer, de acuerdo con lo prevenido en los artículos 114 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, recurso ordinario en el plazo de un mes, contado a partir de la recepción de la presente Resolución, ante el Ilmo. Sr. Viceconsejero de Turismo de la Consejería de Turismo y Transportes del Gobierno de Canarias, y sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse.
En el caso de que el recurrente sea un representante, deberá acreditar esta representación, aportando Escritura de Poder para dejar constancia fidedigna, bien con copia simple notarial o previo cotejo o compulsa de la fotocopia con su original, a tenor de lo dispuesto en el artículo 32 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. Las Palmas de Gran Canaria, a 6 de mayo de 1997.- El Director General de Ordenación e Infraestructura Turística, Francisco Montesdeoca Santana.
2) Libro nº 2 de Resolución de la Dirección General de Ordenación e Infraestructura Turística, folio 68, nº 584.
Resolución de 6 de mayo de 1997, de la Dirección General de Ordenación e Infraestructura Turística, recaída en el expediente sancionador nº 96/143, instruido a D. Andrés Pallarés Padilla, titular de la explotación turística del establecimiento denominado Bar Pub Karaoke Melody.
Examinado el expediente sancionador tramitado por el Servicio de Inspección y Sanciones, instruido a D. Andrés Pallarés Padilla, por Resolución de Iniciación del Director General de Ordenación e Infraestructura Turística, de 9 de diciembre de 1996, como consecuencia del acta de inspección nº 6494, de 15 de febrero de 1996.
Vista la propuesta formulada por el Instructor del expediente sancionador consignado. Teniendo en cuenta los siguientes
I. ANTECEDENTES
1º) Que con fecha 15 de febrero de 1996 se personó en el establecimiento de referencia, sito en la calle José Antonio, 74, Arrecife de Lanzarote, el Servicio de Inspección de esta Dirección General, levantando al efecto el acta nº 6494 en la que esencialmente se hace constar que se había producido un cambio de titularidad a favor del consignado que explotaba el negocio desde primeros de enero de 1996, sin comunicarlo como es preceptivo a la Administración turística canaria.
Asimismo, se hace constar que se había producido un cambio de denominación.
2º) Que se ordenó la iniciación de expediente sancionador, que lleva el número 96/143, nombrándose Instructor y Secretario.
3º) Que por el Instructor del expediente se formularon los cargos, con fecha 9 de diciembre de 1996, por los siguientes hechos:
1.- Haber cambiado la denominación del establecimiento, toda vez que se anuncia como Bar Pub Karaoke Melody, sin haberlo comunicado previa y preceptivamente a la Administración turística competente.
2.- Alterar las condiciones esenciales de la autorización de la que está provista la actividad, toda vez que se ha producido un cambio de titularidad a favor de D. Andrés Pallarés Padilla, que explota el establecimiento consignado desde primeros de enero de 1996, sin comunicarlo como es preceptivo a la Administración turística competente.
4º) Que con fecha 28 de abril de 1997 y habida cuenta que el expedientado no efectuó alegación alguna a la Resolución de iniciación del procedimiento y a los cargos imputados, fue ratificada como Propuesta de Resolución, con una multa en cuantía de 125.000 pesetas, por el 1er hecho infractor y 125.000 pesetas, por el 2º hecho infractor.
II. CONSIDERACIONES JURÍDICAS
Primera.- Que las actuaciones practicadas en el presente expediente sancionador han sido de conformidad con la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. nº 285, de 26.11.92) y la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias (B.O.C. nº 48, de 19.4.95).
Segunda.- Que en la tramitación del expediente se han observado las formalidades de rigor. Tercera.- Que las pruebas que obran en el expediente son tenidas en cuenta a la hora de emitir la presente Resolución.
Cuarta.- Que debe estimarse la responsabilidad administrativa del expedientado, en base al contenido del acta de inspección nº 6494, de 15 de febrero de 1996, y a los datos obrantes en la oficina de Turismo Interior de la Consejería de Turismo del Excmo. Cabildo Insular de Lanzarote, sin que el titular haya formulado alegaciones ni aportado prueba alguna que desvirtúen los hechos infractores.
Quinta.- Que los hechos recogidos en el expediente son constitutivos de infracción al:
- Artículo 3º de la Orden de 19 de octubre de 1988, de los Nombres y la Publicidad de los establecimientos turísticos (B.O.C. nº 139, de 4 de noviembre).
- Artículo 2º de la Orden de 23 de septiembre de 1988, por la que se regula el procedimiento para los Cambios de Titularidad de los establecimientos turísticos (B.O.C. nº 127, de 7 de octubre).
Con calificación de leve, en base al:
- Artº. 76.1, en relación con el artº. 77.7, de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias (B.O.C. nº 48, de 19 de abril).
En el ejercicio de la competencia que tengo atribuida para resolver el presente expediente sancionador, de acuerdo con la Ley Orgánica 10/1982, de 10 de agosto, por la que se aprueba el Estatuto de Autonomía de Canarias (B.O.J.C. nº 17, de 28.9.82), y el artículo 11.p) del Decreto 281/1995, de 11 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Turismo y Transportes (B.O.C. nº 128, de 4.10.95), que viene a sustituir al Reglamento Orgánico de la Consejería de Presidencia y Turismo, como consecuencia de la reestructuración de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, según Decreto 187/1995, de 20 de julio (B.O.C. nº 93, de 21.7.95),
R E S U E L V O:
Imponer la sanción de multa de 125.000 pesetas, por el 1er hecho infractor y 125.000 pesetas, por el 2º hecho infractor, a D. Andrés Pallarés Padilla, con D.N.I. 42.600.633, titular de la explotación turística del establecimiento denominado Bar Pub Karaoke Melody.
La Resolución que se le notifica no pone fin a la vía administrativa y contra la misma cabe interponer, de acuerdo con lo prevenido en los artículos 114 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, recurso ordinario en el plazo de un mes, contado a partir de la recepción de la presente Resolución, ante el Ilmo. Sr. Viceconsejero de Turismo de la Consejería de Turismo y Transportes del Gobierno de Canarias, y sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse.
En el caso de que el recurrente sea un representante, deberá acreditar esta representación, aportando Escritura de Poder para dejar constancia fidedigna, bien con copia simple notarial o previo cotejo o compulsa de la fotocopia con su original, a tenor de lo dispuesto en el artículo 32 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. Las Palmas de Gran Canaria, a 6 de mayo de 1997.- El Director General de Ordenación e Infraestructura Turística, Francisco Montesdeoca Santana.
3) Libro nº 2 de Resolución de la Dirección General de Ordenación e Infraestructura Turística, folio 71, nº 655.
Resolución de 14 de mayo de 1997, de la Dirección General de Ordenación e Infraestructura Turística, recaída en el expediente sancionador nº 97/009, instruido a D. Domingo Ramos Melián, titular de la explotación turística del establecimiento denominado Bar Triana.
Examinado el expediente sancionador tramitado por el Servicio de Inspección y Sanciones, instruido a D. Domingo Ramos Melián, por Resolución de Iniciación del Director General de Ordenación e Infraestructura Turística, de 27 de enero de 1997, como consecuencia de la reclamación formulada por D. Amadeo José Abelleiro Cusidó, y del acta de inspección nº 7092, de 22 de mayo de 1996.
Vista la propuesta formulada por el Instructor del expediente sancionador consignado.
Teniendo en cuenta los siguientes
I. ANTECEDENTES
1º) Que con fecha 30 de abril de 1996, registro de entrada nº 2533, se recibió en esta Consejería denuncia formulada por D. Amadeo José Abelleiro Cusidó, contra el establecimiento consignado, en la que manifiesta una serie de deficiencias en el servicio, así como no haberle facilitado las Hojas de Reclamaciones.
2º) Que para comprobar los hechos denunciados, el 22 de mayo de 1996 se personó en el establecimiento de referencia, sito en la calle Triana, 1, Arrecife de Lanzarote, el Servicio de Inspección de esta Dirección General, levantando al efecto el acta nº 7092, en la que esencialmente se hace constar que no fue posible esclarecer la denuncia contra el establecimiento consignado.
3º) Que se ordenó la iniciación de expediente sancionador, que lleva el número 97/009, nombrándose Instructor y Secretario.
4º) Que por el Instructor del expediente se formularon los cargos, con fecha 27 de enero de 1997, por los siguientes hechos:
- No facilitar a su cliente D. Amadeo José Abelleiro Cusidó, la Hoja de Reclamaciones, a solicitud de éste, según consta en la denuncia.
5º) Que con fecha 5 de mayo de 1997, y habida cuenta que el expedientado no efectuó alegación alguna a la Resolución de iniciación del procedimiento y a los cargos imputados, fue ratificada como Propuesta de Resolución, con una multa en cuantía de 90.000 pesetas.
II. CONSIDERACIONES JURÍDICAS
Primera.- Que las actuaciones practicadas en el presente expediente sancionador han sido de conformidad con la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. nº 285, de 26.11.92) y la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias (B.O.C. nº 48, de 19.4.95).
Segunda.- Que en la tramitación del expediente se han observado las formalidades de rigor.
Tercera.- Que las pruebas que obran en el expediente son tenidas en cuenta a la hora de emitir la presente Resolución.
Cuarta.- Que debe estimarse la responsabilidad administrativa del expedientado en base al contenido de la denuncia formulada por D. Amadeo José Abelleiro Cusidó, sin que el titular haya formulado alegaciones ni aportado prueba alguna que desvirtúe el hecho infractor.
Quinta.- Que el hecho recogido en el expediente es constitutivo de infracción al:
- Artº. 2.1 de la Orden de 13 de noviembre de 1986, por la que se regulan las Hojas de Reclamaciones de los clientes en establecimientos turísticos (B.O.C. nº 139, de 19 de noviembre).
Con calificación de leve, en base al:
- Artº. 76.6, en relación con el artº. 77.7, de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias (B.O.C. nº 48, de 19 de abril). En el ejercicio de la competencia que tengo atribuida para resolver el presente expediente sancionador, de acuerdo con la Ley Orgánica 10/1982, de 10 de agosto, por la que se aprueba el Estatuto de Autonomía de Canarias (B.O.J.C. nº 17, de 28.9.82), y el artículo 11.p) del Decreto 281/1995, de 11 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Turismo y Transportes (B.O.C. nº 128, de 4.10.95), que viene a sustituir al Reglamento Orgánico de la Consejería de Presidencia y Turismo, como consecuencia de la reestructuración de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, según Decreto 187/1995, de 20 de julio (B.O.C. nº 93, de 21.7.95),
R E S U E L V O:
Imponer la sanción de multa de 90.000 pesetas, a D. Domingo Ramos Melián, con D.N.I. 78.453.608, titular de la explotación turística del establecimiento denominado Bar Triana.
La Resolución que se le notifica no pone fin a la vía administrativa y contra la misma cabe interponer, de acuerdo con lo prevenido en los artículos 114 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, recurso ordinario en el plazo de un mes, contado a partir de la recepción de la presente Resolución, ante el Ilmo. Sr. Viceconsejero de Turismo de la Consejería de Turismo y Transportes del Gobierno de Canarias, y sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse.
En el caso de que el recurrente sea un representante, deberá acreditar esta representación, aportando Escritura de Poder para dejar constancia fidedigna, bien con copia simple notarial o previo cotejo o compulsa de la fotocopia con su original, a tenor de lo dispuesto en el artículo 32 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. Las Palmas de Gran Canaria, a 14 de mayo de 1997.- El Director General de Ordenación e Infraestructura Turística, Francisco Montesdeoca Santana.
4) Libro nº 1 de Resolución de la Viceconsejería de Turismo, folio 5, nº 24.
Resolución de 13 de mayo de 1997, de la Viceconsejería de Turismo del Gobierno de Canarias, recaída en el expediente sancionador nº 97/013, instruido a Viajes Islas del Sol, S.A., titular de la explotación turística del establecimiento denominado Agencia de Viajes Islas del Sol.
Examinado el expediente sancionador tramitado por el Servicio de Inspección y Sanciones, instruido a Viajes Islas del Sol, S.A., por Resolución de iniciación del Director General de Ordenación e Infraestructura Turística, de 3 de febrero de 1997, como consecuencia del acta de inspección nº 5623, de 1 de junio de 1995.
Vista la propuesta formulada por el Instructor del expediente sancionador consignado.
Teniendo en cuenta los siguientes
I. ANTECEDENTES
1º) Que con fecha 1 de junio de 1995, se personó en el establecimiento de referencia, sito en la Avenida Mesa y López, 5, Las Palmas de Gran Canaria, el servicio de Inspección de esta Dirección General, levantando al efecto el acta nº 5623, en la que esencialmente se hace constar que el establecimiento carecía de Libro de Inspección.
3º) Que se ordenó la iniciación de expediente sancionador, que lleva el número 97/013, nombrándose Instructor y Secretario.
4º) Que por el Instructor del expediente se formularon los cargos, con fecha 3 de febrero de 1997, por los siguientes hechos:
- Carecer en el establecimiento del Libro de Inspección.
5º) Que con fecha 5 de mayo de 1997, y habida cuenta que la expedientada no efectuó alegación alguna a la Resolución de iniciación del procedimiento y a los cargos imputados, fue ratificada como Propuesta de Resolución, con una multa en cuantía de 250.001 pesetas.
II. CONSIDERACIONES JURÍDICAS
Primera.- Que las actuaciones practicadas en el presente expediente sancionador han sido de conformidad con la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. nº 285, de 26.11.92) y la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias (B.O.C. nº 48, de 19.4.95).
Segunda.- Que en la tramitación del expediente se han observado las formalidades de rigor.
Tercera.- Que las pruebas que obran en el expediente son tenidas en cuenta a la hora de emitir la presente Resolución.
Cuarta.- Que debe estimarse la responsabilidad administrativa de la expedientada, en base al contenido del acta de inspección nº 5623, de 1 de junio de 1995, sin que dicha titular haya formulado alegaciones ni aportado prueba alguna que desvirtúe el hecho imputado, por lo que debe prevalecer la constatación efectuada por el Inspector actuante en la citada acta de inspección. Quinta.- Que el hecho recogido en el expediente es constitutivo de infracción al:
- Artículos 1º y 3º de la Orden de 31 de octubre de 1970, que establece la obligatoriedad del Libro de Inspección para las industrias y empresas (B.O.E. de 17 de noviembre).
Con calificación de grave, en base al:
- Artº. 76.9 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias (B.O.C. nº 48, de 19 de abril).
En el ejercicio de la competencia que tengo atribuida para resolver el presente expediente sancionador, de acuerdo con la Ley Orgánica 10/1982, de 10 de agosto, por la que se aprueba el Estatuto de Autonomía de Canarias (B.O.J.C. nº 17, de 28.9.82), y el artículo 10.j) del Decreto 281/1995, de 11 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Turismo y Transportes (B.O.C. nº 128, de 4.10.95), que viene a sustituir al Reglamento Orgánico de la Consejería de Presidencia y Turismo, como consecuencia de la reestructuración de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, según Decreto 187/1995, de 20 de julio (B.O.C. nº 93, de 21.7.95),
R E S U E L V O:
Imponer la sanción de multa de 250.001 pesetas, a Viajes Islas del Sol, S.A., con C.I.F. A-35005313, titular de la explotación turística del establecimiento denominado Agencia de Viajes Islas del Sol.
La Resolución que se le notifica no pone fin a la vía administrativa y contra la misma cabe interponer, de acuerdo con lo prevenido en los artículos 114 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, recurso ordinario en el plazo de un mes, contado a partir de la recepción de la presente Resolución, ante el Excmo. Sr. Consejero de Turismo y Transportes del Gobierno de Canarias, y sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse.
En el caso de que el recurrente sea un representante, deberá acreditar esta representación, aportando Escritura de Poder para dejar constancia fidedigna, bien con copia simple notarial o previo cotejo o compulsa de la fotocopia con su original, a tenor de lo dispuesto en el artículo 32 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. Las Palmas de Gran Canaria, a 13 de mayo de 1997.- El Viceconsejero de Turismo, Jaime Celso Rodríguez Cíe. 5) Libro nº 2 de Resolución de la Dirección General de Ordenación e Infraestructura Turística, folio 71, nº 657.
Resolución de 14 de mayo de 1997, de la Dirección General de Ordenación e Infraestructura Turística, recaída en el expediente sancionador nº 97/020, instruido a D. Juan Medina Molina, titular de la explotación turística del establecimiento denominado Restaurante Tunte.
Examinado el expediente sancionador tramitado por el Servicio de Inspección y Sanciones, instruido a D. Juan Medina Molina, por Resolución de iniciación del Director General de Ordenación e Infraestructura Turística, de 3 de febrero de 1997, como consecuencia del acta de inspección nº 6969, de 9 de abril de 1996.
Vista la propuesta formulada por el Instructor del expediente sancionador consignado.
Teniendo en cuenta los siguientes
I. ANTECEDENTES
1º) Que con fecha 9 de abril de 1996 se personó en el establecimiento de referencia, sito en la calle Alejandro del Castillo, Edificio Roque Ansite, en San Fernando, término municipal de San Bartolomé de Tirajana, el Servicio de Inspección de esta Dirección General, levantando al efecto el acta nº 6969, en la que esencialmente se hace constar que se han podido comprobar deficiencias de limpieza y desorden generalizado en la cocina (se observó que de las paredes, filtro de campana rezuma la grasa por todas partes, cajas vacías de cerveza tropical, recipientes de basura sin tapar y artículos comestibles sin tapar). El Restaurante cuenta con 27 plazas.
2º) Que se ordenó la iniciación de expediente sancionador, que lleva el número 97/020, nombrándose Instructor y Secretario.
3º) Que por el Instructor del expediente se formularon los cargos, con fecha 3 de febrero de 1997, por los siguientes hechos:
- Deficiencia de limpieza en la dependencia denominada cocina, según consta en el acta de inspección nº 6969, de fecha 9 de abril de 1996.
4º) Que con fecha 5 de mayo de 1997, y habida cuenta que el expedientado no efectuó alegación alguna a la Resolución de iniciación del procedimiento y a los cargos imputados, fue ratificada como Propuesta de Resolución, con una multa en cuantía de 220.000 pesetas.
II. CONSIDERACIONES JURÍDICAS
Primera.- Que las actuaciones practicadas en el presente expediente sancionador han sido de conformidad con la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. nº 285, de 26.11.92) y la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias (B.O.C. nº 48, de 19.4.95).
Segunda.- Que en la tramitación del expediente se han observado las formalidades de rigor.
Tercera.- Que las pruebas que obran en el expediente son tenidas en cuenta a la hora de emitir la presente Resolución.
Cuarta.- Que debe estimarse la responsabilidad administrativa del expedientado, en base a no haberse desvirtuado el hecho infractor.
Quinta.- Que el hecho recogido en el expediente es constitutivo de infracción al:
- Artículo 9º.d) de la Orden Ministerial de 17 de marzo de 1965, por la que se aprueba la Ordenación Turística de Restaurantes (B.O.E. de 29 de marzo), en aplicación del artículo 4º de la Orden Ministerial de 19 de junio de 1970 (B.O.E. de 23 de junio).
Tipificación de la infracción:
Artº. 76.3, en relación con el artº. 77.7, de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias (B.O.C. nº 48, de 19 de abril).
En el ejercicio de la competencia que tengo atribuida para resolver el presente expediente sancionador, de acuerdo con la Ley Orgánica 10/1982, de 10 de agosto, por la que se aprueba el Estatuto de Autonomía de Canarias (B.O.J.C. nº 17, de 28.9.82), y el artículo 11.p) del Decreto 281/1995, de 11 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Turismo y Transportes (B.O.C. nº 128, de 4.10.95), que viene a sustituir al Reglamento Orgánico de la Consejería de Presidencia y Turismo, como consecuencia de la reestructuración de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, según Decreto 187/1995, de 20 de julio (B.O.C. nº 93, de 21.7.95),
R E S U E L V O:
Imponer la sanción de multa de 220.000 pesetas a Juan Medina Molina, con C.I.F. 78462986, titular de la explotación turística del establecimiento denominado Restaurante Tunte.
La Resolución que se le notifica no pone fin a la vía administrativa y contra la misma cabe interponer, de acuerdo con lo prevenido en los artículos 114 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, recurso ordinario en el plazo de un mes, contado a partir de la recepción de la presente Resolución, ante el Ilmo. Sr. Viceconsejero de Turismo de la Consejería de Turismo y Transportes del Gobierno de Canarias, y sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse.
En el caso de que el recurrente sea un representante, deberá acreditar esta representación, aportando Escritura de Poder para dejar constancia fidedigna, bien con copia simple notarial o previo cotejo o compulsa de la fotocopia con su original, a tenor de lo dispuesto en el artículo 32 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. Las Palmas de Gran Canaria, a 14 de mayo de 1997.- El Director General de Ordenación e Infraestructura Turística, Francisco Montesdeoca Santana.
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