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BOC Nº 095. Viernes 25 de Julio de 1997 - 2208

IV. ANUNCIOS - Otros anuncios - Consejería de Presidencia y Relaciones Institucionales

2208 - ANUNCIO de 23 de mayo de 1997, de la Dirección General de Administración Territorial y Gobernación, relativo a la cancelación de la inscripción en el Registro de Empresas Operadoras de Canarias, de Comercial Juafa, S.L., en paradero desconocido.- E. O. 103.

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Se hace saber a la empresa Comercial Juafa, S.L., que se halla en ignorado paradero, que por Resolución de esta Dirección General de Administración Territorial y Gobernación, de fecha 24 de marzo de 1997, se resolvió declarar la cancelación de la inscripción en el Registro de Empresas Operadoras de Canarias, de la mencionada empresa. Habiéndose intentado la notificación de la misma, ésta ha sido devuelta por el Servicio de Correos, por lo que de conformidad con lo previsto en el artº. 59.4 de la vigente Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se procede a su publicación. Examinado el expediente de inscripción en el Registro de Empresas Operadoras de la Comunidad Autónoma de Canarias, correspondiente a Comercial Juafa, S.L.

Vista la propuesta formulada por el Servicio de Gestión del Juego, y

Teniendo en cuenta los siguientes

I. ANTECEDENTES

1º) Para obtener la inscripción en el Registro de Empresas Operadoras de Canarias, la entidad mercantil Comercial Juafa, S.L., hubo de constituir fianzas para responder de las obligaciones económicas en que pudiera incurrir en el ejercicio de su actividad como empresa operadora, de conformidad con lo previsto en los artículos 9.3 y 9.5 del Decreto 132/1989, de 1 de junio, en relación con el artº. 35 del Decreto 93/1988, de 31 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de Máquinas Recreativas y de Azar de la Comunidad Autónoma de Canarias, modificado parcialmente por el anterior.

2º) Con fecha 14 de mayo de 1996, esta Administración comunica a la referida entidad que en la actualidad la cuantía de las fianzas constituidas por esta empresa operadora, asciende a la cantidad de 5.870.530 pesetas, y que el número de máquinas de tipo “B” en explotación, cuya titularidad ostenta en la actualidad esa empresa operadora, es de 165 máquinas, siendo la cuantía de la fianza obligatoria para tal número de máquinas de 35.000.000 de pesetas, de conformidad con lo previsto en los artículos 9.3 y 9.5 del Decreto 132/1989, de 1 de junio anteriormente citado; requiriéndose, al propio tiempo, a dicha entidad, para que en el plazo máximo de un mes, completara la cuantía obligatoria correspondiente, con apercibimiento de que en caso contrario, se producirá la cancelación de la inscripción o revocación de la autorización que la motivó, en virtud de lo previsto en el artº. 35.2 del citado Decreto 93/1988, de 31 de mayo.

3º) Habiéndose devuelto por el Servicio de Correos la notificación relativa al requerimiento practicado a dicha entidad, se procedió a su publicación en el Boletín Oficial de Canarias nº 77, de 26 de junio de 1996.

4º) Mediante escrito de 26 de julio de 1996, Registro de Entrada nº 14.928, la representación de la referida entidad manifiesta no estar de acuerdo con el requerimiento practicado, por cuanto las cuantías de las fianzas constituidas por la empresa ascienden a la cantidad de 20.000.000 de pesetas, en total, al tener depositadas tres pólizas de seguros de caución, números 1.837.274, 1.837.277 y 1.692.295, por importes de 10.000.000, 4.000.000 y 6.000.000 de pesetas, respectivamente. Asimismo, manifiesta que la posible detracción de la cuantía de las fianzas no ha sido notificada de forma fehaciente a la empresa operadora que representa, por lo que en todo caso sería nula la Resolución por la que se acordó la misma.

Por otro lado, manifiesta no ser cierto que la empresa tenga 165 máquinas de tipo “B”, no constando unido al requerimiento efectuado ningún informe en tal sentido, por lo que dicho requerimiento no puede tener nunca carácter de prueba preconstituida, al formalizarse sin la presencia del sujeto pasivo.

Por otra parte, se señala que ya existe un expediente administrativo de cancelación de inscripción de la misma empresa operadora, en el que ha recaído Orden del Consejero de Presidencia y Relaciones Institucionales, actualmente impugnada ante la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Canarias; por lo que no puede tramitarse ningún otro expediente administrativo relativo a los mismos hechos.

5º) Con fecha 30 de julio de 1996, se acusa recibo de las manifestaciones vertidas por la representación de la empresa, mediante escrito de fecha 24 de julio de 1996 (con Registro de Entrada en este Centro Directivo el 26 de julio de 1996); comunicándole, al propio tiempo, a dicha empresa, que esta Administración se ratifica en todo el contenido expresado en el mencionado requerimiento, significándole también que la fianza actualmente vigente que tiene constituida esa empresa, es consecuencia de las detracciones efectuadas en virtud de diferentes diligencias de embargo por parte de la Consejería de Economía y Hacienda; adjuntándose, asimismo, listado de las máquinas recreativas de tipo “B” de la empresa. Comunicación ésta que fue devuelta por el Servicio de Correos.

6º) Mediante Providencia de esta Dirección General, de 30 de julio de 1996, se inicia expediente de cancelación de la inscripción de la referida entidad en el Registro de Empresas Operadoras de Canarias.

7º) Intentada la notificación de la Providencia en el domicilio del interesado mediante carta con acuse de recibo, no pudo practicarse, por lo que se instó la notificación mediante anuncio en el Boletín Oficial de Canarias, llevándose a efecto el día 15 de noviembre de 1996; presentándose alegaciones por el interesado en el plazo concedido al efecto, manifestando que la empresa se ratifica en su escrito de fecha 26 de julio de 1996, así como en las argumentaciones contenidas en el mismo y en los documentos que en su día se adjuntaron; solicitándose, en definitiva, el archivo del presente expediente o, subsidiariamente, la suspensión del mismo hasta tanto se resuelva el otro expediente administrativo que se sigue por los mismos hechos ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo, del Tribunal Superior de Justicia de Canarias. II. CONSIDERACIONES JURÍDICAS

Primera.- Que las competencias funcionales en esta materia, se regulan por la Ley 6/1985, de 30 de diciembre, reguladora de los Juegos y las Apuestas en Canarias y por el Decreto 93/1988, de 31 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de Máquinas Recreativas y de Azar, modificado parcialmente por los Decretos 132/1989, de 1 de junio y 89/1990, de 23 de mayo.

Segunda.- Que de conformidad con lo previsto en el artº. incluidos los anexos 11.2.F.a) del Decreto 321/1995, de 10 de noviembre, del Reglamento Orgánico de la Consejería de Presidencia y Relaciones Institucionales, la Dirección General de Administración Territorial y Gobernación es competente para intervenir en la resolución de este expediente.

Tercera.- El procedimiento seguido en la tramitación de este expediente se ajusta a lo dispuesto en los artículos 68 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en relación con lo previsto en los artículos 33.5.e) y 35 apartados 1 y 2, del Reglamento de Máuinas Recreativas y de Azar de la Comunidad Autónoma de Canarias; presentándose por el interesado las correspondientes alegaciones en tiempo y forma; y procediéndose a resolver el mismo de conformidad con lo establecido en el artº. 42.1 de la citada Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

Cuarta.- Las alegaciones vertidas por la parte interesada no desvirtúan los hechos constatados, ni su correspondiente calificación jurídica, por cuanto:

1º) Si bien es cierto que la empresa operadora de referencia constituyó, en su momento, fianzas por un importe total que alcanzaba los 20.000.000 de pesetas, procedentes de las pólizas nº 1.692.295, 1.837.277 y 1.837.274, por importes de 6.000.000, 4.000.000 y 10.000.000 de pesetas, respectivamente, de la Compañía Española de Seguros y Reaseguros de Crédito y Caución, S.A., no lo es menos, que en la actualidad la cuantía de dichas fianzas asciende a la cantidad de 5.870.530 pesetas, como consecuencia de las detracciones efectuadas en virtud de diferentes diligencias de embargo por parte de la Consejería de Economía y Hacienda, al estar afectas dichas fianzas a las responsabilidades económicas en que pudiera incurrir la empresa depositante de las mismas por infracción al Reglamento de Máquinas Recreativas y de Azar, especialmente al abono de sanciones y las disposiciones fiscales reguladoras de la Tasa del Juego, según lo dispuesto en el párrafo segundo, del apartado 1, del artº. 35 del referido Reglamento.

En su consecuencia, al haberse producido la disminución de la cuantía de las fianzas, por haber sido aplicadas a la responsabilidad anteriormente indicada, y dado que la entidad titular no ha completado las mismas en la cuantía obligatoria, según los casos previstos, pese a habérsele requerido en tiempo y forma, es por lo que procede la cancelación de la inscripción de la empresa operadora en el Registro correspondiente, de conformidad con lo dispuesto en el artº. 35.2 del Reglamento de Máquinas Recreativas y de Azar, tantas veces citado.

2º) Por otro lado, el requerimiento efectuado no puede encuadrarse dentro del concepto jurídico de prueba preconstituida, por cuanto las actuaciones administrativas dirigidas a la acreditación de hechos ante órganos propios constituyen actos con valor meramente instructorio en el proceso posterior. En este sentido, la única función que debería asumir el expediente administrativo ha de ser la de suministrar a las partes el material fáctico para fundamentar, con exito, sus respectivas pretensiones.

3º) Finalmente, no es cierto que existan dos expedientes administrativos de cancelación de inscripción de empresa operadora por los mismos hechos, por cuanto los hechos que han determinado uno y otro procedimiento son bien diferentes, a saber; en uno, la no constitución, por parte de la empresa operadora de nuevas fianzas, llegado el vencimiento de las ya constituidas, pólizas nº 1.684.749, 1.837.277 y 1.837.274, con la Compañía Española de Seguros y Reaseguros de Crédito y Caución, S.A., al haber comunicado dicha Compañía a esta Administración su decisión de no prorrogar al vencimiento de la anualidad (fechas 29 de junio y 16 de octubre de 1993) dichas pólizas, determinó la cancelación de inscripción de la empresa operadora de referencia, inscrita con el nº 103 regional, por Resolución de la Viceconsejería para las Administraciones Públicas de 27 de octubre de 1994, cuya ejecución se encuentra actualmente en suspensión, en tanto en cuanto se pronuncie la jurisdicción ordinaria sobre validez de dichas pólizas, a raíz de la demanda civil interpuesta por la entidad de referencia, por Orden de esta Consejería de 22 de marzo de 1996, Resolución ésta que ha sido impugnada ante la jurisdicción contencioso-administrativa, al haberse desestimado, al propio tiempo, en el mismo acto, las pretensiones deducidas por la parte recurrente, respecto de la nulidad de la Resolución recurrida, de fecha 27 de octubre de 1994, sin haber recaído aún sentencia alguna al respecto.

No obstante lo anterior, el procedimiento que nos ocupa, objeto de la presente Resolución, es consecuencia de no haberse completado, por parte de la empresa operadora de referencia, la cuantía obligatoria de las fianzas constituidas, disminuida por las detracciones efectuadas por la Consejería de Economía y Hacienda, por deudas contraídas en el ejercicio de su actividad como empresa operadora, concurriendo además la circunstancia de que para el número de máquinas de tipo “B” que actualmente tiene en explotación dicha empresa, es insuficiente la cuantía actual de dichas fianzas.

Quinta.- Los hechos descritos suponen que por parte de la empresa operadora no se ha dado cumplimiento a lo previsto en el artº. 9, apartados 3 y 5 del Decreto 132/1989, de 1 de junio, que modifica parcialmente el Decreto 93/1988, de 31 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de Máquinas Recreativas y de Azar de la Comunidad Autónoma de Canarias, en relación con lo previsto en el artº. 35, apartados 1 y 2 del mismo texto reglamentario; incumplimiento éste de las obligaciones sobre constitución y mantenimiento del importe de las fianzas que, al concurrir en el presente expediente, es causa determinante para la cancelación de la inscripción de la empresa operadora en el Registro correspondiente, de conformidad con lo dispuesto en el artº. 33.5.e) del citado Decreto 132/1989, de 1 de junio, y en el artº. 35.2 in fine del Decreto 93/1988, de 31 de mayo, tantas veces citado.

En el ejercicio de la competencia que tengo atribuida,

R E S U E L V O:

1º) Cancelar la inscripción en el Registro de Empresas Operadoras de la Comunidad Autónoma de Canarias, a la empresa operadora denominada Comercial Juafa, S.L., inscrita con el nº 103 regional, por incumplimiento de las obligaciones sobre constitución y mantenimiento del importe de las fianzas, debiendo cesar inmediatamente en el ejercicio de su actividad como empresa operadora de máquinas recreativas y de azar de los tipo “A” y “B”.

2º) En su consecuencia, la empresa operadora de referencia, hará entrega a la Consejería de Presidencia y Relaciones Institucionales de los dos ejemplares de la Guía de Circulación, del correspondiente Boletín de Instalación y la Placa de Identidad de todas y cada una de las máquinas de su titularidad, en el plazo de diez días, a partir de la notificación de la presente. Contra esta Resolución, que no agota la vía administrativa, cabe recurso ordinario, ante el Viceconsejero de Administración Pública, a interponer en el plazo de un mes, contado desde la publicación de la presente, y sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse, debiendo notificarse la misma a la entidad mercantil Comercial Juafa, S.L., con C.I.F. B-38212247, como parte interesada en el procedimiento, y con domicilio a efectos de notificación en Plaza de San Cristóbal, 34, La Laguna.

Santa Cruz de Tenerife, a 23 de mayo de 1997.- El Director General de Administración Territorial y Gobernación, Juan José Rodríguez y Rodríguez.

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