Gobierno de Canarias

Comunidad Autónoma de Canarias

Boletín Oficial de Canarias

Estás en:

BOC Nº 094. Miércoles 23 de Julio de 1997 - 927

I. DISPOSICIONES GENERALES - Consejería de Economía y Hacienda

927 - DECRETO 137/1997, de 11 de julio, por el que se modifica el artículo 26 del Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Intervención General.

Descargar en formato pdf

Con la aprobación, por Decreto 28/1997, de 6 de marzo, del Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Intervención General, se introdujo en el ordenamiento autonómico, mediante el artículo 26, la realización de los trámites necesarios para subsanar la omisión de la fiscalización previa en el procedimiento de gestión de los gastos públicos, con el fin de evitar los perjuicios que pudieran ocasionarse a terceros.

La tramitación fijada en el citado Reglamento se ha mostrado insatisfactoria para el logro de la finalidad prevista, así como para mantener un adecuado control del gasto público, por lo que resulta necesario modificar su artículo 26, fijando una nueva tramitación y alcance de la omisión de la fiscalización previa.

En su virtud, a propuesta del Consejero de Economía y Hacienda y previa deliberación del Gobierno en su sesión celebrada el día 11 de julio de 1997, D I S P O N G O:

Artículo único.- Se modifica el artículo 26 del Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Intervención General, aprobado por Decreto 28/1997, de 6 de marzo, que quedará redactado en los siguientes términos:

“Artículo 26.- De la omisión de intervención.

1. En los supuestos en los que, con arreglo a lo dispuesto en este Reglamento, la función interventora fuera preceptiva y se hubiese omitido, no se podrá reconocer la obligación, ni tramitar el pago, ni intervenir favorablemente estas actuaciones hasta que se conozca y resuelva dicha omisión en los términos previstos en el presente artículo.

2. Si el Interventor General o los Interventores Delegados al conocer de un expediente observaran alguna de las omisiones indicadas en el número anterior, lo manifestarán a la autoridad que hubiera iniciado aquél y emitirán al mismo tiempo su opinión respecto de la propuesta, a fin de que, uniendo este informe a las actuaciones, pueda el titular de la Consejería de que aquélla proceda someter lo actuado, en la forma prevista en el apartado siguiente, al Gobierno para que adopte la resolución a que hubiere lugar.

Este informe, que no tendrá naturaleza de fiscalización, pondrá de manifiesto, como mínimo, los siguientes extremos:

a) Las infracciones del ordenamiento jurídico que, a juicio del Interventor, se hayan producido en el momento en que se adoptó el acto sin fiscalización o intervención previa. b) Las prestaciones que se hayan realizado como consecuencia de dicho acto. c) La posibilidad y conveniencia de revisión de los actos dictados con infracción del ordenamiento. Los Interventores Delegados darán cuenta de su informe a la Intervención General en el momento de su emisión.

3. Corresponde al titular de la Consejería competente en materia de hacienda someter el expediente a la decisión del Gobierno. A estos efectos deberá remitirse el expediente y la correspondiente propuesta suscrita por el titular de la Consejería a que se refiera.

Al expediente se unirá una memoria que incluya una explicación de la omisión de la preceptiva fiscalización o intervención previa y, en su caso, las observaciones que estime convenientes respecto del informe de la Intervención.” DISPOSICIÓN FINAL

El presente Decreto entrará en vigor el mismo día de su publicación en el Boletín Oficial de Canarias.

Dado en Valverde de El Hierro, a 11 de julio de 1997.

EL PRESIDENTE DEL GOBIERNO, Manuel Hermoso Rojas.

EL CONSEJERO DE ECONOMÍA Y HACIENDA, José Carlos Francisco Díaz.

© Gobierno de Canarias