BOC - 1997/091. Miércoles 16 de Julio de 1997 - 2106

IV. ANUNCIOS - Otros anuncios - Consejería de Turismo y Transportes

2106 - RESOLUCIÓN de 22 de mayo de 1997, de la Secretaría General Técnica, por la que se notifica la Resolución de 2 de abril de 1997, de este Centro Directivo, relativa al recurso ordinario interpuesto por. D. Juan Pedro Ramos González.

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Vistos los repetidos intentos de notificación de la citada Resolución de la Secretaría General Técnica en el domicilio que figura en el expediente incoado por el correspondiente Centro Directivo de la mencionada Consejería; sin que haya sido recibida por el recurrente-interesado.

Visto lo establecido en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,

R E S U E L V O:

Primero.- Notificar a D. Juan Pedro Ramos González la Resolución de 2 de abril de 1997 (libro nº 1, folio 34, nº 205), que figura como anexo de esta Resolución, por la que se resolvió el recurso ordinario nº 200/96 (expediente número TF-3036-0-95), interpuesto contra la Resolución de la Dirección General de Transportes de fecha 30 de octubre de 1996.

Segundo.- Remitir al Ayuntamiento de La Laguna (Tenerife) la presente Resolución para su anuncio en el tablón de edictos correspondiente.

Santa Cruz de Tenerife, a 22 de mayo de 1997.- La Secretaria General Técnica, Rosa María Rodríguez Martín.

A N E X O

Resolución de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Turismo y Transportes por la que se resuelve recurso ordinario interpuesto por D. Juan Pedro Ramos González.

Visto el recurso ordinario formulado por D. Juan Pedro Ramos González contra la Resolución de la Dirección General de Transportes de fecha 30 de octubre de 1996, recaída en el expediente sancionador nº TF-3036-0-95, y teniendo a la vista los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- La Resolución recurrida se basa fácticamente en realizar el vehículo, matrícula TF-6006-AK, un transporte privado complementario de mercancías careciendo de la preceptiva autorización administrativa, dando lugar a la sanción de cincuenta mil (50.000) pesetas.

Segundo.- El recurso ordinario interpuesto alega, en resumen, que adjunta escrito del Juzgado de Primera Instancia nº 5 donde se hace constar que con fecha 20 de diciembre de 1994 se le retiró el vehículo de acuerdo con la Providencia de Embargo nº 00361/1993, solicitando se disponga lo procedente para que sea fallado como en justicia corresponda.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- La Secretaria General Técnica de la Consejería de Turismo y Transportes es competente para conocer y resolver el presente recurso en virtud de lo dispuesto en la Orden Departamental de fecha 9 de octubre de 1995 (B.O.C. nº 136, de 23.10.95) por la que se le delega la competencia de resolución de los recursos administrativos interpuestos contra actos dictados por órganos del Departamento en materia de turismo y de trransportes.

Segundo.- La tramitación del expediente sancionador ha sido sustanciada de conformidad con lo previsto en el capítulo IV del título VI del Real Decreto 1.211/1990, de 28 septiembre, por el que se aprueba el Reglamento que desarrolla la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres, según nueva redacción dada al mismo en el anexo I del Real Decreto 1.772/1994, de 5 de agosto, por el que se adecuan determinados procedimientos administrativos en materia de transportes y carreteras a la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Tercero.- Las argumentaciones esgrimidas por el recurrente modifican sustancialmente los hechos y preceptos infringidos obrantes en la Resolución de la Dirección General de Transportes de fecha 30 de octubre de 1996, que se adoptó en base a lo dispuesto en los artículos 103 y 141.b) de la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres y artículo 198.b) del Real Decreto 1.211/1990, de 28 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de la citada Ley, que consideran infracción de carácter grave la realización de transportes privados para los que se exija un título administrativo específico careciendo del mismo.

Teniendo en cuenta que de la documentación aportada por el recurrente al presente expediente sancionador resulta debidamente acreditado que el mismo no era titular del vehículo, matrícula TF-6006-AK, en la fecha de la denuncia, 22 de noviembre de 1995 ya que dicho vehículo, con anterioridad a la comisión de los hechos infractores, fue objeto de embargo, decretado por diligencia de fecha 22 de octubre de 1993 del Juzgado de Primera Instancia número cinco de La Laguna, en virtud de Juicio Ejecutivo nº 00361/1993 seguido en dicho Juzgado y por diligencia de 12 de junio de 1996 se procedió a la cancelación y cambio de titularidad del embargo trabado sobre el vehículo indicado al haberse adjudicado el mismo a la entidad actora, Finamersa, S.A., en virtud de auto de adjudicación y aprobación de remate de fecha 5 de julio de 1995, haciendo constar que dicho vehículo fue retirado al demandado, D. Juan Pedro Ramos González por remoción de depósito a partir del 20 de diciembre de 1994, constando asimismo dicho embargo en los antecedentes obrantes en la Jefatura Provincial de Tráfico sobre dicho vehículo y dado que según se establece en el artº. 130.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, según el cual “sólo podrán ser sancionadas por hechos constitutivos de infracción administrativa las personas físicas y jurídicas que resulten responsables de los mismos aun a título de simple inobservancia”, en relación con lo dispuesto en el artº. 138.1.b) de la referida Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres que atribuye la responsabilidad administrativa en las infracciones cometidas con ocasión de transportes o actividades realizadas sin la cobertura del correspondiente título administrativo, a la persona física o jurídica titular de la actividad o propietario del vehículo, en consecuencia, resulta procedente estimar el recurso interpuesto y revocar la Resolución sancionadora impugnada, dejando sin efectos la sanción impuesta y ordenando retrotraer el expediente sancionador al momento de su iniciación que deberá incoarse a la persona física o jurídica que resulte ser titular del vehículo en la fecha de la denuncia.

Cuarto.- La presente Resolución no ha sido dictaminada por el Servicio Jurídico del Gobierno de Canarias, por suscitarse en el recurso cuestiones de Derecho ya resueltas en otros anteriores, de acuerdo con el artº. 20.g) del Decreto 19/1992, de 7 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Organización y Funcionamiento de dicho Servicio Jurídico.

Vistos los preceptos legales citados, concordantes y demás de general aplicación,

R E S U E L V O:

Estimar, en todos sus términos el recurso ordinario promovido por D. Juan Pedro Ramos González y revocar la Resolución de la Dirección General de Transportes de fecha 30 de octubre de 1996, recaída en el expediente sancionador nº TF-3036-0-95, que determinó la imposición de una sanción de cincuenta mil (50.000) pesetas, ordenando retrotraer el expediente al momento de su incoación, que deberá incoarse a la persona física o jurídica que resulte titular del vehículo en la fecha de la denuncia.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, cabe recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, a interponer en el plazo de dos meses desde su notificación, previa comunicación al órgano que dictó la presente Resolución, de acuerdo con lo establecido en el artº. 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse.



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