BOC - 1997/091. Miércoles 16 de Julio de 1997 - 2105

IV. ANUNCIOS - Otros anuncios - Consejería de Turismo y Transportes

2105 - RESOLUCIÓN de 22 de mayo de 1997, de la Secretaría General Técnica, por la que se notifica la Resolución de 26 de febrero de 1997, de este Centro Directivo, relativa al recurso ordinario interpuesto por Franyasmar Bus, S.L.

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Vistos los repetidos intentos de notificación de la citada Resolución de la Secretaría General Técnica en el domicilio que figura en el expediente incoado por el correspondiente Centro Directivo de la mencionada Consejería; sin que haya sido recibida por el recurrente-interesado.

Visto lo establecido en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,

R E S U E L V O:

Primero.- Notificar a Franyasmar Bus, S.L. la Resolución de 26 de febrero de 1997 (libro nº 1, folio 29, nº 088), que figura como anexo de esta Resolución, por la que se resolvió el recurso de ordinario nº 105/96 (expediente número GC-1184-0-95), interpuesto contra la Resolución de la Dirección General de Transportes de fecha 10 de enero de 1995.

Segundo.- Remitir al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria la presente Resolución para su anuncio en el tablón de edictos correspondiente.

Santa Cruz de Tenerife, a 22 de mayo de 1997.- La Secretaria General Técnica, Rosa María Rodríguez Martín.

A N E X O

Resolución de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Turismo y Transportes por la que se resuelve recurso ordinario interpuesto por D. Ramón Domínguez Castellano en representación de Franyasmar Bus, S.L.

Visto el recurso ordinario formulado por D. Ramón Domínguez Castellano en representación de Franyasmar Bus, S.L. contra la Resolución de la Dirección General de Transportes de fecha 10 de enero de 1995, recaída en el expediente sancionador nº GC-1184-0-95, y teniendo a la vista los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- La Resolución recurrida se basa fácticamente en carecer el vehículo BI-5012-AP del Libro de Ruta, dando lugar a la sanción de cuarenta y seis mil (46.000) pesetas.

Segundo.- El recurso ordinario interpuesto alega, en resumen, que no recibió el escrito de la Consejería de fecha 15 de junio de 1995 para que aportara el Libro de Ruta; que no obstante lo anterior, la infracción se encuentra prescrita de conformidad con lo previsto en el artículo 203 del Real Decreto 1.211/1990, de 28 de septiembre, por cuanto la fecha de la denuncia es el 7 de abril de 1995 y no se comunica a la entidad expedientada la incoación del expediente sancionador hasta el 23 de agosto 1995 por lo que han transcurrido más de 3 meses, solicitando, en definitiva, se deje sin efecto la sanción impuesta.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- La Secretaria General Técnica de la Consejería de Turismo y Transportes es competente para conocer y resolver el presente recurso en virtud de lo dispuesto en la Orden Departamental de fecha 9 de octubre de 1995 (B.O.C. nº 136, de 23.10.95), por la que se le delega la competencia de resolución de los recursos administrativos interpuestos contra actos dictados por órganos del Departamento en materia de turismo y de transportes.

Segundo.- La tramitación del expediente sancionador ha sido sustanciada de conformidad con lo previsto en el capítulo IV del título VI del Real Decreto 1.211/1990, de 28 septiembre, por el que se aprueba el Reglamento que desarrolla la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres, según nueva redacción dada al mismo en el anexo I del Real Decreto 1.772/1994, de 5 de agosto, por el que se adecuan determinados procedimientos administrativos en materia de transportes y carreteras a la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Tercero.- Las argumentaciones esgrimidas por el recurrente en nada alteran los hechos y preceptos infringidos obrantes en la Resolución de la Dirección General de Transportes de fecha 10 de enero de 1995, que se adoptó en base a lo dispuesto en el artículo 142.l) de la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres y artículo 199.m) del Real Decreto 1.211/1990, de 28 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de la citada Ley, por la que se considera infracción administrativa leve, la carencia o falta de datos de la Declaración de Porte, la Hoja de Ruta u otra documentación obligatoria.

En este sentido, establecen los artículos 1 y 3 de la Orden de 25 de octubre de 1990, sobre documentos de control en relación con el transportes de viajeros y las actividades auxiliares y las actividades auxiliares y complementarias de los mismos, que todos los vehículos destinados al transporte público interurbano de viajeros deben circular provistos del correspondiente Libro de Ruta, debidamente diligenciado y cumplimentado, consignándose en el mismo, sucesivamente y antes de su iniciación, todos los servicios que con el vehículo se vayan realizando.

Teniendo en cuenta que según consta en la denuncia, amparada por una presunción iuris tantun de veracidad al ser formulada por agente de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, quien, de acuerdo con el artº. 32.2 de la Ley 16/1987, de 30 de julio, venía obligado a realizarla, estando desligado de los hechos y de sus participantes al encontrarse en una situación e independencia material y subjetiva que permite estimar su apreciación desprovista de todo perjuicio y, por ende, utilizar la misma como elemento de juicio suficiente para basar en él una decisión acertada y justa (sentencia del Tribunal Supremo de 16 de julio de 1982), el vehículo realizaba un servicio público discrecional de viajeros careciendo del Libro de Ruta constituyendo el hecho denunciado infracción administrativa de carácter leve, sin que haya sido desvirtuada mediante prueba en contrario. En relación con las alegaciones efectuadas por la recurrente respecto a la prescripción de la infracción al haber transcurrido más de tres mes desde la formulación de la denuncia hasta la notificación de la incoación del expediente sancionador, ha de señalarse que conforme establece la Disposición Adicional Undécima de la Ley 42/1994, de 30 de diciembre, sobre Medidas Administrativas, Fiscales y de Orden Social, las infracciones leves de la legislación reguladora de los transportes terrestres prescriben al año de su comisión, por lo que en el presente expediente no ha operado la prescripción al no haber transcurrido un año desde que se produce la denuncia hasta la notificación de su incoación a la expedientada ni tan siquiera transcurrió dicho plazo al momento de ser dictada la Resolución.

En consecuencia, procede desestimar el recurso interpuesto confirmando la Resolución sancionadora.

Cuarto.- La presente Resolución no ha sido dictaminada por el Servicio Jurídico del Gobierno de Canarias, por suscitarse en el recurso cuestiones de Derecho ya resueltas en otros anteriores, de acuerdo con el artº. 20.g) del Decreto 19/1992, de 7 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Organización y Funcionamiento de dicho Servicio Jurídico.

Vistos los preceptos legales citados, concordantes y demás de general aplicación,

R E S U E L V O:

Desestimar en todos sus términos el recurso ordinario promovido por D. Ramón Domínguez Castellano en representación de Franyasmar Bus, S.L. y confirmar la Resolución de la Dirección General de Transportes de fecha 10 de enero de 1995, recaída en el expediente sancionador nº GC-1184-0-95, que determinó la imposición de una sanción de cuarenta y seis mil (46.000) pesetas, manteniéndose, en consecuencia, todos sus pronunciamientos.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, cabe recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, a interponer en el plazo de dos meses desde su notificación, previa comunicación al órgano que dictó la presente Resolución, de acuerdo con lo establecido en el artículo 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse.



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