Habiéndose intentado por esta Dirección General sin haberse podido practicar, la notificación de la Resolución recaída en el expediente incoado con motivo de denuncias o Actas de Inspección formuladas contra los titulares de empresas y actividades turísticas que se relacionan, conforme al artº. 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y siendo preciso su notificación a los efectos de que aleguen lo que a su derecho convenga,
R E S U E L V O:
1.- Notificar a los titulares de los establecimientos y actividades turísticas que se citan, la Resolución recaída en el expediente que les ha sido instruido por infracción a la legislación en materia turística.
Las Resoluciones que se notifican no ponen fin a la vía administrativa y contra las mismas cabe interponer, de acuerdo con lo prevenido en los artículos 114 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, recurso ordinario en el plazo de un mes, contado a partir de la recepción de la presente Resolución, ante el Excmo. Sr. Consejero de Turismo y Transportes del Gobierno de Canarias, y sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse.
En el caso de que el recurrente sea un representante, deberá acreditar esta representación, aportando escritura de poder para dejar constancia fidedigna, bien con copia simple notarial o previo cotejo o compulsa de la fotocopia con su original, a tenor de lo dispuesto en el artículo 32 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
El ingreso de las sanciones recaídas en los expedientes que se relacionan deberá hacerse efectivo en la forma y plazos indicados en la notificación que la Consejería de Economía y Hacienda le remitirá a su propio domicilio.
2.- Remitir al Ayuntamiento de las poblaciones que se citan, la presente Resolución para su publicación en el tablón de edictos correspondiente.
Las Palmas de Gran Canaria, a 2 de mayo de 1997.- El Director General de Ordenación e Infraestructura Turística, Francisco Montesdeoca Santana.
RESOLUCIONES QUE SE CITAN:
1) Libro nº 1 de Resolución de la Viceconsejería de Turismo, folio 5, nº 7.
Resolución de 13 de marzo de 1997, de la Viceconsejería de Turismo del Gobierno de Canarias, recaída en el expediente sancionador nº 96/094, instruido a Matilde Alemán Muñoz, titular de la explotación turística del establecimiento denominado Bar Restaurante Pepe El Breca.
Examinado el expediente sancionador tramitado por el Servicio de Inspección y Sanciones, instruido a Matilde Alemán Muñoz, por Resolución de iniciación del Director General de Ordenación e Infraestructura Turística, de 29 de octubre de 1996, como consecuencia de la denuncia formulada por D. Alfonso González Pedregal, del acta de inspección nº 6.086 y Diligencia de Inspección, de 11 y 23 de agosto de 1995, respectivamente.
Vista la propuesta formulada por el Instructor del expediente sancionador consignado.
Teniendo en cuenta los siguientes
I. ANTECEDENTES
1º) Que con fecha 3 de agosto de 1995, se recibió en esta Consejería Hoja de Reclamación nº 24069A, formulada por D. Alfonso González Pedregal, contra el establecimiento consignado, en la que manifiesta irregularidades en la prestación de los servicios, que constan en el expediente.
2º) Que para comprobar los hechos denunciados, el 11 de agosto de 1995 se personó en el establecimiento de referencia, sito en la Carretera Maspalomas-Fataga, término municipal de San Bartolomé de Tirajana, el Servicio de Inspección de esta Dirección General, levantando al efecto el acta nº 6.086 en la que esencialmente se hace constar que, según D. Francisco Díaz Martín, camarero del referido establecimiento, no se dieron irregularidades en la prestación de los servicios solicitados por el denunciante.
No obstante lo anterior, no presenta el Libro de Inspección, Hojas de Reclamaciones y Lista de Precios comunicados a la Administración turística competente, requiréndose al titular del establecimiento o persona debidamente autorizada, para que compareciera el día 14 con el objeto de presentar los referidos documentos, así como el Impuesto de Actividades Económicas, el cual no compareció, según figura en la Diligencia de fecha 23 de agosto de 1995.
3º) Que se ordenó la iniciación de expediente sancionador, que lleva el número 96/094, nombrándose Instructor y Secretario.
4º) Que por el Instructor del expediente se formularon los cargos, con fecha 29 de octubre de 1996, por:
1º) No haber comparecido a la citación efectuada por los Inspectores de turismo el día 14 de agosto de 1995.
2º) No facilitar el Libro de Inspección.
3º) Carecer en el establecimiento de las Hojas de Reclamación obligatorias.
4º) No tramitar la Hoja de Reclamaciones nº 24069A en tiempo y forma.
5º) No haber notificado a la Administración turística competente, los precios que rigen en la prestación de los servicios.
5º) Que con fecha 6 de marzo de 1997, y habida cuenta que la expedientada no efectuó alegación alguna a la Resolución de iniciación del procedimiento y a los cargos imputados, fue ratificada como Propuesta de Resolución, con una multa en cuantía de 175.000 pesetas por el primer hecho infractor, 175.000 pesetas por el segundo hecho infractor, 50.000 pesetas por el tercer hecho infractor, 175.000 pesetas por el cuarto hecho infractor y 175.000 pesetas por el quinto hecho infractor.
II. CONSIDERACIONES JURÍDICAS
Primera: que las actuaciones practicadas en el presente expediente sancionador han sido de conformidad con la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. nº 285, de 26.11.92) y de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias (B.O.C. nº 48, de 19.4.95).
Segunda: que en la tramitación del expediente se han observado las formalidades de rigor.
Tercera: que las pruebas que obran en el expediente son tenidas en cuenta a la hora de emitir la presente Resolución.
Cuarta: que debe estimarse la responsabilidad administrativa de la expedientada, en base a la denuncia formulada por D. Alfonso González Pedregal, al contenido del acta de inspección nº 6.086 y a la Diligencia de Inspección, de 23 de agosto de 1995, sin que la titular haya formulado alegaciones ni haya aportado prueba alguna que desvirtúen los hechos infringidos, de lo que se desprende que la expedientada Dña. Matilde Alemán Muñoz, titular de la explotación turística del establecimiento denominado Restaurante Pepe El Breca, ha incurrido en responsabilidad administrativa.
Quinta: que el hecho recogido en el expediente es constitutivo de infracción al:
- Artº. 76 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias (B.O.C. nº 48, de 19 de abril).
- Artículo 3º de la Orden de 31 de octubre de 1970, que establece la obligatoriedad del Libro de Inspección para las industrias y empresas (B.O.E. de 17 de noviembre).
- Artículo 1º de la Orden de 13 de noviembre de 1986, por la que se regulan las Hojas de Reclamaciones de los clientes en establecimientos turísticos (B.O.C. nº 139, de 19 de noviembre). - Artº. 30.1 de la Orden Ministerial de 17 de marzo de 1965, por la que se aprueba la ordenación turística de restaurantes (B.O.E. de 29 de marzo), modificado por la Orden Ministerial de 29 de junio de 1978, en su artículo 2º (B.O.E. de 19 de julio).
Con calificación de grave, en base a:
- Artículos 76.9, 76.6, 76.5 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias (B.O.C. nº 48, de 19 de abril).
En el ejercicio de la competencia que tengo atribuida para resolver el presente expediente sancionador, de acuerdo con la Ley Orgánica 10/1982, de 10 de agosto, por la que se aprueba el Estatuto de Autonomía de Canarias (B.O.J.C. nº 17, de 28.9.82), y el artículo 10.j) del Decreto 281/1995, de 11 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Turismo y Transportes (B.O.C. nº 128, de 4.10.95), que viene a sustituir al Reglamento Orgánico de la Consejería de Presidencia y Turismo, como consecuencia de la reestructuración de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, según Decreto 187/1995, de 20 de julio (B.O.C. nº 93, de 21.7.95),
R E S U E L V O:
Imponer la sanción de multa de setecientas cincuenta mil pesetas (175.000 pesetas por el primer hecho infractor, 175.000 pesetas por el segundo hecho infractor, 50.000 pesetas por el tercer hecho infractor, 175.000 pesetas por el cuarto hecho infractor y 175.000 pesetas por el quinto hecho infractor), a Matilde Alemán Muñoz, con N.I.F. 43653254-J, titular de la explotación turística del establecimiento denominado Restaurante Pepe El Breca.- Las Palmas de Gran Canaria, a 13 de marzo de 1997.- El Viceconsejero de Turismo, Jaime Celso Rodríguez Cíe.
2) Libro nº 1 de Resolución de la Viceconsejería de Turismo, folio 5, nº 8.
Resolución de 13 de marzo de 1997, de la Viceconsejería de Turismo del Gobierno de Canarias, recaída en el expediente sancionador nº 96/099, instruido a Francisco Serrano Urbanejo, titular de la explotación turística del establecimiento denominado Bar Pub Babel.
Examinado el expediente sancionador tramitado por el Servicio de Inspección y Sanciones, instruido a Francisco Serrano Urbanejo, por Resolución de iniciación del Director General de Ordenación e Infraestructura Turística, de 29 de octubre de 1996, como consecuencia del acta de inspección nº 6.203, de 23 de octubre de 1995.
Vista la propuesta formulada por el Instructor del expediente sancionador consignado.
Teniendo en cuenta los siguientes
I. ANTECEDENTES
1º) Que con fecha 23 de octubre de 1995, se personó en el establecimiento de referencia, sito en la calle Luis Morote, 49, en Las Palmas de Gran Canaria, el Servicio de Inspección de esta Dirección General, levantando al efecto el acta nº 6.203 en la que esencialmente se hace constar que se le requiere para que aporte Libro de Inspección, Hojas de Reclamaciones, Listas de Precios selladas e Impuesto de Actividades Económicas.
2º) Que con fecha 26 de octubre de 1995 comparecen Dña. María Antonia Reyes Sánchez, empleada, en representación del titular D. Francisco Serrano Urbanejo, adjuntando copia de escrito suscrito por D. Juan J. Rodríguez Falcón, Graduado Social nº 157, en el que se informa que la documentación requerida se encuentra en trámite, por tanto no presenta y carece de la documentación requerida.
3º) Que se ordenó la iniciación de expediente sancionador, que lleva el número 96/099, nombrándose Instructor y Secretario.
4º) Que por el Instructor del expediente se formularon los cargos, con fecha 29 de octubre de 1996, por los siguientes hechos:
1º) Alterar las condiciones esenciales de la autorización de la que está provista la actividad, toda vez que se ha producido un cambio de titularidad a favor de Francisco Serrano Urbanejo, que explota el establecimiento consignado sin comunicarlo como es preceptivo a la Administración turística competente.
2º) No haber notificado a la Administración turística competente, los precios que rigen en la prestación de los servicios.
3º) Carecer en el establecimiento de las Hojas de Reclamaciones que debe tener con carácter obligatorio.
4º) Carecer del Libro de Inspección.
5º) Que con fecha 6 de marzo de 1997, y habida cuenta que el expedientado no efectuó alegación alguna a la Resolución de iniciación del procedimiento y a los cargos imputados, fue ratificada como Propuesta de Resolución, con una multa en cuantía de 395.000 pesetas.
II. CONSIDERACIONES JURÍDICAS
Primera: que las actuaciones practicadas en el presente expediente sancionador han sido de conformidad con la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. nº 285, de 26.11.92) y de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias (B.O.C. nº 48, de 19.4.95).
Segunda: que en la tramitación del expediente se han observado las formalidades de rigor.
Tercera: que las pruebas que obran en el expediente son tenidas en cuenta a la hora de emitir la presente Resolución.
Cuarta: que debe estimarse la responsabilidad administrativa del expedientado en base al contenido del acta de inspección nº 6.203, de 23 de octubre de 1995 y a la Diligencia de Comparecencia del 26 del mismo mes y año, sin que el titular haya formulado alegaciones ni aportado prueba alguna que desvirtúen los hechos imputados. Quinta: que los hechos recogidos en el expediente son constitutivos de infracción a:
- Artículo 2º de la Orden de 23 de septiembre de 1988, por la que se regula el procedimiento para los cambios de titularidad de los establecimientos turísticos (B.O.C. nº 127, de 7 de octubre).
- Artº. 30.1 de la Orden Ministerial de 17 de marzo de 1965, por la que se aprueba la Ordenación Turística de Restaurantes (B.O.E. de 29 de marzo), modificado por la Orden Ministerial de 29 de junio de 1978, en su artículo 2º (B.O.E. de 19 de julio), y en aplicación del artículo 4º de la Orden Ministerial de 19 de junio de 1970 (B.O.E. de 23 de junio).
- Artículo 1º de la Orden de 13 de noviembre de 1986, por la que se regulan las Hojas de Reclamaciones de los clientes en establecimientos turísticos (B.O.C. nº 139, de 19 de noviembre). - Artículo 1º de la Orden de 31 de octubre de 1970, que establece la obligatoriedad del Libro de Inspección para las Industrias y Empresas (B.O.E. de 17 de noviembre).
Con calificación de grave, en base a:
- Artículos 76.1, 76.2, 76.6 y 76.9 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias (B.O.C. nº 48, de 19 de abril).
En el ejercicio de la competencia que tengo atribuida para resolver el presente expediente sancionador, de acuerdo con la Ley Orgánica 10/1982, de 10 de agosto, por la que se aprueba el Estatuto de Autonomía de Canarias (B.O.J.C. nº 17, de 28.9.82), y el artículo 10.j) del Decreto 281/1995, de 11 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Turismo y Transportes (B.O.C. nº 128, de 4.10.95), que viene a sustituir al Reglamento Orgánico de la Consejería de Presidencia y Turismo, como consecuencia de la reestructuración de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, según Decreto 187/1995, de 20 de julio (B.O.C. nº 93, de 21.7.95),
R E S U E L V O:
Imponer la sanción de multa de trescientas noventa y cinco mil (395.000) pesetas, a Francisco Serrano Urbanejo, con D.N.I. nº 30.406.835, titular de la explotación turística del establecimiento denominado Bar Pub Babel.- Las Palmas de Gran Canaria, a 13 de marzo de 1997.- El Viceconsejero de Turismo, Jaime Celso Rodríguez Cíe. 3) Libro nº 1 de Resolución de la Viceconsejería de Turismo, folio 5, nº 19.
Resolución de 18 de marzo de 1997, de la Viceconsejería de Turismo del Gobierno de Canarias, recaída en el expediente sancionador nº 96/158, instruido a Parque Duna, S.L., titular de la explotación turística del establecimiento denominado Bungalows Dunaflor III.
Examinado el expediente sancionador tramitado por el Servicio de Inspección y Sanciones, instruido a Parque Duna, S.L., por Resolución de iniciación del Director General de Ordenación e Infraestructura Turística, de 19 de diciembre de 1996, como consecuencia del acta de inspección nº 7.134, de 10 de mayo de 1996.
Vista la propuesta formulada por el Instructor del expediente sancionador consignado.
Teniendo en cuenta los siguientes
I. ANTECEDENTES
1º) Que con fecha 12 de marzo de 1996, se recibió en esta Consejería reclamación de la Dirección General de Turismo -Servicio de Inspección- de la Comunidad de Madrid, a instancia de Hanna Karlheinz Schmidt contra los Bungalows Dunaflor de Las Palmas por carecer de Hojas de Reclamaciones y otros.
2º) Que para comprobar los hechos denunciados, el 10 de mayo de 1996, se personó en el establecimiento de referencia, sito en Campo Internacional en Maspalomas, término municipal de San Bartolomé de Tirajana, el Servicio de Inspección de esta Dirección General, levantando al efecto el acta nº 7.134 en la que esencialmente se hace constar que la reclamante estuvo alojada en el establecimiento (Bungalows Dunaflor III) entre el 30 de diciembre del 95 y 13 de enero del 96. Se desconoce si la reclamante solicitó las Hojas de Reclamaciones. No se presenta Libro de Inspección que dice el interviniente lo tiene el Director. Se adjunta fotocopia listado de llegadas del 30 de diciembre de 1995.
3º) Que se ordenó la iniciación de expediente sancionador, que lleva el número 96/158, nombrándose Instructor y Secretario.
4º) Que por el Instructor del expediente se formularon los cargos, con fecha 19 de diciembre de 1996, por los siguientes hechos:
1º) Carecer en el establecimiento de las Hojas de Reclamaciones obligatorias.
2º) No facilitar a su cliente Dña. Hanna Kalheinz Schmidt la Hoja de Reclamaciones, a solicitud de ésta, según consta en el acta de inspección nº 7.134, de fecha 10 de mayo de 1996.
3º) No facilitar a la inspección de turismo, el Libro de Inspección.
5º) Que la expedientada ha realizado contestación a los cargos que se le imputan, en la que en síntesis alega que los hechos son inciertos e improcedentes: 1º Carecer de Hojas de Reclamaciones. No facilitar a la clienta la Hoja solicitada. No facilitar a la Inspección el Libro de Inspección. Respecto a carecer de las Hojas es incierto. Se acredita las tenemos documentalmente que, se encuentran en Recepción salvo causa de fuerza mayor. Ocasionalmente el 10 de mayo de 1996 no se encontraban por reorganización del departamento, las tenía el Director. Referente a no facilitar la Hoja al cliente que en el acta el Sr. Inspector deduce, no deja de ser apreciación subjetiva. Finalmente no facilitar el Libro de Inspección lo tenía el Director y el Inspector no se acercó a verlo. Respecto a normas aplicables improcedente el artº. 76 de la Ley 7/1995 por demostrarse no se cometieron las infracciones.
6º) Que con fecha 4 de febrero de 1997, se formuló Propuesta de sanción de multa de cuantía de 250.001 pesetas, por el segundo hecho infractor y 250.001 pesetas por el tercer hecho infractor, puesto que el hecho primero fue desvirtuado.
7º) Que la expedientada no ha formulado contestación a la Propuesta de Resolución.
II. CONSIDERACIONES JURÍDICAS
Primera: que las actuaciones practicadas en el presente expediente sancionador han sido de conformidad con la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. nº 285, de 26.11.92) y de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias (B.O.C. nº 48, de 19.4.95).
Segunda: que en la tramitación del expediente se han observado las formalidades de rigor.
Tercera: que las pruebas que obran en el expediente son tenidas en cuenta a la hora de emitir la presente Resolución.
Cuarta: que debe estimarse la responsabilidad administrativa de la expedientada, en base a la Propuesta de Resolución de 4 de febrero de 1997 que no ha sido desvirtuada en ninguno de sus extremos.
Quinta: que los hechos recogidos en el expediente son constitutivos de infracción a:
- Artº. 2.1 de la Orden de 13 de noviembre de 1986, por la que se regulan las Hojas de Reclamaciones de los clientes en establecimientos turísticos (B.O.C. nº 139, de 19 de noviembre).
- Artículo 3º de la Orden de 31 de octubre de 1970, que establece la obligatoriedad del Libro de Inspección para las Industrias y Empresas (B.O.E. de 17 de noviembre).
Con calificación de grave, en base a los:
- Artículos 76.6 y 76.9 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias (B.O.C. nº 48, de 19 de abril).
En el ejercicio de la competencia que tengo atribuida para resolver el presente expediente sancionador, de acuerdo con la Ley Orgánica 10/1982, de 10 de agosto, por la que se aprueba el Estatuto de Autonomía de Canarias (B.O.J.C. nº 17, de 28.9.82), y el artículo 10.j) del Decreto 281/1995, de 11 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Turismo y Transportes (B.O.C. nº 128, de 4.10.95), que viene a sustituir al Reglamento Orgánico de la Consejería de Presidencia y Turismo, como consecuencia de la reestructuración de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, según Decreto 187/1995, de 20 de julio (B.O.C. nº 93, de 21.7.95),
R E S U E L V O:
Imponer la sanción de multa de 250.001 pesetas por el segundo hecho infractor y 250.001 pesetas por el tercer hecho infractor a Parque Duna, S.L., con C.I.F. B-35306596, titular de la explotación turística del establecimiento denominado Bungalows Dunaflor III.- Las Palmas de Gran Canaria, a 18 de marzo de 1997.- El Viceconsejero de Turismo, Jaime Celso Rodríguez Cíe.
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