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Habiendo intentada la notificación de la Resolución del recurso ordinario interpuesto por Unelco, S.A. contra la Resolución de la Dirección Territorial de Industria y Energía de Santa Cruz de Tenerife de fecha 17 de mayo de 1996, a la dirección del interesado D. Ernesto Hernández Hernández que consta en el expediente de referencia, y no habiendo recibido la misma el interesado, a tenor de lo dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, esta Dirección General
R E S U E L V E:
1.- Remitir la Resolución al Ilmo. Ayuntamiento de La Orotava (Tenerife) para su publicación en el tablón de edictos.
2.- Ordenar la publicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial de Canarias.
Las Palmas de Gran Canaria, a 24 de marzo de 1997.- El Director General de Industria y Energía, Alfredo Vigara Murillo.
A N E X O
Resolución de 1 de octubre de 1996, de la Dirección General de Industria y Energía, sobre el recurso ordinario interpuesto por D. José Juan Cabrera Medina, en representación de la entidad Unión Eléctrica de Canarias, en anagrama Unelco, S.A., frente a la Resolución de la Dirección Territorial de Industria y Energía de Santa Cruz de Tenerife, de fecha 17 de mayo de 1996, recaída en el expediente VBT 100/96, relativa a determinación de derechos de acometida eléctrica.
Visto el recurso ordinario interpuesto por la empresa eléctrica Unelco, S.A. frente a la Resolución de la Dirección Territorial de Industria y Energía de Santa Cruz de Tenerife, de fecha 17 de mayo de 1996, sobre determinación de derechos de acometida eléctrica.
I. ANTECEDENTES DE HECHO
1. Con fecha 11 de marzo de 1996, D. Ernesto Hernández Hernández presentó escrito de reclamación en la Dirección Territorial de Industria y Energía de Santa Cruz de Tenerife, por medio del cual viene a expresar su disconformidad con el presupuesto girado por la empresa eléctrica Unelco, S.A., por importe de 292.312 pesetas, en concepto de extensión de red para suministro eléctrico en Barranco La Higuerita (Los Realejos).
2. Una vez tramitado el expediente administrativo, la Dirección Territorial de Industria y Energía de Santa Cruz de Tenerife, mediante Resolución de 17 de mayo de 1996, acuerda que el solicitante debe abonar en concepto de derechos de acometida eléctrica la cantidad de 93.679 pesetas (un tercio de 281.039), así como los impuestos legales que le correspondan, y los derechos de verificación y enganche.
3. Frente a la citada Resolución, la empresa Unelco, S.A. interpone recurso ordinario en el cual viene a formular los siguientes alegatos:
a) Que el técnico considera como potencia solicitada por el cliente 32 Kw que es la máxima que puede suministrar según sus cálculos en conductor de 3 x 50 + 54,6 mm2, si bien la parte recurrente desconoce el motivo de por qué para determinar la inversión de Kw correspondiente a este suministro no se ha tenido en cuenta la potencia solicitada sino la admisible por el conductor. Esta forma de aplicación no se ajusta a lo establecido en el Reglamento de Acometidas en cuyos artículos 8, 9, 10 y 11 se indica la forma de calcularlos siempre haciendo referencia a la potencia solicitada. Tampoco se ajusta a la sentencia nº 740 de la Sala de lo Contencioso-Administrativo recaída en el recurso 827/94, promovido por Unelco, S.A.
b) De acuerdo con los razonamientos anteriores, la parte recurrente considera que el solicitante debe abonar la cantidad de 280.535 pesetas, en concepto de derechos de acometida eléctrica.
II. FUNDAMENTOS DE DERECHO
Primero.- En cuanto a los requisitos de admisibilidad del presente recurso, no hay que formular ningún pronunciamiento en contrario, por cuanto dicho recurso se ha interpuesto dentro del plazo señalado en el artº. 114.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y el órgano administrativo competente para resolver este recurso es la Dirección General de Industria y Energía.
Segundo.- La Resolución recurrida tiene su amparo legal en los artículos 4, 8, 9 y 10 del Real Decreto 2.942/1982, de 15 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de Acometidas Eléctricas, y en los artículos 87, 88 y 89 del Reglamento de Verificaciones Eléctricas. Por otro lado, se ha tenido en cuenta para la determinación de los derechos de acometida lo dispuesto en el artículo 5 del Decreto Territorial 103/1995, de 26 de abril, el cual establece que si la inversión es superior a 4,5 veces el baremo y hasta 8 veces el mismo, la empresa eléctrica calculará los derechos de acometida, según lo establecido en el artº. 9 del Reglamento de Acometidas con el límite máximo de percepción económica por parte de la empresa eléctrica de 1/3 de la inversión total.
Tercero.- Las alegaciones formuladas por la empresa eléctrica en esta vía de recurso no pueden prosperar, y ello en virtud de los siguientes razonamientos:
1. Por lo que se refiere al alegato de Unelco de que se toma el valor de 32 Kw como potencia solicitada por el cliente, que es la máxima que puede suministrar el conductor de 3 x 50 + 54,6 mm2 de Al, no la realmente la solicitada de 5 Kw, cabe oponer lo siguiente:
a) El artº. 87 del Reglamento de Verificaciones Eléctricas dispone que las entidades distribuidoras están obligadas a efectuar las ampliaciones necesarias para atender las exigencias del mercado eléctrico ..., en forma que para el empalme de los particulares sólo se precise construir la acometida individual que una con la misma distancia la red general con la caja de protección del usuario o a los seccionadores de entrada de alta tensión. En los casos en que las características, distancias o importancia de los consumos exijan la instalación de redes de distribución o líneas alimentadoras de capacidad notoriamente superior a las de las zonas colindantes en que exista red de distribución, la delegación de Industria resolverá, si no hubiera acuerdo entre el peticionario del servicio y la entidad distribuidora, fijando las condiciones especiales para la construcción de la línea alimentadora, coste y posible aprovechamiento de las instalaciones. Las mismas normas se seguirán cuando la longitud de la línea a construir sea desproporcionada en relación con la energía que ha de consumir el peticionario. Por su parte, el artº. 89 del meritado Reglamento establece que las entidades distribuidoras deberán establecer los centros ..., la sección de los conductores será la suficiente para la adecuada distribución de la energía, teniendo en cuenta las previsiones de expansión según las características de las zonas servidas. En el presente caso, la Dirección Territorial de Industria y Energía de Santa Cruz de Tenerife ha sustanciado la controversia planteada teniendo en cuenta la longitud de la instalación, potencia, coste y posible aprovechamiento de la extensión de red que se estudia, de acuerdo con los parámetros fijados en el artº. 87 del Reglamento de Verificaciones Eléctricas.
b) La entidad recurrente no cumple con lo establecido en el artº. 89 del Reglamento de Verificaciones Eléctricas, ya que el conductor elegido supera en demasía lo que se considera adecuado para la potencia solicitada, contradiciendo de esta forma lo prevenido en el expresado artículo de que la sección de los conductores será la suficiente para la adecuada distribución de la energía. A este respecto, es necesario decir que la Dirección Territorial ha constatado que la red de extensión se encuentra sobredimensionada, y así lo reconoce la empresa eléctrica en el apartado segundo del recurso cuando acepta la potencia máxima admisible por el conductor de 32 Kw, e incluso técnicamente podría soportar más Kw ya que el cálculo efectuado por la Dirección Territorial se consideró toda la carga en el extremo del conductor, circunstancia que se origina pocas veces, ya que lo más normal es que en los 105 metros de conductor se hagan derivaciones para otros futuros abonados por lo que la longitud empleada en la formula de la caída de tensión sería mucho menor que la considerada en la Resolución recurrida, y por lo tanto, la extensión de la red sería capaz de soportar muchos más Kw y, consecuentemente, la empresa eléctrica no ha respetado el principio establecido en el artº. 4, punto 4, del Reglamento de Acometidas, de que las instalaciones correspondientes a redes de extensión deberán corresponderse a la capacidad e índole del suministro solicitado. Por todo lo cual, cabe concluir que la instalación resulta sobredimensionada en relación con la potencia solicitada, y lo que pretende la empresa recurrente es ampliar su red de distribución a costa del solicitante, sin tener en cuenta que el diseño de la extensión de la red que pasará a su propiedad es capaz de soportar nuevos abonados.
2. Aplicando el artº. 5 del Decreto Territorial 103/1995, de 26 de abril, así como el artº. 9 del Reglamento de Acometidas Eléctricas, el solicitante debería abonar la cantidad 29.570, de acuerdo con el informe técnico de fecha 19 de julio de 1996, obrante en el expediente administrativo.
3. No obstante lo anterior, la Resolución recurrida no se puede modificar ya que conllevaría un empeoramiento de la situación inicial de la entidad recurrente, y ello lo prescribe el artº. 112.3 de la Ley 30/1992, cuyo tenor literal es el siguiente: No obstante, la resolución será congruente con las peticiones formuladas por el recurrente, sin que en ningún caso pueda agravarse su situación inicial.
Cuarto.- El presente recurso no ha sido dictaminado por la Dirección General del Servicio Jurídico de la Comunidad Autónoma de Canarias, por suscitarse cuestiones de derecho ya resueltas por anteriores dictámenes.
Por todo lo cual, esta Dirección General de Industria y Energía, en el ejercicio de sus competencias,
R E S U E L V E:
Desestimar el recurso ordinario interpuesto por Unelco, S.A. frente a la Resolución de la Dirección Territorial de Industria y Energía de Santa Cruz de Tenerife, de fecha 17 de mayo de 1996, sobre determinación de derechos de acometida eléctrica, manteniendo la misma en todos sus términos. Contra el presente acto, que pone fin a la vía administrativa, cabe recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, a interponer en el plazo de dos meses desde su notificación, previa la comunicación a la Consejería de Industria y Comercio exigida en el artº. 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, y sin perjuicio de cualquier otro que pudiera interponerse.
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