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BOC Nº 084. Lunes 30 de Junio de 1997 - 1938

IV. ANUNCIOS - Otros anuncios - Consejería de Sanidad y Consumo

1938 - RESOLUCIÓN de 5 de mayo de 1997, de la Dirección General de Consumo, sobre notificación de Resoluciones y Acuerdos de iniciación de procedimiento sancionador a personas físicas y jurídicas de ignorado domicilio.

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No teniendo constancia esta Dirección General del domicilio de las personas físicas y jurídicas que se relacionan, y siendo preciso notificarles las oportunas Resoluciones y Acuerdos de iniciación del procedimiento sancionador, y conforme al artículo 59.4 de la Ley 39/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,

R E S U E L V O:

1.- Notificar a las personas físicas y jurídicas que se citan, los cargos que se especifican en el procedimiento que les ha sido incoado en esta Dirección General, por infracción a la legislación en materia de consumo.

2.- Remitir al Ayuntamiento de la población que se cita, las Resoluciones y Acuerdos de iniciación del procedimiento sancionador para su publicación en el tablón de edictos.

1) RESOLUCIÓN DE EXPEDIENTE SANCIONADOR EN MATERIA DE CONSUMO POR EL PROCEDIMIENTO SIMPLIFICADO.

RESOLUCIÓN

RESPONSABLE: Celso Castro Pérez. Nº EXPEDIENTE: 38/416/96. D.N.I. o N.I.F.: 421642221-J. HECHOS: el día 7 de agosto de 1996, un Inspector de esta Dirección General, realizó una visita de inspección en el establecimiento de óptica y venta de relojes, del que es titular Celso Castro Pérez, sito en la calle Calvo Sotelo, 20, del término municipal de Los Llanos de Aridane-La Palma; levantando el acta número 3831 instruida al efecto se comprueba que tiene expuesto para la venta al público gafas de la marca Indo, modelo Admira, calibre 56/18, largo de varilla 140, color GP 201; que carece del preceptivo documento de garantía. FUNDAMENTOS DE DERECHO: artículos 11 y 34.4 de la Ley 26/1984, de 19 de julio, General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios (B.O.E. nº 176), en relación con el artº. 3.1.5 del Real Decreto 1.945/1983, de 22 de junio, que regula las infracciones y sanciones en materia de defensa del consumidor y de la producción agroalimentaria (B.O.E. nº 168, de 15.7.83). CUESTIONES PLANTEADAS EN EL EXPEDIENTE: existe constancia que el Acuerdo de iniciación del presente expediente sancionador fue notificado al interesado el día 26 de noviembre de 1996, mediante carta certificada con acuse de recibo, sin que en el plazo de diez días concedido a tal efecto formulara alegaciones. Conforme a las competencias asignadas a la Dirección General de Consumo, en el artículo 9, apartados k) y m), del Reglamento Orgánico de la Consejería de Sanidad y Consumo, aprobado por Decreto Territorial 322/1995, de 10 de noviembre (B.O.C. nº 154), esta Dirección General es competente para la incoación y tramitación del presente expediente, así como para su resolución, al ser la infracción calificada inicialmente como leve, sin perjuicio de lo que pueda resultar de la instrucción. ACUERDO

Imponer a Celso Castro Pérez la sanción de multa de 25.000 pesetas.

Contra la presente resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso ordinario ante el Excmo. Sr. Consejero de Sanidad y Consumo, en el plazo de un mes desde su notificación, conforme a lo previsto en el artículo 114 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse.- Santa Cruz de Tenerife, a 10 de enero de 1997.- El Director General de Consumo. RESOLUCIÓN

RESPONSABLE: Jesús Elías Pérez Taño. EXPEDIENTE NÚMERO: 38/480/96. D.N.I. o N.I.F.: X-1763937-K.

MOTIVACIÓN

REFERENCIA DE HECHOS: el día 26 de septiembre de 1996, un Inspector de esta Dirección General realizó una visita de inspección en el establecimiento comercio menor productos alimenticios, del que es titular Jesús Elías Pérez Taño, sito en la Avenida El Puente, 15, planta 1ª, del término municipal de Santa Cruz de La Palma; levantando el acta número 3952 instruida al efecto se procede a realizar inspección y se comprueba que tiene expuesto y dispuesto para la venta al público en envase plástico abierto, en arcón congelador, calamares a la romana. Asimismo se observa que tiene dispuesto para la venta en el mismo arcón diferentes tipos de pescado congelado, menestras de marisco, sin envasar, en régimen de autoservicio y careciendo de todo tipo de etiquetado. No posee cartel que indique precio de venta al público. Estos hechos constituyen infracción de la normativa que protege los derechos de los consumidores y usuarios. FUNDAMENTOS DE DERECHO: artº. 34.6 de la Ley 26/1984, de 22 de junio (B.O.E. nº 176), General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios. Artº. 3.3.4 del Real Decreto de 1.945/1983, de 19 de julio, que regula las infracciones y sanciones en materia de defensa del consumidor y de la producción agroalimentaria (B.O.E. nº 168, de 15.7.83). Artº. 30 del Real Decreto 1.521/1984, de 1 de agosto (B.O.E. nº 201), por el que se aprueba el R.T.S. de los establecimientos de la pesca y acuicultura con destino al consumo humano. Artículos 2, 4 y 8 del Real Decreto 2.160/1993, de 10 de diciembre (B.O.E. nº 29), por el que se regula la indicación de precios de los productos ofrecidos a los consumidores y usuarios, en concordancia con el Real Decreto 212/1992, de 6 de marzo, por el que se aprueba la Norma General de etiquetado, presentación y publicidad de los productos alimentarios. CUESTIONES PLANTEADAS EN EL EXPEDIENTE: existe constancia que el Acuerdo de iniciación del presente expediente sancionador fue notificado al interesado el día 30 de diciembre de 1996, mediante carta certificada, con acuse de recibo, sin que en el plazo de diez días concedido a tal efecto formulara alegaciones. Conforme a las competencias asignadas a la Dirección General de Consumo, en el artículo 9, apartados k) y m), del Reglamento Orgánico de la Consejería de Sanidad y Consumo, aprobado por Decreto Territorial 322/1995, de 10 de noviembre (B.O.C. nº 154), esta Dirección General es competente para la incoación y tramitación del presente expediente, así como para su resolución, al ser la infracción calificada inicialmente como leve, sin perjuicio de lo que pueda resultar de la instrucción.

ACUERDO

Imponer a Jesús Elías Pérez Taño la sanción de multa de 50.000 pesetas.

Contra la presente resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso ordinario ante el Excmo. Sr. Consejero de Sanidad y Consumo, en el plazo de un mes desde su notificación, conforme a lo previsto en el artículo 114 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse.- Santa Cruz de Tenerife, a 28 de enero de 1997.- El Director General de Consumo. RESOLUCIÓN

RESPONSABLE: María Dolores Ortíz Ruibal. Nº EXPEDIENTE: 38/481/96. D.N.I. o N.I.F.: 51411866-N. MOTIVACIÓN

HECHOS: el día 29 de septiembre de 1996, un Inspector de esta Dirección General realizó una visita de inspección en el establecimiento menor textil Corp’s, de la que es titular Mª Dolores Ortíz Ruibal, sito en la calle El Pilar, 13, del término municipal de Santa Cruz de Tenerife; levantando el acta número 2467 instruida al efecto se comprueba reclamación nº 712/96, relativa a la falta de eficacia de un vale de compra de un artículo de dicha tienda. La persona compareciente manifiesta que el vale no lo puede reconocer por el tiempo transcurrido y por no ser el modelo de vale que ahora se emite. Asimismo indica que la firma de dicho vale puede ser de una persona que trabajó allí hace unos dos años. Se comprueba que no tiene expuesto al público cartel que indique estar en posesión de Hojas de Reclamaciones. Estos hechos constituyen infracción de la normativa que ampara los derechos de los consumidores y usuarios. FUNDAMENTOS DE DERECHO: artículos 34.4 y 34.6 de la Ley 26/1984, de 19 de julio (B.O.E. nº 176), General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios. Artículos 3.1.4 y 3.3.4 del Real Decreto 1.945/1983, de 22 de junio, que regula las infracciones y sanciones en materia de defensa de los consumidores y de la producción agroalimentaria (B.O.E. nº 168, de 15.7.83) y artículos 1 y 3 del Decreto 225/1994, de 11 de noviembre (B.O.C. nº 148), por el que se regulan las Hojas de Reclamaciones de los consumidores y usuarios de la Comunidad Autónoma de Canarias. CUESTIONES PLANTEADAS EN EL EXPEDIENTE: existe constancia que el Acuerdo de iniciación del presente expediente sancionador fue notificado al interesado el día 30 de diciembre de 1996 mediante carta certificada, con acuse de recibo, sin que en el plazo de diez días concedido a tal efecto formulara alegaciones. Conforme a las competencias asignadas a la Dirección General de Consumo, en el artículo 9, apartados k) y m), del Reglamento Orgánico de la Consejería de Sanidad y Consumo, aprobado por Decreto Territorial 322/1995, de 10 de noviembre (B.O.C. nº 154), esta Dirección General es competente para la incoación y tramitación del presente expediente, así como para su resolución, al ser la infracción calificada inicialmente como leve, sin perjuicio de lo que pueda resultar de la instrucción.

ACUERDO

Imponer a Mª Dolores Ortíz Ruibal la sanción de multa de 40.000 pesetas.

Contra la presente resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso ordinario ante el Excmo. Sr. Consejero de Sanidad y Consumo, en el plazo de un mes desde su notificación, conforme a lo previsto en el artículo 114 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse.- Santa Cruz de Tenerife, a 28 de enero de 1997.- El Director General de Consumo.

1) ACUERDO DE INICIACIÓN DE EXPEDIENTE SANCIONADOR EN MATERIA DE CONSUMO POR EL PROCEDIMIENTO SIMPLIFICADO.

Visto el Título IX de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. nº 285), y artículo 13 del Reglamento del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora, aprobado por Real Decreto 1.398/1993, de 4 de agosto (B.O.E. nº 189), procédase a la incoación de expediente sancionador a:

INCULPADO: Aurelia Goya González. Nº EXPEDIENTE: 38/68/97. D.N.I. o N.I.F.: 42928031-A.

En base a los siguientes

HECHOS: el día 9 de octubre de 1996, un Inspector de esta Dirección General, realizó una visita de inspección en el establecimiento venta menor de calzado, de la que es responsable Aurelia Goya González, sito en la Carretera Nueva, 28, del término municipal de El Sauzal-Tenerife; levantado el acta número 3767 instruida al efecto se comprueba que en el escaparate exterior hay expuestos y dispuestos para la venta al público zapatos, bolsos y botas sin que el precio de venta al público sea visible desde el exterior. TIPIFICACIÓN DE LA INFRACCIÓN: artº. 34.6 de la Ley 26/1984, de 19 de julio (B.O.E. nº 176), General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios. Artº. 3.3.4 del Real Decreto 1.945/1983, de 22 de junio, por el que se regula las infracciones y sanciones en materia de defensa de los consumidores y de la producción agroalimentaria (B.O.E. nº 168). Artículos 2 y 8 del Real Decreto 2.160/1993, de 10 de diciembre (B.O.E. nº 29), por el que se regula la indicación de precios de los productos ofrecidos a los consumidores y usuarios. Artículos 1 y 3 del Decreto 2.807/1972, de 15 de septiembre (B.O.E. nº 247), por el que se regula la publicidad y marcado de precios, en la venta al público de artículos al por menor. CALIFICACIÓN JURÍDICA DE LA INFRACCIÓN: conforme al artículo 35 de la Ley 26/1984, de 19 de julio, General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, existen indicios para calificar la infracción como leve. SANCIONES QUE PUEDAN CORRESPONDER: la infracción podrá ser sancionada con multa de hasta 500.000 pesetas, de conformidad con lo previsto en el artº. 36, apartado 1, de la Ley 26/1984. En el presente expediente y teniendo en cuenta los criterios para la graduación de la cuantía de las sanciones establecidas en el artículo 35, apartado 1, de la Ley 26/1984, en el artículo 131 de la Ley 30/1992, y en el artículo 10, apartado 10.2, del Real Decreto 1.945/1983, de 22 de junio (B.O.E. nº 168), por el que se regulan las infracciones y sanciones en materia de defensa del consumidor y de la producción agroalimentaria, la infracción presuntamente cometida podrá ser sancionada con una multa pecuniaria de 50.000 pesetas. INSTRUCTOR, SECRETARIA Y RÉGIMEN DE RECUSACIÓN: se nombra Instructor a D. Álvaro Jiménez Cámara y Secretaria a Dña. Mª Victoria Badía Fernaud, quienes podrán ser recusados por los motivos establecidos en el artículo 28, apartado 2, de la Ley 30/1992, y en la forma prevista en el artículo 29 del mismo texto. ÓRGANO COMPETENTE: de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 9, apartados k) y m), del Reglamento Orgánico de la Consejería de Sanidad y Consumo, aprobado por Decreto Territorial 322/1995, de 10 de noviembre (B.O.E. nº 154), esta Dirección General es competente para incoación y tramitación del presente expediente, así como para su resolución al ser la infracción calificada inicialmente como leve, sin perjuicio de lo que pueda resultar de la instrucción. RECONOCIMIENTO VOLUNTARIO DE LA RESPONSABILIDAD: en cualquier momento del procedimiento, el inculpado podrá reconocer voluntariamente su responsabilidad, con los efectos previstos en el artículo 8º del Real Decreto 1.398/1993. Comuníquese este Acuerdo de iniciación al Sr. Instructor del procedimiento, con traslado de las actuaciones, y notifíquese simultáneamente a los interesados, para que en el plazo de diez días hábiles, contados a partir del siguiente al de esta notificación, efectúen, respectivamente, las actuaciones preliminares, la aportación de cuantas alegaciones, documentos o informaciones estimen convenientes y, en su caso, la proposición y práctica de pruebas, concretando los medios de que pretenda valerse, de acuerdo con el artículo 24, apartado 2, del Real Decreto 1.398/1993, advirtiendo a los interesados que les queda puesto de manifiesto el expediente y que, de no efectuar alegaciones al contenido del presente Acuerdo, éste podrá ser considerado como Propuesta de Resolución, a los efectos previstos en el artículo 18 del Real Decreto 1.398/1993.- Santa Cruz de Tenerife, a 13 de febrero de 1997.- El Director General de Consumo.

2) ACUERDO DE INICIACIÓN DE EXPEDIENTE SANCIONADOR EN MATERIA DE CONSUMO POR EL PROCEDIMIENTO SIMPLIFICADO.

Visto el Título IX de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. nº 285), y artículo 13 del Reglamento del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora, aprobado por Real Decreto 1.398/1993, de 4 de agosto (B.O.E. nº 189), procédase a la incoación de expediente sancionador a:

INCULPADO: Eulalia Santos Sánchez. Nº EXPEDIENTE: 38/105/97. D.N.I. o N.I.F.: 42005061-T. En base a los siguientes

HECHOS: el día 14 de noviembre de 1996, un Inspector de esta Dirección General realizó una inspección en el establecimiento Pescadería Álvarez de Lugo, del que es titular Eulalia Santos Sánchez, sito en la calle Álvarez de Lugo, 44, del término municipal de Santa Cruz de Tenerife. Levantada el acta número 2810 instruida al efecto, se comprueba que hay expuestos para la venta al público en expositores frigoríficos diversas variedades de pescado como samas, salemas, bocinegros, merluza, pulpos, calamares, gambas, almejas, etc., sin precio de venta al público, ni denominación del producto. Este hecho constituye infracción de la normativa que ampara los derechos de los consumidores y usuarios. TIPIFICACIÓN DE LA INFRACCIÓN: artº. 34.6 de la Ley 26/1984, de 19 de julio (B.O.E. nº 176), General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios. Artº. 3.3.4 del Real Decreto 1.945/1983, de 22 de junio (B.O.E. nº 168), que regula las infracciones y sanciones en materia de defensa del consumidor y de la producción agroalimentaria. Artº. 30 del Real Decreto 1.521/1984, de 1 de agosto (B.O.E. nº 201), por el que se aprueba la R.T.S. de los establecimientos y productos de la pesca y acuicultura con destino al consumo humano. Artículos 2, 4 y 8 del Real Decreto 2.160/1993, de 10 de diciembre (B.O.E. nº 29), por el que se regula la indicación de precios de los productos ofrecidos a los consumidores y usuarios, en concordancia con el Real Decreto 212/1992, de 6 de marzo, por el que se aprueba la norma general de etiquetado, presentación y publicidad de los productos alimenticios. CALIFICACIÓN JURÍDICA DE LA INFRACCIÓN: conforme al artículo 35 de la Ley 26/1984, de 19 de julio, General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, existen indicios para calificar la infracción como leve. SANCIONES QUE PUEDAN CORRESPONDER: la infracción podrá ser sancionada con multa de hasta 500.000 pesetas, de conformidad con lo previsto en el artº. 36, apartado 1, de la Ley 26/1984. En el presente expediente y teniendo en cuenta los criterios para la graduación de la cuantía de las sanciones establecidas en el artículo 35, apartado 1, de la Ley 26/1984, en el artículo 131 de la Ley 30/1992, y en el artículo 10, apartado 10.2, del Real Decreto 1.945/1983, de 22 de junio (B.O.E. nº 168), por el que se regulan las infracciones y sanciones en materia de defensa del consumidor y de la producción agroalimentaria, la infracción presuntamente cometida podrá ser sancionada con una multa pecuniaria de 75.000 pesetas. INSTRUCTOR, SECRETARIA Y RÉGIMEN DE RECUSACIÓN: se nombra Instructor a D. Álvaro Jiménez Cámara y Secretaria a Dña. Mª Victoria Badía Fernaud, quienes podrán ser recusados por los motivos establecidos en el artículo 28, apartado 2, de la Ley 30/1992, y en la forma prevista en el artículo 29 del mismo texto. ÓRGANO COMPETENTE: de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 9, apartados k) y m), del Reglamento Orgánico de la Consejería de Sanidad y Consumo, aprobado por Decreto Territorial 322/1995, de 10 de noviembre (B.O.E. nº 154), esta Dirección General es competente para incoación y tramitación del presente expediente, así como para su resolución al ser la infracción calificada inicialmente como leve, sin perjuicio de lo que pueda resultar de la instrucción. RECONOCIMIENTO VOLUNTARIO DE LA RESPONSABILIDAD: en cualquier momento del procedimiento, el inculpado podrá reconocer voluntariamente su responsabilidad, con los efectos previstos en el artículo 8º del Real Decreto 1.398/1993. Comuníquese este Acuerdo de iniciación al Sr. Instructor del procedimiento, con traslado de las actuaciones, y notifíquese simultáneamente a los interesados, para que en el plazo de diez días hábiles, contados a partir del siguiente al de esta notificación, efectúen, respectivamente, las actuaciones preliminares, la aportación de cuantas alegaciones, documentos o informaciones estimen convenientes y, en su caso, la proposición y práctica de pruebas, concretando los medios de que pretenda valerse, de acuerdo con el artículo 24, apartado 2, del Real Decreto 1.398/1993, advirtiendo a los interesados que les queda puesto de manifiesto el expediente y que, de no efectuar alegaciones al contenido del presente Acuerdo, éste podrá ser considerado como Propuesta de Resolución, a los efectos previstos en el artículo 18 del Real Decreto 1.398/1993.- Santa Cruz de Tenerife, a 12 de marzo de 1997.- El Director General de Consumo.

3) ACUERDO DE INICIACIÓN DE EXPEDIENTE SANCIONADOR EN MATERIA DE CONSUMO POR EL PROCEDIMIENTO SIMPLIFICADO.

Visto el Título IX de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. nº 285), y artículo 13 del Reglamento del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora, aprobado por Real Decreto 1.398/1993, de 4 de agosto (B.O.E. nº 189), procédase a la incoación de expediente sancionador a:

INCULPADO: Pavimentos Especiales, Comdesa. Nº EXPEDIENTE: 38/101/97. D.N.I. o N.I.F.: A-38090577.

En base a los siguientes

HECHOS: el día 24 de octubre de 1996, un Inspector de esta Dirección General realizó una visita de inspección en el establecimiento del que es titular Pavimentos Especiales Comdesa, sito en la calle Méndez Núñez, 51, del término municipal de Santa Cruz de Tenerife; levantada el acta número 2625 instruida al efecto se procede a comprobar reclamación nº 886/96, presentada por Dña. Carmen Luisa Pérez Galdona, con D.N.I. nº 42069758, relativa a deficiencias en el servicio de instalación de una tarima flotante no haciendo efectiva la garantía por dicho servicio. En ningún momento consta que la empresa informase previamente a la reclamante de los riesgos o inconvenientes que pueden surgir por la instalación de dicha tarima. Solicitada por el inspector actuante la presentación de Hojas de Reclamaciones, dado que observa que no están anunciadas en el establecimiento, la compareciente no las presenta. Estos hechos constituyen infracción de la normativa que protege los derechos de los consumidores y usuarios. TIPIFICACIÓN DE LA INFRACCIÓN: artículos 34.9, 10.1.c).6º, 11.1 y 13.1.f) de la Ley 26/1984, de 19 de julio (B.O.E. nº 176), General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios. Artº. 10 de la Ley 4/1994, de 25 de abril (B.O.C. nº 53), de Ordenación de la Actividad Comercial de Canarias. Artículos 2 y 3 del Decreto Territorial 225/1994, de 11 de noviembre (B.O.C. nº 148), por el que se regulan las Hojas de Reclamaciones de los consumidores y usuarios de la Comunidad Autónoma de Canarias. CALIFICACIÓN JURÍDICA DE LA INFRACCIÓN: conforme al artículo 35 de la Ley 26/1984, de 19 de julio, General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, existen indicios para calificar la infracción como leve. SANCIONES QUE PUEDAN CORRESPONDER: la infracción podrá ser sancionada con una multa de hasta 500.000 pesetas, de conformidad con lo previsto en el artº. 36, apartado 1, de la Ley 26/1984. En el presente expediente y teniendo en cuenta los criterios para la graduación de la cuantía de las sanciones establecidas en el artículo 35, apartado 1, de la Ley 26/1984, en el artículo 131 de la Ley 30/1992, y en el artículo 10, apartado 10.2, del Real Decreto 1.945/1983, de 22 de junio (B.O.E. nº 168), por el que se regulan las infracciones y sanciones en materia de defensa del consumidor y de la producción agroalimentaria, la infracción presuntamente cometida podrá ser sancionada con una multa pecuniaria de 100.000 pesetas. INSTRUCTOR, SECRETARIA Y RÉGIMEN DE RECUSACIÓN: se nombra Instructor a D. Álvaro Jiménez Cámara y Secretaria a Dña. Mª Victoria Badía Fernaud, quienes podrán ser recusados por los motivos establecidos en el artículo 28, apartado 2, de la Ley 30/1992, y en la forma prevista en el artículo 29 del mismo texto. ÓRGANO COMPETENTE: de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 9, apartados k) y m), del Reglamento Orgánico de la Consejería de Sanidad y Consumo, aprobado por Decreto Territorial 322/1995, de 10 de noviembre (B.O.E. nº 154), esta Dirección General es competente para incoación y tramitación del presente expediente, así como para su resolución al ser la infracción calificada inicialmente como leve, sin perjuicio de lo que pueda resultar de la instrucción. RECONOCIMIENTO VOLUNTARIO DE LA RESPONSABILIDAD: en cualquier momento del procedimiento, el inculpado podrá reconocer voluntariamente su responsabilidad, con los efectos previstos en el artículo 8º del Real Decreto 1.398/1993. Comuníquese este Acuerdo de iniciación al Sr. Instructor del procedimiento, con traslado de las actuaciones, y notifíquese simultáneamente a los interesados, para que en el plazo de diez días hábiles, contados a partir del siguiente al de esta notificación, efectúen, respectivamente, las actuaciones preliminares, la aportación de cuantas alegaciones, documentos o informaciones estimen convenientes y, en su caso, la proposición y práctica de pruebas, concretando los medios de que pretenda valerse, de acuerdo con el artículo 24, apartado 2, del Real Decreto 1.398/1993, advirtiendo a los interesados que les queda puesto de manifiesto el expediente y que, de no efectuar alegaciones al contenido del presente Acuerdo, éste podrá ser considerado como Propuesta de Resolución, a los efectos previstos en el artículo 18 del Real Decreto 1.398/1993.- Santa Cruz de Tenerife, a 26 de febrero de 1997.- El Director General de Consumo.

Santa Cruz de Tenerife, a 5 de mayo de 1997.- El Director General de Consumo, Gonzalo Olarte Cullen.

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