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BOC Nº 077. Viernes 13 de Junio de 1997 - 736

III. OTRAS RESOLUCIONES - Consejería de Política Territorial y Medio Ambiente

736 - ORDEN de 3 de abril de 1997, por la que se procede a la incoación de expediente de revisión de oficio de la Orden de 25 de noviembre de 1996.

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Resultando que, por Orden Departamental de 25 de noviembre de 1996, este Departamento actuando por subrogación en las competencias municipales, resolvió estimar parcialmente los recursos ordinarios interpuestos por D. Santiago Santana Cazorla, en nombre de Santana Cazorla, S.A. y D. Francisco López González, en nombre de Lopesan, S.A., contra la Resolución del Ilmo. Sr. Director General de Urbanismo, por la que se aprobaba definitivamente el Proyecto de Compensación Urbanística Meloneras 2 B, como propietario único, declarando como dudosa la cabida real no acreditada fehacientemente, revocando ésta, en el sentido de declarar litigiosa la finca aportada 4.079.

Considerando que este órgano es competente para incoar el presente expediente en virtud de la atribución de competencias que establece el artº. 13.21 del Decreto 107/1995, de 26 de abril, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de esta Consejería, en relación con el artº. 29 de la Ley 14/1990, de 26 de julio, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas de Canarias, así como los artículos 10.3 y 104 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Considerando que la Orden cuestiona la titularidad de los propietarios del suelo sujetos a la unidad de actuación gestionada por compensación urbanística como consecuencia del juicio declarativo nº 218/95, seguido en el Juzgado de 1ª Instancia nº 8 de San Bartolomé de Tirajana, por la entidad mercantil Lopesan, S.A., contra los titulares registrales de la finca D. Manuel, D. Juan y Dña. Susana del Castillo y del Castillo, debiendo tenerse en cuenta, sin embargo, que hasta tanto no se produzca sentencia firme en el procedimiento civil, la Administración debe aceptar los efectos dimanantes de los bienes y derechos inscritos en el Registro de la Propiedad tal como prescriben el artº. 606 del Código Civil y artículos 32 y 34 de la Ley Hipotecaria.

Considerando que, en cualquier caso por remisión del artº. 76.2 del Reglamento de Gestión Urbanística a las normas de expropiación forzosa sobre la determinación de las titularidades, ha de considerarse como factor relevante, a efectos administrativos y salvo prueba en contrario o resolución judicial contradictoria, la descripción catastral de las fincas, en cuanto Registro Público de carácter fiscal (artº. 3.2.2.E.F.).

Considerando que, si bien la presunción de veracidad catastral es sólo iuris tantum, tal presunción determina una apariencia de veracidad de la situación descrita, presunción perfectamente incardinable en el principio de la apariencia de buen derecho (formus boni iuris), determinante en la ponderación de la aplicación de la tutela cautelar, lo cual justifica que ante una controversia judicial entre una situación amparada por datos catastrales y otra que no goza de tal amparo, debe admitirse, a efectos de la aplicación de la tutela cautelar, la efectividad de la primera, salvo que el ordenamiento jurídico establezca una disposición expresa en contrario o se adopte una medida cautelar por un órgano judicial (artº. 28.2 Decreto 1.066/1996).

Considerando que habiéndose tramitado por esta Consejería, como consecuencia de la subrogación operada, el Plan Parcial Meloneras 2 B, como propietario único, así como el presente Proyecto de Compensación en la modalidad simplificada de propietario único, artº. 157.3 del Reglamento de Gestión Urbanística, no resulta congruente su aprobación admitiendo la posibilidad de otros propietarios afectados por la actuación, sin replantearse la validez de los procedimientos y actos realizados con anterioridad. Técnicamente, además, resulta incorrecta la declaración sin más de la finca 4.079 como litigiosa, pues resultaría necesaria en todo caso la corrección del Proyecto de Compensación previa a su aprobación, por aplicación además del artº. 110.2.b) del Reglamento de Gestión Urbanística.

Considerando que el artº. 103.4 del Reglamento de Gestión Urbanística se refiere al acto de iniciación del expediente reparcelario y como resultado de la correcta aplicación analógica del sistema de compensación urbanística, las facultades que en él se expresan para el caso de discrepancia de títulos, faculta exclusivamente a la Administración actuante, dice textualmente “durante su tramitación”, a representar los derechos de los titulares, sin que sea posible su adjudicación a la propia Administración ni siquiera a título fiduciario como reza la Orden Departamental analizada en su sexto considerando, pues la Administración actuante está obligada a informar y analizar los títulos aportados y culminar el Proyecto tal como establece el artº. 28 del Reglamento de Reparcelaciones, Decreto 1.006/1996.

Considerando que, a mayor abundamiento, la anterior cuestión solamente resulta planteable en caso de aportación contradictoria de títulos o de casos de doble inmatriculación, pero difícilmente puede darse cuando una de las partes que no ha aportado finca bajo título alguno, se encuentra pendiente de resolución judicial para poder acceder al derecho de la consiguiente adjudicación, sin que pueda esta Administración adelantarse a tal momento procedimental, sin perjuicio que de acuerdo con el Reglamento Hipotecario, la anotación preventiva otorgue la adecuada protección de terceros adquirientes, pero quedando salvaguardados por correcta aplicación del orden jurídico, el interés general que representa la ejecución del Plan Parcial y los derechos de los titulares registrales.

Considerando que la Orden Departamental analizada además de las infracciones de las Leyes y Reglamento Urbanístico citados, se dictó antes de transcurrir el plazo de recurso concedido a través de la publicación de la Resolución del Ilmo. Sr. Director General de Urbanismo, de 18 de julio de 1996, en el Boletín Oficial de Canarias de 11 de noviembre de 1996, se cumple la tipificación prevista en los artículos 103 y 63 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, procediendo la anulación de la Orden y consiguiente revisión parcial de la misma, pues la supresión de la declaración como litigiosa de la finca 4.079 no vicia la aprobación conforme previene el artº. 62.2 del mismo texto legal.

Considerando que, con la declaración de litigiosa de la totalidad de la finca 4.079, se imposibilita la culminación de la gestión urbanística y por tanto la ejecución del Plan Parcial Meloneras 2 B, creando un considerable perjuicio tanto al promotor como al Ayuntamiento receptor del aprovechamiento, así como de los equipamientos públicos de cesión obligatoria, conforme previene el artº. 104 de la L.R.S.P.A. procede la suspensión parcial del acto.

D I S P O N G O:

Primero.- Incoar expediente de revisión de la Orden Departamental de 25 de noviembre de 1996, por la que se estimaron determinados recursos y se aprobó definitivamente el Proyecto de Compensación Urbanística como propietario único, declarando litigiosa la finca registral 4.079 por considerarla anulable.

Segundo.- Suspender parcialmente la ejecución de la Orden, en lo referente a la declaración de litigiosa de la finca 4.079.

Tercero.- Previa audiencia a los interesados en el expediente administrativo, someter el mismo a dictamen del Consejo Consultivo de Canarias. Contra este acto, que agota la vía administrativa, cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, en el plazo de dos meses a partir de su notificación, según lo dispuesto en el artículo 58 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. La interposición del referido recurso requerirá comunicación previa al órgano que dictó el acto impugnado, tal y como establece el artículo 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Las Palmas de Gran Canaria, a 3 de abril de 1997.

LA CONSEJERA DE POLÍTICA TERRITORIAL Y MEDIO AMBIENTE, María Eugenia Márquez Rodríguez.

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