La Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, establece en su artículo 81.3 que en los casos en que, a petición del interesado, deban efectuarse pruebas cuya realización implique gastos que no deba soportar la Administración, ésta podrá exigir el anticipo de los mismos, a reserva de la liquidación definitiva, una vez practicada la prueba. La liquidación de los gastos se practicará uniendo los comprobantes que acrediten la realidad y cuantía de los mismos.
En determinados expedientes tramitados por diferentes departamentos de la Comunidad Autónoma, pueden producirse gastos que la Administración no deba soportar, por lo que ha de establecerse un procedimiento contable para controlar los anticipos a exigir a los interesados para la realización de dichas pruebas.
A tal efecto, y en virtud de lo establecido en el artículo 90 de la Ley 7/1984, de 11 de diciembre, de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, tengo a bien dictar la siguiente
INSTRUCCIÓN
Artículo único.- La contabilización de los anticipos a cuenta de las pruebas periciales a realizar al amparo del artículo 81.3 de la Ley 30/1992, deberá seguir el siguiente procedimiento:
1º) Se crea, en el área de Acreedores del Tesoro, el concepto extrapresupuestario 320053 Ingresos a cuenta pruebas periciales Ley 30/1992, con el fin de recoger los ingresos de las liquidaciones provisionales que realicen los interesados que soliciten, y les sea aceptada la realización de pruebas cuyo coste no deba ser soportado por la Administración.
2º) El saldo de esta rúbrica nunca podrá ser negativo.
3º) Sólo podrá realizarse el pago del expediente en el que el afectado haya realizado previamente el ingreso del coste de la prueba. Los Interventores de las Cajas velarán por el estricto cumplimiento de este precepto.
Las Palmas de Gran Canaria, a 12 de mayo de 1997.- La Interventora General, María del Carmen Alonso Díaz.
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