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Habiéndose intentado por esta Dirección General sin haberse podido practicar, la notificación de la Resolución recaída en el expediente incoado con motivo de denuncias o actas de inspección formuladas contra los titulares de empresas y actividades turísticas que se relacionan, conforme al artº. 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y, siendo preciso su notificación a los efectos de que aleguen lo que a su derecho convenga,
R E S U E L V O:
1.- Notificar a los titulares de establecimientos y actividades turísticas que se citan, la Resolución recaída en el expediente que les ha sido instruido por infracción a la legislación en materia turística.
Las Resoluciones que se notifican no ponen fin a la vía administrativa y contra las mismas cabe interponer, de acuerdo con lo prevenido en los artículos 114 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, recurso ordinario en el plazo de un mes, contado a partir de la recepción de la presente Resolución, ante el Ilmo. Sr. Viceconsejero de Turismo, de la Consejería de Turismo y Transportes del Gobierno de Canarias, y sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse.
En el caso de que el recurrente sea un representante, deberá acreditar ésta representación, aportando Escritura de Poder para dejar constancia fidedigna, bien con copia simple notarial o previo cotejo o compulsa de la fotocopia con su original, a tenor de lo dispuesto en el artículo 32 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
El ingreso de las sanciones recaídas en los expedientes que se relacionan deberá hacerse efectivos en la forma y plazos indicados en la notificación que la Consejería de Economía y Hacienda le remitirá a su propio domicilio. 2.- Remitir al Ayuntamiento de las poblaciones que se citan, la presente Resolución para su publicación en el tablón de edictos correspondiente.
Las Palmas de Gran Canaria, a 2 de abril de 1997.- El Director General de Ordenación e Infraestructura Turística, Francisco Montesdeoca Santana.
RESOLUCIONES QUE SE CITAN:
1º) Libro nº 2 de Resolución de la Dirección General de Ordenación e Infraestructura Turística, folio 53, nº 254.
Resolución de 11 de marzo de 1997, de la Dirección General de Ordenación e Infraestructura Turística, recaída en el expediente sancionador nº 96/088 instruido a Dña. Margarita Méndez Báez, titular de la explotación turística del establecimiento denominado Restaurante Vista Mar Cicer.
Examinado el expediente sancionador tramitado por el Servicio de Inspección y Sanciones, instruido a Dña. Margarita Méndez Báez, por Resolución de Iniciación del Director General de Ordenación e Infraestructura Turística, de 23 de octubre de 1996, como consecuencia del acta de inspección nº 6669 de 24 de enero de 1996.
Vista la propuesta formulada por el Instructor del expediente sancionador consignado.
Teniendo en cuenta los siguientes
I. ANTECEDENTES
1º) Que con fecha 24 de enero de 1996 se personó en el establecimiento de referencia, sito en el Paseo de Las Canteras, 2, en Las Palmas de Gran Canaria, el servicio de Inspección de esta Dirección General, levantando al efecto el acta nº 6669 en la que esencialmente se hace constar que se había producido un cambio de titularidad a favor de Dña. Margarita Méndez Báez, que explotaba el establecimiento desde hacía 6 meses aproximadamente, sin notificarlo, como es preceptivo a la Administración turística canaria, habiendo ostentado anteriormente la titularidad D. Manuel Suárez Santana.
2º) Que se ordenó la iniciación de expediente sancionador, que lleva el número 96/088, nombrándose Instructor y Secretario.
3º) Que por el Instructor del expediente se formularon los cargos, con fecha 23 de octubre de 1996, por los siguientes hechos: Alterar las condiciones esenciales de la autorización de la que está provista la actividad, toda vez que se ha producido un cambio de titularidad a favor de Dña. Margarita Méndez Báez, que explota el establecimiento consignado desde hace aproximadamente 6 meses, sin comunicarlo como es preceptivo a la administración turística competente.
4º) Que con fecha 5 de marzo de 1997, y habida cuenta que la expedientada no efectuó alegación alguna a la Resolución de Iniciación del Procedimiento y a los cargos imputados, fue ratificada como Propuesta de Resolución, con una multa en cuantía de 175.000 pesetas.
II. CONSIDERACIONES JURÍDICAS
Primera: que las actuaciones practicadas en el presente expediente sancionador han sido de conformidad con la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. nº 285, de 26.11.92) y de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias (B.O.C. nº 48, de 19.4.95).
Segunda: que en la tramitación del expediente se han observado las formalidades de rigor.
Tercera: que las pruebas que obran en el expediente son tenidas en cuenta a la hora de emitir la presente Resolución.
Cuarta: que debe estimarse la responsabilidad administrativa de la expedientada, en base al contenido del acta de inspección nº 6669, de 24 de enero de 1996, sin que dicha expedientada haya formulado alegaciones ni aportado prueba alguna que desvirtúe el hecho imputado.
Quinta: que el hecho recogido en el expediente es constitutivo de infracción a los artículos 2º y 5º de la Orden de 23 de septiembre de 1988, por la que se regula el procedimiento para los Cambios de Titularidad de los Establecimientos Turísticos (B.O.C. nº 127, de 7 de octubre).
Con calificación de leve, en base al artº. 76.1 en relación con el artº. 77.7 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias (B.O.C. nº 48, de 19 de abril).
En el ejercicio de la competencia que tengo atribuida para resolver el presente expediente sancionador, de acuerdo con la Ley Orgánica 10/1982, de 10 de agosto, por la que se aprueba el Estatuto de Autonomía de Canarias (B.O.J.C. nº 17, 28.9.82), y el artículo 11.p) del Decreto 281/1995, de 11 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Turismo y Transportes (B.O.C. nº 128, de 4.10.95), que viene a sustituir al Reglamento Orgánico de la Consejería de Presidencia y Turismo, como consecuencia de la reestructuración de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, según Decreto 187/1995, de 20 de julio (B.O.C. nº 93, de 21.7.95),
R E S U E L V O:
Imponer la sanción de multa de 175.000 pesetas, a Margarita Méndez Báez, con N.I.F 78.390.068-L, titular de la explotación turística del establecimiento denominado Restaurante Vista Mar Cicer.- Las Palmas de Gran Canaria, a 11 marzo de 1997.- El Director General de Ordenación e Infraestructura Turística, Francisco Montesdeoca Santana.
2º) Libro nº 2 de Resolución de la Dirección General de Ordenación e Infraestructura Turística, folio 53, nº 255.
Resolución de 11 de marzo de 1997, de la Dirección General de Ordenación e Infraestructura Turística, recaída en el expediente sancionador nº 96/089 instruido a D. José Wilfredo Buceta Morales, titular de la explotación turística del establecimiento denominado Bar Oleaje.
Examinado el expediente sancionador tramitado por el Servicio de Inspección y Sanciones, instruido a D. José Wilfredo Buceta Morales, por Resolución de Iniciación del Director General de Ordenación e Infraestructura Turística, de 23 de octubre de 1996, como consecuencia del acta de inspección nº 6670, de 24 de enero de 1996.
Vista la propuesta formulada por el Instructor del expediente sancionador consignado
Teniendo en cuenta los siguientes
I. ANTECEDENTES
1º) Que con 24 de enero de 1996 se personó en el establecimiento de referencia, sito en la Avenida Apolinario, 20, en Las Palmas de Gran Canaria el Servicio de Inspección de esta Dirección General, levantando al efecto el acta nº 6670 en la que esencialmente se hace constar que el establecimiento consignado, carecía de las Hojas de Reclamaciones y no había notificado, como es preceptivo, a la Administración turística competente los precios que rigen en la prestación de los servicios.
2º) Que se ordenó la iniciación de expediente sancionador, que lleva el número 96/089, nombrándose Instructor y Secretario.
3º) Que por el Instructor del expediente se formularon los cargos, con fecha 23 de octubre de 1996 por los siguientes hechos:
1º) No haber notificado a la Administración turística competente, los precios que rigen en la prestación de los servicios. 2º) Carecer en el establecimiento de las Hojas de Reclamaciones que debe tener con carácter obligatorio.
4º) Que con fecha 5 de marzo de 1997, y habida cuenta que el expedientado no efectuó alegación alguna a la Resolución de iniciación del procedimiento y a los cargos imputados, fue ratificada como Propuesta de Resolución, con una multa en cuantía de 90.000 pesetas por el 1º hecho infractor y 90.000 pesetas por el 2º hecho infractor.
II. CONSIDERACIONES JURÍDICAS
Primera: que las actuaciones practicadas en el presente expediente sancionador han sido de conformidad con la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. nº 285, de 26.11.92) y de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias (B.O.C. nº 48, de 19.4.95).
Segunda: que en la tramitación del expediente se han observado las formalidades de rigor.
Tercera: que las pruebas que obran en el expediente son tenidas en cuenta a la hora de emitir la presente Resolución.
Cuarta: que debe estimarse la responsabilidad administrativa del expedientado, en base al contenido del acta de inspección nº 6670 de 24 de enero de 1996, sin que dicho expedientado haya formulado alegaciones ni aportado prueba alguna que desvirtúen los hechos infringidos.
Quinta: que los hechos recogidos en el expediente son constitutivos de infracción a: - Artº. 30.1 de la Orden Ministerial de 17 de marzo de 1965, por la que se aprueba la Ordenación Turística de Restaurantes (B.O.E. de 29 de marzo), modificado por la Orden Ministerial de 29 de junio de 1978, en su artículo 2º (B.O.E. de 19 de julio), y en aplicación del artículo 4º de la Orden Ministerial de 19 de junio de 1970 (B.O.E. de 23 de junio).
- Artículo 1º de la Orden de 13 de noviembre de 1986, por la que se regulan las Hojas de Reclamaciones de los clientes en establecimientos turísticos (B.O.C. nº 139, de 19 de noviembre).
Con calificación de leve, en base al artº. 76.5, y artº. 76.6, en relación con el artº. 77.7, de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias (B.O.C. nº 48, de 19 de abril).
En el ejercicio de la competencia que tengo atribuida para resolver el presente expediente sancionador, de acuerdo con la Ley Orgánica 10/1982, de 10 de agosto, por la que se aprueba el Estatuto de Autonomía de Canarias (B.O.J.C. nº 17, 28.9.82), y el artículo 11.p) del Decreto 281/1995, de 11 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Turismo y Transportes (B.O.C. nº 128, de 4.10.95), que viene a sustituir al Reglamento Orgánico de la Consejería de Presidencia y Turismo, como consecuencia de la reestructuración de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, según Decreto 187/1995, de 20 de julio (B.O.C. nº 93, de 21.7.95),
R E S U E L V O:
Imponer la sanción de multa de 90.000 pesetas por el 1º hecho infractor y 90.000 pesetas por el 2º hecho infractor, a D. José Wilfredo Buceta Morales, con N.I.F 42.796.399-T, titular de la explotación turística del establecimiento denominado Bar Oleaje. Las Palmas de Gran Canaria, a 11 de marzo de 1997.- El Director General de Ordenación e Infraestructura Turística, Francisco Montesdeoca Santana.
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