Siendo ignorado el domicilio de D. Manuel A. Herrera Hernández a efectos de la notificación del Pliego de Cargos recaído en el expediente sancionador previo a expropiación nº 25/95, incoado por no destinar como domicilio habitual y permanente la vivienda de protección oficial de promoción pública de la que es titular, sita en el término municipal de Santa Cruz de Tenerife, Grupo Miramar, bloque 29, A-D, mientras permanezca ésta acogida al régimen legal que regula las viviendas de protección oficial y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, esta Dirección General de Vivienda
R E S U E L V E:
Notificar a D. Manuel A. Herrera Hernández lo siguiente:
Vista la Resolución de la Dirección General de Vivienda, de fecha 13 de octubre de 1995, por la que se incoa expediente sancionador previo a expropiación nº 25/95, por el presente, se le imputa a D. Manuel A. Herrera Hernández el siguiente cargo:
No destinar como domicilio habitual y permanente la vivienda que le fue adjudicada, sita en el término municipal de Santa Cruz de Tenerife, Grupo Miramar, bloque 29, A-D, mientras permanezca acogida ésta al régimen legal que regula las viviendas de protección oficial, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 56 del Real Decreto 3.148/1978, de 10 de noviembre, por lo que existe causa de interés social a efectos de la expropiación forzosa por incumplimiento de la función social de la propiedad de aquellas viviendas que habiéndose construido en su totalidad con fondos públicos, se hayan cedido en régimen de venta.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 161 del Reglamento de Viviendas de Protección Oficial, aprobado por Decreto 2.114/1968, de 24 de julio (B.O.E. nº 216, de 7.9.68), en relación al contenido del artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se le notifica que dispondrá de un plazo de ocho días a partir del siguiente al de publicación del presente, para que formule por escrito las alegaciones y en su caso, proponga las pruebas que considere oportunas para su descargo, significándole que, transcurrido el plazo concedido sin cumplimentarlo, se le declarará decaído en su derecho al referido trámite continuándose la tramitación del expediente.
Santa Cruz de Tenerife, a 3 de abril de 1997.- El Director General de Vivienda, Miguel Ángel Pulido Rodríguez.
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