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Siendo ignorado el domicilio de Dña. Rosa Díaz Montelongo a efectos de la notificación de la Resolución recaída en el expediente de desahucio administrativo nº 84/91, tramitado por no destinar como domicilio habitual y permanente la vivienda de protección oficial de promoción pública de la que es adjudicataria, sita en el término municipal de Santa Cruz de Tenerife, Grupo 25 de Julio, bloque 12, portón 29, nº 116, de conformidad en lo dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, esta Dirección General de Vivienda
R E S U E L V E:
Notificar a Dña. Rosa Díaz Montelongo la Resolución recaída con fecha 5 de diciembre de 1996, en el expediente de desahucio administrativo que le ha sido instruido y cuya parte dispositiva dice textualmente:
Resolver la adjudicación de la vivienda de protección oficial de promoción pública sita en el término municipal de Santa Cruz de Tenerife, Grupo 25 de Julio, bloque 12, portón 29, nº 116, otorgada a favor de Dña. Rosa Díaz Montelongo, requiriendo al mismo para que en el plazo de quince días hábiles a partir del siguiente al de la notificación de la Resolución, desaloje la vivienda con apercibimiento de proceder en caso contrario al lanzamiento de cuantas personas, muebles y enseres se encontrasen en la misma.
El lanzamiento será ejecutado por esta Dirección General de Vivienda, que designará las personas que hayan de llevarlo a efecto, para lo cual se recabará la preceptiva autorización judicial y el auxilio, en su caso, de las Fuerzas de Orden Público. Contra esta Resolución, que no pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer en el plazo de un mes desde su notificación, recurso ordinario ante el Ilmo. Sr. Viceconsejero de Infraestructuras, de conformidad con lo previsto en los artículos 107.1 y 114 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Santa Cruz de Tenerife, a 9 de abril de 1997.- El Director General de Vivienda, Miguel Ángel Pulido Rodríguez.
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