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BOC Nº 068. Miércoles 28 de Mayo de 1997 - 639

III. OTRAS RESOLUCIONES - Consejería de Economía y Hacienda

639 - DECRETO 76/1997, de 13 de mayo, por el que se autoriza el otorgamiento de nuevos avales de Tesorería en sustitución de los avales autorizados mediante Decreto 176/1995, de 23 de junio, a las empresas agrícolas del sector tomatero canario.

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La Ley 4/1992, de 6 de julio, modificó el importe de los avales de la Comunidad Autónoma de Canarias para 1992, estableciendo la posibilidad de otorgar en primer aval hasta cuatro mil millones de pesetas a empresas del sector agrícola tomatero con domicilio social en Canarias y que realicen en el ámbito de la Comunidad Autónoma su actividad principal con duración máxima de un año para crédito de campaña para la zafra 1992/93.

Dicha Ley fue desarrollada por el Decreto 121/1992, de 14 de julio, que reguló las condiciones y procedimientos de otorgamiento de los citados avales y subvenciones, delegándose la concesión de los mismos en el Consejero de Economía y Hacienda por Decreto 123/1992, de 30 de julio.

Por Decreto 311/1993, de 10 de diciembre, se conceden, a las empresas agrícolas del sector tomatero canario, nuevos avales en sustitución de los avales otorgados para la campaña 1992/93, y se establecen las condiciones de otorgamiento y formalización de los mismos.

Por Decreto 176/1995, de 23 de junio, se autorizó el otorgamiento de nuevos avales de Tesorería en sustitución de los avales autorizados mediante Decreto 311/1993, de 10 de diciembre, a las empresas agrícolas del sector tomatero canario. La Ley 5/1996, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para 1997, en su artículo 29.3 establece que no se computarán en el límite fijado en el apartado 1 de dicho artículo los avales que se prestan por motivo de la refinanciación o sustitución de las operaciones de crédito, en la medida que impliquen cancelación de avales anteriormente concedidos.

Vistas las solicitudes presentadas por las empresas avaladas mediante Decreto 176/1995, así como los escritos remitidos por las entidades financieras afectadas en los que se acredita que dichos préstamos están impagados.

Vistos los informes emitidos por las Direcciones Generales del Tesoro y Política Financiera, del Servicio Jurídico e Intervención General.

En su virtud, a propuesta conjunta de los Consejeros de Economía y Hacienda y de Agricultura, Pesca y Alimentación, y previa deliberación del Gobierno en su reunión celebrada el día 13 de mayo de 1997,

D I S P O N G O:

Primero.- Se autoriza el otorgamiento de nuevos avales de Tesorería en sustitución de los avales autorizados mediante Decreto 176/1995, de 23 de junio, a las empresas agrícolas del sector tomatero canario que se relacionan en el anexo I, hasta el límite máximo que para cada beneficiario se contiene en el citado anexo I y que en ningún caso será superior al importe de la cantidad garantizada por el aval autorizado mediante Decreto 176/1995, de 23 de junio, para las operaciones de crédito/préstamo concedido por las entidades financieras para la refinanciación de la campaña del sector tomatero canario 1992/93, ni al importe de los créditos avalados vigentes.

Segundo.- 1. Los avales que se autorizan garantizarán a la entidad acreedora el cumplimiento de la obligación de reembolso de las cantidades adeudadas en concepto de préstamo o crédito, por amortización del principal de dicha operación que se adeuda en cada momento, y los intereses remuneratorios de dicha operación al tipo nominal anual expresado sobre el capital pendiente en cada momento, no incluyéndose en ningún caso los intereses de demora y demás gastos derivados de la operación en el plazo establecido en el dispositivo tercero, y hasta el límite máximo del importe que por beneficiario se establece en el anexo I.

2. En los avales que se autorizan conforme a lo previsto en el presente Decreto y que se relacionan en el anexo I, no se renuncia a los beneficios de orden, excusión y división a que hacen referencia los artículos 1.830 y siguientes del Código Civil. Tercero.- 1. La fianza tendrá la duración máxima de un año a partir de la formalización del nuevo aval, quedando sin efecto a partir de la fecha correspondiente, salvo reclamación previa fehaciente por cantidades devengadas con anterioridad a la fecha de finalización del período de garantía.

No obstante lo anterior, dicha fianza quedará igualmente sin efecto una vez reintegradas totalmente a la entidad acreedora las cantidades percibidas por la acreditada.

2. Los avales que se autorizan, surtirán efectos desde la fecha de formalización del correspondiente documento de aval, salvo que en el mismo se dispusiere otra cosa.

Cuarto.- La Tesorería de la Comunidad Autónoma de Canarias responderá del pago de las obligaciones reconocidas a que se refiere el dispositivo segundo del presente Decreto hasta el importe máximo que por beneficiario se señala en el anexo I del presente Decreto, o en su caso, hasta el importe garantizado en el documento de aval, cuando el mismo sea inferior al límite máximo que figura en el anexo I.

Quinto.- El contrato de préstamo/crédito sobre el que recaen los avales que se autorizan, deberá formalizarse con anterioridad al 31 de diciembre de 1997, y remitirse a la Consejería de Economía y Hacienda.

Las cláusulas del contrato de préstamo/crédito que prevean condiciones de garantía por la Administración autonómica distintas a las que se consignen en el presente Decreto, y en el documento de formalización del aval, carecerán de toda eficacia frente a la Administración autonómica.

Sexto.- Por el Consejero de Economía y Hacienda se formalizarán los correspondientes documentos de aval, según el modelo que se recoge en el anexo II, que deberá ir unido a los contratos de las operaciones de préstamo/crédito que se formalicen.

Séptimo.- 1. La Consejería de Economía y Hacienda podrá requerir, a la entidad de crédito prestamista, información detallada sobre el cumplimiento por parte de la entidad prestataria de las obligaciones derivadas de la operación de préstamo/crédito avalada por la Comunidad Autónoma de Canarias.

2. Las entidades de crédito prestamistas quedan expresamente obligadas a notificar de forma fehaciente la falta de pago de la acreditada en el plazo de 15 días naturales, contados a partir del día siguiente a aquel en que se produzca el vencimiento del plazo conferido en el contrato de préstamo/crédito al prestatario para proceder al abono de cada una de las cuotas de amortización de capital e intereses remuneratorios pactados. El incumplimiento de esta obligación determinará la ineficacia en su totalidad del presente afianzamiento.

Octavo.- Todos los gastos e impuestos derivados de la autorización y formalización del aval de Tesorería serán de la cuenta exclusiva de la entidad avalada.

Noveno.- El aval prestado a cargo de la Tesorería de la Comunidad Autónoma de Canarias devengará en favor de la misma una comisión de 0.05 por cien por una sola vez aplicable sobre los importes avalados que figuran en el anexo I del presente Decreto. La cuantía que resulte será retenida por la entidad prestamista para su abono a la Tesorería de la Comunidad Autónoma de Canarias, el incumplimiento de este requisito será causa de nulidad del presente contrato. Dicha comisión se hará efectiva en el momento de la constitución del crédito avalado y su ingreso tendrá aplicación presupuestaria.

Décimo.- El documento de aval habrá de ser suscrito por la entidad prestamista y prestataria en prueba de conocimiento y aceptación de las condiciones de garantía.

Undécimo.- La entidad avalada facilitará la inspección y control que ejercerá la Consejería de Economía y Hacienda, en colaboración con la Consejería de Agricultura, Pesca y Alimentación, en orden a verificar la refinanciación de la campaña 1992/93, con el préstamo/crédito avalado, al objeto de comprobar su aplicación y rentabilidad, así como la solvencia de la entidad avalada, pudiendo para ello verificar los documentos que se consideren oportunos.

Duodécimo.- 1. En el supuesto de que llegara a hacerse efectiva su obligación como avalista, la Comunidad Autónoma de Canarias quedará automáticamente subrogada en todos los derechos que la entidad de crédito prestamista tenía contra la entidad avalada, comprometiéndose ésta a reintegrar a la Tesorería de la Comunidad Autónoma de Canarias las cantidades abonadas por ésta a dicha entidad de crédito, así como a indemnizar a la Comunidad Autónoma en su caso, por los restantes conceptos señalados en el artículo 1.838 del Código Civil que se hubieren devengado, con carácter preferente a cualquier otra obligación asumida, sin perjuicio de las existentes hasta la fecha y de los supuestos de prelación de créditos legalmente reconocidos. 2. En caso de incumplir el avalado lo establecido en el apartado anterior, se exigirá al mismo el reembolso, por la vía administrativa, conforme a las reglas que para el ingreso de los débitos de derechos públicos no tributarios establece el Reglamento General de Recaudación, procediéndose en su caso por la vía administrativa de apremio.

Decimotercero.- La formalización de los avales, que se autorizan conforme a lo previsto en el presente Decreto, quedará condicionada a la previa o simultánea cancelación de los avales autorizados por Decreto 176/1995, de 23 de junio, que se producirá en ese momento, incluso por las cantidades que pudieran reclamarse.

Asimismo la eficacia del aval estará condicionada a la constitución de garantías reales por las entidades avaladas a favor de la entidad de crédito prestamista. En el supuesto de que se constituya hipoteca, ésta ha de inscribirse en el Registro de la Propiedad en el plazo máximo de seis meses, contados a partir de la formalización del préstamo hipotecario, mediante Nota Informativa expedida por el Registro de la Propiedad. Si la entidad prestamista cediera el préstamo hipotecario deberá notificarlo a la Consejería de Economía y Hacienda.

El incumplimiento del contenido de esta cláusula determinará la ineficacia del aval.

Contra el presente Decreto, que pone fin a la vía administrativa, cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante la correspondiente Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de su notificación/publicación en el Boletín Oficial de Canarias, previa la comunicación al Gobierno de Canarias exigida por el artículo 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.

Dado en Los Llanos de Aridane, a 13 de mayo de 1997. EL PRESIDENTE DEL GOBIERNO, Manuel Hermoso Rojas.

EL CONSEJERO DE ECONOMÍA Y HACIENDA, José Carlos Francisco Díaz.

EL CONSEJERO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN, Eduardo Jordán Martinón. A N E X O I

Ver anexos - página 5309

A N E X O I I

La Comunidad Autónoma de Canarias, y en su nombre y representación, el Excmo. Sr. D. José Carlos Francisco Díaz, en su calidad de Consejero de Economía y Hacienda, con facultad suficiente para obligarse en este acto, y de conformidad con el Decreto ...................................... (B.O.C. nº......, de .... de ....................................... de 1997).

AVALA

1. En los términos establecidos en la Ley 5/1996, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para 1997 y en el Decreto ............................... (B.O.C. nº......., de ..... de .................................. de 1997), a la ................................, hasta el límite máximo de ...................................................., que se entiende como cantidad máxima avalada en los términos establecidos en el dispositivo segundo, apartado 1, del referido Decreto, y por un plazo máximo de ................................., en garantía de la operación de préstamo formalizada cuyas condiciones se especifican en el apartado 4 del presente documento, destinada a la refinanciación de los préstamos avalados correspondientes a la campaña 1992/93.

2. La Comunidad Autónoma no renuncia al beneficio de orden, excusión y división a que hace referencia el dispositivo segundo, apartado dos, del Decreto referenciado en el punto anterior.

3. Las condiciones del presente aval se ajustarán íntegramente a lo señalado en el Decreto .......................................... (B.O.C. nº ......, de ......... de .......................... de 1997).

4. La citada operación de préstamo se formaliza en las siguientes condiciones:

- Entidad Financiera: ........................................................................................................................................................ - Naturaleza de la operación: ................................................................................................................................................ - Póliza nº: ..................................................................................... Fecha: ..................................................................... - Importe: ........................................................................................................................................................................................ - Tipo de interés nominal: ................................................................................................................................................... - Tipo de interés de demora: ................................................................................................................................................. - Plazo: ............................................................................................................................................................................... - Comisión de apertura: ...................................................................................................................................................... - Comisión de estudio: ....................................................................................................................................................... - Forma de amortización: .....................................................................................................................................................

5. En virtud del presente documento queda sin efecto el aval autorizado mediante Decreto 176/1995, de 23 de junio, y formalizado el ........ de ........................................ de ............, por el que la Comunidad Autónoma de Canarias, y en su nombre y representación el Excmo. Sr. D. José Carlos Francisco Díaz, Consejero de Economía y Hacienda, avaló a ................................................. ante .................................................. en el contrato de préstamo nº......., por importe de ........................................., al haberse cancelado el citado contrato de préstamo el .......... de ....................... de .... . La Comunidad Autónoma de Canarias queda exenta de cualquier responsabilidad que pudiera derivarse del precitado afianzamiento en dicho contrato de préstamo, incluso por las cantidades que pudieran reclamarse.

6. La eficacia del aval estará condicionada a la constitución de garantías reales por las entidades avaladas a favor de la entidad de crédito prestamista. En el supuesto de que se constituya hipoteca, ésta ha de inscribirse en el Registro de la Propiedad en el plazo máximo de seis meses, contados a partir de la formalización del préstamo hipotecario, mediante Nota Informativa expedida por el Registro de la Propiedad. Si la entidad prestamista cediera el préstamo hipotecario deberá notificarlo a la Consejería de Economía y Hacienda.

El incumplimiento del contenido de esta cláusula determinará la ineficacia del aval.

7. En el supuesto de que llegara a hacerse efectiva su obligación como avalista, en los términos expresados en el Decreto .......... (B.O.C. nº ......, de ..... de ............. de 1997), la Comunidad Autónoma de Canarias quedará automáticamente subrogada en todos los derechos que la entidad de crédito prestamista tenía contra la entidad avalada, comprometiéndose ésta a reintegrar a la Tesorería de la Comunidad Autónoma de Canarias las cantidades abonadas a dicha entidad de crédito, así como a indemnizar a la Comunidad Autónoma, en su caso, por los restantes conceptos señalados en el artículo 1.838 del Código Civil que se hubieren devengado con carácter preferente a cualquier otra obligación asumida, sin perjuicio de las existentes hasta la fecha y de los supuestos de prelación de créditos legalmente reconocidos.

Las partes contratantes se someten a la Jurisdicción y Fuero de los Tribunales de ........................................................ para todas las actuaciones que pudieran derivarse, con renuncia expresa a cualquier otro Fuero y competencia si lo hubiera.

Y para que conste a los efectos oportunos, se expide el presente afianzamiento en ......................................................, a ......... de ..................................... de 1997.

EL CONSEJERO DE ECONOMÍA Y HACIENDA, José Carlos Francisco Díaz.

En prueba de conformidad, conocimiento y aceptación de las condiciones de garantía firman el presente:

El Prestamista, El Prestatario,

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